Condenados Ernesto Ekaizer y el diario EL PAÍS por difamar a los tres peritos del caso Banesto que fueron propuestos por la defensa de Mario Conde

El Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional se negó a pagar, el pasado mes de septiembre, el informe que tres peritos del Colegio de Economistas de Madrid concluyeron finalmente ayer en el que se exculpa al ex presidente de Banesto Mario Conde de cualquier tipo de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Fuente a solventes aseguraron a este periódico que Mariano Gómez de Liaño ofreció dinero a juzgado. para que éste pagara el informe.

El abogado de Conde pretendía con esto no restar credibilidad al contenido del informe. La designación de tres peritos del Colegio de Economistas de Madrid fue propuesta el pasado mes de julio por el abogado Mariano Gómez de Liaño, que ha tenido un gran protagonismo en el proceso. En ausencia del juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Banesto, el juez Miguel Moreiras, decidió aceptar la propuesta en los términos planteados por la defensa.Los tres peritos debían emitir un informe técnico sobre la información del Banco de España aportada al sumario y por los peritos designados oficialmente por el juzgado: Juan Román y Juan Carlos Monje. Estos son inspectores del Banco de España.

El fiscal Florentino Orti presentó un recurso contra ese y otros autos del juez Moreiras. De regreso de vacaciones, el 22 de agosto de 1995, García-Castellón dictó un auto modificando algunas de las resoluciones de Moreiras. Aceptó que el Colegio dé Economistas de Madrid designase a tres peritos. ¿Cuál sería su característica? Serían peritos de parte, esto es de Conde; asimismo, solo podrían informar sobre la información aportada por el Banco de España y por los nuevos administradores de Banesto sobre operaciones irregulares y no sobre el trabajo de los peritos oficiales del juzgado.

Informe de los economistas

El informe de los economistas Leandro Caníbano Calvo, Joaquín Diez Fuentes y Miguel A. Garrido Riosalido, concluído ayer, considera que de la información aportada por el Banco de España sobre operaciones presuntamente irregulares descritas en la querella criminal contra Mario Conde y otros ex administradores de Banesto no se deducen actuaciones delictivas. Según afirman, se trata en su mayoría de transacciones de carácter comercial.En un caso importante, el referido a la llamada operación cementaras que permitió a Conde y a Arturo Romaní obtener en marzo de 1990, a través de las sociedades Data Transmision Systems y Gay Cordon, beneficios presuntamente ilícitos de unos 1.300 millones de pesetas, aproximadamente, el informe dice desconocer dicha operación. Precisamente, los datos sobre esta última operación no fueron aportados por el banco emisor sino por la nueva administración de Banesto. Tampoco aportó el Banco de España datos sobre la llamada operación Carburos Metálicos, esto es, la desaparición de 1.344 millones de pesetas que debieron entrar en Banesto en abril de 1990 y que en su lugar fueron desviados a Suiza, a una cuenta del financiero Jacques Hachuel primero y a un abogado fiduciario de Mario Conde después.

Esos 1.344 millones fueron pagados por la multinacional Air Products en pago de la compra de una opción al 5,9% del capital de Carburos Metálicos cedida por el banco. Esos datos fueron aportados por Banesto y por Air Products y la investigación fundamental se desarrolló durante la instrucción sumarial.

Hay.otras operaciones que tampoco contaron con información aportada por el Banco de España. Es el caso de la extracción de 300 millones de pesetas de la caja del banco en los primeros meses de 1989 por orden de Mario Conde y que nunca fueron restituidos, según fue investigado durante la instrucción, a través de declaraciones testificales y careos.

Comisión rogatoria

Entre los datos aportados por el banco emisor figuraron indicios sobre la relación de sociedades del grupo Euman-Valyser con Mario Conde y la obtención a través de esas sociedades de beneficios en operaciones con Isolux y Promociones Hoteleras.Sin embargo, la mayor parte de los hallazgos fueron obtenidos durante la investigación sumarial. Precisamente, el informe de los tres peritos concluído ayer, resta validez a los indicios que relacionan a Conde con Euman Valyser. La próxima semana, el lunes y martes, tendrá lugar en Suiza, Lausana, una comisión rogatoria para interrogar a los fiduciarios de tres sociedades vinculadas a Conde (Kaneko, Ina Finance y Jamuna) y que participaron en la trama con el grupo Euman-Valyser.

Leandro Cañibano, portavoz de los tres peritos nombrados por el decano del Colegio de Economistas de Madrid, según una iniciativa del ex presidente de Banesto Mario Conde, declaró ayer que no hay documentos, probatorios de una relación directa o indirecta entre el ex banquero, su presunto testaferro Eugenio Martínez Jiménez y el grupo Euman Valyser, que hizo beneficios de 7.400 millones con Banesto. Sin embargo, al serle apuntada la existencia de un apoderamiento de Conde a favor de Martínez Jiménez, del 8 de julio de 1991, Cañibano recuperó la memoria, pero evitó pronunciarse.

El economista Miguel Ángel Garrido ha sido, del grupo de los tres peritos, el que más se comprometió en el informe escrito. Además de ser autor, junto con sus compañeros Cañibano y Joaquín Díez Fuentes, de un documento general sobre la querella criminal contra Conde, no le tembló el pulso a la hora de firmar en solitario una opinión separada de justificación de las operaciones. Allí se desliza hacia el campo jurídico según las directrices y coartadas del gran director de orquesta que ahora, como ocurre en los grandes teatros, no está en la parte visible del escenario. Es decir: el abogado Mariano Gómez de Liaño.Juan Sánchez-Calero, abogado del ex banquero, reapareció en escena, junto con Miguel Ángel Gómez de Liaño, abogado de Arturo Romaní. Hubo una novedad ayer. Aparte de Jesús Castrillo, abogado de Rafael Pérez Escolar, se incorporó Hilario Hernández Marqués, letrado del ex secretario del consejo de administración de Banesto y de su comisión ejecutiva Ramiro Núñez.

El guión de Sánchéz-Calero consistió en saber si los peritos habían encontrado documentos en el sumario sobre una relación directa o indirecta de Conde con el grupo Euman-Valyser. El perito portavoz, Leandro Cañibano, respondió que no. La defensa de Conde pretende demostrar que no habiendo documento sobre esa relación su cliente es inocente.

Pero el abogado de Banesto, José Antonio Jiménez, encontró en la negativa de los peritos a las preguntas de Sánchez-Calero una brecha de interés. Sí, en efecto, existe un documento en el sumario que ilustra las relaciones apuntadas. En ese documento, de fecha 8 de julio de 1991, Conde delega poderes en Eugenio Martínez Jiménez, su presunto testaferro, para vender el 10% de una sociedad, la italiana Zenith 88, en la que el exbanquero llegó a poseer el 40% del capital, a la suiza Kaneko Holding, representada por uno de sus administradores, Renato Galletti.

«¿Recuerdan el contenido de algún documento o algún tipo de contrato en el cual Eugenio Martínez Jiménez actúa en representación de Mario Conde?», preguntó el letrado del banco. «No», respondió Cañibano. El abogado, ante la negativa, inquirió si no recordaban el documento anteriormente citado y ofreció: si no lo recuerdan se puede pedir, ya que está en el sumario. Pero Cañibano recordaba: «No hace falta, lo conocemos».

El letrado de Banesto no soltaría a su presa: «¿Por qué si lo conocía dijo usted antes que no lo recordaba?». Cañibano recordó entonces la coartada: «No hemos computado ese documento porque interviene una sociedad suiza que ha sido objeto de una comisión rogatoria que no ha sido aportada a la causa». Jiménez dijo: «Sí, el documento está aportado en la causa y se puede comprobar». Cañibano, a estas alturas, buscó salirse: «Nosotros no hemos podido estudiar todas las operaciones. Hemos visto sucintamente las que están en la querella, algunas no están cerradas, se puede aportar más documentación…».

En efecto, se trata del documento que lleva número de folio 17.589 y consta en las investigaciones sumariales. La coartada es ridícula. Precisamente, el juez Manuel García-Castellón y el fiscal Florentino Orti, apoyados en los documentos del sumario español, preguntaron en Lausana, el 5 de febrero pasado, al fiduciario Renato Galletti por esa operación. No hubieran podido hacerlo si no hubieran contado con esa documentación. Los peritos economistas volverán al juzgado, para continuar su declaración, el próximo viernes, día 8.

Los tres peritos nombrados por el decano del Colegio de Economistas a propuesta de la defensa de Mario Conde ocultaron ayer, al ratificar su informe en el juzgado del caso Banesto, la existencia de una carta de garantía de la sociedad patrimonial del ex banquero, Asebur Inversiones, a favor de la empresa Valyser para que el Banco de Progreso le concediese, el 20 de julio de 1990, un préstamo de 300 millones de pesetas. Ese préstamo sirvió al presunto grupo oculto de Conde, Euman Valyser, para adquirir un paquete del 40% de la empresa Isolux por 600 millones de pesetas, más tarde revendido a Portland Iberia y a la Corporación Industrial por un total de 4.400 millones.El abogado de Conde, Juan Sánchez-Calero, preguntó a los peritos si el 24 de julio de 1990 «existían cartas de garantía otorgadas por Asebur» a favor de Valyser. El perito portavoz

Leandro Cañibano respondió: «La comfort letter [carta de garantía] a que hacen referencia es de julio de 1991. La adquisición de las acciones [por Valyserl es de fecha 24 de julio de 1990. Por tanto, no existe comfort letter otorgada por Asebur en esa última fecha». Pues sí. Existe una carta de garantía de 20 de julio de 1990 dirigida al Banco de Progreso por la sociedad de Conde. Y es elocuente: «Tenemos la seguridad», dice Asebur, «de que la mencionada operación [crédito de 300 millones] que ustedes han de realizar con Valyser se concederá esencialmente en con sideración a nuestra relación con dicha sociedad». Folio número 6.868 del sumario. Los peritos, aparte de ocultar en connivencia con el abogado Sánchez-Calero esa carta de garantía, se escudaron, entre otras razones, en «no conocer con precisión» la lengua italiana para ignorar el poder de Conde a favor del presunto testaferro Eugenio Martínez Jiménez para que éste vendiese en 1991 el 10% de Zenith 88 a la sociedad suiza Kaneko Holding.

Los peritos economistas terminarán de ratificar su informe el próximo martes día 12.

[Por otra parte, el juez Juan Francisco Martel Rivero, titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, ha dictado un auto de prejudicialidad, por el que se suspende el procedimiento de la demanda de acción de responsabilidad civil que se sigue contra Conde y sus ex consejeros. Según el auto, la suspensión de la tramitación de este litigio, responde a que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, la querella penal contra los ex gestores del Español de Crédito, por lo que «directamente condiciona el contenido de la sentencia» que él instruye.]

Entre abogados, auditores y banqueros se le conoce con un nombre sugestivo: el Informe 100. La cifra no se refiere al número de páginas. Las dos entregas suman 376 folios. Es otra cosa: los 100 millones que habrían pagado Mario Conde, Arturo Romaní y varios querellados en el caso Banesto a los economistas. Leandro Cañibano, Joaquín Díez Fuentes y Miguel Ángel Garrido por su informe pericial sobre las operaciones presuntamente fraudulentas de la querella que instruyen el juez Manuel García-Castellón y el fiscal Florentino Orti. La cifra de 100 millones es contestada por fuentes amigas de los autores. Dicen que son 54. Al ratificar sus dos trabajos en el juzgado, los economistas han tenido que jugarse estos días su prestigio profesional.Los tres peritos fueron designados a dedo, según rezaba la propuesta del entonces abogado real y formal de Mario Conde, Mariano Gómez de Liaño, del 12 de julio de 1995, resuelta favorablemente, aprovechando las vacaciones de García-Castellón, por el juez Miguel Moreiras. Más tarde, de regreso, el juez instructor aceptó la propuesta. El 30 de agosto, el decano del Colegio de Economistas de Madrid, Gerardo Ortega, envió una carta con el nombre de los tres. No hubo insaculación, horrible palabreja que define el rito de extraer al azar los nombres de una lista. Los clientes, es decir Conde y sus amigos, mandaban: era el decano del Colegio quien, debía hacer la designación.

A primeros de septiembre, Gómez de Liaño intentó vender gato por liebre: propuso hacer llegar el dinero al juzgado y que fuera éste quien pagase a los tres pobres economistas. ¿Por qué? Hombre, la opinión pública no daría credibilidad a unos informes pagados por Mario Conde. Razón no le faltaba.

Los peritos han exhibido una capacidad para tragarse todas las coartadas vertidas por los querellados de lujo, Romaní y Conde, ante el juez. Todo lo que no sea una confesión de robo más o menos explícita equivale, para los economistas, a una transacción financiera vulgar y corriente.

El pasado viernes 8, los peritos intentaron ocultar un hecho relevante sobre la vinculación entre Mario Conde y su presunto grupo oculto Euman Valyser, capitaneado por Eugenio Martínez Jiménez. El hecho en cuestión está referido al comienzo mismo de una operación que permitiría a Euman Valyser ganar 3.800, millones con el grupo Banesto.

En su informe, página 8, los peritos hablan de préstamos solicitados por Euman a bancos. «Las relaciones con dichas entidades se han visto apoyadas en algún caso por cartas de patrocinio como la dirigida por Asebur Inversiones [sociedad de Conde] al Banco de Progreso en julio de 1991».

Fue así, pues, que el nuevo abogado de Conde, Juan Sánchez-Calero, preguntó sobre la compra de Isolux:

-«¿En esa operación, de 24 de julio de 1990, existían cartas de comfort letter otorgadas por Asebur?»

-«La comfort letter a que hacen referencia en su informe es, de julio de 1991. La adquisición de las acciones [de Isolux] es de fecha 24 de julio de 1990. Por lo tanto, no existe comfort letter otorgada por Asebur en esta última fecha».

La mentira -existe en el sumario una primera carta de 20 de julio de 1990 que apoya la petición de 300 millones al Banco de Progreso, según advirtió este periódico el sábado 9- tuvo patas cortas. El martes 12, el letrado de Banesto José Antonio Jiménez preguntó a los peritos si se ratificaban o desdecían, puesto que existe una carta antes de la compra del 40% de Isolux.

Los peritos, dijeron que hablaban de cartas de garantía en plural, dijeron que el letrado de Banesto les interrogaba como si ellos fueran los imputados. La tensión crecía. Finalmente, prometieron mirar los documentos.

El miércoles 13, a regañadientes, los peritos:

– «Evidentemente, sí existe». Las relaciones entre Conde y su presunto testaferro, Martínez Jiménez, también fueron objeto de forcejeos. El letrado de Banesto les preguntó si conocían un documento por el cual Conde daba poderes a Martínez Jiménez para vender el 10% de su sociedad italiana Zenith 88 a la sociedad suiza (Kaneko Holding) en julio de 1993. Los peritos dijeron que no lo conocían, más tarde lo admitieron. Aun así no quisieron pronunciarse.

El miércoles, la letrada de Banesto, María Teresa Blanco, preguntó si habían examinado el folio 17.589 (documento de poderes de Conde a favor de Martínez Jiménez).

-«Por tratarse de un documento jurídico y al ser peritos económico-financieros no pueden entrar a valorar el contenido jurídico del documento. Además, está redactado en idioma italiano y no se les puede pedir que tengan tales conocimientos, que en su caso son mínimos, ya que no existe traducción…»

La letrada iba a hablar, pero intervino el juez.

-«Creo que en esa respuesta hay una cierta contradicción. Valorar que es un documento jurídico no es lógico puesto que según afirman no conocen la lengua italiana».

Los peritos enrojecieron. La letrada miró al juez. Reprimió la risa.

-«Su señoría… disculpe, pero el contenido…», dijo uno de los peritos.

Como todo juez que se precie, García- Castellón tuvo misericordia. Le dijo al oficial:

-«Que mi observación no conste en el acta»

Las paredes fueron todo oídos.

El diario El País y el periodista Ernesto Ekaizer han sido condenados a indemnizar con seis millones de pesetas a tres peritos que realizaron un informe sobre el caso Banesto, por haber publicado en varios artículos hechos que eran falsos y juicios de opinión vejatorios. De ellos se deducía, según la sentencia, que los peritos no eran imparciales porque actuaban en connivencia con Mario Conde y sus abogados.

En agosto de 1995, Leandro Cañibano, Joaquín Díez y Miguel Angel Garrido, miembros del Colegio de Economistas de Madrid, fueron designados peritos judiciales por el juez que investigaba el caso Banesto, para realizar un informe a propuesta de Conde. Ni el fiscal ni los abogados de las acusaciones los recusaron, y realizaron su trabajo, que sirvió tanto para dictar condenas como absoluciones.

Ekaizer publicó cinco artículos, en los que escribió que Conde había intentado camuflar el pago de 100 millones a esos peritos (después se comprobó que cobraron 18 millones cada uno) y que los peritos habían «ignorado» una prueba. La Audiencia señala en la sentencia que, mientras El País publicó esos artículos incluyendo en ellos «hechos inveraces por tergiversados» y «juicios de opinión vejatorios», «otros medios de comunicación se referían al informe pericial con neutralidad» y cita, expresamente, a EL MUNDO.

El siguiente fallo se publica en cumplimiento de una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de febrero de 2001:

«Fallamos que estimando el recurso de apelación interpuesto por don Leandro Cañibano Calvo, don Joaquín Díez Fuentes y don Miguel Ángel Garrido Riosalido, representados por el Procurador don Carlos Zulueta Cebrián, y coadyuvado por el Colegio de Economistas de Madrid, representado por el Procurador don Federico J. Olivares de Santiago contra la sentencia dictada en fecha 6 de mayo de 1998 por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de los de Madrid (incidental / derechos fundamentales número 240 / 97) debemos revocar como revocamos dicha resolución para, estimando la demanda interpuesta por don Leandro Cañibano Calvo, don Joaquín Díez Fuentes y don Miguel Ángel Garrido Riosalido y coadyuvados por el Colegio de Economistas de Madrid contra don Ernesto Ekaizer Wolochwianski, don Jesús Ceberio Galardi y Diario El País SA, declarar como declaramos:

1.- Que los artículos suscritos por don Ernesto Ekaizer, publicados entre los días 1 de febrero y 29 de marzo de 1996, en la Sección Economía, trabajo, del periódico El País, bajo los epígrafes Conde intentó camuflar el pago a los peritos del Colegio de Economistas que le exculpan de estafa. Los peritos de Conde justifican sus actos y dicen que una muerte les impide precisar operaciones de Garro. Peritos de Conde ignoran una prueba de sus lazos con el testaferro Martínez Jiménez. Abogado y peritos de Conde ocultan una carta de garantía en la operación Isolux, y El informe de los 100 kilos, constituyen, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 1 / 1982, una injustificada intromisión en el derecho al honor y prestigio profesional de la parte actora;

2.- La responsabilidad solidaria de dicha intromisión de don Ernesto Ekaizer, de don Jesús Ceberio y de la entidad Diario El País SA; Ordenar como ordenamos la inmediata inserción de la sentencia condenatoria (de su fallo), en condiciones idénticas a las que tenían los artículos lesivos al derecho al honor y prestigio profesional de la parte actora, en el periódico El País, en el que se publicaron los mismos; y condenar como condenamos a los demandados a que solidariamente indemnicen a los tres actores en la suma de 2.000.000 de pesetas a cada uno de ellos, así como al pago de las costas causadas a los mismos en la primera instancia, sin hacer expreso pronunciamiento respecto de las costas causadas al coadyuvante y sin hacer especial pronunciamiento respecto de las costas causadas en esta alzada».