El ABC publica una tribuna de José Luis Bernal para replicar a un artículo del director de EL PAÍS, Juan Luis Cebrián, sobre terrorismo y otros acosos

Voy a empezar diciendo algo que quizá resulte escandaloso: el terrorismo no es una amenaza para la supervivencia de la democracia en España. La amenaza reside más bien en la compulsión ante el mismo, la crispación social, la sensación de impotencia colectiva y el miedo a que todo ello dé base y pretexto a una intervención militar o a una militarización de las actitudes políticas por parte del Gobierno. A la luz de estas consideraciones, las manifestaciones recientes parecen más bien dirigidas a disuadir cualquier intento desestabilizador al hilo de la actual ofensiva terrorista que a expresar algo tan obvio y sabido como que ETA, en sus dos ramas, cuenta con un mínimo arraigo social entre el electorado vasco.Hay algunas lecciones a aprender en la movilización popular de este fin de semana. La primera, el cansancio real y la inmutación de este país ante tanta muerte inútil. Después, la capacidad de convocatoria de los partidos políticos con responsabilidades de poder (PSOE en toda España y PNV en Euskadi), organizando las demostraciones en apenas 48 horas. También hay que anotar la habilidad del Gobierno para desactivar de antemano un eventual debate parlamentario que tratara de demostrar supuestas ineficacias o parsimonias del Ejecutivo en la lucha contra el terrorismo y para aplacar las voces uniformadas que claman constantemente por la necesidad de hacer algo, sin decir nunca a las claras qué es lo que ellos creen que hay que hacer.

Pero no estoy seguro de que, a medio plazo, esta explosión de apoyo popular no se vuelva contra el Gobierno mismo, y no estoy seguro tampoco de que muchos no atisben signos de una inconfesada debilidad política en el Gabinete de Felipe González, que puede haberse precipitado en sacar las gentes a la calle.

Un análisis de la situación nos permite suponer que la barbarie asesina de los poli-milis, secuestrando y matando a sangre fría al capitán Martín Barrios, amenaza con convertirse a sus ojos como un triunfo operativo, sea este el fruto de unas mentalidades dementes o de un frío cálculo de provocación a las instituciones democráticas. En efecto, ETApm VIII Asamblea está compuesta por muy pocas personas -quizá no lleguen al centenar-; no tiene apoyo político, como no sea el que recibe del grupúsculo casi desconocido de Nueva Izquierda; se encuentra enfrentada con sus siniestros colegas de ETA Militar, y, en definitiva, no es más que una banda en descomposición, instrumentada ahora mucho más fácilmente por los servicios de espionaje y agitación internacional que cualquier otro grupo terrorista. Probablemente, ni ellos mismos suponían que su salva e atentado contra la libertad y la vida del capitán de Farmacia iba a tener tantos réditos publicitarios y a generar una conmoción social como la que hemos vivido, en un país golpeado por el terrorismo desde hace más de 15 años y en el que han muerto casi doscientos militares y miembros de las fuerzas de seguridad sólo en el espacio de los últimos siete años. No digo por eso que las movilizaciones populares sean un error, y debo añadir que me parece singularmente emocionante y significativa la celebrada en Bilbao. Pero entre la participación ciudadana y los senderos del populismo discurre una sutil frontera, que todo buen político conoce y que un demócrata no puede ni debe traspasar. Felipe González cuenta desde el viernes con medio millón de manifestantes que apoyan su política antiterrorista, pero cuenta, sobre todo desde hace un año, con 10 millones de votos que depositaron en él y en su partido la confianza de la gobernación del país. Su fortaleza está en las urnas, y debe hacerse visible, frente a las reacciones histéricas o interesadas de quienes quieren combatir sólo con la fuerza lo que necesita más que nada inteligencia. Ese es el apoyo popular que debe esgrimir -para ello se le dio-, en un momento en el que se multiplican los acosos sociales de la derecha y en el que la ofensiva terrorista trata de aprovechar esos acosos.

Nadie que esté en su sano juicio puede decir a estas alturas de la historia de España (10 años después del asesinato de Carrero) que tiene una alternativa válida o respuesta segura a la lucha contra el terror de ETA. Nadie, ni siquiera los militares. Pero por lo mismo es peligrosa la dramatización popular de lo que es de por sí un hecho dramático, aunque absolutamente aislable, en el actual contexto político español: la existencia de un bandidaje político sin más objetivo que el pillaje, ni más voluntad final que la provocación. ¿Qué es lo que quieren?, nos preguntamos hasta la desesperación los ciudadanos, testigos horrorizados de tanta muerte in6ane!a manos de ETA. Sin reparar, quizá, en que no quieren más que lo que tienen, o quieren a la postre más de lo mismo: los fines del terrorismo se agotan en sus métodos. Podrán instrumentar, en casos individuales, la voluntad independentista utópica y bastante arcaica de sectores del pueblo vasco; podrán aprovechar la protesta social por los excesos policiales del pasado y del presente o por las pretensiones de abrir Lemóniz «contra viento y marea»; podrán movilizar los sentimientos demagógicos de esa especie de bandido generoso que todo agitador lleva dentro, y hasta podrán hacer sentir a algunos buenos ideólogos y jóvenes idealistas que están practicando el manual ortodoxo y lógico de la revolución contra el orden establecido. Pero es ese mismo orden el que les interesa conservar, debilitado. Y es demasiado suponer, como ya la crispación de turno hizo creer a Martín Villa, que nos hallamos en una lucha desigual de ETA contra el Estado. No se trata de «ellos o nosotros», como tantas veces se oye. «Ellos» no existen más que como banda maflosa, y no son en sí ninguna amenaza para la democracia ni sus institu ciones. Y «nosotros» tampoco somos un cuerpo homogéneo y uniforme, como tienden a supo ner las respuestas militarizadas de la conciencia política, sino un pueblo plural y diverso, muchos pueblos en un momento de crisis y transformación, que repudian el terrorismo, por lo que tiene de inhurr ano en sí y por lo que con lleva de provocación al terror de Estado.

El cansancio de los ciudadanos por la agresión etarra no excluye a nadie por lo demás. La demostración de ayer en Bilbao, en respuesta a una convocatoria en la que el partido del Gobierno de Madrid estaba implicado sólo a duras penas, quizá sirva al menos para acabar con las reticencias y recelos que desde el poder central se hacen respecto a la actitud de los partidos nacionalistas en relación con el terrorismo. Es el pueblo vasco el más castigado por esa plaga de violencia y el más amenazado por las represalias que pueda originar, y es incomprensible que, en sus intentos de restarle apoyo social a ETA, el Gobierno socialista no se muestre más al lado de los planteamientos de las autoridades autónomas vascas.

Si las manifestaciones dé estos días han podido tener la virtualidad de demostrar, una vez más, la voluntad de convivencia de los españoles, sería ingenuo suponer que servirán para detener la mano de los asesinos. Cabe temer, sin embargo, que el Gobierno, desconcertado por la virulencia de la amenaza terrorista, tienda a reemplazar la reflexión y el análisis por respuestas puramente emocionales, con lo que corremos peligro todos de incurrir en una histeria política absolutamente injustificada. Decía al principio que el, terrorismo no es una amenaza en sí contra la democracia española, porque sigo pensando que ésta se asienta sobre estructuras sociales complejas que se resisten a la agresión burda y criminal de ETA lo mismo que a las soluciones unidimensionales que algunos predican. De ahí que, siendo hermosa la manifestación de la solidaridad y el dolor ciudadanos, sería lamentable que sirviera para justificar un aumento y hasta un desvío en la dureza represiva de las leyes y métodos de1a lucha antiterrorista, a los que se acusa de poco eficaces. La lucha contra ETA seguirá siendo larga y dificil, pero no hay alternativa fuera del régimen democrático y de la ética que comporta. Cualquier forma de guerra sucia -y hay indicios claros de que el Gobierno la practica-, la extensión de las medidas represivas a la población, la privación generalizada de libertades, el recurso a la tortura de los detenidos, la implantación de algún tipo de censura… son tentaciones demasiado obvias, y en ellas caen los gobernantes más demócratas con testarudez histórica.

El Gobierno, que cuenta con instrumentos legales sobrados para combatir el bandidaje político, sabe que nadie le puede exigir éxitos que otros no obtuvieron. La sociedad española es lo suficientemente madura para entender los riesgos de la violencia individual o grupuscular en un país como el nuestro y la imposibilidad de atajarlos o de preverlos de manera absoluta. De todas formas, cabe la sospecha cierta de que la política policial de Barrionuevo no está aportando mejores resultados, y quizá sí peores, que la de Rosón, y que se están desperdiciando oportunidades de diálogo y pacificación en Euskadi a costa de un comportamiento electoralista del PSOE.

También hay que decir algo de la política exterior. Francia sigue siendo, de hecho, la guarida de los etarras, y la respuesta del Gobierno español ante esa circunstancia es más que tímida. Al mismo tiempo, parece fuera de toda duda el apoyo que desde Cuba y otros países revolucionarios del Tercer Mundo se ha venido prestando a ETA. Suponemos que es más dificil para el Gobierno rectificar su política respecto a La Habana y París que convocar a las masas, de por sí dispuestas a hacer patente su cansancio y desolación. Por último, a quienes claman por la intervención del Ejército en Euskadi habría que preguntarles qué entienden por eso. Son oficiales del Ejército los responsables de la Guardia Civil -que es un cuerpo militarizado- en la lucha antiterrorista y son militares los oficiales de la Policía Nacional. Y en manos de oficiales del servicio de inteligencia está también el seguimiento del tráfico internacional de armas, esencial en el combate contra el terrorismo.

Estas son, en resumen, algunas meditaciones, no todas fáciles, que pueden hacerse tras la agitación de este fin de semana. Es un hecho comprobado que el terrorismo es una amenaza para la vida y la seguridad de las personas, pero no puede por sí mismo acabar con la solidez democrática de un país. El nuestro ha aprendido, por desgracia, a convivir con él, aunque felizmente no se resigna a hacerlo. Pero por lo mismo se equivocan quienes suponen que la lucha contra ETA importa a nuestros ciudadanos más que el mantenimiento de sus libertades. Porque sólo desde la defensa de éstas puede ser vencida aquélla.

Juan Luis Cebrián

En la misma medida en que se difumina la alternativa de cambio en la que tan visible papel jugara EL PAÍS, el equipo de opinión del autotitulado diario independiente de la mañana balancea entre la confusión y la contradicción. Es paralela la rectificación realista de la línea política del Gobierno, surgido como consecuencia de este espejismo electoral, con la oscurida contradictoria de los análisis de este periódico. Le que va ganando, en claridad el Consejo de Ministros lo va perdiendo el Consejo de editorialistas de EL PAÍS. Su aire suficiente y guerrero de antaño es hoy un andar cansino. Estamos a punto de cumplir el primer aniversario de las elecciones del 28 de octubre y Madrid ha dejado de ser una fiesta.

Fiel exponente de este desánimo, de éste no saber por dónde ir es el último artículo publicado por Juan Luis Cebrián, ‘El terrorismo y otros acosos’. Bajo una forma farragosa y un contenido difuso, el comentario del director de EL PAÍS pretendía analizar la ofensiva del terrorismo y la respuesta del sistema democrático a la escalada de terror; sin hacer la más mínima alusión a la irresponsabilidad cometida por el citado diario pocos días antes con la publicación íntegra del comunicado de la banda terrorista que había secuestrado al capitán Martín.

Quizá, su posterior e inmediato asesinato haya planteado la necesidad de una reflexión autocrítica por parte del Sr. Cebrián, que omite, sin embargo, toda alusión a esta peculiar primicia informativa (EL PAÍS fue el único diario madrileño que publicó el comunicado de ETA, cediendo al chantaje de los secuestradores del capitán Martín). Por eso sorprende que este análisis de la responsabilidad del Poder ante la amenaza del terrorismo no vaya precedida por el análisis de la propia conducta como director de periódico.

No tienen por ello demasiado sentido las palabras de Cebrián, ‘probablemente ni ellos mismos suponían que su salvaje atentado iba a tener tantos réditos publicitarios’. Quienes pagaron el primer rédito y con creces fueron los directivos de EL PAÍS al ofrecer sus páginas al grupo terrorista bajo el pretexto de una argumentación humanitaria. Existen adjetivos. Había entonces, como hay ahora, un sustantivo – la autoridad del estado democrático en el juego – que no podía ser soslayada en aras de objetivos poco claros. Porque la realidad es que nos resistimos a admitir que, en este caso, fueran los móviles humanitarios los únicos que decidieran la publicación del comunicado de ETA. Había en él demasiada carga propagandística – jurisdicción militar ‘versus’ jurisdicción civil, especialmente – para que no resultara apetecible la publicación so pretexto de humanitarismo. La implacable lógica del terrorismo se encargó de demostrar muy poco después la utilidad de la publicación. ¿Cómo puede salirse luego al escenario con apariencia imperturbable, como si no hubiera sucedido nada?

Por eso resulta sorprendente la valoración que hace Cebrián del desafío político que plantea el terrorismo y el análisis de posible respuesta. Pensar, como escribe Cebrián que la principal amenaza no es el terrorismo, sino el peligro de que éste ofrezca ‘base y pretexto a una intervención militar o a una militarización de las actitudes políticas por parte del Gobierno’ es subestimar la entidad del pulso político al que está sometido el sistema democrático y tomar el rábano por las hojas. Los peligros a que alude, muy ciertos, son consecuencia de la gravedad de la amenaza terrorista. No habría riesgo si no existiera previamente una estrategia que busca la consecución de un golpe de Estado en España. Salvo esta dialéctica acción-represión de la banda terrorista ETA, no hay en estos momentos ningún problema  que los sectores involucionistas puedan presentar como pretexto para descalificar primero y sustituir después de la Monarquía democrática. Este desenfoque analítico provoca en Juan Luis Cebrián un consecuente desenfoque en la valoración del tipo de respuesta que el Gobierno ha de tomar. Parece obvio que de igual manera que el proceso inflacionista genera un recorte sustancial de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, el proceso terrorista recorta los grados de libertad de un sistema constitucional. Es impensable que se pueda responder al terrorismo manteniendo al mismo tiempo la plena garantía de los derechos constitucionales para los terroristas y su amplia cobertura política o informativa. No hay un solo país occidental donde haya ocurrido así; España no va a ser la excepción e esta regla. Plantear una crítica al Gobierno un día antes del asesinato del capitán Martín por no derogar la ley antiterrorista como hacía EL PAÍS es todo un ejemplo de ese cúmulo de contradicciones que parece trabar la pluma de Juan Luis Cebrián. De la misma forma que criticar a quienes ‘claman por la intervención del Ejército de Euskadi’, exige que este medio de comunicación sea coherente con este planteamiento. Y aún está fresca la tinta del artículo de su columnista autodidacta defendiendo esa clase de intervención.

Todo parece producto del desconcierto de estos autores entusiastas del cambio cada día más parecido al viejo slogan de la revolución pendiente. El país real tiene hoy poco que ver con el país oficial y nada con EL PAÍS informativo, distanciado del primero desde un principio y alejado progresivamente del segundo. La subestimación de las complejas tareas de la consolidación de la democracia española en la actualidad un bumerang que se vuelve contra el diario de Juan Luis Cebrián.

José Luis Bernal