14 noviembre 1994

El escándalo causó la ruptura entre el Fianna Fail y el Partido Laboralista

El caso del sacerdote pederasta Brendan Smyth causa el derribo del Gobierno irlandés de Albert Reynolds

El caso del sacerdote pederasta Brendan Smyth causa el derribo del Gobierno irlandés de Albert Reynolds

Hechos

  • El 16.11.1994 se produjo una crisis de Gobierno en Irlanda por el retraso en la extradición del sacerdote Brendan Smyth, acusado de pederastia.

Lecturas

Un sacerdote norbertino acusado de abusar sexualmente de niños durante décadas ha terminado provocando una crisis política capaz de derribar al Gobierno irlandés. Brendan Smyth, nacido en Belfast y perteneciente a la orden de los Premonstratenses o Norbertinos, llevaba años siendo conocido por sus superiores eclesiásticos como un peligro para menores sin que éstos hubiesen conseguido apartarlo definitivamente del contacto con niños. Una investigación policial iniciada en Irlanda del Norte terminó descubriendo nuevas víctimas. Smyth fue interrogado en marzo de 1991, admitió algunos abusos y quedó en libertad bajo fianza, pero no compareció posteriormente ante la justicia y se refugió durante años principalmente en la abadía de Kilnacrott, en la República de Irlanda. Durante ese periodo llegó incluso a ejercer como capellán en hospitales.

El problema dejó de ser exclusivamente eclesiástico para convertirse en un asunto de Estado cuando las autoridades de Irlanda del Norte solicitaron su extradición. La petición llegó en 1993 a la oficina del fiscal general irlandés, Harry Whelehan, donde permaneció aproximadamente siete meses sin ser ejecutada. Finalmente Smyth regresó voluntariamente al norte y acabó ante los tribunales. En junio de 1994 fue condenado en Belfast a cuatro años de prisión por 17 delitos de abusos sexuales contra ocho menores, aunque posteriormente aparecerían muchas más víctimas.

El escándalo explotó políticamente en octubre de 1994 después de que el programa de UTV Counterpoint emitiera Suffer Little Children, dedicado a las víctimas y a la actuación de las autoridades civiles y eclesiásticas. La opinión pública descubría no sólo la magnitud de los abusos, sino que mientras un sacerdote reclamado por delitos sexuales permanecía en territorio de la República, la solicitud de extradición había quedado paralizada durante meses en la oficina del fiscal general. Whelehan alegó posteriormente problemas de personal, dudas jurídicas sobre delitos cometidos décadas antes y las dificultades derivadas de la legislación de extradición. Una investigación oficial posterior no encontraría pruebas de que el retraso obedeciese a otra cosa que a atascos y deficiencias administrativas en su oficina.

El problema para Albert Reynolds, Taoiseach y líder del Fianna Fáil, fue que en aquel preciso momento decidió promover a Whelehan a presidente del High Court, uno de los principales cargos judiciales del país. Su socio de Gobierno, el Partido Laborista de Richard “Dick” Spring, se opuso frontalmente. Los laboristas consideraban incomprensible premiar con semejante promoción al fiscal general antes de aclarar completamente por qué una solicitud relacionada con un depredador sexual de menores había permanecido siete meses sin resolver. Reynolds mantuvo el nombramiento y Whelehan tomó posesión pese al rechazo laborista.

La explicación proporcionada inicialmente agravó el problema. Fianna Fáil sostuvo que el expediente Smyth planteaba dificultades excepcionales y que constituía prácticamente el primer caso de aquella naturaleza tramitado bajo la legislación de extradición de 1987. Después apareció otro expediente anterior, el denominado caso Duggan, que cuestionaba esa explicación. La confianza entre Reynolds y Spring quedó destruida: el dirigente laborista llegó a considerar que el primer ministro no le había proporcionado toda la información disponible sobre la actuación de Whelehan.

El 16 de noviembre, Spring anunció la retirada del Partido Laborista del Gobierno. Al día siguiente, 17 de noviembre de 1994, Reynolds dimitió como primer ministro y también como líder del Fianna Fáil. Whelehan, que apenas llevaba unos días como presidente del High Court, terminó igualmente dimitiendo. Reynolds reconoció posteriormente que había sido un error insistir en su nombramiento contra la voluntad de los laboristas.

El caso Smyth fue, por tanto, el detonante, pero no debe simplificarse diciendo que el Gobierno cayó porque un sacerdote cometiera abusos. Lo derribó una crisis de confianza entre los dos partidos de la coalición sobre la forma en que el Estado había gestionado su extradición y, especialmente, la decisión de Reynolds de promocionar al fiscal general cuya oficina había protagonizado aquel retraso. El asunto adquirió además una dimensión mucho mayor porque Irlanda comenzaba a enfrentarse públicamente a una realidad particularmente dolorosa: durante décadas, responsables de la Iglesia habían conocido aspectos de la conducta de Smyth sin conseguir impedir que siguiera teniendo acceso a menores.

La caída de Reynolds no provocará inmediatamente elecciones. Bertie Ahern lo sustituirá al frente del Fianna Fáil, pero fracasarán los intentos de reconstruir la alianza con los laboristas. Finalmente, el 15 de diciembre de 1994, John Bruton llegará al Gobierno encabezando la llamada Rainbow Coalition formada por Fine Gael, Labour y Democratic Left. Paradójicamente, uno de los gobiernos que había desempeñado un papel relevante en el proceso de paz de Irlanda del Norte desaparecerá por una crisis iniciada precisamente alrededor de una solicitud de extradición procedente del norte.

El Análisis

CUANDO UN SACERDOTE PODÍA HACER TAMBALEAR AL ESTADO

JF Lamata

En cualquier democracia un Gobierno puede sufrir desgaste porque su Fiscalía haya tardado siete meses en tramitar la extradición de un acusado de abusos sexuales. Pero cuesta imaginar muchos países europeos de 1994 en los que el caso de un solo sacerdote pudiera terminar abriendo simultáneamente una crisis de la Iglesia, la Fiscalía, el Gobierno, la judicatura y finalmente de la propia coalición gobernante. Eso dice mucho sobre Irlanda. Brendan Smyth no era un dirigente político ni un alto funcionario; era un sacerdote acusado de delitos comunes particularmente repugnantes. Lo que convierte su historia en algo mucho mayor es comprobar cuántas instituciones estuvieron alrededor de ella durante años sin conseguir detenerla. Sus superiores religiosos conocieron problemas relacionados con su conducta y, pese a ello, Smyth continuó durante décadas teniendo acceso a menores; cuando finalmente intervino la justicia, su expediente de extradición permaneció siete meses en una oficina del Estado.

No está probado que Harry Whelehan paralizara deliberadamente aquella extradición para proteger a la Iglesia; una investigación posterior atribuyó el retraso a problemas administrativos. Pero quizá eso tampoco tranquilice demasiado. Porque el caso obliga a preguntarse cómo pudo un sacerdote con semejante historial circular durante tanto tiempo entre parroquias, comunidades religiosas e incluso hospitales sin que funcionasen los mecanismos destinados a proteger a los menores. La extraordinaria repercusión del caso refleja precisamente la posición que la Iglesia católica ha ocupado en la República desde su nacimiento: no simplemente una confesión religiosa, sino una institución profundamente imbricada en la educación, la asistencia social, la moral pública y buena parte de la vida cotidiana del país. Cuando una institución posee semejante autoridad, sus fallos dejan de percibirse como los de una asociación privada y pasan a convertirse en un problema nacional.

Reynolds no cae por los pecados de Brendan Smyth. Cae por sus propias decisiones políticas: defendió y promocionó a Whelehan cuando su socio de Gobierno exigía esclarecer antes lo sucedido y terminó perdiendo la confianza de Dick Spring. Pero que un sacerdote desconocido para la inmensa mayoría de los irlandeses unos meses antes haya proporcionado el detonante de la caída de un primer ministro revela hasta qué punto está cambiando el país. Durante décadas, la condición sacerdotal proporcionó a hombres como Smyth una autoridad social extraordinaria; ahora esa misma posición convierte el descubrimiento de sus delitos y de los silencios que los rodearon en una amenaza para la credibilidad de toda la Iglesia. El caso Brendan Smyth puede terminar siendo recordado no sólo por haber derribado un Gobierno, sino como uno de esos momentos en que Irlanda empezó a preguntarse si la deferencia tradicional hacia la Iglesia había protegido durante demasiado tiempo a la institución antes que a quienes necesitaban protección.

JF