José María Aznar y Fernández de la Mora critican a ayuntamientos por retirar los honores al dictador Franco

El ayuntamiento de una ilustre villa del reino ha acordado retirar a Franco la medalla que le había otorgado en 1966. Quizá esta noticia haya producido en algunos regodeo vengativo; pero en otros muchos, entre los que me cuento, pesadumbre avergonzada. Sin embargo, no quisiera analizar ahora sentimientos, por importantes que éstos puedan ser en la vida de los individuos y de las comunidades, sino razonas que es la suprema y menos habitual función de los humanos. Y el hecho lo merece no por su volumen, sino por su carácter alertador e indiciario.

¿Se puede desposeer de una medalla a un hombre que ya no existe? No es factible, porque no hay persona física a quien despojar: el sujeto humano se ha extinguido. Lo que cabría es quitársela al cadáver; pero ni en los campos de batalla, ni en las necrópolis, ni en ningún otro lugar es esta una acción honorable. Paz a los muertos. Quiero creer que no se pretende turbarla.

Pero ¿no es posible arrebatar un título a un hombre muerto? Ni los Gobiernos de Alfonso XIII borraron del epitafio de Castelar el título de ex presidente de la República, ni los de Alcaá Zamora, revocaron la concesión de condecoraciones a Alfonso XII. Sí, por ejemplo, la Unión Soviética resolviera retirar a Catalina II el título imperial, el empeño sería irracional. Catalina fue zarina de todas las Rusias, y nada ni nadie podrá anular este hecho pasado e irreversible. La supuesta degradación póstuma habría de tener una significación metafórmica y traslaticia. ¿Acaso humillar a sus descendientes? Sería inicuo. ¿Quizá insultar a sus leales? Sería provocador. ¿Acaso proscribir su ideario? Sería intolerante y negador de la libertad.

¿Es posible penalizar legalmente a una persona fallecida? Hay, por desgracia, precedentes remotos. La inquisición llegó a juzgar a los muertos, a desenterrarlos y a quemar sus esqueletos. Esto se hizo entre otros raros casos, con los restos de la madre del gran Juan Luis Vives, sepultada en 1508 y entregada a la hoguera quince años después (desde la concesión de la medalla a Franco ‘sólo’ han pasado trece años). Pero en el Derecho actual todas las responsabilidades penales se extinguen con la muerte, y son tenidos por absolutamente brutales los castigos ‘post mortem’. No puedo pensar que se trate ahora de resucitar modos inquisitoriales para condenar a Franco.

Queda todavía el último y más modesto de los niveles jurídicos, el administrativo. ¿Es posible modificar un acuerdo municipal? El artículo 369 de la Ley del Régimen Local dice: “Las autoridades y corporaciones locales no podrán revocar sus propios actos o acuerdos declaratorios de derechos subjetivos’. Por si esto fuera poco, dos normas de alta jerarquía, la Ley de Jurisdicción Contenciosa en su artículo 56, y la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 110, establecen la irrevocabilidad de todo acto administrativo válido después de transcurridos cuatro años. Es claro que tampoco desde el punto de vista legal puede un Ayuntamiento desdecirse de un acuerdo tomado hace más de cuatro años y, por lo tanto, ya consolido irrevocablemente. No quiero suponer un desconocimiento tal del ordenamiento jurídico en un expediente relativo a un jefe de Estado.

En suma, lo más aséptico y objetivo que procede afirmar es que la retirada de la medalla legítimamente otorgada a Franco en 1966 es un absurdo desde el punto de vista físico y jurídico. Las demás connotaciones éticas, políticas, estéticas y afectivas queden para otra ocasión.

Lo que sí cabe es el juicio histórico; pero esta es una dimensión muy diferente. Las grandes figuras suelen ser tanto más controvertidas cuanto más relevantes. Franco y Felipe II son, desde la abdicación del Emperador, los dos gobernantes más eminentes que ha conocido España y ambos son y continuarán siendo objeto de valoraciones y otras adversas. La historiografía filipense he ha ido serenando con el transcurso de los siglos. Pero la de Franco, aunque más copiosa, está todavía muy próxima de los hechos y se encuentra episódicamente dominada por el esnobismo objetor, los celos o la pasión revanchista. La Historia debe ser crítica respecto de sus fuentes y respecto de sus protagonistas; pero debe aspirar a la objetividad. Bienvenido sea cuanto se haga en esa dirección fecunda.

Sin embargo, raro es el pueblo en que la Historia no ha sido utilizada como ama de combate político. Y en este triste empeño hemos batido una marca los españoles, especialmente desde la muerte de Fernando VII, quizá justamente motejado; pero también deformado. Ahora estamos en plena falsificación de la historia de los últimos decenios. Incluso, aunque sea anecdótico, se está truncando la epigrafía, puesto que se desmontan placas que atestiguan hechos indubitables. Pero aunque todo esto sea penoso no será sorprendente para quienes conozcan nuestros demonios familiares. Además, este pendulazo pasará y los datos, verdaderamente monumentales, recuperarán su imponente protagonismo. Lo que sí es asombroso es que aparezca entre nosotros la necrofobia política; un uso que en sus peores tiempos practicaron los antiguos egipcios condenados a gobernantes fenecidos y aun borracho o sustituyendo inscripciones biográficas y funerarias.

De Franco, que convirtió un país subdesarrollado en la noventa potencia del planeta y que realizó la mayor revolución social del pueblo español, los panfletarios de ocasión podrán escribir que no hizo nada. Despropósitos de este porte se imprimieron acerca de Fernando el Católico, por ejemplo. Pero a ningún hombre público español se le despojó en su tumba de títulos personales que se la habían reconocido en vida. Este bárbaro rito nitótico nunca tuvo adeptos ni en España ni en ninguna otra latitud de nuestra Europa. Es evidente que estamos retrocediendo en numerosas magnitudes sociales (empleo, crecimiento, inversión, orden público, seguridad, civismo, etc.) pero no iniciemos el retorno a las pirámides. Una señal de alerta acaba de aparecer denunciando el precipicio de la involución histórica.

Gonzalo Fernández de la Mora

«Lo peor de todo no son las cosas que pasan. Ni siquiera son las cosas que van a pasar y que ya se las ve venir como irremediables. Lo peor de todo es que las recibimos como un suceso más de nuestra costumbre. Uno de los más feos síntomas de nuestra democracia es la capacidad de resignación y de fatalismo para aguantar la humillante dictadura de los hechos. Nadie reacciona, nadie quiere caer en la trampa de tomar una medida, de cumplir un deber preciso, de buscar una solución a un problema». Esto que antecede lo escribía Jaime Campmany el pasado 28 de abril. No es para menos. Los últimos días nos han vuelto a traer nuestro correspondiente cupo de muertos y heridos en Madrid, Oñate, Durango y Barcelona. Han estallado bombas en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. El día 20 una «pacífica» manifestación ecologista terminaba con barricadas, incendios y heridos. Graves incidentes ocurrían el domingo en Villalar de los Comuneros, con motivo de la celebración del día de Castilla-León. Un eminente jurista, D. Antonio Pedrol Rius pedía la revisión de las disposiciones legales sobre la legitima defensa habida cuenta del estado de inseguridad e indefensión en el que viven muchos ciudadanos. Una generalizada sensación de temor existe no sólo en las grandes capitales, sino en muchas otras poblaciones españolas. Piquetes violentos impiden el ejercicio del derecho al trabajo e imponen su ley allí donde se produce una huelga. Este es el balance de cuatro meses: 48 muertos, 130 heridos, 52 atentados, 10 bombas desactivadas, 50 explosiones, 15 ametrallamiento. Pero nadie reacciona. Aquí ya se sabe que no pasa nada.

Lo que se cuenta

Por desgracia tampoco son apacibles los vientos que soplan por las tierras de España. El Ayuntamiento de Zumárraga decide someter a referéndum la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil. El del Zarauz acusa en nota pública de violencia a la policía. El socialista navarro Sr. Arbeloa niega cualquier oposición suya a la integración de Navarra en Euskadi y fundamenta su postura, entre otras cosas, en la catalanidad de las provincias valencianas. Son sólo anécdotas de la gran tragedia vasca.

Pero para los miles de españoles del País Vasco ya no hay ni esperanza, ni aliento. Un triste y fatal velo de indiferencia es todo cuanto reciben. El Consell del País Valenciano -con exclusiva asistencia de socialistas y comunistas- decide en un alarde de pancatalanismo que la bandera valenciana sea la misma que la de Cataluña. Como si el Reino de Valencia no hubiera existido jamás. Para no ser menos, el Partido Comunista de Canarias se manifiesta en favor de la independencia de las islas y anuncia que, llegado el momento tomaría las armas para conseguirla si ello fuera preciso. El presidente de la Generalidad de Cataluña, José Tarradellas, manifiesta con elogiable prudencia y notorio patriotismo, que mientras él sea presidente no se repetirá un 5 de octubre de 1.934. Pero la citada advertencia indica que hay fuerzas, y no menguadas, que quisieran repetir aquella «hazaña». Una auténtica marea de reivindicaciones regionalistas nos acosan sin que sepamos a ciencia cierta cuales serán los limites que hayan de ponerse a las mismas.

No hemos hecho más que empezar

Pero tampoco basta. Vientos de revancha son los que parecen traer algunos de los ayuntamientos recientemente constituidos. El de Guernica aprueba por unanimidad retirar la medalla de la villa, así como todos los honores concedidos al anterior Jefe del Estado -que aunque moleste a muchos gobernó durante 40 años y se llamaba Francisco Franco. Como aún les parecía poco deciden asimismo exigir responsabilidades al Gobierno alemán por el bombardeo de la ciudad ocurrido en 1.937. Hace 42 años. Por el contrario no especifican a cual de las dos Alemanias exigen las citadas responsabilidades, porque es bien sabido que por aquel entonces no había más que una. En Coslada (Madrid) las calles dedicadas a Franco y José Antonio lo estarán a partir de ahora a la Constitución. En Valencia la Plaza del Caudillo pasará a llamarse del «País Valenciá». Y no hemos hecho mas que comenzar. Parece que pueden pasar los años, pero que las costumbres no varían. En vez de dedicarse a la mejora de sus Municipios, se dedican a borrar la Historia. ¿Para qué hacer nuevas calles y plazas? Se les cambia de nombre y como si fueran nuevas, y en las próximas elecciones, a repetir.

Cargos a go-go.

Pero aún hay más. En plena crisis económica nos encontramos con el delirio «carguista». Se crean nuevos Ministerios; más Secretarías de Estado, cada personaje destacado tiene ya su adjunto. Y todos con sus correspondientes equipos. ¿Y quién paga todo esto? Cargos públicos que anteriormente no gozaban de remuneración lo son ahora y muy sustancialmente por cierto. Los consejeros de cualquier ente autonómico o pre-autonómico, ya sea provisional o definitivo, se señalan cuantiosos sueldos como primera medida. Y todos con sus correspondientes equipos. Como buenos españoles deben pensar que la crisis económica es para los demás. Aquí no pasa nada.

Dígase que bueno, que muy bien, que a pesar de todo seguimos caminando, pero ¿a dónde vamos? Dígase que todo son males menores de una difícil transición, y será cierto. Pero, ¿es que vamos a tener la transición de los mil años? No parece sino que mientras unos se empeñan en hacer antifranquismo, los otros esconden sus cabezas, no vaya a ser que le retiren sus carnets de credibilidad democrática. ¿Qué tiene que ver todo esto con la democracia? ¿Qué tiene que ver, y esto es gravísimo, el Parlamento con la calle? ¿Quién toma medidas? ¿Quién busca soluciones? ¿Quién hace cumplir la ley? Somos muchos los que deseamos vivir en una España libre, con una convivencia cívica y ordenada, pero tengo para mí que las puertas de la esperanza se van cerrando con implacable tenacidad. Sobre una marea de violencia e inseguridad, no se puede construir nada que sea medianamente duradero y estable. España se merece algo mejor, y no es callando la realidad como a ello se contribuye. Hoy son los vientos que destruyen los que nos acosan. Ojalá que muy pronto comiencen a arreciar los vientos que prometen.

José María Aznar