Carlos Lesmes Serrano dimite como presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ tras cuatro años como ‘presidente en funciones’ por el bloqueo causado por el PP

Carlos Lesmes decidió presentar su dimisión durante la mañana del pasado domingo tras enviar sendos wasaps al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y al vicesecretario general del PP, Esteban González Pons. En su mensaje, Lesmes pedía a ambos alguna concreción sobre su disposición a proseguir el diálogo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las respuestas que recibió de ambos lo convencieron de que el bloqueo continuaba y también de que él no podía seguir ni un día más al frente del órgano de gobierno de los jueces. Anunció la renuncia esa misma noche y la formalizó este lunes.

González Pons fue el primero en responder, y lo hizo en términos que Lesmes consideró desalentadores. Pons le dijo que había trasladado diversas propuestas al Gobierno para proseguir el diálogo y que no había recibido respuesta. Bolaños tardó algo más en contestar, y le explicó que no estaba todo solucionado entre las partes, pero que era posible intentar aproximar posiciones más adelante. Lesmes entendió que el ministro de Presidencia se había tomado cierto tiempo para responder porque había consultado al presidente, Pedro Sánchez. Así se lo ha explicado Lesmes a sus colaboradores en las últimas 48 horas y también a la Sala de Gobierno del Supremo (de la que era presidente hasta su renuncia) y a la comisión permanente del CGPJ.

En el curso de ese cruce de mensajes, el aún presidente del CGPJ volvió a interesarse por la posible publicación de un comunicado conjunto del Gobierno y el PP, que él había propuesto. Ya la semana anterior Lesmes había mantenido contactos con Bolaños y González Pons para asegurarse de que el diálogo no se había interrumpido. Entonces, los dos le manifestaron que la comunicación no estaba rota y él entendió que el representante del Gobierno y el del PP se habían visto no hacía mucho. Pero las respuestas a sus mensajes de WhatsApp le dejaron finalmente claro que no iba a haber comunicado conjunto alguno.

En vista de ese fracaso, que culminó con las contestaciones recibidas la mañana del domingo, Lesmes decidió que no debía esperar más y que ese día era el momento idóneo para presentar su dimisión, como ya había amagado que haría el 7 de septiembre durante el acto de apertura del año judicial. La carta de renuncia la tenía redactada desde el viernes por la tarde. El domingo, una vez repasada, llamó a sus colaboradores más próximos en el Consejo y en el Supremo para anunciarles que esa tarde daría a conocer la noticia de que se marchaba al día siguiente. Tras el almuerzo se dirigió a la sede del órgano de gobierno de los jueces y preparó el vídeo con las explicaciones de su renuncia. Antes de que el comunicado de prensa y las imágenes fueran difundidos desde el propio Consejo, llamó al jefe de la Casa Real para darle cuenta de su dimisión, de modo que el Rey no se enterara antes de hacerse pública. Para evitar posibles filtraciones, no hizo llamadas similares a los vocales del Consejo hasta que la noticia oficial había empezado a circular.

En la decisión de tirar la toalla influyó también —siempre según la reconstrucción de las explicaciones ofrecidas en el órgano de gobierno de los jueces y en el Supremo— el resultado de sus conversaciones con los vocales del propio CGPJ, en especial con los del sector conservador. El presidente del Poder Judicial se había propuesto no renunciar sin antes alcanzar al menos un acuerdo para la renovación del Constitucional, en la que el Consejo debe elegir a dos magistrados y el Gobierno a otros dos. No tenía esperanzas de que los sectores conservador y progresista del Consejo llegaran a acuerdo alguno al respecto, pero creía que, a falta de pacto, podría contar para el desbloqueo de la situación con los ocho votos de los vocales progresistas y también con el apoyo de otros dos, Vicente Guilarte y Wenceslao Olea, si decidía proponer los nombres de dos candidatos en un pleno que se convocara para resolver esta cuestión.

En principio, por tanto, Lesmes contaba con once votos: los ocho progresistas, los dos de los vocales mencionados, y el suyo propio. Pero le faltaba uno más para alcanzar los doce, cifra mínima indispensable para sacar adelante los nombramientos. Y ese último voto se le resistió. Habló durante todo septiembre y los primeros días de octubre con varios vocales del sector conservador, singularmente con los que creía que podían ser más sensibles al argumento de que era indispensable que el Consejo cumpliera con la ley que ahora lo faculta para llevar a cabo la elección.

En todos los casos, sin embargo, recibió la misma respuesta. Todos dijeron compartir que había que cumplir el mandato legal, aunque fuera con cierto retraso para mostrar rechazo ante el plazo de tres meses establecido por la reforma impulsada por el Gobierno y avalada por el Parlamento. Pero ninguno de los contactados quería separarse de su grupo, sobre todo si iba a ser el único que lo hiciera, porque eso supondría significarse y arriesgarse a que su decisión se interpretase como una deserción o una traición a su grupo natural.

Así, el convencimiento de que iba a ser extremadamente difícil alcanzar el resultado perseguido en la votación y la convicción de que las negociaciones entre el Gobierno y el PP no iban a avanzar en breve condujeron a Lesmes a no retrasar más el anuncio de su renuncia.

Cuando escuchen al PP hablar de “despolitizar la Justicia”, piensen en Carlos Lesmes. Es el ejemplo perfecto de lo que la derecha entiende por “despolitizar”.

En 1996, Carlos Lesmes fue nombrado alto cargo del Gobierno de José María Aznar. Fue director general del Ministerio de Justicia durante ocho años: desde que Aznar llegó a La Moncloa hasta que se marchó. Lesmes estuvo a las órdenes de absolutamente todos los ministros de Justicia del PP de la era Aznar: Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes y José María Michavila. También fue subordinado de Rafael Catalá, entonces secretario de Estado y más tarde ministro de Justicia con Rajoy.

En el año 2004, el PP perdió las elecciones y Lesmes fue cesado. Pero al año siguiente el Consejo General del Poder Judicial lo nombró presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. No llegó a este puesto por oposición. Fue ascendido por la mayoría conservadora del CGPJ en una suerte de puerta giratoria judicial.

Lesmes había sido alto cargo del Ministerio de Justicia del PP que, en 2001, negoció la renovación del CGPJ. Había sido el interlocutor del Gobierno de Aznar con ese consejo. Y fueron esos vocales conservadores los que, en 2005, ascendieron a la presidencia de Sala a un ex alto cargo del mismo Gobierno que les nombró. Hoy por ti, mañana por mí. No sería la primera ocasión.

En el año 2010, la derecha le entregó a Lesmes un ascenso más. Uno de los más cotizados en la judicatura: magistrado del Tribunal Supremo. No se llega a ese puesto por oposición. Los nombramientos para el Supremo los decide el CGPJ, y de nuevo fueron los vocales nombrados por el Partido Popular quienes ascendieron al Supremo al ex director general de Justicia de Aznar.

En 2013, a Lesmes lo volvieron a ascender. Al puesto más alto de la Justicia: la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. ¿Elegido por los jueces, como ahora defiende el PP? Por supuesto que no: estas cosas la derecha solo las promete cuando está en la oposición. Fue el PP de Mariano Rajoy –con la aquiescencia de Alfredo Pérez Rubalcaba– quien escogió a Lesmes. Que es de los suyos. Y basta para ello repasar su currículum profesional.

Lesmes aprobó las oposiciones en el año 1984. Lleva casi cuatro décadas en la carrera judicial. Pero más de dos tercios de ese tiempo –26 de 38 años– ha ejercido en puestos nombrados directamente por el PP o en juzgados a donde ha sido aupado por los vocales en el CGPJ que nombra el PP.

Cómo será la cosa para que alguien como Carlos Lesmes haya dicho, por fin, que basta ya.

Dice la Constitución española que el mandato de presidente del Tribunal Supremo es de cinco años. Carlos Lesmes estaba a punto de cumplir nueve años allí. Es uno de los puestos mejor pagados de la Administración: 142.000 euros anuales, más chófer, más asistentes, más dietas.

El mandato de Lesmes terminó en diciembre de 2018. Desde entonces, el PP está bloqueando la renovación del CGPJ. Las excusas son cambiantes. Pero la verdadera razón es la misma de siempre. La misma por la que Mariano Rajoy también bloqueó la renovación del CGPJ unos años con el Gobierno de Zapatero. Siempre que el PP pierde las elecciones, y toca renovación porque se ha cumplido el mandato de cinco años que fija la Constitución, el PP bloquea para mantener artificialmente en el Poder Judicial la mayoría que ha perdido en las urnas.

Es así de simple. No permita que le engañen con la excusa de “despolitizar”. Porque la ley que el PP está ahora incumpliendo con el pretexto de defender “la independencia judicial” es exactamente la que aprobó, con mayoría absoluta, el Gobierno de Mariano Rajoy. La verdad de fondo es que el problema de la “politización” de la justicia no estriba en el modelo de elección de los miembros del CGPJ por las Cortes –existente, por cierto, en otros países donde la justicia goza de gran respetabilidad–, sino en la forma en que el PP entiende este sistema de base democrática, ya que cuando está en el poder promueve a militantes descarados de su causa y, cuando está en la oposición, sale con la cantinela de que los jueces –agrupados en asociaciones mayoritariamente conservadoras– son quienes deben elegir al poder judicial.

La situación se ha podrido tanto que incluso alguien tan poco sospechoso de izquierdista como Carlos Lesmes ha dicho que basta ya. Lo ha hecho a su manera: culpando a los dos partidos por igual cuando es obvio quién se niega a renovar. Pero su salida ha desnudado al Partido Popular. Que ha roto ya en tres ocasiones los pactos a los que ha llegado con el Gobierno para cumplir con el mandato constitucional.

En la época de Rajoy, el PP estuvo bloqueando la renovación desde el año 2006 hasta el año 2008: hasta que el PP perdió aquellas elecciones tras la primera legislatura de Zapatero. Dos años de bloqueo. Ahora estamos cerca de llegar al cuarto año triunfal. Al PP le sale gratis y por eso ha repetido la jugada doblando la apuesta en esta ocasión.

Lo hace el mismo partido que envió un mensaje a sus senadores pidiendo nombrar a Manuel Marchena y “controlar por la puerta de atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.

Hoy repiten –lo hacía este lunes Esteban González Pons– que “hay que despolitizar la justicia”.

Porque para ellos “despolitizar” consiste en que la justicia emana del Parlamento, pero solo cuando ellos gobiernan. ¿Si manda la izquierda? Es que la quieren politizar.

La decisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, de presentar su dimisión efectiva desde este lunes ha llevado al extremo una emergencia política que debió estar resuelta mucho antes: la crisis que está viviendo España en el Consejo ha sobrepasado hace mucho tiempo cualquier límite imaginable de respeto a la institucionalidad democrática con un único responsable, el Partido Popular. Esta formación política cerró hace cuatro años un pacto con el PSOE para la renovación de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces, tal y como ordena la Constitución, pero lo incumplió tras arrastrar por el suelo la dignidad de un magistrado conservador, Manuel Marchena, al que iba a colocar como presidente. Marchena renunció a presidir la cúpula judicial tras hacerse pública una conversación privada entre diputados del PP que presumía de su connivencia político-judicial.

La convocatoria del presidente del Gobierno al líder de la oposición en La Moncloa en la mañana de este lunes se tradujo en una reunión de tres horas con dos partes: una primera a solas y otra con la participación de quienes llevan las negociaciones en el campo judicial por ambos lados, Félix Bolaños y Esteban González Pons. De acuerdo con las declaraciones posteriores, de la larga reunión ha salido el compromiso por ambas partes de intentar por última vez acordar la renovación de los vocales del CPGJ y también las cuatro vacantes del Tribunal Constitucional, aunque el PP no tenga ningún papel sobre estos últimos nombramientos, que corresponden al Gobierno y al Poder Judicial.

Las declaraciones públicas de unos y otros encierran una esperanza de acuerdo ante una situación límite. Pero esa esperanza se enfrenta todavía a incertidumbres. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, publicó un tuit donde parece sugerir que la renovación del Poder Judicial no tiene por qué estar condicionada al cambio del sistema de elección de 12 de los 20 vocales, de manera que sean los jueces directamente quienes lo hagan y no de manera indirecta como ahora.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha urgido durante todo este tiempo a cumplir la Constitución y a renovar antes de entrar a estudiar o valorar cualquier otro planteamiento, aunque este lunes jugara en sus declaraciones públicas con la ambigüedad sobre la reforma, en lo que parece un intento de no arruinar el comienzo de las negociaciones con el líder de la oposición. El PP ha situado reiteradamente al mismo nivel esa exigencia de cambiar el sistema de elección mediante una reforma legal —aunque la UE muestra diferentes modelos sin que exista un sistema único— y el mandato constitucional y legal de renovar en plazo el Consejo General del Poder Judicial.

Pero hay que reiterar que la primera urgencia institucional es la que corresponde al partido que ha estado bloqueando la renovación de un órgano que pronto cumplirá cuatro años con el mandato caducado (en diciembre de este año). Su irresponsabilidad hacia el cumplimiento de las reglas básicas del juego democrático ya están provocando un daño cierto al Tribunal Constitucional, paralizado en sus decisiones clave sobre leyes muy importantes —aborto, eutanasia, educación—, dado que tiene cuatro de sus jueces con el mandato finalizado desde el pasado 12 de junio. La responsabilidad en este caso es de un grupo de ocho vocales rebeldes del Consejo, elegidos en su día por el PP, que bloquean el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional en un claro incumplimiento de la ley aprobada el pasado 28 de julio. Una ley que el PP de Pablo Casado había pactado en octubre de 2021 con el Gobierno de Pedro Sánchez y que Alberto Núñez Feijóo ignoró para censurar al Ejecutivo y prolongar el bloqueo.

Las obligaciones constitucionales de los partidos democráticos no pueden depender de que se haga un cambio legislativo que el PP reclama ahora como imprescindible, pero que lleva prometiendo desde hace 25 años y que nunca hizo cuando gobernó en dos periodos muy recientes de la historia de España. En esos años, nadie en Bruselas exigió que los jueces eligieran a la mayoría absoluta de los vocales del Consejo. Ni siquiera hoy, por mucho que se desinforme, existe una norma europea en ese sentido que obligue a España, cuyo modelo vigente desde 1985 está avalado por una sentencia del Tribunal Constitucional.

La esperanza de que puedan acabar las maniobras dilatorias para negociar la renovación es una buena noticia. Pero roza lo estrambótico que haya que felicitarse por la disposición del PP a sentarse a negociar la salida de un bloqueo que ha provocado él mismo. Las continuas argucias para mantener la negociación empantanada solo han servido para ganar tiempo y situar a la justicia al borde del precipicio, con efectos nocivos para los ciudadanos. Esa estrategia perpetúa la actual incoherencia democrática de que durante cuatro años haya seguido en el CGPJ la mayoría de los vocales que fueron nombrados cuando Mariano Rajoy disfrutó de su mayoría absoluta en 2011.

Lo último que debería suceder es que este encuentro entre Sánchez y Feijóo vuelva a desembocar en una frustrante ausencia de respuesta a un problema constitucional tan grave. La lesión directa de los intereses de los ciudadanos, las múltiples vacantes sin cubrir en distintos tribunales superiores y en el Supremo, y el obligado cumplimiento de la Constitución, no pueden depender del interés del PP por mantener una mayoría conservadora perpetua en el Consejo y en el Constitucional. En las próximas horas o días —la crisis que desencadena la tardía dimisión de Carlos Lesmes no admite demoras y contamina injustamente la imagen de miles de jueces que hacen honestamente su trabajo— veremos si se impone la responsabilidad o estamos una vez más ante una mera escenificación de la moderación.

EL PRETENDIDO acercamiento de posturas entre el Gobierno y el PP para afrontar la grave crisis del poder judicial puede suponet un avance importante que respalda la posición que los populares han defendido en los últimos meses y desgasta al PSOE. Se abre una gran oportunidad para Alberto Núñez Feijóo, quien no ha cedido en dos asuntos clave: la renovación conjunta del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, y sobre todo, la reforma del sistema para que los jueces elijan a la mayoría de los vocales de su órgano de gobierno, como ayer volvió a exigir la UE.

La aproximación se ha producido después de la dimisión del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, que obligó a moverse al presidente del Gobierno tras casi seis meses de incomunicación con el líder de la oposición, a quien convocó ayer de urgencia en la Moncloa.

Habrá que ver el resultado final de la negociación, pero por ahora es el Gobierno quien parece haber cedido en sus pretensiones más intervencionistas, encarnadas por el ministro Félix Bolaños, en favor de las tesis de Feijóo. Tras varias legislaturas en las que el PP no abogó por la regeneración del poder judicial, su propuesta sigue ahora las recomendaciones de Europa y las de cualquier ciudadano que crea en la separación de poderes.

El logro más evidente del PP es, en estos momentos, haber arrancado al Gobierno el compromiso de renovar a los vocales del Consejo y del TC de forma conjunta. Con ello se evita el atropello que el Ejecutivo quiso perpetrar para renovar unilateralmente a los miembros del Constitucional, donde los socialistas buscaban asegurarse una mayoría inédita aprovechando la ausencia de un magistrado por enfermedad.

El segundo logro de los negociadores del PP, cuya firmeza y habilidad cabe reconocer, estriba en una condición que dibujan como línea roja: renovarán el Consejo, sí, y ese nuevo Consejo -es verdad que elegido aún con los criterios vigentes- recibirá por escrito el mandato de presentar en seis meses una reforma del sistema de elección que cumpla con la despolitización reclamada por la UE.

En todo caso, está por ver que Sánchez se avenga a aceptar ese cambio. La presión de la UE, que arrecia tras la dimisión de Lesmes, ha obligado al Gobierno a una negociación exprés. Pero son repetidas las ocasiones en que el PSOE ha defendido que nunca lo cambiaría, pues considera que la mayoría de los jueces son conservadores y que la única manera de restar poder a la derecha en los tribunales consiste en que la correlación de fuerzas presentes en el Congreso elija a la mayoría de los vocales del Consejo. Una postura partidaria e incomprensible en Europa, cuya presidencia de turno ostentará Sánchez en 2023, y especialmente peligrosa cuando al mismo tiempo el PSOE ha pactado con ERC la oscura «desjudicialización» del procés.

Feijóo tiene por delante, en suma, una gran oportunidad para ofrecer un mandato ilusionante centrado en la regeneración democrática, si no cede en este punto y demuestra ser capaz de abanderar la resolución de la crisis institucional más grave de cuantas azotan al país. Para ello deberá pedir garantías y no confiarse.

La decisión de Alberto Núñez Feijóo de bloquear de nuevo la renovación del CGPJ mantiene a la cúpula del poder judicial en manos de un único partido —el PP— desde hace nueve años, incumpliendo todos los plazos previstos por la ley y la Constitución. La confirmación de que esta vez tampoco será posible el acuerdo para renovar el órgano de gobierno deja a la justicia española en situación de emergencia y a nuestra democracia con un grave daño reputacional, porque la primera tarea exigible a los partidos democráticos es el normal funcionamiento de las instituciones. El CGPJ lleva cuatro años con el mandato caducado. Ninguna discrepancia política, ningún desacuerdo legislativo, ningún interés particular está por encima de la obligación de hacer funcionar el sistema democrático con las reglas establecidas y con los interlocutores que los españoles han votado en las urnas. Feijóo no puede elegir con qué PSOE cumple la Constitución y con cuál la incumple. Felipe González le recordó este sábado que “primero cumples la ley, y luego propones reformarla”, para no desestabilizar la democracia. El liderazgo del político gallego parece caminar por un estrecho desfiladero vigilado por el ala radical de su partido y su corte, que le conminaban a no pactar. Y no pactó. Esta vez con el argumento de la reforma del delito de sedición en el Código Penal —el Gobierno se había comprometido desde hacía tiempo a su reforma, y ERC le urge a concretar—. Se puede discutir la inoportunidad de la coincidencia de ambos debates en los momentos finales de la negociación, pero el liderazgo consiste en distinguir las piedras y el camino.

Tras la ruptura de Feijóo, Bruselas ha vuelto a exigir acabar con la anomalía de una cúpula judicial petrificada desde el año 2013 con grave quebranto además de los intereses de miles de ciudadanos pendientes de múltiples causas, en particular en el Tribunal Supremo. Sin la renovación por el procedimiento que la Constitución contempla, ninguna de las soluciones alternativas es fácil ni está exenta de contraindicaciones. Pero la emergencia a la que este bloqueo aboca al sistema democrático español obliga al Gobierno y a las demás fuerzas políticas a explorarlas. Algunas se han apuntado estos días. Remitir a las Cortes para su votación en pleno la lista ya consensuada antes de la ruptura, aunque sin el PP, no saldría adelante y conllevaría el riesgo además de que haya vocales que se retiren en estas circunstancias. Otra vía es la propuesta de Podemos de una modificación exprés de la ley que permita que la elección de los vocales del CGPJ en segunda vuelta requiera únicamente de mayoría absoluta, y no los tres quintos del Congreso que exige ahora para la primera vuelta. El Gobierno la tanteó hace meses para acabar renunciando a ella por las reticencias de Bruselas. Una solución de emergencia para aliviar la logística judicial sería una habilitación transitoria y limitada para que el CGPJ pudiera nombrar a los magistrados del Supremo necesarios para cubrir las bajas del último año y medio. Sin descartar que el propio Consejo se decida a dignificar la institución con alguna iniciativa que obligue al desbloqueo. Fue la dimisión de Carlos Lesmes la que propició el último intento de acabar con este espectáculo.

Donde no debería haber ningún problema es en la renovación del Tribunal Constitucional. Rotas las negociaciones, el Gobierno puede nombrar a los dos magistrados que le corresponden, y el CGPJ tiene plenas facultades para completar el proceso que acabe con la interinidad en el tribunal de garantías.

Es el momento de apelar a la responsabilidad de quienes se sientan concernidos por la salud de las instituciones que sostienen nuestra democracia.