Dimite el presidente de Cantabria, José Antonio Rodríguez Martínez (Coalición Popular), enfrentado a su propio grupo, le sustituye D. Ángel Díaz de Entresotos (AP)

El pasado día 12 he leído en el periódico en el periódico de su digna dirección una serie de informaciones sobre la crisis del Gobierno de Cantabria, que me gustaría puntualizar brevemente, pues creo que el tema se ha desvirtuado de su origen real.

Para ello hay que remontarse al origen real de la situación, que es anterior a las elecciones de mayo del 83. La designación de J. A. Rodríguez como candidato a presidente por la Coalición Popular de Cantabria provocó grandes problemas en Alianza Popular de Cantabria, pues se hizo en contra de las recomendaciones del Comité electoral local que conocía la trayectoria política tan poco fiable del Sr. Rodríguez. Esto provocó la dimisión del citado Comité. Esto provocó la dimisión del citado Comité. Fue entonces cuando el diputado don Félix de la Fuente negoció por cuenta propia con altas instancias de Alianza Popular en Madrid para incluir al Sr. Rodríguez en las listas de la Coalición, cosa que consiguió en contra de la opinión mayoritaria del partido en Cantabria, firmándose el pacto al que se alude en la información.

Las elecciones fueron ganadas por la Coalición Popular, siendo elegido el Sr. Rodríguez presidente del Gobierno cántabro. Alianza Popular y sus coaligados otorgaron un margen de confianza al Sr. Rodríguez, margen de confianza que él ha aprovechado para gobernar a espaldas de la Cámara regional y del partido mayoritario que le apoya. Cualquier alcalde de nuestra región que pertenezca a Alianza Popular conoce lo que es ser pisoteado y humillado por el Gobierno regional.

Toda esta serie de despropósitos ha provocado la total desconfianza política de Alianza Popular hacia José Antonio Rodríguez y se ha llegado a la situación donde ahora nos encontramos.

Resumiendo, el verdadero fondo de la crisis de Gobierno regional cántabro es la falta de confianza política de Alianza Popular hacia el gobierno cántabro y no los intereses urbanísticos, como ha manifestado recientemente el Sr. Rodríguez en una maniobra para engañar a la opinión pública y atacar al Ayuntamiento de Santander, donde la Coalición Popular está unida como una piña en torno a su alcalde, Juan Hormaechea, quien se ha mantenido (y ahí están los hechos) totalmente al margen de la crisis.

J. I. Beltrán Piñeiro (Concejal de Santander)

Creo que es oportuno trazar una serie de reflexiones sobre la crisis política en Cantabria, iniciada en diciembre pasado, tras ejercer como presidente una de las facultades que, en exclusiva, confiere la ley orgánica del Estatuto de Autonomía, cual es la de nombrar o separar de sus cargos a los miembros del consejo de Gobierno. Sin embargo debo reconocer que no todo comenzó en esa fecha; prácticamente se habló de crisis de Gobierno desde que el Ejecutivo salido de las urnas tomara posesión en junio de 1983 e incluso, había comenzado antes cuando se me propuso encabezar la lista electoral por la Coalición Popular, ganar las elecciones y posteriormente debía dimitir, propuesto que dejo al juicio del lector por cuanto significa descalificar o ignorar el veredicto de las urnas el 8 de mayo del pasado año.

Para analizar el desarrollo político de los acontecimientos es necesario presentar una cierta cronología. En marzo, dos meses antes de las primeras elecciones autonómicas, la Coalición Popular que había perdido ante el PSOE las elecciones del 28 de octubre de 1982 se encuentran sin primer candidato, sin presidenciable. Fue cuando se recurre a un independiente, en aquellos momentos, presidente de un Gobierno de independientes, con experiencia en el rodaje autonómico. Debo señalar que acepté encabezar la lista de la Coalición por varios motivos: primero, por considerarme un hombre, de centro-derecha que debía aportar lo posible para evitar la cantada victoria socialista; segundo, porque se concretó que acudiría a las elecciones como independiente, y tercero, porque la aventura o el objetivo de consolidar la joven autonomía cántabra significaba un reto apasionante y esperanzador. Y el 8 de mayo se ganaron las elecciones, y por mayoría absoluta.

Se pueden ofrecer algunos datos más: en las elecciones generales de 1982, la Coalición no ganó por mayoría absoluta en ningún Ayuntamiento de Cantabria; en las regiones de 1983 se ganó con porcentajes entre el 50 y el 83% en 52 Ayuntamientos de la región. Los expertos electorales concluyeron que la victoria de la Coalición Popular se debió al voto trasvasado por candidaturas municipales independientes que no presentándose a las regiones optaron por dar su voto a la Coalición Popular. Y no soy yo el más indicado para valorar las razones y el porqué de esos 21.000 votos que recogimos (cinco escaños fijos de nuestra Asamblea regional).

Sin embargo, muy pronto se olvidó la gran victoria electoral del 8 de mayo, éxito importante ya que significó dar un vuelco, casi espectacular, a los resultados del 28 de octubre (en los que triunfó la lista al Congreso de los socialistas cántabros), y se inician movimientos desestabilizadores en torno al Gobierno por intereses ajenos, pero muy próximos a políticos de Alianza Popular, partido éste que atravesaba una grave crisis de liderazgo y que impidió durante meses, tener interlocutores válidos en dicha organización.

Ofrecidos estos datos, es oportuno abrir una reflexión sobre el papel de las instituciones y los partidos en el juego democrático. En primer lugar, los partidos son cauce de expresión y participación de la voluntad popular, a ellos corresponde la aprobación de los programas y la designación de candidatos; los diputados electos aprueban o rechazan el programa de Gobierno que presenta el candidato, pero es preciso que la Constitución y el Estatuto de autonomía recoge un principio básico de todas las democracias occidentales: La estricta separación del poder legislativo y del poder ejecutivo, estableciendo unos claros mecanismos por los que el poder legislativo puede exigir al ejecutivo la responsabilidad política, responsabilidad en cuanto al cumplimiento del programa aprobado; si ese programa aprobado por la Cámara se viene cumpliendo, no se puede exigir tal responsabilidad al poder ejecutivo; en todo caso habría de demandarse a los Comités de los partidos que aprobaron o elaboraron tal programa. ¿Hasta dónde llega el intervencionismo de los partidos en la acción ejecutiva y política de un Gobierno, bien sea regional o nacional?

De acuerdo con nuestro Estatuto de autonomía, inspirado en la Constitución de 1978, la responsabilidad política (artículo 18) debe exigirse al presidente y a su Consejo de Gobierno, lo que viene a indicar que los Gobiernos deben funcionar inspirándose, evidentemente, en el programa del partido, pero con el suficiente margen de maniobra política para cumplir los objetivos desde el ‘contexto’ en el que se actúe. Cuando este margen de maniobra no se posibilita o no se concede la confianza necesaria, viene la colisión de los poderes, del poder no institucional del partido con el poder institucional de un Gobierno forzándose la letra legal del ordenamiento vigente.

La injerencia del legislativo en el Ejercicio provocará siempre un falseamiento de los principales jurídicos del Estado, tanto del centro como de las autonomías; cuando el legislativo pretende imponer al ejecutivo el uso de prerrogativas que sólo a este corresponden – petición de voto de confianza – en lugar de hacer uso de aquellas que la legalidad vigente le confiere – moción de censura – se están conculcando los principios básicos de la democracia.

Esto, más o menos, ha ocurrido en Cantabria; cuando el poder ejercido desde un partido invade las instituciones e intenta asumir lo que, de acuerdo con el Estatuto que es ley orgánica, corresponde en exclusiva al presidente del Consejo de Gobierno.

La conclusión es clara: si los partidos no son sólo cauce de participación democrática sino también contrapoderes que imponen condiciones a la propia marcha de las instituciones, la desestabilización política será una norma habitual, y por tanto, grave para la credibilidad del sistema democrático. En resumen, desde un partido se gobierna para los del partido; desde la presidencia de una institución, aunque se milite en un partido, se debe gobernar para todos sin excepciones.

Afirmo, por último, que mandar no es privilegio, es un honor y una carga. Se me ha acusado de aferrarme al cargo, y si hubiere sido así, solamente con haberme afiliado a uno de los partidos de la coalición, como me fue propuesto, hubiera evitado los ataques y las descalificaciones, pero habría engañado a esos votantes, que como independiente, me habrían otorgado su voto el 8 de mayo. Por eso, creo que lo ocurrido en Cantabria se puede describir citando unas clarísimas palabras de Blondel: “Tras las aparentes batallas en torno a ideas, programas y políticas, las verdaderas batallas se dan entre hombres ansiosos de ejercer el poder político”.