22 diciembre 1996
El Fiscal General del Estado, Ortiz Urculo, opta por una solución salomónica, por un lado expedientar a los 'indomables' y por el otro destituir a José Aranda como Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional
Guerra en la Audiencia Nacional: fiscal jefe Aranda contra los ‘indomables’ Fungairiño, Márquez de Prado, Gordillo y Rubira

Hechos
En diciembre de 1996 el Fiscal General del Estado, Sr. Ortiz Urculo, abrió expediente a los fiscales de la Audiencia Nacional D. Eduardo Fungairiño, D. Ignacio Gordillo, Dña. Dolores Márquez de Prado y D. Pedro Rubira.
Lecturas
Los ‘fiscales indomables’ estaban considerados como los fiscales más próximos al Gobierno del PP, a los jueces Garzón y Liaño, al banquero Mario Conde y al diario EL MUNDO.


El diario EL MUNDO dio todo su apoyo a ‘los fiscales indomables’ presentándolos como ‘los que más habían investigado el caso GAL’, dando a entender que era una represalia contra su ‘valentía’.
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CRONOLOGÍA DE LA CRISIS DE LOS INDOMABLES EN LA AUDIENCIA NACIONAL:
Antecedentes, enfrentamiento abierto, expedientes disciplinarios y desenlace.
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| Noviembre de 1994 | Origen del enfrentamiento por Banesto. José Aranda Calleja, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, encarga al fiscal Florentino Ortí presentar una querella contra Mario Conde y otros responsables de Banesto, sin esperar a la deliberación colectiva que pretendían algunos fiscales. Los discrepantes cuestionan la actuación de su superior; Aranda considera que existe un grupo organizado que trata de condicionar su autoridad. |
| 1995 – primer semestre de 1996 | Se consolidan las divisiones. Aranda denuncia públicamente los enfrentamientos internos. En el grupo crítico destacan Eduardo Fungairiño Bringas, teniente fiscal; Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés; María Dolores Márquez de Prado y de Noriega, y Pedro Rubira Nieto. La prensa también destaca sus relaciones profesionales y personales con los jueces Baltasar Garzón Real y Javier Gómez de Liaño. |
| Finales de julio – agosto de 1996 | El caso GAL desencadena la crisis abierta. Pedro Rubira discrepa de la instrucción de solicitar la libertad bajo fianza del general Enrique Rodríguez Galindo, investigado por el secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. En lugar de pedir su excarcelación, solicita que permanezca en prisión, aunque manifiesta que no se opondrá si el tribunal acuerda la libertad. Aranda considera que se ha desobedecido una orden jerárquica. |
| 25 de agosto de 1996 | El País publica un amplio reportaje titulado «La fiscalía de los indomables», que describe al grupo como un núcleo autónomo de poder dentro de la Audiencia Nacional y cuestiona sus relaciones con determinados jueces y medios de comunicación. El conflicto adquiere una dimensión pública que trasciende los procedimientos judiciales. |
| 6 de septiembre de 1996 | Juan Cesáreo Ortiz Úrculo sustituye a Carlos Granados Pérez como fiscal general del Estado por decisión del Gobierno de José María Aznar. Hereda el enfrentamiento entre Aranda y sus subordinados, que ya había atravesado los mandatos de anteriores responsables de la Fiscalía. |
| Octubre de 1996 | Inspección en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Tras una tensa reunión con los fiscales, Ortiz Úrculo envía a los inspectores encabezados por Juan José Martínez Zato. La inspección comienza el 17 de octubre, según la información publicada el día 21, para examinar el funcionamiento de la Fiscalía y las denuncias de irregularidades. |
| 10 de diciembre de 1996 | Ortiz Úrculo anuncia medidas contra los dos bandos. Decide apartar a José Aranda de la jefatura por no haber logrado mantener la autoridad, abrir expedientes de traslado a Gordillo y Márquez de Prado y expedientes disciplinarios contra los cuatro fiscales del núcleo crítico. Se presenta como una solución que pretende restablecer la disciplina sin respaldar íntegramente a ninguna facción. |
| 9 de enero de 1997 | Se hace efectiva la remoción de Aranda. El fiscal jefe pierde su puesto y Eduardo Fungairiño, como teniente fiscal, queda al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en funciones. La salida del superior no pone fin a la disputa. |
| 10-11 de abril de 1997 | Resolución de los expedientes. Ortiz Úrculo archiva los procedimientos de traslado basados exclusivamente en las desavenencias con Aranda, pero propone el traslado forzoso de Márquez de Prado por su conducta hacia jueces y tribunales. Impone además sanciones menores a otros fiscales, apartándose parcialmente de las propuestas más severas de los instructores y del Consejo Fiscal. |
| 11-17 de abril de 1997 | Los indomables responden. Gordillo anuncia que él, Fungairiño y Rubira solicitarán otros destinos si se ejecuta el traslado de Márquez de Prado. Las sanciones se notifican formalmente durante los días siguientes. La amenaza colectiva es interpretada por sus críticos como un nuevo desafío a la jerarquía; sus protagonistas la presentan como una manifestación de solidaridad profesional. |
| 24-30 de abril de 1997 | Enfrentamiento entre el fiscal general y el Ministerio de Justicia. La propuesta de traslado de Márquez de Prado llega al departamento de Margarita Mariscal de Gante. Ante las vacilaciones sobre su ejecución, Ortiz Úrculo vincula públicamente su continuidad a que se respalde la medida y dirige un escrito al vicepresidente Francisco Álvarez-Cascos. La crisis alcanza directamente al Gobierno. |
| 9 de mayo de 1997 | Aznar cesa a Ortiz Úrculo y acepta el traslado de Márquez de Prado. El Gobierno anuncia que sustituirá al fiscal general por Jesús Cardenal Fernández, hasta entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Al mismo tiempo, se acepta la propuesta disciplinaria contra la fiscal. La decisión satisface formalmente una exigencia de Ortiz Úrculo, pero pone fin a su mandato de apenas ocho meses. |
| 19 de mayo de 1997 | Jesús Cardenal toma posesión como fiscal general del Estado. Ese mismo día, Justicia comunica la ejecución del traslado de Márquez de Prado, que recurre la medida. |
| Junio de 1997 | Los tribunales rechazan paralizar el traslado. Márquez de Prado sostiene en sus recursos que la decisión obedece a razones políticas y llega a insinuar que fue impuesta por una autoridad superior a la ministra. Son alegaciones de la interesada, no hechos acreditados. La Audiencia Nacional considera que el interés público justifica no suspender cautelarmente la medida. |
| 4 de julio de 1997 | Se formaliza el nuevo destino de Márquez de Prado. Un real decreto dispone su traslado forzoso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, bajo la jefatura de Mariano Fernández Bermejo. La disposición se publica en el BOE del 22 de julio. |
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11 Diciembre 1996
En nombre de Salomón
José Aranda tuvo malos presagios la noche del lunes. Ayer, se confirmaron. Quedó deshecho. Su mujer, Teresa, aportó el contrapeso: «Tratándose de las personas que están en esto, hay que tomárselo con filosofia», dijo anoche con su firme voz andaluza.Un alto cargo de la Justicia dijo a este periódico: «Han, querido demostrar que ponen los cojones sobre la mesa». Se refería a la Fiscalía General del Estado. «Si los hubieran puesto de verdad no hubieran sancionado a Aranda», dijo este cronista. «Me corriges bien. Si hubieran tenido cojones trasladaban a los dos fiscales y punto», contestó el alto cargo.
La idea de presentar una solución salomónica a las intrigas del patio de vecindad en que se había convertido la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha supuesto intentar la cura de un rasguño provocando la gangrena del órgano.
Lo que podía ser el traslado de dos fiscales por pura incompatibilidad con el fiscal jefe -para lo cual no era ni necesario el famoso informe sobre presuntas irregularidades- se ha convertido, pues, en un hecho mayor.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado admiten que ha sido una decisión traumática y arguyen que Aranda ha sido desobediente. De ahí, afirman, que a la hora de resolver medidas derivadas del informe de la inspección en la Audiencia Nacíonal también había que incluir a Aranda.
Habrá que ver cuál ha sido fa rebeldía. Pero lo cierto es que no hace mucho, el Fiscal General, Juan Ortíz Úrculo, había hablado francamente con Aranda y aceptó su decisión de permanecer al frente de la Audiencia Nacional, cuando podía optar, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas.
En el réquiem por Aranda habrá que decir que fueron él y el fiscal Pedro Rubira quienes solicitaron al entonces sustituto del juez Baltasar Garzón en el juzgado número 5, antes del 4 de diciembre de 1993, nuevas diligencias para evitar que prescribieran, a los diez años que se cumplían entonces, el caso Segundo Marey-GAL.
Se dirá que Aranda se anticipó a la acción popular. Pero, diga lo que se diga, Aranda evitó la prescripción. Fue Aranda quien, convencido de que los grandes delincuentes económicos campaban en este país por sus respetos impulsó la querella criminal contra Mario Conde y sus amigos.
Este es, pues, el hombre que por presunta desobediencia está propuesto para expedientar y ser trasladado de forma forzosa. Todo para simular una decisión ecuánime. Salomón es mal consejero.


11 Diciembre 1996
Más franquista que salomónica
Se ha dicho que la decisión que ayer adoptó el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, es «salomónica»: propone al Gobierno el traslado forzoso del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, por un lado, y, por el otro, abre expediente sancionador contra los fiscales Ignacio Gordillo, María Dolores Márquez de Prado, Eduardo Fungairiño y Pedro Rubira. Es, en efecto, como si repartiera los castigos entre los dos bandos que se han venido enfrentando en la Audiencia Nacional desde hace tiempo. Como si pretendiera distanciarse de ambos por igual.
Pero no hay tal. Su solución es mucho más franquista que salomónica. Salomón tenía claro de qué lado estaba la razón: nunca tuvo intención de matar al niño. Era Franco el que solía penalizar por igual a cuantos osaban discutir abiertamente.
La remoción inmediata del fiscal jefe de la Audiencia podrá ser una decisión llamativa -es la primera vez que algo así ocurre-, pero entra dentro del terreno de lo facultativo: se trata de un cargo de confianza, y parece lógico que el fiscal general quiera que ese puesto lo ocupe alguien que esté en buena sintonía con él. A decir verdad, lo sorprendente sería que pudiera mantener esa sintonía con Aranda, fiscal mucho más en línea -totalmente en línea, a decir verdad- con la anterior Administración.
Lo que es imperdonable es que esa medida trate de compensarse -¿qué otra finalidad podría perseguir, si no, el anuncio simultáneo de ambas decisiones?- dictando la apertura de expedientes disciplinarios contra los fiscales Gordillo, Márquez de Prado, Rubira y Fungairiño. Basta con echar una rápida ojeada a los asuntos que pretenden fundamentar esos expedientes para apreciar que persiguen perfectas nimiedades. En todos los casos, salvo uno: la negativa del fiscal Rubira a solicitar la excarcelación de Rodríguez Galindo. Un gesto que le honró a él y que dignificó el cargo que ostenta en nombre de los ciudadanos.
¿Será necesario recordar el historial de cada cual? ¿Habrá que rememorar que, de no ser por estos fiscales que ahora expedienta Ortiz Urculo, no habría avanzado la investigación del caso GAL, no habrían sido procesados Amedo y Domínguez, no se habrían identificado los cadáveres de Lasa y Zabala, no se habría perseguido sistemáticamente el terrorismo de Estado? Si el Estado de Derecho brillara a más altura, se les rendiría homenaje de gratitud pública. A cambio, se sigue con lupa sus pasos, a ver si se olvidan de poner una póliza y cabe abrirles un expediente disciplinario.
El fiscal general del Estado -no sólo él, pero también él- parece empeñado en establecer una «tercera vía» entre quienes combaten el crimen, por encumbrados que estén sus autores, y quienes lo protegen, lo disculpan o, al menos, dificultan su castigo. Esa tercera vía no existe.
Entre los GAL y la Justicia no hay ningún limbo. Por lo menos para los justos.


11 Diciembre 1996
Ese otro Órtiz
Iba de justo, mi colombroño. Antes de que lo nombraran fiscal general del Estado, repartía más rayos justicieros que el propio Zeus Páter. ¡Se iban a enterar todos ésos: los del crimen de Estado, los de la cal viva, los de los fondos reservados, los de las comisiones supermillonarias! ¡Con él llegaba la Justicia, pura, entera y verdadera!
Tomó posesión del cargo -así suelen decirlo: se ve que aquí se reparten los cargos en propiedad- y, poco a poco, fue entendiendo el lenguaje de la Razón de Estado. Ya lo habla, a lo que se ve, con mucha soltura.
Esa es la diferencia insalvable que hay entre los leguleyos prêt à porter y los fiscales de la Audiencia Nacional a quienes Juan Ortiz Urculo abrió ayer no sé cuántos expedientes disciplinarios: ellos no hablan el lenguaje convenido de la Razón de Estado.
Así les va. Porque, cuando un juez o un fiscal es bueno, se inclina convenientemente y dice amén a quien manda, conformándose con aplacar su sed de justicia a costa de cualquier miserable de mierda que se le siente en el banquillo, da igual qué barbaridades haga. O lo que cobre. O de quién cobre. ¿Que un bufete de postín le paga un millón al mes por dar presuntas conferencias de las que nadie ha tenido noticia concreta jamás? Es igual: nadie es perfecto. Pero que no meta el dedo en el ojo de algún capitoste y se empeñe en que si ha delinquido tiene que ir a la cárcel, por muy importante que sea. De ser así, se le investigará hasta el ultimísimo céntimo, y se mirará con lupa cada papel que firme -no sea que haya olvidado apuntar el número de registro: crimen horrendo-, y se sacarán a la luz sus amores y sus desamores, jo, qué risa, y si tiene hermanos, pues hermanos, y si no sobrinos.
¿Que querían «manos limpias» a la española? Pues ya está: que vayan mirándose en el espejo de Di Pietro.
Ignacio Gordillo habló con Iñigo Iruin. Está claro que es intolerable. María Dolores Márquez no pasó un informe perfectamente redundante al juez. Habráse visto, la muy. Eduardo Fungairiño dice que eso es normal. Por pura complicidad, claro. Pedro Rubira se empeñó en no pedir la libertad de Enrique Rodríguez Galindo, cuando todo el mundo sabía que el pobre general jamás interferiría en la investigación amedrentando a los testigos.
Es evidente que el fiscal general del Estado no podía tolerar tanto desmán. Estaba obligado a abrirles expedientes en masa.
¿Que ha pretendido Juan Ortiz Urculo? ¿Dificultar alguna de las acciones concretas en las que están comprometidos estos fiscales? ¿O apunta más en general, tratando de evitar que haya otros miembros de la fiscalía que se animen y metan la nariz donde no les llaman?
Lo peor de todo es que creerá que, como también ha echado al fiscal jefe Aranda, felipista de pro, ha sido de lo más ecuánime. Como si la injusticia pudiera compensarse de algún modo.
Javier Órtiz


12 Abril 1997
Motín a bordo
El lamentable espectáculo de la Audiencia Nacional continúa. Los fiscales conocidos como ‘los indomables’, más bien ‘los infumables’, se han solidarizado con Márquez de Prado y han anunciado que pedirán el traslado. Este motín a bordo da la razón al cesado Aranda, que cayó en desgracia tras imputar la querella contra Conde. Aranda dijo que en la Audiencia actuaba un grupo de presión organizado de fiscales, que no respetaba la jerarquía. Todo esto se une a las insólitas decisiones del fiscal general del Estado, Ortiz Úrculo, que despreció la decisión unánime del Consejo Fiscal de trasladar a Márquez y Gordillo, y sólo aceptó la sanción para la primera, a la que intentó salvar y defendió a capa y espada. Los otros dos expedientados, Rubira y Fungairiño, fueron sancionados con 50.000 pesetas, aunque este último ocultó un informe pericial a un juez. El más incompetente que polémico Úrculo no dudó en destituir a Aranda, pero ahora se ha atrevido a desoír al Consejo Fiscal y el informe de Inspección, que hablaba de que los fiscales cometieron ‘faltas muy graves de indignidad en la función social’. Si la marcha de ‘los infumables’ sirve para restituir el prestigio y la autoridad a la Audiencia, que se vayan.


16 Abril 1997
De la misma madera
Las sanciones acordadas el pasado jueves por el fiscal general del Estado contra cuatro fiscales de la Audiencia Nacional, sometidos a expediente disciplinario tras los correspondientes informes de los servicios de inspección, han dejado insatisfechos a tirios y a troyanos; hasta Juan Ortiz Úrculo confesaba el pasado domingo a una piadosa periodista sus escrúpulos de conciencia por la decisión adoptada y ofrece ahora a los afectados el cumplimiento a la carta de las sanciones. El Consejo Fiscal -consultado sin carácter vinculante- había recomendado unánimente un castigo más severo, acorde con las propuestas del instructor; las dos asociaciones de fiscales (una conservadora y otra progresista) también criticaron la lenidad del castigo. En contraste con la benevolencia aplicada a los expedientados, el fiscal general del Estado no había vacilado meses antes en ordenar el traslado de José Aranda, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional que fue víctima de los impertinentes desplantes de estos cuatro fiscales teóricamente sometidos -según la Constitución- a «los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica».Conscientes de que no hay peor cuña que la de la misma madera, algunos de los sancionados trataron de organizar una protesta corporativa; Ignacio Gordillo (suspendido un mes de empleo y sueldo) hizo público su propósito de abandonar la Audiencia Nacional en solidaridad con María Dolores Márquez de Prado (castigada con el traslado forzoso) y anunció la futura renuncia de sus compañeros Eduardo Fungairiño y Pedro Rubira (sancionados sólo con una multa). El tono provocativo del gesto -orientado a intimidar a la ministra de Justicia ya forzar al Gobierno a levantar o suavizar las sanciones- era tan evidente que la fiscal Márquez de Prado se vio obligada anteayer a desautorizar el conato de algarada con una nota pública.
Superando las barreras del sentido del ridículo y de la vergüenza ajena, los cuatro fiscales aceptaron complacidos en su día el rótulo de los indomables, asociado a la lucha contra el crimen organizado de Al Capone emprendida por los incorruptibles policías de Eliot Ness en el Chicago de la Ley Seca; los adulatorios piropos derramados sobre los indomables por los diarios ABC y EL MUNDO y por la Radio de los Obispos suenan casi tan impúdicos como los ruborizantes elogios propinados al juez Gómez de Liaño por los mismos columnistas y tertulianos. No faltan motivos para agradecer a la Fiscalía de la Audiencia Nacional su valiente papel en la persecución del terrorismo, una firme actitud que le costó la vida a Carmen Tagle; sin embargo, los fiscales sancionados comparten esos méritos con sus compañeros del ministerio público y con los magistrados que instruyen y juzgan esos delitos. Por lo demás, el inconvincente argumento según el cual la deuda de la sociedad española con los fiscales amenazados por ETA les habría facilitado un cheque en blanco para cualquier abuso de autoridad fue ya manejado con idéntica sinrazón por los defensores de Barrionuevo, Vera y Rodríguez Galindo.
En realidad, la historia de los indomables comenzó con las interferencias producidas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional por los sumarios relacionados con las nuevas formas de delincuencia económica. En su libro Vendetta (Plaza y Janés, 1996, capítulo 20), Ernesto Ekáizer narra el enfado bíblico de María Dolores Márquez de Prado con José Aranda después de que el fiscal jefe presentase la querella contra Mario Conde en el caso Banesto sin dársela a conocer al resto de los fiscales, a fin de prevenir eventuales filtraciones; poco después de ese desagradable choque, Javier Gómez de Liaño (entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial) criticaría a José Aranda por haber interpuesto esa querella -condenada al fracaso, según su criterio- a espaldas de María Dolores Márquez de Prado y de sus compañeros: «Has cometido un grave error, Pepe. Has perdido la confianza de la Fiscalía».
Javier Pradera
El Análisis
El enfrentamiento entre José Aranda y los llamados «fiscales indomables» ofrece dos relatos difíciles de conciliar. Para sus defensores, Fungairiño, Gordillo, Rubira y Márquez de Prado son fiscales que se han negado a suavizar las investigaciones sobre los GAL y a proteger a los responsables de una de las páginas más oscuras de la historia reciente de España. Para sus detractores, forman un grupo que ha utilizado su protagonismo judicial y mediático para desafiar a sus superiores, especialmente desde que Aranda promovió la querella contra Mario Conde por el caso Banesto, una actuación que algunos de los disidentes cuestionaron. Las discrepancias jurídicas son legítimas: un fiscal puede considerar que existen razones para mantener encarcelado al general Galindo o, por el contrario, para solicitar su libertad; también puede discrepar sobre la procedencia de una querella contra los responsables de Banesto. Pero el Ministerio Fiscal no es una asociación de profesionales que votan libremente qué instrucciones desean cumplir, sino una institución sometida a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica. Su Estatuto prevé procedimientos para discutir las órdenes consideradas improcedentes. La cuestión fundamental, por tanto, no es quién tenía razón en cada sumario, sino si las discrepancias se tramitaron por los cauces establecidos y si las conductas examinadas constituían realmente infracciones disciplinarias. Esa valoración corresponde a los órganos competentes y debe apoyarse en hechos concretos, no en las simpatías que cada fiscal despierte entre los periódicos o los partidos políticos.
Pero la crisis plantea una segunda pregunta, todavía más incómoda: ¿qué ocurre cuando un fiscal parece dispuesto a desafiar la jerarquía de su institución mientras encuentra respaldo en otra jerarquía, la de un partido político? El apoyo que determinados sectores del PP y del diario El Mundo han prestado a los «indomables», frente a las posiciones más críticas de El País, alimenta las sospechas sobre la utilización partidista de los procedimientos judiciales. El desenlace tampoco invita a dar por resuelto el problema: un fiscal jefe ha sido apartado por falta de autoridad, varios subordinados han sido expedientados, uno de ellos ha terminado convertido en su sucesor y el propio fiscal general ha perdido el cargo. Una institución que resuelve así sus enfrentamientos corre el riesgo de transmitir la impresión de que la autoridad no depende de las normas, sino de los apoyos externos que consiga reunir cada protagonista.
JF
