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La Generalitat elogia el texto como instrumento de presión al Tribunal Constitucional

Editorial conjunto de toda la prensa nacionalista catalana pidiendo que se reconozca singuralidad de Catalunya dentro de España

HECHOS

El 26.11.2009 un total de 12 diarios editados en Barcelona publicaron el editorial ‘La Dignidad de Catalunya’ defendiendo el Estatut.


‘LA DIGNIDAD DE CATALUNYA’

El editorial ‘La Dignidad de Catalunya’ fue firmada por LA VANGUARDIA, EL PERIÓDICO de Catalunya, AVUI, EL PUNT, LA MAÑANA, SEGRE, REGIÓ7, EL9NOU, DIARI, DIARI DE SABA y DIARI DE TERRASA,

DISCUSIÓN EN ONDA CERO POR EL ESTATUT

23 Noviembre 2009

Dilema constitucional

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

El fallo sobre el Estatuto tendrá efectos políticos: puede agravar el 'problema catalán' o encauzarlo

El debate del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, ya en su recta final, se decanta cada vez más nítidamente hacia una sentencia adversa para esta norma. Así lo indica el consenso de los 10 magistrados para excluir del Preámbulo la tácita alusión a Cataluña como «nación» y podar del Título Preliminar las referencias a los «símbolos nacionales» y los «derechos históricos», así como la conformación de una cada vez más sólida mayoría que aprecia tachas de inconstitucionalidad en al menos 40 de los 126 artículos impugnados, hace ya tres años, por el PP. El curso que han tomado las deliberaciones permite presagiar que la vieja aspiración de que el alto tribunal dictase una sentencia salomónica, sin vencedores ni vencidos, ha quedado definitivamente arrumbada. Si los aspectos identitarios del texto -por emocionales, menos objetivables que los de orden com-petencial- no superan el cedazo constitucional, la letra pequeña de la sentencia pasará inadvertida para muchos. La mayoría de los catalanes acogerá el fallo como una derrota de Cataluña; y el PP, como una victoria en toda regla.

Sólo desde una falsa ingenuidad se puede pretender que el Constitucional es un órgano jurisdiccional inmune a la política. Primero, porque sus integrantes son designados por los dos grandes partidos, que articulan las mayorías parlamentarias precisas para los nombramientos preservando sus respectivas cuotas. Segundo, porque le corresponde arbitrar entre los poderes públicos, incluidos los principales grupos parlamentarios. Y tercero, porque la jurisdicción ordinaria se limita a aplicar las leyes, mientras que la misión del Constitucional, como sumo intérprete de la Ley Fundamental, es velar por que el legislador la respete en su letra y en su espíritu. Si política es su función, políticos son también los efectos de sus sentencias. Y mucho de lo que las rodea.

A la campaña del PP contra el Estatuto, cuñas radiofónicas y recogida de firmas incluidas, le siguió, una vez interpuesto el recurso, una guerra de recusaciones que dejó en la cuneta a un juez del bloque progresista en teoría proclive a la constitucionalidad del texto. Tampoco es ajeno a la política el hecho de que PSOE y PP no hayan sustituido a los cuatro magistrados cuyo mandato expiró en 2007, ni al fallecido Roberto García-Calvo.

Con estos precedentes, es obvio que la sentencia del Estatuto, al parecer inminente, tendrá por fuerza efectos políticos. El primero será la radicalización de CiU, que, en pugna con ERC, esgrimirá el varapalo para completar su tránsito del moderantismo al soberanismo. Pero el más profundo será el apuntado ayer por el presidente de la Generalitat, José Montilla: una lectura restrictiva de la Constitución, ajena a su espíritu integrador, debilitaría a la legión de catalanes que quieren sentirse cómodos en una España que reconozca su pluralidad. Agravar el problema catalán o encauzarlo. Ése es el dilema que afronta el Constitucional.

26 Noviembre 2009

LA DIGNIDAD DE CATALUNYA

Editorial

Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: «Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica».

Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores. La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los doce magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido. De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el «corazón de la democracia». Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal -un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo- no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia.

La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de «símbolos nacionales» (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia. No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador. El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras).

El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga. Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación.

Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.

Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos -que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo-, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum.

Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.

27 Noviembre 2009

LA DIGNIDAD DE LA CONSTITUCIÓN

Editorial (Director: Ángel Expósito)

La mayoría de los periódicos editados en Cataluña y otros medios de comunicación se alinearon ayer pública y conscientemente con la estrategia de coacción y deslegitimación desarrollada por el tripartito catalán y CiU contra el Tribunal Constitucional. Un inédito editorial común —titulado «La dignidad de Cataluña»— vertió contra esta institución una larga serie de admoniciones sobre las razones por las que debe avalar el nuevo estatuto, todas ellas relacionadas no con la constitucionalidad de su contenido, sino con el hecho de tratarse de una norma situada al margen del control constitucional en virtud de su carácter pactado.

Pero tal y como se ha hecho moneda de uso corriente en los discursos oficiales de la clase política catalana -que no de sus ciudadanos-, el editorial no se conforma con impartir doctrina histórica y política a los magistrados del TC, sino que incluye la consabida amenaza de una «legítima respuesta» a cargo de la sociedad catalana.

Hora es ya de que los partidos nacionalistas -incluido el de los Socialistas de Cataluña- aclaren cuál va a ser su respuesta. En el pasado fue una violación flagrante de la Constitución republicana de 1931, con la creación en 1934 del «Estado Catalán». Resulta evidente que el problema de los nacionalistas catalanes, reforzados por el socialismo catalán y español, no es el TC, sino la Constitución misma, sea ésta cual sea. La amenaza contra el resto de España forma parte del método histórico de una parte de la clase política catalana, pero todos los españoles, empezando por los propios catalanes, tienen derecho a saber qué van hacer el presidente Montilla, los partidos que lo apoyan y los medios que los secundan, si el TC, en el ejercicio de sus legítimas funciones constitucionales, revisa y anula, total o parcialmente, el texto del estatuto de Cataluña.

Nada dicen, pero amenazan. Por eso resulta cínico que el ultimátum publicado como editorial por los medios catalanes se refugie en un impostado constitucionalismo, que incluso sitúa en primera línea la figura de Su Majestad el Rey -«ahorcado» en una postal navideña por el nacionalismo radical- como excusa de sus diatribas. Es más, tanta apelación falsaria a la Constitución Española de 1978 desvela la raíz misma de las contradicciones insuperables del estatuto de Cataluña y su vicio absoluto de inconstitucionalidad. Si, como dice el ultimátum de los medios catalanes, de la decisión del TC sobre el estatuto de Cataluña dependen, ni más ni menos, «la aceptación de la madurez democrática de la España plural» y «la dimensión real del marco de convivencia español», y tiene «en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España»; si todo esto, repetimos, depende de la sentencia del TC sobre el estatuto de Cataluña, entonces no hay prueba más evidente de que este estatuto encierra una modificación ilegal del orden constitucional de España, y debe ser derogado.

Sólo a través de la reforma de la Constitución, avalada por la voluntad soberana del pueblo español, como sujeto nacional único e indivisible, pueden cambiarse las reglas de la convivencia y los pactos constituyentes. Porque ni el Congreso, ni el Senado, ni el Gobierno -aunque lo presida José Luis Rodríguez Zapatero-, ni el Parlamento catalán ni los ciudadanos catalanes son los titulares del poder constituyente de la Nación española. El desprecio por este fundamento de la realidad nacional de España está en el origen de esta atosigante demanda de privilegios. En todo caso, es de agradecer que, por fin, desde Cataluña se haya hecho un reconocimiento tan explícito de la verdadera dimensión constitucional de lo que debería haber sido únicamente un estatuto autonómico.

Sólo a través de la reforma de la Constitución pueden cambiarse las reglas

«Pacta sunt servanda», dice el editorial. «Los pactos deben ser cumplidos». En efecto, deben serlo con el pleno sentido de la reciprocidad que entraña este aforismo jurídico, que podría complementarse con muchos otros que harían recordar a la clase política catalana que el pacto fundamental que vincula a todos los españoles es la Constitución de 1978. ¿Cuándo han aceptado y acatado realmente los nacionalistas catalanes la proclamación contenida en el artículo 1 de la Constitución, «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», incluidos los autonómicos? ¿Respetan el principio de que «la Nación española es la patria común e indivisible de todos los españoles» (artículo 2 de la Constitución)? Por supuesto, los pactos deben ser respetados y cumplidos, como el pacto constituyente de 1978, que reconoce la autoridad del TC para decidir qué leyes o estatutos se ajustan o no a la Constitución.

Nuevamente, los estamentos cívico-políticos de Cataluña se aferran al furor identitario haciendo de un proyecto nacionalista y de izquierda, como el del estatuto catalán, la seña de identidad de un pueblo que, ciertamente, ha mostrado su «hartazgo», pero no en el sentido que indican los medios catalanes, participados algunos de ellos por la Generalitat en compañía de quienes son capaces de cuadrar el círculo y defender una cosa y la contraria, en Madrid y Barcelona, en un desdoblamiento de la personalidad editorial contrario a la razón. El hartazgo es con su clase política, a la que da la espalda con una abstención endémica que supera la de cualquier otra comunidad autónoma. Este déficit democrático sí debería ser motivo de preocupación para quienes abanderan con tanto desparpajo la ortodoxia catalanista, porque mucho tiene que ver con aquel «3 por ciento» que el presidente Maragall espetó a la oposición nacionalista, o con la malversación masiva de fondos en informes ridículos, o con otros episodios de corrupción clavados en la entraña del sistema sociopolítico establecido en Cataluña. ¿Realmente no se sienten desautorizados por los propios catalanes estos portavoces de la esencia catalana cuando abogan por romper la convivencia y las reglas constitucionales en defensa de un estatuto refrendado por un exiguo 35 por ciento de los electores catalanes, mucho menor que el que recibió el anterior estatuto, y menor aún que el respaldo que dieron a la Constitución? A la hora de hablar de legitimidades, deberían hacer un ejercicio de honrada autocrítica.

Es ridículo buscar la singularidad catalana en que, como pretende el editorial, «los catalanes pagan sus impuestos» y «contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre». La mayoría de los españoles con recursos hacen lo mismo, vivan donde vivan, porque el dinero de los impuestos no tiene denominación de origen. Esto es vivir en una nación y compartir derechos y obligaciones. Ningún privilegio debe resultar de cumplir con los compromisos básicos que conciernen a todos los ciudadanos, y menos aún si se buscan a costa del victimismo frente a Madrid, presente, como no podía ser menos en una soflama nacionalista, en la mención a «los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado».

No es digno defender a Cataluña con estos argumentos rancios y hundidos

No es digno defender a Cataluña y a los catalanes con estos argumentos rancios y hundidos en los localismos previos a la Ilustración, ni utilizar su cultura -que es tanto la escrita en catalán como la escrita en castellano- como arma arrojadiza. La dignidad de Cataluña está en su pasado, en su presente y en su futuro como parte fundamental de España, en su aportación al progreso del conjunto de la Nación con el dinamismo y la pujanza que han caracterizado su historia, en ser el factor de estabilidad institucional que le corresponde y en aspirar a ser la fuerza motriz de España, no su competidora.

Pero conviene no acortar la memoria. Esta defensa del estatuto, arbitraria en lo político, banal en lo histórico y temeraria en lo social, se funda en la irresponsable decisión de José Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE de convertirlo en el precio de un pacto político entre la izquierda socialista y el nacionalismo catalán para evitar una nueva victoria electoral de la derecha. Este es el monstruo creado por la ambición política de Rodríguez Zapatero, quien inauguró su mandato hace cinco años diciendo que iba a traer la paz a la política territorial en España. Aquí tiene las consecuencias de haber creído que España era una mercancía a disposición de sus acuerdos de poder.

27 Noviembre 2009

LA DIGNIDAD DE LOS ESPAÑOLES (INCLUIDOS AL MENOS 2,7 MILLONES DE CATALNES)

Editorial (Director: Pedro J. Ramírez)

La «Dignidad», «el respeto», «la solidaridad» y los principios a los que hacía referencia el editorial publicado ayer al unísono por 12 diarios catalanes no son valores atribuibles a los territorios, las instituciones o los colectivos sino a las personas. Ni Cataluña tiene dignidad ni España, honor. La tienen y lo tienen los catalanes y los demás españoles de uno en uno.

Si, desde luego, es respetable la voluntad de los 1,9 millones de catalanes que votaron a favor del nuevo Estatuto hace tres años, ocho veces más respetable todavía es la voluntad de los 15,7 millones de ciudadanos que votaron en toda España a favor de la Constitución en 1978. Como la memoria es débil, hay que recordar que 2,7 millones de catalanes votaron entonces «sí» a la Constitución, un 50% más que esos 1,9 millones que apoyaron este Estatuto con un censo mucho mayor. En términos porcentuales, lo cierto es que el Estatuto obtuvo el apoyo del 36% de los votos sobre el censo electoral de Cataluña, mientras que la Constitución obtuvo un 62% de respaldo.

La Constitución está vigente no sólo porque fue refrendada por una amplia mayoría de los españoles, sino porque además ha sido revalidada en la práctica en todas las elecciones en las que los ciudadanos han acudido a las urnas en estos 31 años, votando en su gran mayoría a partidos como el PP o el PSOE que dicen respaldar la Carta Magna.

Mientras no se modifique, la Constitución establece la existencia de un Tribunal al que encomienda el examen de la constitucionalidad de las leyes, tanto si proceden del Congreso como de los parlamentos autonómicos. Esa es su función y si a alguien no le gusta, lo que tiene que hacer es proponer un cambio de la Constitución.

Los 12 periódicos contraponen la legitimidad del Estatuto aprobado por el Parlamento catalán y el Congreso y mediante consulta popular con la del Constitucional, al que llaman una «cuarta cámara». Es una comparación falaz y demagógica porque, como cualquiera sabe, la democracia se basa en la separación de poderes.

Como adelantábamos ayer, resulta imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio. Pero antes de entrar en su análisis, lo primero que llama la atención es que 12 periódicos de tendencias ideológicas bien distintas olviden sus diferencias para defender un Estatuto que identifican con la construcción nacional de Cataluña.

Ello recuerda mucho el planteamiento del llamado «nuevo orden informativo internacional», promovido por aquel director de la Unesco llamado Mbou, que alegaba que por encima del pluralismo estaba la contribución de la prensa a la lucha por la emancipación frente al colonialismo occidental. Los periódicos catalanes han optado por cerrar filas con el Estatuto en el que unos ven un elemento clave de la identidad de Cataluña y otros un peldaño más hacia una futura independencia.

No hay precedentes en la prensa española de una iniciativa como ésta, salvo algunos editoriales conjuntos en defensa de la libertad de expresión contra el terrorismo al inicio de la Transición. Pero lo importante no es el burdo intento de presión al Constitucional ni los significativos aplausos de Montilla y los nacionalistas a la iniciativa de los periódicos. Lo esencial es que lo que dicen es un vademecum de disparates.

Dicen que el Tribunal es «un corazón con las válvulas obturadas», ya que la mitad de sus integrantes está en situación de interinidad. Al margen de que no es culpa de los magistrados sino de los partidos que no se han puesto de acuerdo para renovarlos, eso no les resta legitimidad alguna, puesto que es un supuesto contemplado por la ley.

Dicen que alguien sueña con «cirugías de hierro» desde «posiciones irreductibles» y que «el dilema real es avanzar o retroceder» en la pluralidad de España. Defender la Constitución frente al nacionalismo disgregador no es retroceder sino impedir el retroceso. Los autores de este texto son tan sectarios que llaman retrógrados a quienes no están de acuerdo con ellos.

Dicen que está en juego «el espíritu que hizo posible la pacífica Transición» cuando son los impulsores del Estatuto quienes no han vacilado en cargarse 30 años de consenso constitucional alumbrando una norma intragable para el PP y celebrando su exclusión.

Dicen que hay que respetar los pactos cuando ellos quieren pasar por encima de la Constitución y de la voluntad del conjunto de los españoles.

Dicen que hay un «obsesivo escrutinio» sobre la lengua catalana cuando sus mentores políticos han erradicado el español de las aulas e incluso de los patios de recreo.

Y amenazan con «una legítima respuesta» de «la solidaridad catalana», eufemismo que revela el intento de coaccionar al Constitucional y de sacar a los catalanes de sus casillas. Hagan lo que hagan, ahora que se ha adherido el Barça, será un gol en propia meta.

29 Noviembre 2009

CONDE

Alfonso Ussía

En mis años juveniles, el conde de Godó era un campeonato de tenis que se disputaba en el Real Club de Tenis Barcelona de Pedralbes. Años más tarde, en ANTENA 3 RADIO, conocí al conde de Godó, propietario de LA VANGUARDIA. No supo mantener su emisora de radio y renunció a convertir LA VANGUARDIA en un periódico con dimensión nacional. Se me antojaba cuitado, temeroso, y como todo heredero de profesión, desconfiado en extremo. Godó tuvo en sus manos el poder de una radio joven, formidable, libre, pujante y llena de talento, que dirigía Manuel Martín Ferrand. Demasiado para él. Y dejó que fuera vencida y vendida, esto último con intento por mi parte de resultar irónico.

Entiendo que llevar un título nobiliario es algo que a muchos les refanfinfla. Ser conde no imprime carácter. Hay que serlo con naturalidad, y es un honor que viene de honores mayores. También un depósito cultural y una consecuencia de la costumbre. Antaño, los nobles que no cumplían con la debida ejemplaridad, eran amonestados y advertidos. Ahora sería imposible, porque el maremágnum social ha incluido en su trituradora de dignidades a no pocas personas relacionadas con la nobleza. Me refiero a la nobleza, que no a la aristocracia. Esta última está formada por los nuevos ricos y los políticos poderosos. Pero la mayoría de los nobles que conozco, y tengo la suerte de conocer y ser amigo de muchos, son personas normales, trabajadoras, ajenas al runrruneo de los rumores y los chismes, y cumplidoras de los principios básicos de la nobleza. La lealtad y la decencia pública. Lealtad a España y al Rey, y conciencia del cumplimiento de la honorabilidad.

El conde de Godó, según intuyo, ha puesto su poderosa máquina periodística comarcal –huyó de compromisos más ambiciosos–, al servicio del nacionalismo y soberanismo catalán y catalanista. Me parece muy bien si así lo siente y lo desea. Aunque en Cataluña parezca imposible comprenderlo, en una buena parte del resto de España somos todavía libres, y respetamos la libertad de los demás. LA VANGUARDIA, junto al «Periódico de Cataluña», han sido los promotores del editorial conjunto y de pensamiento único escrito al servicio y sumisión del Gobierno de la Generalidad. El conde de Godó no puede decir que su persona es ajena a la publicación de este editorial, decididamente adverso a la Constitución y la unidad de España como Estado y nación. Desde el punto de vista, numéricamente insignificante pero sustancialmente fundamental para la nobleza a la que pertenece, el conde de Godó no ha dado muestra de lealtad alguna ni de ejemplaridad. Ha puesto su comodidad y su poder en manos de los que desean dar el primer paso hacia la desmembración de España. Y es libre de hacerlo como Javier de Godó. Pero no tanto como de conde de lo mismo. Ha quebrado el concepto de la lealtad. No ha cometido delito alguno ni perpretado un crimen. Simplemente, ha incumplido con la estética de la lealtad y del cumplimiento. Como empresario, e incluso como colaborador del nacionalismo catalán, es libre de hacer lo que quiera. Pero sea consecuente. Los huevos en todas las cestas se pudren. Sea desde ahora, sólo y exclusivamente Javier de Godó. Y deje de usar el título nobiliario al que la costumbre le exige lealtad a España y ejemplaridad y coherencia en sus actos. La naturalidad no puede convertirse en esnobismo caprichoso. Ha pasado de ser Grande de España a Pequeño de Cataluña.

Alfonso Ussía

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