Dimite Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) como presidente de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) enfrentado con el PP por su decisión de crear la Comisión Nacional de la Energía

La dimisión de Miguel Ángel Fernández Ordóñez como presidente de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) tiene varias interpretaciones posibles, pero la más inmediata y evidente es que no ha podido o no ha querido soportar las presiones, desplantes y ninguneos a los que el Gobierno le venía sometiendo en los dos últimos años. Su firme oposición pública, fundamentada con abundante documentación, a la enmienda de titulización de 1,3 billones de pesetas en favor de las compañías eléctricas, aprobada de forma ventajista en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto, fue la gota que ha colmado el vaso. El conflicto de la titulización fue el último episodio de una larga trayectoria de divergencias con el Ministerio de Industria, jalonada por las críticas a la excesiva cuantía de las ayudas concedidas a las eléctricas a cuenta de la liberalización del mercado o la denuncia de las tímidas rebajas de tarifas eléctricas.Decir que el Gobierno de Aznar ha perseguido a Fernández Ordóñez hasta obligarle a tirar la toalla no es precisamente un ejercicio de tremendismo. Las pruebas de esta persecución política son abundantes. Una de ellas es la creación de una Comisión Energética Nacional, introducida con calzador en la Ley de Hidrocarburos para anular la función de la CNSE. Una de las razones que ha esgrimido elegantemente el dimitido ha sido su intención de evitar el disparate que supone mantener el funcionamiento paralelo de dos comisiones con tareas similares. Otra prueba del acoso es el recorte del presupuesto de la Comisión, decidido a modo de revancha pueril tras sus críticas a la excesiva cuantía de las subvenciones a las eléctricas, o los mezquinos recordatorios de la afiliación de Fernández Ordóñez al PSOE, que en ningún caso le impidió oponerse a decisiones de los gobiernos socialistas cuando lo consideró necesario.

Sería trivializar la cuestión entender que el acoso (y derribo) de Fernández Ordóñez es solamente un caso de animadversión personal o de venganza contra un alto cargo superviviente de etapas políticas anteriores. La experiencia ha demostrado que este Gobierno es refractario a los ejercicios de poder independiente que equilibren el suyo. Antes de que Fernández Ordóñez elevara su voz para denunciar los abusos contra los consumidores, el Ministerio de Industria ya había modificado artículos legales para degradar a la Comisión Eléctrica -concebida como un organismo regulador del sector- hasta convertirla en un simple organismo consultivo, sin voz ni poder propio. Está en la naturaleza de este Gobierno mostrarse contrario a las posiciones críticas no autorizadas por él y despreciar los controles reguladores que limiten el ejercicio discrecional del poder.

Miguel Angel Fernández Ordóñez presentó ayer su dimisión como presidente de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, cargo en el que todavía le quedaba un año de mandato. En su carta de renuncia, alega que la inminente constitución de la Comisión Nacional de la Energía creará un problema de duplicidad con el organismo que él ha presidido desde hace cuatro años. Y no le falta razón. Pero lo que no dice es que no está dispuesto a asumir un papel de subordinación a la nueva Comisión, prevista en la Ley de Hidrocarburos. MAFO, como lo llaman los amigos coloquialmente, no podía tragar esta afrenta. Ni se hallaba cómodo en un cargo en el que el Gobierno le había acusado de ser un submarino al servicio del PSOE. Por lo menos, ha tenido la dignidad de marcharse, renunciando a ganarse el sueldo en un sillón que se va a quedar sin contenido.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha sido una fuente permanente de conflictos desde que se anunció su creación. Es evidente que se concibió de forma apresurada para neutralizar, con un organismo de mayor rango, a la Comisión Eléctrica que presidía Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que tuvo la osadía de cumplir con la obligación para la que había sido nombrado, que no era otra que la de desempeñar el papel de regulador independiente y denunciar públicamente el atropello a los consumidores de la titulización de las ayudas a la competencia eléctrica. En el momento de su formación, ha sido causa de otro incidente político grave. Industria ha rechazado el sistema de pacto con la oposición, con atribuciones compartidas en la designación de los componentes de la Comisión, y han preferido el nombramiento unilateral. El primer efecto del encontronazo político ha sido que el PSOE, innecesariamente ninguneado, abandone la Comisión de Industria del Congreso y acuse al Gobierno de «venganza» por haber denunciado «el regalo de un billón de pesetas a las eléctricas». El nombramiento unilateral de los miembros de la comisión no es una decisión trivial. Revela rencor y mezquindad en quienes la han tomado. Pero sobre todo tiene un efecto de socavamiento grave de los usos democráticos. Existe -o existía, habrá que decir- el acuerdo no escrito entre Gobierno y oposición de consensuar la formación de los organismos reguladores; por el momento, ya existe un precedente de que el acuerdo puede romperse. Piqué ha argumentado que la composición de la comisión corresponde al Gobierno y que la consulta a la oposición es una deferencia y no una obligación. Pero tan pobre justificación, que confunde interesadamente los mínimos establecidos con los máximos posibles, no justifica el comportamiento visceral del PSOE abandonando la comisión, aunque es cierto que dinamita las buenas costumbres democráticas encaminadas a equilibrar políticamente el organismo regulador y sitúa a la CNE en lo que realmente quiere el Gobierno que sea: un órgano consultivo puesto a su servicio.

Al Gobierno de José María Aznar no le gustan los órganos reguladores independientes. Ésta es una deducción lógica de su comportamiento político. El Ministerio de Industria hizo todo lo posible para recortar competencias e independencia a la Comisión Eléctrica, y en esa tarea llegó a extremos tan ridículos como recortar su presupuesto con pretextos fútiles. Hasta que consiguió equiparar al que debía ser el máximo órgano regulador del sistema eléctrico, con competencias en la fijación de las tarifas, con un organismo consultivo sin capacidad de decisión alguna y reducidos sus informes a un grado de clandestinidad que lindaba con la censura.

El modelo que se pretende con la CNE es similar. Tiene un carácter consultivo, sus trabajos deberán ser autorizados por el ministerio, sus circulares se ponen bajo la cautela de la consulta con la Administración y, para colmo, el reglamento impone la condición de sigilo; es decir, que se impide a sus miembros informar sobre su trabajo y sobre los sectores energéticos. Esta condición no sólo convierte definitivamente a la CNE en un juguete de cortos alcances en manos del Gobierno, sino que además pervierte la exigencia de que las tareas de los organismos públicos estén al servicio de los ciudadanos. El requerimiento de sigilo es antidemocrático, porque todo lo que produce el sector público debe ser del dominio de la sociedad.

Tal como está configurada, con una mezcla desequilibrada entre representantes del PP, CiU, PNV e intereses sectoriales -de las eléctricas y de Repsol-, pocas esperanzas caben de que la CNE sea otra cosa que un organismo inoperante, caro y legitimador a posteriori de las decisiones del Gobierno en materia energética. Su credibilidad está dañada por su naturaleza y por su composición. Pero para el Gobierno ya ha cumplido el objetivo principal, que es sustituir una comisión independiente por otra obediente.