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Analistas aseguran que es el miedo de los partidos catalanistas al ascenso en esa ciudad de Plataforma per Catalunya (PxC), el partido de Josep Anglada

El ayuntamiento de Vic aprueba no empadronar a los inmigrantes ilegales con los votos de PSC, ERC y CiU; el programa ‘El Intermedio’ de La Sexta culpa al cristianismo

HECHOS

Fue noticia el 13 de enero de 2010.

El 12 de enero de 2010 el ayuntamiento catalán de Vic con los votos de CiU y ERC aprueba no empadronar a los inmigrantes ilegales. Esa decisión se traduce en el malestar ciudadanos de esa localidad con el aumento de presencia inmigrante que se ha traducido en el incremento de la formación política Plataforma per Catalunya (PxC) de D. Josep Anglada Rius.

Desde el programa ‘El Intermedio’ de La Sexta que dirige D. Miguel Sánchez Romero, en el guión interpretado por D. José Miguel Monzón Navarro ‘Gran Wyoming’ responsabilizan al hecho de que uno de los partidos que respaldaron la medida, CiU, sea cristiano. “Ellos consideran que en la Iglesia no hay lugar para las mujeres y en Vic no hay lugar para los inmigrantes”.

13 Enero 2010

'Efecto Le Pen' en Vic

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

El temor a candidaturas xenófobas no justifica, sino agrava, la discriminación de los 'sin papeles'

Los daños colaterales de la recesión económica, como la competencia entre los más menesterosos por unas prestaciones públicas siempre insuficientes, pueden agudizarse en las localidades con más población inmigrante, sector social doblemente golpeado por la destrucción de empleo precario y la carencia de las redes familiares de las que sí gozan muchos de los nacionales. Desde hace años, el reto de preservar la convivencia entre la población autóctona y la foránea se somete a prueba casi a diario en la ciudad de Vic (Barcelona), con un 24% de habitantes extranjeros de casi 90 nacionalidades distintas. Un verdadero polvorín étnico que, con la espoleta de la crisis, lo último que necesita es que sus gobernantes enciendan la mecha del estallido social. Justo lo que ha hecho el Ayuntamiento de Vic al anunciar, primero sin tapujos y luego mediante subterfugios de falsa apariencia jurídica, que negará el empadronamiento a los inmigrantes que no tengan sus papeles en regla.

A falta de permisos de trabajo o residencia, el padrón es el único registro que garantiza a todos los habitantes de un municipio, extranjeros incluidos, el acceso a servicios públicos tan básicos como la educación, la sanidad o la atención social. Impedir el empadronamiento de un inmigrante sin papeles, o ponerle trabas disuasorias como la amenaza de delatarle ante la policía, equivale, por tanto, a negarle unos derechos fundamentales sólidamente amparados por el Tribunal Constitucional. La iniciativa de este Consistorio catalán, como ha denunciado con firmeza el Gobierno, simplemente no cabe en la legislación en vigor. Otra cosa es que, en caso de sufrir este atropello, algún extranjero se atreva a denunciar al Ayuntamiento ante la justicia. Si el objetivo de los gobernantes locales era transmitir a los inmigrantes que no son bien recibidos en Vic, el daño ya está hecho.

Pero todo indica que al equipo de gobierno, con un alcalde de CiU coaligado con el PSC y ERC, le interesa más conquistar el voto racista que controlar los flujos migratorios. No en vano esta población es el cuartel general del ultraderechista Josep Anglada, concejal de Vic y líder del partido abiertamente xenófobo Plataforma per Catalunya, que en las últimas elecciones obtuvo 17 ediles en toda Cataluña. Como le sucedió a una parte de la derecha francesa tras el ascenso del ultra Jean-Marie Le Pen, los partidos que gobiernan en Vic pretenden frenar el auge de las listas xenófobas al precio de abrazar sus postulados. Lo que, lejos de justificarla, agrava su conducta. Y, aunque críticas con esta medida, las cúpulas de estos partidos tampoco han forzado su retirada, acaso para no irritar al electorado receptivo a tales mensajes.

El filósofo vigitano Jaume Balmes definió la razón como «un monarca condenado a luchar de continuo con las pasiones sublevadas». Si quien debe domeñar las pasiones se empeña en azuzarlas, la convivencia estará en un serio peligro.

15 Enero 2010

Hipocresía con la inmigración

ABC (Director: Ángel Expósito Mora)

LA iniciativa del Ayuntamiento de Vic de rechazar el empadronamiento de los inmigrantes ilegales ha desatado algunas reacciones contrarias que llaman la atención por su hipocresía. Por lo pronto, el apoyo de todos los grupos municipales a esta medida, propuesta por una formación ultraderechista también con electos en el Consistorio, demuestra que la realidad de la inmigración empieza a preocupar social y electoralmente a muchos que hasta ahora adornaban el problema con retóricas seráficas. Vic cuenta con 40.000 habitantes y la población inmigrante alcanza el 25 por ciento. Sociológicamente es un dato que no debe ser ignorado porque afecta directamente a la cohesión y la integración de la comunidad. Por otro lado, las protestas del Gobierno central y del PSOE, calificando como disparate el veto al empadronamiento de inmigrantes ilegales, se producen meses después de que apoyaran en Bruselas una dura directiva de retorno contra la inmigración ilegal y, en el Parlamento español, un aumento del plazo de internamiento -materialmente una detención administrativa- de los inmigrantes sin papeles de 40 a 60 días. Es cierto que el empadronamiento de los inmigrantes ilegales permite saber cuántos son, pero el reverso de este beneficio es que conlleva una apariencia de legalización de situaciones ilegales, debilitando las políticas de disuasión que hay que aplicar en esta materia. Hay que recordar que el empadronamiento fue una fuente de fraudes consentidos por el Gobierno para tramitar la regularización masiva de 2005, origen de muchas de las agravaciones que ha sufrido el fenómeno de la inmigración en España.

Como ayer recogía ABC, el Anuario de Inmigración en España correspondiente a 2009 cifraba en el 28 por ciento la tasa de paro entre los inmigrantes. Otras fuentes calculaban que 180.000 familias iberoamericanas podrían perder su vivienda en España por no poder pagar la hipoteca. Además, la escasa cualificación de la mano de obra y el desincentivo para retornar a sus países hacen probable una tasa de paro alta y constante entre la población inmigrante. Ambas -la iniciativa de Vic, por un lado, el desempleo inmigrante, por otro- son situaciones distintas y en medio siempre debe estar presente la dignidad de las personas, sea cual sea su situación jurídica. Pero la incompetencia de partidos y administraciones abona el terreno a formaciones ultras siempre prestas a abanderar legítimas preocupaciones sociales, desatendidas por quienes, tarde y mal, se abrazan a ellas para no perder votos.

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