Dimite el Consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ante la paralización judicial de sus privatizaciones

La sanidad pública española salvó ayer con éxito un importante desafío. El proyecto de la Comunidad de Madrid de privatizar la gestión de seis hospitales amenazaba la línea de flotación de uno de los mejores sistemas públicos de Europa, además de uno de los más apreciados por los ciudadanos. Poner en manos privadas la gestión sanitaria que perciben más de un millón de personas abría una brecha en el sistema. Y con un trasvase a las empresas de instalaciones, servicios, profesionales y conocimientos sufragados por entero con dinero público, un trasvase que trataba de llevarse a cabo, según ratifican los jueces del Tribunal Superior de Justicia, a través de un procedimiento irreversible, con perjuicio a los profesionales y con un concurso de adjudicación con suficientes sospechas de irregularidad como para ser considerado nulo en un próximo futuro.

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, ha desoído durante meses la impresionante movilización en contra de su proyecto. Las llamadas mareas blancas han paralizado quirófanos y consultas. Las protestas alertaban del temor a que un servicio público tan esencial perdiera calidad al quedar regido no por las necesidades asistenciales, sino por las pautas de rentabilidad que, por lógica, debían aplicar las empresas. González ha hecho oídos sordos también a las resoluciones de los jueces, que venían advirtiendo de los graves problemas que acarreaba una privatización realizada, además, sobre la base de argumentos de eficiencia y ahorro nunca demostrados y con procedimientos poco rigurosos.

Una vez que el tribunal rechazaba ayer la opción de levantar su paralización, enterrar el proceso —de una envergadura que tiene pocos precedentes—, era la consecuencia lógica. Pero no la única. González, que heredó el puesto tras la retirada de Esperanza Aguirre, hizo dos importantes apuestas: Eurovegas y el ahorro en sanidad con el euro por receta y la privatización sanitaria. Perdidos todos los órdagos, González sacrifica a su consejero de Salud, Javier Fernández-Lasquetty, en un intento de minimizar daños.

Junto a la educación, la sanidad pública, en la que, por supuesto, hay margen de mejora sin cuestionar su titularidad, es el capítulo presupuestario más voluminoso que gestionan las comunidades autónomas. La de Madrid no es la única en la que los políticos se han servido de ella para poner en marcha la puerta giratoria (el trasvase de cargos de lo público a lo privado) y tampoco la única que ha visto en la privatización un método fácil de favorecer a ciertas firmas y desentenderse de los problemas que acarrea un servicio sanitario. Pero Madrid ha pretendido ser el alumno aventajado de una suerte de ideario adaptado a las circunstancias, que no cree en la libre competencia y confunde los criterios privados de gestión con el vaciamiento de lo público. El resultado es una derrota sin paliativos a una forma de entender la política.

EL PRESIDENTE de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, decidió ayer dar por finiquitado uno de sus proyectos estrella de esta legislatura: la privatización de la gestión de seis hospitales. Y sacrificó al impulsor de la medida, el consejero Javier Fernández-Lasquetty. Desde estas páginas hemos criticado la intromisión judicial que puede suponer la suspensión de una medida de gestión política tomada por quien está legitimado para ello. Suspensión que, por ejemplo, los tribunales no decretaron en asuntos más trascendentales como un Estatuto de Cataluña recurrido ante el Constitucional. Pero también es verdad que el proceso de externalización de parte de la Sanidad madrileña ha contado con irregularidades que han dado pie a denuncias y querellas que, a la postre, han determinado su paralización. La Comunidad tuvo que cambiar algunas condiciones del pliego y conviene recordar que dos ex consejeros de Sanidad, Juan José Güemes y Manuel Lamela están imputados por cohecho y prevaricación en otro proceso al incorporarse tras dejar la política a empresas favorecidas en las adjudicaciones de los primeros hospitales externalizados en Madrid. La decisión de renunciar a la privatización sanitaria es un duro varapalo para González que puede pesar en su futuro político.

Ha sido el primer y más importante fracaso del PP, una derrota política en toda regla. Y una victoria de las persistentes mareas blancas en defensa de la sanidad pública. La renuncia a ejecutar el proyecto que mejor simboliza el programa de privatizaciones de la agenda neoliberal del Gobierno autonómico de Madrid ha puesto en evidencia las debilidades de una operación que, para tener éxito, debía ser rápida y sin obstáculos jurídicos. Rápida, para evitar un debate público que prometía enconarse si se prolongaba, como así ha sido, y unas movilizaciones que podían poner al descubierto las muchas falacias con que se pretendía justificar la operación, como también ha ocurrido. La primera y más importante, que la privatización de los seis nuevos hospitales era indispensable para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público, pues iba a producir unos ahorros y unas mejoras en la eficiencia que nunca se demostraron.

En realidad, la operación consistía en facilitar oportunidades de negocio a un sector privado con estrechos vínculos en la Administración del PP, ansioso de poder incrustarse en el sector público y obtener beneficios de lo que, una vez conseguida la concesión, funcionaría como un mercado cautivo. Lo que garantizaba la rentabilidad de las concesiones era que los nuevos hospitales podrían integrarse en la red sanitaria pública de tal manera que pudieran beneficiarse de las sinergias y ventajas de un flujo estable y garantizado de pacientes sin necesidad de asumir las cargas más pesadas. Era una privatización libre de riesgos pues al tratarse de hospitales de nivel medio, podrían derivar los casos más complejos y costosos a los hospitales públicos de alto nivel tecnológico. En realidad se privatizaba la parte más rentable de la sanidad.

La facilidad con la que algunos de los dirigentes políticos que han abanderado la operación han atravesado las puertas giratorias entre la Administración pública y las empresas privadas que optaban a la concesión muestra la impostura del discurso oficial. Visto con perspectiva, algunos nombramientos aparecen ahora bajo la sombra de la sospecha. Conceder a ciertos cargos la gestión del sistema público es como entregarle a la zorra la llave del gallinero.

Pero el afán por resolver de forma rápida y sin miramientos el proceso ha sido a la postre lo que lo ha hecho naufragar. Las irregularidades en el procedimiento han dado lugar a un pleito jurídico que, dados los tiempos de la justicia en España, podía dilatar la operación durante años. Fracasada la burda y descarada maniobra destinada a levantar la suspensión cautelar para imponer la lógica de los hechos consumados, ya solo quedaba tirar la toalla. A las empresas adjudicatarias difícilmente les iba a interesar una operación que de repente había perdido toda seguridad.