Sentencia del ‘Caso Mercurio’: Condenados los ex dirigentes del PSC Daniel Fernández y Manuel Bustos por tráfico de influencias

EL TRIBUNAL SUPERIOR de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictado, con su condena al ex número dos del PSC Daniel Fernández, el ex alcalde de Sabadell Manuel Bustos, y la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, una sentencia que pretende ser ejemplar en un momento en que las conductas políticas están más cuestionadas que nunca.

La resolución, pese a contar con un voto particular del propio presidente del tribunal, que no ve prueba suficiente para demostrar los hechos, hace hincapié en su rechazo al «amiguismo político» como el que atribuye a las actitudes de los encausados, y califica el nombramiento de un cargo afín del PSC en un puesto para el que no había sido considerada apta a través del concurso oportuno como un «inadmisible favoritismo». El tráfico de influencias es uno de los delitos de más difícil prueba del Código Penal, porque la fina línea que separa lo que está bien de lo que está mal, siempre en términos penales, tiene además distintas varas de medir. ¿Recomendar a alguien está mal? ¿Cuál es el punto a partir del cual la sugerencia de una contratación se convierte en un «asedio persuasivo e insidioso», como define el tribunal en su sentencia a las llamadas de Bustos y el ex diputado del PSC a la alcaldesa? La sentencia, la primera que se dicta en el marco del macroproceso del caso Mercurio, a buen seguro llevará a los cargos públicos a una reflexión sobre las maneras de ejercer el poder y los límites no sólo morales, sino también legales, que les ciñen.

A la espera de saber si da el paso de dimitir en los próximos días, la trayectoria de la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, se antoja paradójica. Condenada a siete años de inhabilitación para desempeñar cargo público por el episodio de «amiguismo político» que los magistrados del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya trazan en la sentencia sobre el nombramiento a dedo de una ex alto cargo de la Generalitat, la estancia de la primera edil al frente del Ayuntamiento comienza y acaba bajo el signo de un mismo apellido: Bustos.

Fueron los otrora poderosos hermanos que han dominado el PSC de Sabadell y la federación comarcal socialista en el Vallès Occidental Sur quienes la impusieron en 2010 en el Consistorio. Sucedió después de la caída del histórico alcalde César Arrizabalaga, tocado por las insinuaciones no probadas que despertaron el caso Pretoria de corrupción urbanística.

El ascenso de Pérez fue insólito: ni siquiera era concejal y, el mismo día que obtuvo el acta, fue proclamada alcaldesa. Entonces, pertenecía a la ejecutiva de la agrupación comarcal, fortín bustista hasta hace poco.

Distanciada del ex alcalde de Sabadell y su hermano concejal por el desprecio con el que la trataron en las conversaciones telefónicas interceptadas por los Mossos d’Esquadra, los Bustos vuelven a marcar ahora su destino. El afán de Manuel y Paco Bustos por colocar a Carmina Llumà como ejecutiva en Montcada -al que contribuyó el ex número dos del PSC Daniel Fernández- intimidó a Pérez y enchufó a quien le dijeron. Así que los mismos que la apadrinaron han sido su perdición. Con la primera sentencia que se deriva del caso Mercurio de presunta corrupción, se cierra un círculo que no ha llegado a durar cinco años en Montcada.

Análisis aparte, el Ayuntamiento no se pronunció ayer sobre si se procederá a destituir de inmediato a Pérez o retendrá el poder hasta las elecciones de mayo. La reprimenda del TSJC la apea de los comicios, aunqaue cabe recordar que la asamblea socialista local la designó candidata por un 93% de los votos en 2014, estando ya imputada desde hacía más de un año.

La primera edil puede quedarse como la única de los cuatro dirigentes socialistas castigados por el fallo del alto tribunal que conserva un cargo público. Aun así, el cese se deduce inminente: de baja por dar a luz desde diciembre tras encadenar otra por embarazo que comenzó en septiembre, el permiso de maternidad se le agota en unos 10 días, lo que se intuye como el margen para que anuncie su marcha.

En sustitución de Pérez, desaparecida durante el último medio año de la corporación, todas las funciones han recaído en Carmen Porro, favorita para asumir con todas las prerrogativas la Alcaldía a menos de dos meses de las elecciones. No obstante, no sale bien parada de la resolución conocida el lunes: la concejal participó con la alcaldesa y el regidor Juan Parra en la reunión en que las responsables del test psicotécnico cambiaron la nota de Llumà para declararla apta para el puesto. Según los magistrados, Porro y Parra eran «conocedores del proceso de selección y de su falta de legitimación para interferir en él, pese a lo cual se prestaron a secundar a la alcaldesa acusada».

La oposición en coro (ICV-EUiA, PP, Ciutadans y ERC) exige la dimisión de Pérez, a la que CiU se ha sumado a última hora, hasta ahora comedida por ser socio del PSC. Algunas formaciones piden además que reintegre el sueldo que ha percibido durante su imputación y que abone el coste del abogado. Su defensa se ha costeado a partes iguales entre el Ayuntamiento y la Diputación. El importe se elevó a 20.570 euros durante las diligencias previas.

«Es una buena chica, pero absolutamente vacía de contenido político, una marioneta de los Bustos», opina la diputada y concejal del PP Eva García, «y las cosas que empiezan mal acaban mal. Ella fue nombrada de una forma injusta». «No ha sabido gestionar. Cuando los Bustos han caído por Mercurio no ha hecho nada, sólo poner parches, y CiU ha sido cómplice», abunda Carmen Romero, edil de C’s. «No ha tenido perfil político», añade Marta Aguilar, regidora de ERC, «y ha estado más condicionada por la gente de su gobierno, como Parra y Porro, que llevan el peso de las decisiones, que por el PSC de Sabadell».