Dimite Siro García Pérez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en medio de la crisis de los fiscales indomables con el Fiscal General Urculo

LA RENUNCIA de Siro García Pérez, presidente, de la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, profundiza la ya grave crisis de ese órgano jurisdiccional. Por lo que se sabe de sus palabras ante el presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado, que ayer visitó la Audiencia, Siro García se va por considerar intolerables las críticas institucionales que están recibiendo los magistrados que la componen. Esa dimisión se produce tan sólo un día después de conocerse las duras medidas adoptadas por el fiscal general del Estado, Ortiz Úrculo, contra el fiscal jefe y otros cuatro fiscales de la Audiencia. Y otro juez’ Gómez de Liaño, ha insinuado que se acogerá a una excedencia en cuanto acabe de instruir algunos de los casos que tiene entre manos, especialmente el doble asesinato de Lasa y Zabala. Si el problema era una nimiedad, ha dejado de serlo. Es evidente que el fiscal general ha pretendido hacer un gesto de autoridad. La situación de la fiscalía de la Audiencia Nacional, convertida en escenario de batallas particulares con repercusiones públicas, era sin duda alarmante. La respuesta ha sido expedientar a cuatro fiscales a los que una reciente inspección considera responsables de ciertas negligencias o irregularidades y, a la vez, proponer el traslado inmediato del fiscal jefe que había denunciado tales irregularidades- por haber sido incapaz de evitarlas (y de impedir la supuesta desobediencia de sus subordinados). Ambas medidas se ajustan a las previsiones contenidas en el Estatuto del Ministerio Fiscal, y no puede decirse que carezcan de oportunidad a la vista del rápido deterioro de la situación. Pero si la denuncia de esos comportamientos se realizó hace ya tiempo y sólo1a Fiscalía General podía poner remedio, habrá que preguntarse por qué tardó tanto en intervenir y qué parte de culpa traslada ahora a Aranda.

Es difícil conocer las intrincadas relaciones internas entre miembros del Ministerio Fiscal, pero ya en el verano de 1995, el fiscal jefe, José Aranda, había denunciado públicamente la existencia en la Audiencia de un grupo de presión que pretendía actuar al margen de los principios de «unidad de actuación y dependencia jerárquica» que marca la Constitución. Es difícil creer que esa denuncia pública no fuera precedida por otras planteadas al fiscal general por conducto reglamentario. Lo que se ha conocido desde entonces ha venido a confirmar lo que Aranda denunció hace más de un año sin que ello motivara -q ue se sepa- ninguna actuación del anterior fiscal general, Carlos Granados. Si la inspección ordenada por Ortiz Úrculo ha culminado en cuatro expedientes y un traslado forzoso, quiere decir cuando menos que se ha perdido un año.

La duda reside, por tanto, en saber si al meter en el mismo paquete el traslado de Aranda y los expedientes a los otros fiscales no se está cometiendo una injusticia con el fiscal jefe; si no se está trasladando a éste una responsabilidad que era principalmente de la Fiscalía General, que es quien debe ordenar la inspección y obrar en consecuencia. Por lo demás, la salida de Aranda de la Audiencia es inmediata, sin otro trámite que ser oído, mientras que los otros cuatro fiscales seguirán hasta tanto no se resuelvan los expedientes contradictorios que se abren. De momento, pues, el tajo supuestamente salomónico resulta ligeramente asimétrico.

Imaginemos el caso: a un hombre le están dando una paliza en la calle y alguien que presencia la escena interviene, recriminando a los agresores su acción. Entonces llega la Policía y opta por detener a todos -a los agresores, al agredido y al que recriminó el hecho-, acusándolos solidariamente de alborotadores.

Es exactamente eso lo que está ocurriendo en los últimos tiempos con la Audiencia Nacional.

Algunos jueces y fiscales tuvieron noticia de que, según todas las trazas, ciertos servidores del Estado habían cometido delitos realmente graves con la excusa de combatir el terrorismo. A la vista de lo cual, pusieron en marcha la maquinaria de la Ley. Eso provocó que se les viniera encima, en ordenado tropel, toda la nutrida masa de amigos y deudos de los acusados. Pero, ¿qué culpa tienen los jueces y fiscales en esa trifulca? Ni la querían, ni la han montado, ni -desde luego- la disfrutan: les ha venido dada. De hecho, son sus víctimas.

Pero los presentan como culpables.

Se comprende bien que haya jueces y fiscales que se harten de ser sistemáticamente agredidos y, a la vez, presentados como agresores. Ayer, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Siro García, presentó su dimisión. Y el titular del Juzgado Central de Instrucción número uno, Javier Gómez de Liaño, anunció que se plantea solicitar la excedencia del cargo.

Cómo no entenderles.

Sobre la Audiencia Nacional -con muy pocas aunque significativas excepciones- se ha abatido en los últimos tiempos un vendaval de críticas, tan inconcretas como furibundas. Tanto desde el bando felipista como desde el galindista -a cual con más corifeos-, se ha reprochado a los jueces y fiscales de la Audiencia… todo y nada: que sólo buscan su lucimiento personal; que actúan por puro resentimiento; que tratan de ayudar a sus amigos o familiares; que están conchabados con las más siniestras fuerzas ocultas; que son una banda de iluminados… Poco importa que los argumentos se excluyan entre sí: todo vale, con tal de denigrarlos.

Dentro de estas acusaciones insidiosas, hay una que resulta particularmente ofensiva para ellos: la de quienes les reprochan poner tanto interés en perseguir a los GAL que no les queda tiempo de luchar contra ETA. En esa línea especialmente denigrante se incriben las recientes declaraciones del vocal del Tribunal Constitucional Vicente Gimeno Sendra, quien pretendió que la Audiencia Nacional debe ser abolida porque, según él, «no está dando una respuesta eficaz en lo que se refiere a la represión del terrorismo». Ante una acusación tan injustificada como injusitificable, el desánimo cunde en la Audiencia. La dimisión de Siro García es muestra de ello.

La verdad es más bien la contraria: es la crítica injusta y desconsiderada de la Audiencia Nacional, dictada por el ánimo de exculpar los crímenes de los GAL, la que está minando a quienes combaten con la misma tenacidad la actividad de ETA.

Mientras el Consejo General del Poder Judicial emite un tibio comunicado de apoyo a la Audiencia Nacional, seguimos a la espera de la dimisión del presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, responsable en primer grado de las tensiones surgidas en el seno de esta instancia judicial y del desamparo sufrido por los magistrados y fiscales ante el intencionado acoso político, institucional y mediático por parte de aquellos que, de manera organizada o individual, quieren impedir a toda costa que se investigue y juzge a los autores y jefes de la corrupción y de los crímenes de los GAL ocurridos durante el felipismo.

El apoyo del Consejo General a la Audiencia Nacional brilla por su tardanza y debilidad. Para que el presidente del máximo órgano judicial, Javier Delgado, haya puesto en marcha la declaración ha tenido que estallar, previamente, toda una catarata de declaraciones y maniobras destinadas a dinamitar la Audiencia Nacional, que no se comprenden si no contaran con la iniciativa del ex presidente del Gobierno Felipe González -primer interesado en frenar los procesos- y con la complicidad del actual presidente del Ejecutivo, José María Aznar.

Declaraciones y maniobras en las que se incluyen: desde el ataque del presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, sumándose a la orquesta anti Audiencia que dirige el ex ministro Juan Alberto Belloch y otros dirigentes del Partido Socialista, hasta las retadoras palabras de presuntos criminales procesados en los sumarios de los GAL, como Rafael Vera; o la purga de fiscales de la Audiencia realizada por el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, a instancias del muy pintoresco Martínez Zato, quien pretendía dejar en la Audiencia a José Leopoldo Aranda -el presunto «topo» felipista- y cargarse a los fiscales que instruyeron bien el «caso GAL»: Pedro Rubira, Ignacio Gordillo, María Dolores Márquez, Eduardo Fungairiño, acusados de ridículas y sólo supuestas irregularidades.

Y, sobre todo, ha tenido que presentar la dimisión de su cargo el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Siro García, denunciado el acoso político e institucional a esta instancia judicial, para que por fin se enciendan todas las luces de alarma en el poder judicial. Y para que el Consejo General del Poder Judicial acuerde una declaración de apoyo, donde se hacen concesiones a quienes siguen atacando a los jueces y fiscales independientes al mencionarse, en un intento bufo de «equilibrar» o aguar el comunicado, los supuestos abusos de los jueces en cuestión.

Este es el resultado de un Consejo General del Poder Judicial pactado, a todas luces, con vistas al «borrón y cuenta nueva» de Aznar por el «azul» del Partido Popular Cisneros (de la cuerda de Martín Villa) quien dejó en mal lugar y franca debilidad, respectivamente, a la ministra Margarita Mariscal de Gante y a Delgado, presidente del CGPJ, quien tiene que lidiar con sus propios consejeros, mas los de Convergencia i Unió y los del Partido Socialista.

Y no sólo para defender institucionalmente la Justicia sino para intentar que no se produzca una coordinada prevaricación y acuerdos con bandas delictivas en el seno del CGPJ, Fiscalía General, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, como las que parecen destinadas a acabar con la instrucción del «caso GAL», ligando la actuación de determinados personajes de estas instancias a los núcleos de las tramas de la corrupción y de los GAL.

En vez de consentir rídiculos expedientes a los fiscales o de permitir y practicar el acoso institucional y político de los magistrados y fiscales que instruyen todos los sumarios vinculados con los GAL, el CGPJ, Gobierno y Congreso deben abrir una investigación para averiguar si hay una mafia organizada en el poder judicial al servicio de la corrupción y del GAL. Ya han pasado demasiadas cosas (y más que van a pasar, por ejemplo en el caso Filesa) como para que esta grave situación se pueda prorrogar.

¿Acaso existe una red de consejeros, magistrados y fiscales prevaricadores políticamente relacionada con el crimen y la corrupción dentro del poder judicial? Esta es la incógnita que hay que despejar.