Acusan a Mario Conde de chantajear al Gobierno González usando informaciones del CESID: Felipe González se reunión con Santaella

Felipe González recibió en su despacho de La Moncloa a Jesús Santaella, abogado del coronel Juan Perote, en presencia del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, para tratar personalmente el caso del coronel del CESID y su relación con el escándalo de los GAL.

El encuentro se produjo, a requerimiento del propio Gobierno, el 23 de junio pasado, días después de que el vicepresidente Narcís Serra fuera vapuleado por la oposición en el Congreso a raíz del escándalo de las escuchas del CESID. Según fuentes gubernamentales, tras la entrevista, no se llegó a ningún acuerdo concreto.

En aquellas fechas, el Gobierno estaba preocupado por la nueva dimensión que estaba adquiriendo el escándalo del CESID. Baltasar Garzón había iniciado una investigación sobre los documentos de «La Casa» relacionados con la trama de los GAL a raíz de una declaración del coronel López Fernández ante el juez togado militar.

Jesús Santaella, abogado de Perote, manifestó a EL MUNDO que «solamente a partir de que alguien del Gobierno, o del partido que lo apoya, se responsabilice de la información publicada, expondré la versión de los hechos desde mi punto de vista o de mi cliente». Por su parte, el coronel Perote se negó a hacer declaraciones.

Dos meses después de la reunión en La Moncloa, José Enrique Serrano, jefe del Gabinete del presidente del Gobierno, utilizó a Francisco Paesa para que hiciera de intermediario y transmitiera a Perote un mensaje del Ejecutivo.

El estrecho colaborador de González, que fue hasta la dimisión de Narcís Serra el secretario general de la Vicepresidencia y uno de los hombres de máxima confianza del dirigente catalán, pedía al ex coronel del CESID «silencio» sobre el «caso GAL» a cambio de una salida negociada a su situación laboral.

El contrato laboral de Perote con Repsol acaba este mes y, desde hace semanas, la empresa pública ya le ha adelantado que no piensa seguir contando con sus servicios.

Perote se reunió con Paesa, a mediados de agosto, en una cafetería de la zona de Princesa de Madrid, en presencia de un amigo común. El ex agente de Interior, según ha podido saber este diario, ofreció a Perote la posibilidad de no volver a la cárcel y solucionar su tema si no seguía declarando sobre aspectos de la guerra sucia.

El coronel y ex miembro del CESID rechazó la propuesta y comunicó a su interlocutor que no tenía nada que negociar de ese tema ni de ningún otro. EL MUNDO pudo contactar ayer con Paesa que estaba de viaje en el extranjero. El ex diplomático negó los hechos y declaró que «no me he reunido con el señor Perote para tratar ese tema. De ese asunto sólo conozco lo que me han contando terceras personas, es decir no sé nada de nada».

Por otra parte, la revista Tiempo asegura en su edición de esta semana que «los hombres más importantes del Gobierno y los mensajeros designados por Mario Conde están negociando desde febrero una salida a la situación del ex banquero». Según la revista Mario Conde puso tres condiciones para evitar que el caso GAL acabe con el presidente en la cárcel: «libertad total para Juan Perote, García Castellón debe dejar el caso Banesto en manos de Moreiras y el Gobierno se debe encargar de pagarle 14.000 millones».

Un día antes de la comparecencia de Felipe González en el Parlamento con motivo del caso GAL Narcís Serra mantuvo un encuentro en su despacho de Moncloa con el abogado Jesús Santaella. El ex vicepresidente le comunicó a Santaella, según la revista Tiempo, que «sí a la libertad de Perote, sí a gestionar la sustitución de García Castellón e intentarían conseguir que algún banquero desembolsara los 14.000 milllones que deseaba Conde».

Tiempo también revela que el abogado Santaella sufrió amenazas y coacciones de algún enviado de La Moncloa.

El ex presidente de Banesto Mario Conde chantajea al Gobierno desde el pasado mes de marzo, amenazándole con divulgar diversos documentos del Cesid (Centro Superior de Información de la Defensa), sustraídos presuntamente por el coronel Juan Alberto Perote, si el Ejecutivo no interviene para que se busquen soluciones a su situación penal y si no se le ofrece a la vez una importante compensación patrimonial cifrada en 14.000 millones de pesetas. La Audiencia Nacional instruye actualmente contra Mario Conde un sumario por presunta apropiación indebida y estafa de 7.000 millones.

El primer mensajero de Mario Conde fue el abogado Jesús Santaella, quien, representando al coronel Juan Alberto Perote, ex alto mando del Cesid, mantuvo reuniones con el Gobierno. El presidente, Felipe González, recibió a Santaella el 23 de junio, cinco días después de la detención de Perote, pero no vio la carpeta de documentos aportada por el abogado.El ex presidente Adolfo Suárez; el diputado José Barrionuevo; el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch; el director de gabinete de Presidencia, José Enrique Serrano, y hasta el propio Felipe González han escuchado exigencias de Jesús Santaella, abogado de Conde y del coronel Perote, quien está en situación de arresto domiciliario tras ser detenido por presunta sustracción de documentos del Cesid, que posteriormente devolvió. El 25 de julio participó en una reunión en La Moncloa el coordinador del equipo jurídico del ex banquero, Mariano Gómez de Liaño. El Gobierno no ha pactado.

Se lo recomendó Suárez

Por fin, la trama de la supuesta «conspiración» ha sido puesta negro sobre blanco por algunos medios de comunicación.

Desde que el ex director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, denunciara en su alocución televisada el pasado mes de diciembre la existencia de una trama organizada para acabar con el Gobierno, los ciudadanos de este país esperaban una explicación razonada y basada en hechos de un asunto tan grave como inverosímil.

Destacados miembros del Gobierno se apresuraron ayer a valorar lo publicado por El País como la prueba evidente y definitiva de que la «conspiración» existe.

Sin embargo, a la luz de lo publicado por el citado diario, habría que deducir que, o bien Sancristóbal dio muestras de unas excelentes cualidades de visionario, o bien no ha existido una, sino dos conspiraciones distintas.

En efecto, la información de El País apunta a una fecha indeterminada, pero situada en torno al mes de marzo, como inicio del «chantaje» de Mario Conde al Gobierno.

Por lo tanto, parece evidente que la «conspiración» de Conde no tiene nada que ver con la denunciada por Sancristóbal desde la cárcel de Alcalá-Meco.

El relato de los hechos realizado por El País esconde algunos datos interesantes para situar al lector en el contexto en el que se producen las negociaciones entre el ex presidente de Banesto y el presidente del Gobierno. Felipe González tuvo que comparecer ante el Congreso de los Diputados el 27 de julio para explicar las acusaciones de Ricardo García Damborenea sobre su implicación en la trama de los GAL. Todo el mundo esperaba entonces que González desvelara la trama para acabar con el Gobierno («la conspiración») que unas semanas antes había denunciado Narcís Serra también ante la Cámara sin dar un solo dato probatorio.

Para esas fechas, González ya se había reunido personalmente con el abogado de Conde, Jesús Santaella, e incluso había designado a un hombre de su confianza, el director del Gabinete de la Presidencia, José Enrique Serrano, para perfilar los detalles de la negociación en curso. ¿Por qué González ocultó al Congreso que estaba negociando con Conde? ¿Por qué no denunció entonces los entresijos de la conspiración?

Según la tesis oficial, González aceptó cortarle la cabeza al vicepresidente del Gobierno (cuya dimisión se aceptó el 27 de junio) a sabiendas de que era víctima de la «conspiración» (dado que su marcha se produjo a causa de la filtración de la lista de escuchas del CESID) y no fue capaz de denunciar ante el Congreso la tropelía que se estaba cometiendo. El asunto es de enorme gravedad, toda vez que González estaba en el ajo y había participado en al menos una reunión con el abogado de Conde. Por mucho que se lo pidiera Adolfo Suárez, ¿no parece cuando menos sospechoso que el presidente del Gobierno reciba en su despacho al abogado de dos personas procesadas y acusadas de graves delitos para ver qué le piden a cambio de entregarle las pruebas condenatorias?

De nuevo, los defensores de la teoría de la «conspiración» han errado el tiro. Disfrazan el intento de González por evitar que se conozcan los graves delitos que implican a su Gobierno en la guerra sucia de maniobra de un siniestro personaje que busca resarcirse con 14.000 millones.

Justo el mismo día en que se filtró la trama de la «conspiración», Enrique Rodríguez Galindo, una de las personas que tiene más miedo a los documentos del coronel Perote, recibía de manos del ministro Belloch el fajín que le acredita como general de la Guardia Civil. José Barrionuevo, José Luis Corcuera y Rafael Vera estuvieron presentes en un acto que bien podría inspirar a algún director de cine atrevido una versión a la española de «Uno de los nuestros».

Con la filtración, o bien la autorización a determinados medios para la publicación de las idas y venidas de Jesús Santaella al Palacio de la Moncloa, el Gobierno pretende un doble objetivo. Por un lado, intentar evitar que nuevos documentos se sigan filtrando o que puedan ser entregados al juez, y, por otro, presionar a CiU para que Pujol convoque las elecciones catalanas en noviembre y le restituya su apoyo parlamentario para seguir gobernando hasta ¿finales de 1996?.

LO QUE algunos sabían y ocultaban y otros muchos sospechaban, pero no podían probar, ha comenzado a desvelarse: era Mario Conde, y en defensa de valores tan elevados como intentar ser exculpado de la acusación de estafa y apropiación indebida, quien manejaba los hilos de las revelaciones que han ido pautando la vida política desde hace dos años. Concretamente, desde que el 28 de diciembre de 1993 se produjo la intervención de Banesto y se conocieron las actuaciones que conducirían al procesamiento de Mario Conde por esos delitos.Nadie discute la gravedad de los numerosos escándalos que gravitan actualmente sobre el Gobierno de Felipe González. Varios de ellos están ya en los tribunales y dos en el Supremo: el GAL y Filesa. Si Conde, Perote y otros tienen pruebas incriminatorias, ahí están los jueces de instrucción ‘para exponerlas. Sería. un servicio al país. Pero no es eso lo que ha venido ocurriendo durante los últimos meses. Lejos de ir con las supuestas pruebas al juez, han hecho llegar al Gobierno por variados conductos -Suárez, Ansón, Barrionuevo- que tenían en sus manos material altamente explosivo, al mismo tiempo que en los despachos ministeriales sostenían argumentos de corte jurídico para defender una solución legal al caso de Conde. El chantaje no dejaría de existir porque el material en que se basa fuera realmente incriminatorio.

No es un problema meramente moral. y jurídico que afecte a la restitución de la inocencia o al reparto de culpas, sino que están en juego algunas cuestiones más importantes. Ante todo, las reglas de juego de una sociedad democrática, que obligan a todos los agentes sociales y económicos a respetar el terreno de juego: a denunciar al juez los hechos delictivos que se conozcan y no a utilizarlos como moneda de cambio para obtener favores del poder. Se ha dicho en numerosas ocasiones que el asunto de los GAL y buena parte de los escándalos que salpican al Gobierno afectan al pasado político, pero ahora se empieza a percibir claramente que de hecho afectan y quizás condicionan el futuro. Si alguien, que debe ser obligatoriamente muy poderoso, pone de rodillas al Gobierno e incluso al Estado en una ocasión, el caso se repetirá en el futuro.

Es inquietante escuchar la explicación (le que una dimisión a tiempo de Felipe González hubiera resuelto todos los problemas. ¿Debe dimitir González por su responsabilidad en el caso GAL o ha de hacerlo para impedir que se conozca esa eventual responsabilidad? ¿Fortalecería esa salida al líder político que ocupe mañana el sillón de La Moncloa o le haría más débil ante. cualquier otra operación de chantaje que pueda montarse en el futuro? La documentación utilizada en esta ocasión no afecta únicamente a escándalos que pueden tener consecuencias para miembros del Gobierno, alcanza también a actividades reservadas, perfectamente legítimas, que interesan al Estado y cuya divulgación puede ocasionar graves perjuicios para los intereses nacionales, en sus relaciones con otros países.

La versión del abogado

La explicación que ofrecen algunos de los protagonistas del caso es negar ahora que haya existido chantaje alguno. Así ha intentado actuar Jesús Santaella, abogado del ex banquero Mario Conde y del coronel Juan Alberto Perote, que ha proporcionado una versión de los hechos perfectamente contradictoria en sus propios términos. Su versión quiere presentar al Gobierno como el único interesado en entrar en contacto con el representante de Conde para resolver el error de la expropiación de Banesto.

Pero su propio comunicado le desmiente. Es Santaella quien intenta una y otra vez abrir vías de diálogo con el Gobierno: primero, a través del ex ministro José Barrionuevo, ya entonces situado en mala posición en el escándalo de los GAL; luego, con el ministro del Interior y de Justicia, Juan Alberto Belloch, mediante un amigo común; más tarde, con el propio presidente del Gobierno a través de Adolfo Suárez, especialmente sensibilizado a la apelación a los intereses, de Estado. En toda ocasión es Santaella quien quiere explicar al Gobierno sus posiciones e insinuar sus pretensiones, que, por otra parte, son bien claras: resolver la situación penal de su cliente y obtener una compensación económica que finalmente evalúa en 14.000 millones de pesetas por quebrantos, patrimoniales.

Miente Santaella cuando asegura que todos sus interlocutores en el Gobierno se muestran de acuerdo con sus tesis. Si así fuera, seguramente el juez García-Castellón ya hubiera sido apartado de la instrucción del caso Banesto y, desde luego, el consejero del Poder Judicial Javier Gómez de Liaño -hermano del abogado que dirige la defensa de Conde- no se hubiera quedado probablemente solo en el Consejo cuando votó contra la prórroga del juez instructor. Miente también cuando asegura que el Gobierno reconoce el error cometido con la intervención de Banesto y que, por tanto, admite el principio de reparación de daños. En reiteradas ocasiones ha reafirmado su total acuerdo con la decisión adoptada el 28. de diciembre de 1993 por el Banco de España.

Para redondear su exposición, Santaella manipula la gestión realizada por el abogado Gerardo Viada, que le preparó la cita con Belloch, al mezclar a EL PAÍS en el asunto. Santaella actuó en. este episodio como abogado de Conde y Perote y suponemos que no en su condición de decano de los abogados de la Asociación de la Prensa de Madrid. Viada, que pertenece los servicios jurídicos de EL PAÍS, realizó la gestión que le había pedido Santaella en calidad de colega y compañero en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, en ningún caso como abogado del diario. Y aceptó la petición de discreción planteada por Santaella, lo que ha servido a éste para instrumentalizar su gestión.

El chantaje bien hecho requiere el guante blanco. Los papeles comprometedores llegan a sus destinatarios. En una secuencia perfectamente medida se hacen llegar a los medios de comunicación, que ejercen su legitimo derecho a publicar hechos relevantes de interés público. Los intermediarios y los abogados $e encargan luego de explicar en términos impecables las salidas jurídicas al chantaje, obviando naturalmente unas amenazas que nunca proferirán. Las tres versiones de El Padrino nos han instruido mucho al respecto. El ministro de Justicia e Interior puede así asegurar, en gesto de ingenuidad extraordinaria, que no hay chantaje ni coacción al Gobierno. Porque de haberse formulado en términos tan directos, el propio ministro hubiera tenido que acudir al juzgado de guardia.

La oposición ha pedido inmediatamente la comparecencia del Gobierno ante el Parlamento. Es una medida acertada si está orientada a evitar que el chantaje siga prosperando y sirve, por tanto, para apoyar al Gobierno en la tarea de velar por la seguridad del Estado y para garantizar que en el futuro se instale un sistema de fuerzas ocultas que dicten el rumbo político del país. No tiene sentido alguno si sirve para interesarse por los presuntos delitos cometidos por los chantajeados, que deben ser cuestión de los tribunales de justicia. El Gobierno debe dar explicaciones y recabar además este apoyo. Y la Fiscalía General del Estado debe interesarse inmediatamente por un caso en el que hay quienes están dispuestos a poner en juego la democracia y la seguridad de todos para defender sus intereses particulares.

En los primeros contactos entre Mario Conde y los aledaños del Gobierno, en febrero, tras la salida de prisión del ex banquero, el planteamiento fue puramente personal. Conde, a través de sus asesores; cuestionó la intervención de Banesto, denunció la querella criminal y dijo que las actuaciones del juez García-Castellón eran políticas. También expresó su voluntad de querellarse contra el vicepresidente. Narcís Serra.La continuidad del juez al frente de la instrucción del caso Banesto, bajo secreto, llevó al ex banquero a planificar una ofensiva pública a finales de abril pasado. El día 25, precisamente, vencía el primer mandato de seis meses de García Castellón como juez de apoyo de la Audiencia Nacional, y la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial debía adoptar una decisión.

Ese día, Santaella publicó un artículo en El Mundo en el que proponía apartar a García-Castellón del Juzgado 3. Lo que Santaella, que desde el 9 de enero trabajaba para Conde, no aclaró ni lo hizo el periódico es que se trataba de la opinión del abogado de Conde. En cambio, se presentó, de hecho, como la tribuna de un jurista independiente. Detrás de los bastidores ya había comen zado, en el mismo mes de febrero, una operación secreta, toda, vez que Conde tenía controlado al menos un lote del material de Perote. Santaella dice la verdad: «Perote no existía informativamente en esas fechas». Pero Perote existía. Y Conde mantenía con tactos con él desde hacía tiempo. Hubo, por esas fechas, el 27 de febrero, una filtración: las grabaciones al expresidente Adolfo Suárez, antecedente del escándalo de las escuchas del 12 de junio.

Con el lote aludido, el equipo de Conde elaboró un informe muy amplió. Hubo dos destinatarios: José Barrionuevo y Adolfo Suárez. El primero recibió una versíón mínima, fallos arrancados de un informe más amplio. El segundo, una versión completa. Ambos hicieron llegar el mensaje al Gobierno.

La presión se incrementó a finales de mayo. Conde envió mensajes a Emilio Alonso Manglano, a través de dos personalidades -Suárez y Luis María Ansón- para que el director del Cesid declarara ante el juez del caso Crillon, Eduardo Moner, que Narcís Serra había encargado el Informe Crillón. Los mensajes fueron transmitidos, pero Manglano declaró, el 1 de junio, que La Casa no pagó ni cinco céntimos por el informe.

Fue la represalia a Manglano, a Serra y al Gobierno, bajo la forma del escándalo de las escuchas, el 12 de junio, lo que disparó los acontecimientos. La presencia de Perote quedó al descubierto. Y fue detenido.

Así fue como el ex banquero vio una oportunidad para vincular con el de Perote su propio caso, que no lograba una solución, y que incluso parecía agravarse a raíz de la decisión del Consejo del Poder Judicial, el 25 de abril, de renovar por seis meses el mandato de García-Castellón. Había encontrado el nexo perfecto el abogado de Conde, Jesús Santaella, pasaba a ser el letrado de Perote.

Como el Gobierno no cedía a las pretensiones del ex banquero-dejar fuera de combate a García-Castellón, pagar una indemnización entonces no cuantificada y respetar los contratos blindados impugnados por Banesto-, empezó la última etapa. Documentos de la enumeración que llegó al Gobierno en marzo comenzaron a ser filtrados.

Al recibir González a Santaella, el 23 de junio, Conde se envalentonó. Así entró en escena, el 25 de julio, el abogado Mariano Gómez de Liaño, con sus reivindicaciones.

Santaella definió ayer exquisitamente el juego: con el Gobierno «las razones jurídicas son las que se ponen encima de la mesa». Las otras -la materia misma del chantaje- ya no había que mentarlas. Habían llegado al destinatario por otras vias.

La versión de Jesús Santaella, abogado de Mario Conde, sobre sus charlas con el ministro Juan Alberto Belloch, ha desvelado la existencia de una factura pendiente. El ex banquero debería, según normas contables generalmente aceptadas, registrarla en su debe: es la cantidad que tendría que pagar al titular de Justicia e Interior. Entre abogados y bufetes es muy frecuente encargarse dictámenes sobre determinados aspectos jurídicos de sus casos. Esos trabajos, como los que hacen abogados para sus clientes, se minutan, esto es, se facturan.Si se sigue el guión de Santaella, Conde ha obtenido los consejos jurídicos del más importante y poderoso jurista de éste país: el mismísimo Belloch. Como suelen decir los catalanes semejante fichaje debería hacerse pagando.

Santaella dice que Belloch le confesó que el juez García-Castellón, encargado del caso Banesto, fue nombrado ilegalmente en el juzgado número 3. Belloch le desmiente. El abogado se explica: «Es muy fácil». Al consultar con Belloch su estrategia jurídica para defender a Conde, Santaella le pide consejo sobre dos puntos: nulidad de actuaciones del sumario por el Informe Crillón y denuncia de la ilegalidad del nombramiento del García-Castellón en el juzgado número 3. Y, según Santaella, Belloch fue muy explícito.

-«Como jurista, yo eso no lo veo. No veo que en el caso del informe Crillón pueda haber delito y de ahí se puedan derivar consecuencias de nulidad. En cambio sí que veo que váis por muy buen camino en el asunto de la denuncia de la ilegalidad del nombramiento del juez»-, dijo Belloch, según Santaella.

Gentes menos enteradas pero más numerosas dirían: «Hombre, fueron unas palabras, nada más». No señor. Santaella y Conde siguieron esos consejos. Fue así que impugnaron ante la Sala Tercera del Supremo el nombramiento de García-Castellón por afectar derechos fundamentales. Pidieron que se le suspendiera inmediatamente en la instrucción del caso Banesto. La sala no accedió a adoptar la medida cautelar, dejando la cuestión de fondo -si afecta o no derechos fundamentales- para más adelante. Si la denuncia estuviese fundada quizá la Sala habría adoptado la medida cautelar solicitada.

Belloch, pues, tiene derecho a su minuta. En caso de que Conde no la pague, sería lógicoque esa factura la pague Santaella.

URGE el esclarecimiento de los hechos para que se haga justicia y se sepa, de una vez por todas, hasta dónde llegan las respectivas responsabilidades en la oscura historia de las negociaciones entre González y Conde.

Convertir en conspiración, conjura o «golpe de estado civil» lo que ha sido una bochornosa negociación resulta a estas alturas un indigno ejercicio de manipulación de la democracia. La verdad, ahora más que nunca, se impone. Y de la reconstrucción pormenorizada de los hechos, que implican directamente a Felipe González y, al menos, a su ministro Belloch, se deduce que estamos ante una burda pretensión de intercambio de «favores» entre dos partes que tienen sobre sus espaldas incómodas responsabilidades.

Por un lado, Felipe González, temeroso de que se le puedan imputar responsabilidades penales, -las políticas ya son ineludibles- si los documentos del CESID llegan a manos de los jueces. Por otro, Mario Conde, un ex banquero que, acusado de muy importantes delitos, se siente víctima de una operación política, se niega a la resignación y utiliza cuantos medios se ponen a su alcance para defender sus intereses personales. Y junto a él, un personaje, Juan Perote, convertido de manera fulminante de servidor ejemplar del Estado en traidor a la patria, después de haber conocido los más graves secretos de la «guerra sucia».

El comportamiento de Conde y de Perote ha sido probablemente censurable. Si alguien tiene pruebas de que han cometido algún delito de coacción debe llevarlos a los tribunales. Y si Conde y Perote tienen documentos que puedan desvelar los delitos cometidos por los GAL, tienen la obligación de entregárselos al juez, so pena de convertirse en encubridores.

No se puede comparar la responsabilidad de Conde y Perote con la de un presidente del Gobierno que, asustado por las pruebas de su pasado, se entrevista en secreto con el abogado Santaella para intentar un trueque. Prueba de la intencionalidad de González es que ocultó su encuentro secreto en La Moncloa cuando una semana después compareció en el Parlamento tras haberse comprometido a desvelar la supuesta conspiración y no lo hizo.

González ha querido tapar la verdad, negando que haya habido chantaje alguno y dando alas, en cambio, a una turbia teoría de pulso al Estado en la que sus propagandistas no han vacilado incluso en involucrar al Rey. Llegados a este punto, dramático para González pero no para el Estado, sólo queda una salida: el ex jefe de operaciones del CESID debe colaborar con la Justicia y asumir su responsabilidad penal, en todo caso mucho menor que la de quienes, si estos documentos lo confirman, han organizado los GAL. Su propuesta de que la Comisión de Secretos Oficiales los reclame al CESID y los examine es digna de tenerse en cuenta, pero no suficiente.

La estrategia del chantaje siempre intenta borrar la vinculación existente entre la amenaza al extorsionado y las condiciones exigidas por el extorsionador  y las condiciones exigidas por el extorsionador para no ejecutarla. El chantajista no suele dejar huella escrita de las intimidaciones dirigidas al chantajeado para que obedezca sus órdenes si quiere evitar la publicación de secretos comprometedores; en las negociaciones habladas utilizará medias palabras e insinuaciones ambiguas con el fin de lograr que sus proposiciones delictivas sean entendidas por los inerlocutores pero no puedan ser utilizadas como prueba ante los tribunales. Las maniobras de Mario Conde para chantajear al Gobierno en varios frentes, mediante la amenaza de seguir difundiendo papeles secretos robados al CESID, encajan a la perfección dentro de ese tipo de sinuosas prácticas.

El plenipotenciario elegido por Conde para esta misión cometió, sin embargo, un grave error al doblar su condición de abogado del ex banquero, eventual beneficiario por el chantaje, con el papel de defensor del coronel Perote, presunta fuente del material intimidatorio utilizado para la extorsión. Durante el primer semestre de este año, el letrado Santaella habló con emisarios o miembros del Gobierno manteniendo formalmente la apariencia de ser tan sólo el representante legal de Conde; desde esa posición en teoría débil, conminó al Ejecutivo a tomar dos medidas delictivas en beneficio de su cliente: la violación de la independencia judicial, para forzar el apartamiento del magistrado García-Castellón del sumario Banesto, y la malversación de fondos públicos, para regalar al ex banquero 14.000 millones de los contribuyentes. A mediados de junio, sin embargo, Santaella asumió también la defensa del coronel Perote, acusado de pasar directa o indirectamente al diario EL MUNDO documentos robados al CESID que implican al Gobierno en la guerra sucia contra ETA; a partir de esa fecha el escurridizo letrado visitó con esos dos sombreros al presidente del Gobierno y al ministro Belloch, dejando al descubierto la vinculación existente entre las exigencias de su cliente Conde y la capacidad de fuego de su cliente Perote. En el perchero quedó colgado todavía un tercer sombrero: parafraseando el jesuítico lenguaje del interesado, Santaella es un abogado estrechamente vinculado al diario EL MUNDO.

Según los secuaces de Conde, el único aspecto relevante de esta sórdida extorsión sería que los documentos sustraídos al CESID controlados por Conde y difundidos por EL MUNDO, acreditarían las responsabilidades penales de antiguos miembros del Gobierno (y de su actual presidente) en la organización de los GAL.

Las amenazas de los extorsionadores no tienen como único perjudicado potencial a Felipe González: además del material incriminatorio sobre la guerra sucia contra ETA, los papeles robados al CESID contienen informaciones sobre la seguridad nacional. Por supuesto, el lugar central de Conde en este sucio relato no anula la presencia de otros argumentos secundarios. La impunidad de Perote desde la sustracción en 1991 de los documentos del CESID requiere una explicación. El aventurerismo del ministro Belloch, la oficiosidad de Suárez y la imprudencia de Felipe González al recibir al abogado Santaella resultan imperdonables. Y la tibia respuesta del Gobierno y del fiscal ante el chantaje es inaceptable. Pero como hubiese escrito Rudyard Kipling, esos episodios forman parte de otra historia que no debe ser utilizada para encubrir la infame extorsión de Conde.

Javier Pradera

Escribió ayer en EL PAÍS Ernesto Ekaizer: «Santaella hizo su campaña de prensa en el diario en el que formaba parte del consejo editorial: EL MUNDO». Problemas de sintaxis aparte, la afirmación es sencillamente falsa: Jesús Santaella ni es ni ha sido jamás miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Tampoco es «un abogado estrechamente vinculado al diario EL MUNDO», como afirmó también ayer y en el mismo periódico Javier Pradera, tal vez inspirado por su compañero. Santaella ha escrito algunas colaboraciones en EL MUNDO. Como en otros periódicos. Eso es todo. Al igual que cientos de personas más. Ekaizer y Pradera tienen dos posibilidades: la primera, rectificar públicamente su error; la segunda, dejar que los demás saquemos conclusiones -el que hace un cesto hace ciento- sobre la fiabilidad general de los datos en los que basan sus afirmaciones. El libro de estilo de EL PAÍS afirma: «El periódico ha de ser el primero en subsanar los errores cometidos en sus páginas, y hacerlo lo más rápidamente posible y sin tapujos». Pues bien: háganlo.

Desde que Antonio Tejero entró a tiros en el Parlamento el 23 de febrero de 1981, nadie había ido tan lejos como Mario Conde y Pedro J. Ramírez. Y desde ese mismo día nunca el Estado se había demostrado tan débil como en los últimos meses de Gobierno de Felipe González. Hay razones más que sobradas para la inquietud ciudadana. Porque la sensación ante todo lo que está pasando es que los acontecimientos se suceden sin que haya ninguna capacidad de respuesta desde ninguna instancia.

No se trata ya de pedir que actúe la justicia, o de pedir que actúe el Gobierno en lo que tenga que actuar. El problema es mucho mayor que eso: tampoco se produce ninguna reacción de la ciudadanía ante los acontecimientos que afectan a todos.

Intentemos ver, como si fuera una fotografía, el estado de las cosas:

–       Hay una mafia, de la que forman parte un confuso conjunto de intereses que se ha marcado un objetivo común lejítimo (tirar a bajo un gobierno) con medios ilegítimos. Estos medios se basan en la compra-venta de información robada, publicación de la misma en medios informativos que utilizan las más repugnantes técnicas de manipulación y una concertada acción de moldeo de la opinión pública desde plataformas que se llaman así mismas independientes.

–       Hay un Gobierno que es incapaz de mantener la normalidad del funcionamiento de Instituciones básicas, como los servicios de información. Y un Gobierno incapaz de responder a la suma de acusaciones (ciertas las más, otras no) que bastarían, una a una, para montar una bronca descomunal. Un Gobierno que es heredero de otros gobiernos durante cuyos mandaos se han cometido tropelías por las que alguien tendría que responder.

–       Hay un poder del Estado como es el judicial, incapaz de evitar que en algunos casos se pierda el mínimo decoro público ante situaciones de la máxima delicadeza (filtraciones constantes de sumarios, nada casuales, en su mayor parte, como es el caso de Baltasar Garzón, sospechosas tomas de postura, como es el caso de Miguel Moreiras, brutales declaraciones públicas, como es el caso de José Luis Manzanares).

–       Hay unos partidos políticos que parecen desear que la sensación de caos se prolongue (Francisco Álvarez Cascos hablando de los deberes de los tribunales en el mismo tono que lo haría Lynch) o que la desmoralización nos abrume a todos (el PSOE, dejando hablar a un indeseable como Marcos Merino, presuntísimo organizador de exámenes masivos amañados, justificador de la violencia asesina del GAL y martilllo de herejes en su partido) o que dejemos de confiar en las instituciones (Julio Anguita lama a tomar la calle, no importa por qué causa cada vez).

El panorama es desolador salvo porque, como señala Jordi Pujol, la economía parece que no sufre en ningún caso. Por lo demás, no hay ninguna duda de que lo descrito es cierto. Nadie se defiende. Los implicados de la trama mafiosa no se molestan en negar nada. Jesús Santaella les lleva asuntos jurídicos a Pedro J. Ramírez, Mario Conde y Juan Alberto Perote. Jesús Santaella no niega que en las manos de sus defendidos estén los documentos que, supuestamente, habrían dado origen al chantaje al Gobierno. De todo esto, se sabe. Se sabe que Conde ha pactado con Javier de la Rosa y que de ambos han salido importantes cantidades de dinero para el diario de Pedro J. Ramírez. ¿Y qué pasa? Pues nada.

De lo del Gobierno, tampoco cabe la duda. Fuera de las responsabilidades penales, se puede afirmar con toda seguridad que de pasados gobiernos salieron las órdenes y los recursos para montar el GAL. ¿Y qué pasa? Pues mucho, pero no en el terreno político.

Los arrepentidos desfilan por los despachos judiciales, y según reconocen su participación en los hechos empiezan a obtener beneficios en forma de libertades provisionales, de regateo de fianzas, de recuperación de credibilidad pública… Es el juego de tonto el último.

¿Cuál es la sensación que queda en la ciudadanía? Una muy grave: no sólo estamos ante un Estado debilísimo, representado por un Gobierno que no está a la altura de las circunstancias, sino que nos encontramos en un país donde no existe el menor resquicio de entereza moral entre quienes han servido a lo publico. En el lado privado, el diagnóstico no es mucho mejor.

¿Cómo se puede entender, si no, toda esta avalancha de robos de papeles, enriquecimientos súbitos, cobros de sueldos legales y repartos de comisiones? ¿Y cómo se puede entender que se unan tantas voluntades en torno a un proyecto que vulnera, día a día, los más elementales principios? (Ahora investigan a los periodistas que discrepan con ellos).

No sólo lo público está en solfa. Lo privado, la sociedad civil está enferma en España. Nunca como ahora, desde hace muchos años, hizo falta lo de llamar a una regeneración de la vida pública y de la sociedad civil. Tienen mucho que ver.

Jorge M. Reverte

EL PRESIDENTE del Gobierno no debió acceder a recibir en su despacho al abogado de Conde y Perote, cuyas intenciones extorsionadoras ya conocía. No sólo fue una imprudencia, sino un grave error político. Al no reconocer algo tan evidente, y ni siquiera tratar de explicarlo cuando fue requerido para ello hace un mes, Felipe González agravó la situación: la suya, como participante directo en la entrevista, y la de su Gobierno, cuya debilidad se manifestó ayer con estrépito.Tras la forzada comparecencia del presidente, la oposición no tuvo ninguna dificultad para poner de relieve esa debilidad y la falta de autoridad que de ella deriva. Sólo se echó en falta, especialmente en la intervención de Aznar, probable sucesor de González, una actitud más comprensiva hacia quien, en todo caso, había sido objeto de un intento de chantaje. Porque no deja de llamar la atención que tanto el líder del PP como Julio Anguita, que llevan meses negando la existencia del chantaje, lo dieran ayer por cierto para cuadrar mejor su argumento de que González negoció con el plenipotenciario de Mario Conde.

Casi todo lo que tiene que hacer González debió haberlo hecho tiempo atrás; de ahí esa situación de vulnerabilidad que transmite cuando acude a sus citas. Alguien que comparece casi llevado a rastras y parece casi empieza por reconocer que no tiene nada que añadir a lo ya dicho difícilmente convencerá a quien no lo esté de antemano. Dos días antes de que González recibiera al abogado Santaella, el entonces vicepresidente Serra había hablado en el Congreso de los intentos de utilización del material sensible robado al Cesid para operaciones de desestabilización política, extorsión a las instituciones y búsqueda de beneficios privados. La aceptación de una entrevista con el emisario de tales pretensiones es impropia de gobernantes responsables como dijo Aznar, la única explicación razonable es que los términos del eventual acuerdo necesitaban el aval personal del presidente.

La debilidad del Gobierno deriva sobre todo de las sospechas de implicación en episodios de guerra sucia como los que han llevado al Supremo a solicitar el suplicatorio de Barrionuevo. Es lógico que González, y antes Serra y Belloch, pongan el acento en los documentos que pueden suponer un riesgo para la seguridad del Estado; pero es la existencia incontrolada de papeles que también comprometen al Gobierno lo que otorga fuerza intimidatoria a los supuestos chantajistas. González y su ministro de Justicia e Interior no podían ignorar que sería inevitable que cualquier acercamiento a los presuntos chantajistas fuera interpretado de tal forma. Ni siquiera el argumento de la intervención de Adolfo Suárez basta para justificar tal torpeza. Por lo demás, la incapacidad de Aznar para ponerse en el lugar del otro volvió a brillar a gran altura. Es cierto que, como recordó Anguita, la fuerza del chantajista es proporcional a la debilidad del chantajeado. Pero llevar esa obviedad hasta sus últimas consecuencias nos llevaría a considerar culpable a todo aquel que es sometido a un chantaje. Sólo desde un angelismo ridículo o hipócrita puede ignorarse que todo Gobierno tiene algo que ocultar.

González se equivocó gravemente al recibir a Santaella, y ese error es probablemente consecuencia de otros anteriores y más graves. Pero aunque el objeto del chantaje no sea la seguridad del Estado, sino la del Gobierno y los gobernantes, como acusa Aznar, una actitud decente llevaría a ponerse en ese asunto del lado del chantajeado y no del chantajista. Aznar utilizó términos duros contra Mario Conde y Perote, pero se abstuvo cuidadosamente de cualquier gesto que pudiera interpretarse como de comprensión hacia el gobernante objeto de extorsión.

EL EX BANQUERO Mario Conde ha confesado públicamente, en el diario El Mundo y en la COPE -¡cómo no!-, que utilizó la información sobre el caso GAL para «negociar» una solución para el caso Banesto, es decir, para sí mismo. Conde explica que su aliado, el coronel Juan Alberto Perote, buscaba si s temáticamente «una solución política al caso GAL. ( … ) Den ustedes una solución al caso GAL, eso es lo que plantea, y den ustedes una solución al caso Banesto». Respecto a los contactos con el Gobierno, el ex banquero reconoce que ordenó a su abogado, Jesús Santaella, abrir una negociación para que le indemnizaran.Estamos ante una confesión explícita de que utilizó información secreta -estos días se juzga a Perote por su robo- para obtener favores o beneficios personales. En términos juridicos, Conde reconoce conductas que pueden incurrir en lo que los artículos 169 al 172 del Código Penal tipifican como amenazas y coacciones. El fiscal general del Estado tiene con esta confesión de parte elementos más que suficientes para intervenir de oficio.

Es el propio Conde quien admite meridianamente el chantaje que intentó realizar al Estado y que sus periodistas de cámara se han esforzado en negar o en ridiculizar. Las abundantes y confusas declaraciones del ex banquero vuelven a demostrar que es un maestro en el enredo verbal y en la sugerencia malévola. A pesar de tanta pericia para elaborar versiones diferentes de cada hecho -no puede olvidarse que al menos ha puesto en circulación tres versiones sobre el caso Argentia, por el que está condenado en primera instancia a seis años de cárcel-, Conde no puede explicar satisfactoriamente los términos de su asociación con el coronel Perote.

Según sus palabras, Perote pone en sus manos toda «su artillería», esto es, el material sustraído del Cesid, «por una sencillísima razón: porque cree que se ha producido una barbaridad con el caso Banesto». Tan angélica motivación es, por supuesto, inverosímil, pero el mecanismo de la extorsión, que incluye el uso de medios periodísticos complacientes para explotar la documentación robada, queda patente. Como dice un proverbio judicial, a confesión de parte, relevo de prueba.