Dimite el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en pleno conflicto judicial por el proceso contra Artur Mas por el 9-N

La renuncia del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, clausura un largo periodo de tensiones con el Ejecutivo y abre otra vía de agua en un Gobierno al que le sobran los problemas. Relevar al fiscal en vísperas de un año de elecciones generales y de posibles juicios sobre corrupción muy perjudiciales para el PP —y hacerlo después de un largo y evidente periodo de acoso que los obligados desmentidos de ayer no podrían disimular— confirma la falta de respeto del Ejecutivo hacia el papel autónomo que el fiscal general debe ocupar en el equilibrio institucional del país.

Hace tiempo que el fiscal quería marcharse, harto de soportar presiones. La crónica del desencuentro anunciado se ha precipitado por la tramitación de la querella contra Artur Mas y otras autoridades catalanas, en cuyo recorrido el ahora dimisionario dejó patente su incomodidad por la falta de respeto a la autonomía del ministerio público—la jefa del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, se permitió anunciar los planes de la fiscalía antes de que existieran—. El episodio cuestiona también la táctica de judicializar problemas políticos tan importantes como el del soberanismo catalán y la insuficiencia de tratar semejante asunto sobre la base de usar a la fiscalía.

Antes de que surgiera la cuestión de la querella, Torres-Dulce había pedido una importante dotación de medios para el ministerio público, sin obtener satisfacción. En principio, confió en un proyecto prometido por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para incrementar los poderes de investigación de la fiscalía. Pero inmediatamente se encontró ante la frustración de que el Gobierno incumpliera su compromiso. Las diferencias de fondo entre el fiscal y el Gobierno fueron siempre profundas durante el periodo de Gallardón, y se han ido agravando con su sucesor. Algunos ministros no tenían escrúpulos en criticar en muy duros términos su actuación.

La vacante en la Fiscalía General del Estado coincide, además, con el malestar de la Sala de lo Penal del Supremo —en concreto, de 13 de sus 18 magistrados— respecto a lo que han considerado declaraciones poco respetuosas de varios miembros del Gobierno hacia los jueces que decidieron la excarcelación de Santi Potros, en interpretación de una norma europea.

Todo esto no hace sino profundizar el clima de tensión entre el poder ejecutivo y el mundo de los jueces y de los fiscales, o al menos de partes significativas del mismo. Parece evidente que al Gobierno le gustaría imponer más clara y enérgicamente su poder de mando y que no termina de conseguirlo en terrenos muy sensibles, llenos de patatas calientes sobre las que un cierto coro político y mediático le critica por no ejercer su autoridad de modo mucho más contundente.

Queda claro que el Ejecutivo no quiere una fiscalía autónoma cuando toda una serie de causas judiciales, políticamente muy sensibles, se encuentran en pleno desarrollo.

La alerta informativa con que se anunció a media mañana de ayer la dimisión del fiscal general del Estado entrecomillaba «por razones personales». El presidente del Gobierno se apuntó a esa versión, añadiendo uno de esos corolarios que tan famoso hicieron a su predecesor: «Y las razones personales son siempre respetables». Ya de paso, descalificó las críticas del PSOE porque «su posición es siempre la misma». Seguramente tiene razón respecto a Sánchez, aunque ignore la evidencia de que hasta un reloj parado acierta dos veces al día con la hora.

No todas las razones personales son respetables. Las de Torres-Dulce son personales y respetables en la medida que no hay nada tan intransferiblemente personal como la defensa de un código moral, de una ética del comportamiento, de una deontología profesional. La dimisión del fiscal general estaba cantada. El pasado mes de julio vio cómo el Gobierno le quitaba a su más estrecho colaborador, Antonio Narváez, para cubrir la vacante de Enrique López en el Constitucional, sin decirle a él ni mu.

Omnes vulnerant, postuma necat, se leía en los relojes de antaño. Luego vino lo de Artur Mas y la extravagante consulta de noviembre. El Gobierno, en una laboriosa negociación a oscuras, filtrada por uno de los interlocutores a El Periódico la víspera, había prometido dar por buena la consulta, siempre que la convocaran los particulares: Òmnium y ANC. En tal caso sería «un acto de libertad de expresión», según había anunciado el ministro Catalá el jueves, 6 de noviembre. El Ejecutivo se encuentra el día de autos con un Artur Mas que reivindica el delito: «he sido yo»; y entonces empieza a presionar al fiscal para marcarle su obligación y también el tiempo en el que ha de ejecutarla.

El 19-N comparé a Torres-Dulce con el sheriff Kane, que encarnaba Gary Cooper en Solo ante el peligro; perdonarán la autocita, que para eso es Navidad, y total, ¿a ustedes qué más les da? El fiscal general, en su soledad entre el Gobierno y los pintorescos fiscales catalanes, hizo lo que debía, como hizo Gary Cooper en un personaje que forzosamente ha de agradarle mucho al cinéfilo que es: restablecer el orden y el principio jerárquico en la Fiscalía, con la inmensa mayoría de los fiscales de sala a su favor (22 de 24) y después tirar la estrella de latón al suelo, en el momento de subir al coche con Grace Kelly y salir del pueblo, mientras se oye in crescendo la música de Tiomkin.

Eduardo Torres-Dulce ha sido un fiscal ejemplar en su independencia, por eso estaba condenado a dejarlo. Aquí estamos más hechos a la Fiscalía como un apéndice del Gobierno en los asuntos de la Justicia. El PSOE tuvo al gran Eligio Hernández, también conocido como El Pollo del Pinar en la lucha canaria, y a Conde-Pumpido, y el PP a Jesús Cardenal. Torres-Dulce tenía que chocar con unos hábitos gubernamentales que los dos partidos han mantenido respecto a la Justicia desde aquel mes de enero de 1985 en que se aprobó la Ley del Poder Judicial.

El Gobierno quiere controlar, como en tiempos del PSOE, la Fiscalía del Estado, y por ello ha acabado dimitiendo Eduardo Torres-Dulce. Así lo interpretaban varios periódicos. Vean el editorial de EL MUNDO: «Torres-Dulce confirma el indeseable intento de controlar políticamente la Justicia en España. Y su salida resta credibilidad a Rajoy para convencer a los españoles de que lucha por limpiar la vida pública en nuestro país». Y vean el de El País: «Parece evidente que al Gobierno le gustaría imponer más clara y enérgicamente su poder de mando y que no termina de conseguirlo en terrenos muy sensibles, llenos de patatas calientes sobre las que un cierto coro político y mediático le critica por no ejercer su autoridad de modo mucho más contundente. Queda claro que el Ejecutivo no quiere una Fiscalía autónoma cuando toda una serie de causas judiciales, políticamente muy sensibles, se encuentran en pleno desarrollo». Pero Javier Pérez Royo, también en El País, hurgaba más en la herida: «Todo el mundo está dando por supuesto con la mayor naturalidad que, aunque formalmente estamos ante una dimisión, materialmente estamos ante una destitución. Se está dando por bueno con la mayor naturalidad que lo que no se puede hacer en términos jurídicos, se puede conseguir políticamente por vías soterradas y espurias. Afecte a lo que afecte. La dimisión del fiscal general del Estado es un ejemplo de libro de corrupción institucional en sentido estricto. Pues la corrupción no se reduce a la venalidad del oficio público, sino que va mucho más allá de ésta. La corrupción es, ante todo, la desnaturalización institucional, el hecho de que se anule la garantía que hace posible que una institución desempeñe la función que tiene constitucionalmente encomendada».

Esa visión se veía, en cierto modo, reforzada por un insólito y duro editorial en ABC: «Quien fuera fiscal general del Estado hasta ayer probablemente ha sido el jefe de la Fiscalía que ha gozado de mayor autonomía en el ejercicio de sus funciones. (…) El problema de Torres-Dulce nunca ha sido la intromisión del Gobierno de Rajoy, sino su falta de carácter para ejercer el principio de jerarquía en el seno del Ministerio Público. Su deseo de estar a bien con todos le llevó a mantener intacta la estructura creada por Conde-Pumpido en órganos y puestos clave».

Pues no iba exactamente por ahí David Gistau, en el mismo periódico: «La dimisión de Eduardo Torres-Dulce constituye un acto final dignísimo e insólito por lo que tiene de excepcional. (…) El Estado pierde a un hombre digno y honesto, uno de los que esta época necesita. Que ello suponga un alivio para el Gobierno lo dice todo». Por su parte, en el progubernamental La Razón daban por buena la explicación de las razones de Torres-Dulce y lo cubrían de elogios.