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Al unificar los delitos de abuso y violación en uno mismo como 'agresión sexual' la pena mínima para violación, que antes era 6 años, ha bajado a 2 años, en agresión sexual

Desastroso estreno de La Ley del ‘Sólo Sí es Sí’ de Irene Montero: sus primeras consecuencias son la reducción de penas para abusadores y violadores por un presunto error de redacción

HECHOS

El 16 de noviembre de 2022 se hizo pública la reducción de penas de algunos condenados por agresión sexual en España.

16 Noviembre 2022

Ella no se equivoca, es el mundo

Elisa Beni

Resulta que entre los jueces que han efectuado las revisiones de condena favorables a reo se encuentran desde conocidísimos magistrados progresistas de Jueces para la Democracia a juezas que han destacado en su carrera por su preocupación por la violencia de género

Si, como me dice una jurista, próxima a las redactoras de la llamada Ley del Sí es Sí, “esto es una guerra”, entonces hay que asegurar que se ha perdido. Discrepo de que legislar sea ir a la batalla, lo haga quien lo haga, pero si tu estrategia es redactar y forzar la aplicación de una ley y ni tú mismo conoces ni asumes las consecuencias que pueden derivarse de ella, entonces tienes un problema. Fíjense que ni siquiera digo que tu ley no pueda tener consecuencias ni que no pueda tener incluso alguna nefasta y transitoria, lo complicado es no haber sido capaz de anticiparla y, sobre todo, atribuir a todo el mundo menos a ti mismo la responsabilidad de ese daño colateral.

El Código Penal es como un ecosistema que debe permanecer en armonía, primero interna y luego, con el resto de la legislación. Antes de intervenir sobre él, conviene analizar todas y cada una de las derivadas que puede tener la decisión. Decidir acabar con las avispas y las abejas, por ejemplo, por el daño mortal que a veces producen a los alérgicos, sería un tema delicado. Todos sabemos que eso puede acabar con la polinización y, por tanto, con la vida. Si traes visones o cangrejos americanos para bajar los costes de productos muy demandados, puede que se te escapen y acaben con las especies autóctonas y creando graves daños ecológicos. A veces, las consecuencias no son ni siquiera fáciles de prever a primera vista. Precisarían de un análisis pausado en profundidad,  y con multitud de expertos para detectar carambolas insospechadas. No es sino una metáfora para aproximarles sin tecnicismos a lo que ha pasado con la llamada Ley del Sí es Sí.

Varios tribunales han aplicado una norma irrenunciable del Derecho Penal que es la preeminencia de la ley mas favorable al reo. No es discutible que si una nueva norma penal es más favorable a los ya penados, las sentencias deben ser revisadas. Así que la cuestión sería por qué la nueva ley es más favorable y si ese resultado es buscado, insospechado o si se podía haber previsto y corregido con técnica jurídica. Esta es una cuestión de técnica jurídico-legislativa. A alguien le ha salido el tiro por la culata y a lo mejor, solo a lo mejor, ha sido por no querer hacer caso a nadie, por limitar la redacción de la norma a un sanedrín y rechazar las sugerencias llegadas de fuera. A eso le unes la voluntad de política de “sin tocar una coma e inmediatamente” y ya tienes el cirio.

Cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, solo puede salir al paso de las consecuencias no deseadas de su ley diciendo que “el machismo puede hacer que haya jueces que la apliquen erróneamente o que la apliquen de forma defectuosa”, algo falla y mucho. Y es que resulta que entre los jueces que han efectuado las revisiones de condena favorables a reo se encuentran desde conocidísimos magistrados progresistas de Jueces para la Democracia a juezas que han destacado en su carrera por su preocupación por la violencia de género. Un juez tiene que aplicar la ley y un juez penal tiene que aplicar la más favorable al penado, sí o sí. Convertir la cuestión en una cosa de guerras feministas o de jueces machistas es reconocer que se tienen muy pocos argumentos para explicar lo que ha pasado y que no se quiere bajo ningún concepto reconocer que se ha podido cometer un error ni por supuesto enmendarlo. Tal vez esto último sea lo peor.

Hacer leyes es dificilísimo y hacerlas bien es cosa de gran maestría. No creo que haya jurista en este país que no me reconozca que hace décadas que se legisla con brocha gorda en España. Leyes en las que se utiliza el lenguaje de forma tosca, en las que la técnica legislativa es deficiente y de las que no se prevén todas las consecuencias en el ecosistema que pueden producir. Luego están las leyes veneno hechas a propósito. Un ejemplo de estas es la reforma realizada por el PP para acotar el tiempo de las investigaciones penales. Una ley que se hizo -y se dijo y se denunció- para beneficiar a sus corruptos y que en los últimos meses ha dejado desbaratadas las mayores operaciones contra la mafia rusa en nuestro país. A mí me duele ese desbarate y me duelen tanto o más las leyes que intentan mejoras para las mujeres y por prisa o por cabezonería o por ideologización contienen fallos que les dan bazas a los guerreros patriarcales.

Son cosas mías, claro, porque la ministra de Igualdad no se equivoca nunca. Es el mundo entero a su alrededor el que enloquece contra ella. Le va a pasar lo mismo con la llamada Ley Trans, que va a tener problemas importantes en el Constitucional por no querer hacer caso a los que saben y no porque los jueces sean fachas. Los que saben y mucho ya dijeron que en la Ley del Sí es Sí se debería haber incluido derecho transitorio para regular cómo actuar con los casos anteriores que se pudieran ver afectados. No se hizo. Eso solo puede llamarse torpeza técnica o testarudez.

El presidente del Gobierno dice que habrá que esperar a que el Tribunal Supremo unifique doctrina y, dada la situación, es lo que queda. Yo pregunto ¿no se hizo la nueva ley porque se alegó que había demasiada discrecionalidad de los jueces en la aplicación de la anterior? Porque si ese era el problema hemos hecho un pan como unas tortas, con una nueva norma que va a dejar que la Sala Segunda interprete y traduzca lo que quería decir el legislador ¡Oiga, que lo acaban de escribir! ¿No podían escribirlo claro? He personalizado en Irene Montero porque ella se empeñó en patrimonializar el proyecto como su gran empeño, pero lo cierto es que si hay errores deben ser asumidos también por el Consejo de Ministros que la hizo suya y por los diez partidos que la votaron en el Congreso y en el Senado, porque las leyes pasan por las Cortes para ser mejoradas.

Esto no es un partido de fútbol y es algo más sutil que estar en un bando. Yo les he contado decenas de veces las tropelías que le hicieron a Victoria Rosell. Nada tiene que ver eso con que si Rosell dice públicamente que hay “una interpretación voluntarista judicial contra el avance del feminismo” “, hay que responderle que todo juez penal tiene que ser voluntario para aplicar la ley más favorable al reo y que el feminismo solo puede estar y ser y avanzar con la técnica más depurada y la excelencia en la forma de hacer las cosas. Porque incluso aceptando, como ella dice, que estos malvados jueces -varios de la asociación a la que ella pertenecía- están usando ”resquicios“, la obligación del legislador era no haberlos dejado. Si al reformar tu casa dejas rendijas no puedes quejarte de que el viento se cuele por ellas.

Cuando no encuentras una forma de explicarle a la sociedad lo que está pasando y solo puedes argumentar que el mundo está contra ti -los jueces, por machistas; los que te avisaron, por machistas; los que proponen correcciones, por machistas; los que propusieron mejoras, por machistas y los que te critican, por machistas- y, además, no te atribuyes ni la más mínima responsabilidad, ya has perdido la batalla pública y has debilitado al feminismo, que es lo que más quieres defender, dando armas a sus detractores.

Es el mundo, no soy yo. No siempre puedes cantar “y la culpa no era mía”. No cuando redactas las leyes y las impones en tiempo y forma. Puede ser la hibris, conviene pensar en ello.

16 Noviembre 2022

La ley del ‘solo sí es sí’ es un error histórico

EL MUNDO (Director: Joaquín Manso)

LA LEY del solo sí es sí ha originado los problemas jurídicos y sociales que advertimos desde estas mismas páginas y que evidencian que el texto legal diseñado por el Ministerio de Igualdad es un error histórico.

Tras el polémico caso de La Manada, la ministra Irene Montero publicitó su proyecto estrella como un avance de progreso sin igual. Las novedades de la ley sonaron bien para el sector más fanatizado: se eliminó la diferencia entre abuso y agresión y se relegó la importancia de la violencia o la intimidación. Al final ha sucedido lo que el propio Ministerio negó que ocurriría: condenados por abusos y agresiones sexuales están viendo reducidas sus penas e incluso siendo excarcelados, pues el nuevo marco legal rebaja su castigo o incluso despenaliza algunos delitos.

Es el efecto perverso de haber legislado en función de los prejuicios ideológicos, de espaldas a la realidad, a los consensos políticos y a la consideración de especialistas que previnieron lo que se iba a desencadenar. Ahora se comprueba que la norma desprotege a las víctimas y ha generado una inseguridad jurídica casi sin precedentes. Los jueces están obligados a rectificar sentencias firmes actuando -como establece nuestro ordenamiento jurídico- para aplicar las reformas legales que sean más beneficiosas para los condenados.

El mismo día en que entró en vigor la ley del solo sí es sí, un profesor condenado a seis años y nueve meses por abusos sexuales a sus alumnos fue puesto en libertad. El delito contra los menores había quedado despenalizado. No es el único caso. A un condenado por violar a una amiga que le había dejado dormir en su casa le habían impuesto seis años de prisión, el mínimo que le correspondía. Con la nueva ley, ese mínimo se ha reducido a cuatro años.

Es tan palmaria la obligación de revisar las penas que muchos procesos están contando con el beneplácito de la Fiscalía. Hay al menos tres rebajas más en marcha y un caso muy elocuente: un tribunal de Barcelona tuvo que explicar, días antes de la entrada en vigor de la norma, que impondría una condena más baja porque si no tendría que revisarla.

El daño puede ser irreparable. El Gobierno ha desprotegido precisamente a aquellos colectivos especialmente vulnerables que dijo querer proteger: la mujer y la infancia. Ha tenido que estallar el escándalo para que la Moncloa anunciara ayer que se abre ahora a revisar la norma. Como si el PSOE no presidiese el Gobierno. Ni siquiera Igualdad ha asumido error alguno. Al contrario, ha cargado contra la Justicia, tildándola de machista. No está de más recordar que estas decisiones judiciales han sido dictadas por magistrados y magistradas por igual.

Las leyes solo deben modificarse para mejorar la convivencia y las garantías de la ciudadanía. La desprotección inherente a la ley del solo sí es sí obliga a que la ministra Montero asuma responsabilidades.

17 Noviembre 2022

La ‘ley del sí es sí’

EL PAÍS (Directora: Pepa Bueno)

Un mes después de su entrada en vigor, la aplicación de la Ley de Libertad Sexual se encuentra con efectos indeseados en forma de rebaja de penas a condenados

Una de las leyes centrales de esta legislatura, la conocida como del sí es sí o, más exactamente, Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, se ha convertido en un problema político y social por los efectos indeseados por sus promotores y evidenciados ahora tras su entrada en vigor el 7 de octubre. Desde entonces, numerosos abogados de condenados por delitos contra la libertad sexual bajo el anterior Código Penal han obtenido la aplicación automática de la rebaja de penas que en algunos supuestos contempla la nueva ley. Los jueces actúan en cumplimiento del mandato de retroactividad favorable al reo del Código Penal que obliga a aplicar la norma que más favorece a los condenados con carácter retroactivo. En la quincena de casos conocidos se han rebajado las penas y en alguno se ha procedido a la excarcelación. No es una aplicación general sino caso a caso.

La ley del sí es sí contiene una refundición de conductas que eliminó los abusos sexuales y denominó todos delitos como agresión sexual. Al optar por una única tipificación para comportamientos muy distintos se estipuló una horquilla de penas más amplia y con unos mínimos más bajos en algunos supuestos. La alarma social y el revuelo político lo ha causado la aplicación de las nuevas penas más bajas en sentencias que no juzgan de nuevo los hechos, sino que revisan las penas a la luz de la nueva ley.

Los juristas, los jueces y finalmente en algún momento el Tribunal Supremo, unificarán doctrina y sentarán jurisprudencia sobre la aplicación de estas novedades en el Código Penal. El propio Código, en su Disposición Transitoria 5ª indica que la ley posterior no será más favorable al condenado si con ella se puede imponer la misma pena anterior, por situarse en la horquilla entre la pena mínima y la máxima de la nueva regulación.

De momento, lo que se puede constatar es que, sorprendentemente, la nueva ley no incluyó, como hacen todas las leyes, la disposición transitoria segunda —las reglas que establecen la transición entre un Código y otro— y que hubiera impedido en muchos casos una variación de la pena siempre que la nueva estuviera dentro de la horquilla existente cuando el reo fue juzgado. En ninguno de los trámites por los que pasó la ley, en el Ministerio de Igualdad, en el Consejo de Ministros, el Parlamento y los órganos consultivos, CGPJ y Consejo de Estado, se detectó esa ausencia. Lo que sí advirtió el informe preceptivo pero no vinculante del Consejo General del Poder Judicial en sus puntos 241 a 245 era el riesgo de que ocurriera lo que finalmente está ocurriendo: que se produjeran rebajas de penas en las revisiones de condenas. No se atendió ese riesgo por parte del Ministerio de Igualdad que hasta hace unos días sostenía que no habría ni un solo caso.

Una vez constatado que sí ocurre y seguirá ocurriendo, la peor salida posible es la que han adoptado la ministra de Igualdad y demás responsables de su departamento: acusar a los jueces y juezas de actuar poco menos que como escuadrones machistas. La débil perspectiva de género de muchos jueces no es una novedad y precisamente por eso, al margen de la lenta e imprescindible tarea de formación de los operadores de la justicia, cualquier ley, pero especialmente una ley tan novedosa como esta debió prever cualquier resquicio, cualquier grieta, cualquier interpretación que acabara provocando efectos indeseados. Hoy comprobamos que la ley orgánica no supo blindarse para evitarlo y lo que toca ahora es asumir el error y buscar la manera de remediarlo para impedir que se lesione la confianza de la ciudadanía en la capacidad de la justicia para proteger a las víctimas de la violencia sexual. El consenso social en torno a la necesidad de regular la libertad sexual y el consentimiento es un capital demasiado valioso para ponerlo en riesgo.

17 Noviembre 2022

El partido feminista tutelado por un ex masculino

Esther López Palomera

El ex secretario general de Unidas Podemos nos regala cada mañana una clase de ética periodística y, a modo de emperador romano, sube o baja el pulgar para señalar a medios y periodistas para que su legión de incondicionales morados llene de insultos las redes

En el óleo “Pollice Verso”, que significa pulgar girado, el pintor francés Jean-León Gérôme dibujó en 1872 un anfiteatro en el que un gladiador esperaba la decisión del emperador para afrontar su destino. El pueblo sacaba el puño y extendía el dedo pulgar hacia abajo, lo que se interpretó como el final. Aquella imagen sirvió de inspiración en muchas películas para indicar el momento de la muerte.

El mismísimo Ridley Scott reconoció haber tenido en mente aquel cuadro cuando dirigió Gladiator. Pero años después, y gracias a los yacimientos arqueológicos de la época romana, supimos que la costumbre extendida de bajar el pulgar en señal de desaprobación era errónea porque, en realidad, en los combates entre gladiadores cuando el derrotado pedía clemencia, el pulgar hacia abajo significaba que el contrario debía envainar la espada y dejar libre al oponente mientras que el gesto contrario significaba que debía acabar con él.

Desde que Pablo Iglesias decidió meterse a comentarista -que no es lo mismo que periodista- no hay una mañana que no nos regale una clase de ética periodística. Lo que está bien y lo que está mal. Lo que es noticia y lo que no. Quiénes hacen bien su trabajo y quiénes no pasarían de primero de facultad. Quiénes son progres, quiénes fachas y quiénes unos vendidos. Él decide en qué mesas de debate hay que sentarse, quiénes son las mejores o peores compañías y cuáles son los medios dignos o no de ser leídos. Sube o baja el pulgar a modo de perdonavidas y, luego, ya es su legión de incondicionales quien repite el gesto y lo extiende a modo de amplificador por las redes sociales. La misma estrategia que practica la ultraderecha.

Iglesias está en su derecho de opinar como guste, recomendar lo que le venga en gana o derrapar por las curvas que le permitan los medios de comunicación que le pagan y, sobre todo, los/las dirigentes del partido cuya máxima responsabilidad dejó porque movilizaba “los afectos más oscuros y contrarios a la democracia”. La frase es suya, del día en que dio un paso atrás consciente, según afirmó, de que su presencia no contribuía a sumar para que el proyecto de Unidas Podemos pudiera “consolidar su peso institucional”. Y se comprometió públicamente a no ser un tapón para la renovación de liderazgos que debía producirse en su organización.

Liderazgo por cierto, no hace falta recordar, que él mismo decidió que fuera femenino tanto en la secretaría general del partido como en la futura candidatura a la presidencia del Gobierno. Ione Belarra y Yolanda Díaz. A una y a la otra ha pretendido marcarles desde el primer día el camino por el que debían transitar, si bien en el caso de la vicepresidenta con escaso éxito. Más que tapón ha supuesto para ambas una pesada losa.

Sin entrar en quién tiene razón o no, el duro y ya indisimulado enfrentamiento con Díaz no ha hecho otra cosa que dividir aún más a una izquierda ya de por sí atomizada. Nada hace presagiar la más mínima posibilidad de entendimiento porque el desafecto es mayúsculo y muy pocos apuestan hoy por una candidatura liderada por la vicepresidenta con presencia de las líderes formales de Unidas Podemos.

Pero lo que llena de más perplejidad aún es que en un partido feminista, con una secretaria general mujer -Ione Belarra- y una número dos también mujer -Irene Montero-, permitan sin rechistar que sea un ex secretario general y vicepresidente del Gobierno- quien les marque el paso a seguir. El macho alfa, al rescate de las mujeres. Y ellas, silentes.

Ha pasado desde que Iglesias se marchó sin irse y ha vuelto a pasar esta semana con motivo de la polémica sobre la Ley de Libertades Sexuales impulsada por el Ministerio de Igualdad que dirige Montero. La aplicación de la norma más favorable para los condenados y su retroactividad si les beneficia es un principio básico del Derecho Penal, pero Iglesias ha vuelto a ver una conspiración machista contra la ministra del ramo impulsada por jueces, periodistas, medios y hasta dirigentes políticos de izquierdas que han sido triturados todos por sus huestes tuiteras.

Cuando Iglesias dejó la primera línea, su hiperliderazgo empezaba, según reconoció él mismo, a ser dañino para los morados. Hoy el estropicio parece irreparable. Para el proyecto de Yolanda Díaz, sin duda. Pero también para Unidas Podemos, para Ione Belarra y para Irene Montero, quien hace cinco años irrumpió como figura emergente de la izquierda alternativa en su papel de portavoz parlamentaria y hoy languidece, además de por errores propios, por la tutela y numantina defensa que hace de ella quien se resiste a salir del foco. Pero luego, recuerden, que solo los jueces son los machistas.

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