El CESID expulsa y encarcela al coronel Diego Camacho, conocido por sus posiciones ‘ultras’, tras acusar a los servicios secretos españoles de numerosos delitos sin aportar pruebas al ser llamado a declarar

El Cesid está buscando la forma de comprar el silencio del coronel Diego Camacho, expulsado y posteriormente expedientado por acusar al director del centro, Javier Calderón, de haber hecho una purga irregular dentro de La Casa. Trata de evitar que Camacho pueda tener la tentación de propalar la mucha información privilegiada con la que cuenta en tanto que ex responsable del Centro en Marruecos. El coronel ha conseguido ya -y no es poca cosa- que los responsables de los servicios secretos paralicen el expediente disciplinario que le habían abierto. También le ofrecieron disfrutar de un retiro dorado en la agregaduría militar de alguna embajada importante pero, al parecer, esa propuesta disgustó profundamente a Camacho, que por lo visto aspira a bastante más. La disyuntiva que tienen ahora ante sí los jefes del Cesid no es nada fácil: ¿deben mejorar su oferta, colmando las ambiciones del coronel, o se arriesgan a que Camacho rentabilice los secretos de primera importancia a los que accedió en razón de su cargo? No es la desclasificación de los célebres papeles del Cesid lo que puede provocar la desconfianza de la «inteligencia mundial», que diría Belloch, sino la comprobación de que los servicios secretos españoles están en una situación tan precaria como la que revela el penoso tira y afloja del coronel Camacho.

Por más que se intente ocultar, la corrupción de las cloacas del Estado termina aflorando tarde o temprano. El número de gente dispuesta a romper el cerco de silencio y de aportar datos a los jueces que investigan esos casos no ha dejado de crecer en estos años. Los últimos son dos ex altos mandos expulsados del Cesid que acaban de pedir al ministro Eduardo Serra que les exima del «deber de reserva» para poder revelar lo que saben sobre la guerra sucia. El coronel Diego Camacho y el teniente coronel Manuel Rey ya formularon su petición al máximo responsable de la Casa, Javier Calderón, el pasado 19 de febrero. Pero éste la denegó, aduciendo razones de seguridad del Estado y también por la «ambigua redacción de la solicitud». Los dos mandos han optado ahora por ser más explícitos en el escrito que han remitido al ministro de Defensa. Los asuntos sobre los que piden ser liberados del sigilo profesional son harto elocuentes: guerra sucia contra ETA; escuchas ilegales y corrupción del propio Cesid. Los ex agentes aseguran tener datos sobre personas implicadas en todos estos asuntos, así como sobre encubridores. Si es como dicen, tienen el derecho y la obligación de colaborar con la Justicia, revelando todos esos datos, siempre que se trate, naturalmente, de material delictivo.

Los ex agentes del Cesid Diego Camacho y Manuel Rey, expulsados en octubre del servicio de inteligencia tras ser considerados «no idóneos» por el director del centro, el general Javier Calderón, acudieron ayer a la Audiencia Nacional para prestar declaración como testigos ante el juez Baltasar Garzón, que instruye varios sumarios relacionados con la guerra sucia contra ETA.

El coronel Camacho y el teniente coronel Rey fueron citados a través de un escrito que Garzón remitió a la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, y ésta a su vez a la sede del Cesid, a la que los dos ex agentes acudieron el pasado jueves para que les fuera entregado personalmente.

Camacho y Rey declararon por separado y por espacio de media hora cada uno, pero se acogieron al deber de reserva, que les obliga a guardar secreto sobre las actividades del Cesid, para no revelar a Garzón ningún detalle que hubieran conocido mientras estuvieron destinados en los servicios secretos, y que pudiera estar relacionado con la denominada guerra sucia contra ETA.

Precisamente la semana pasada, los dos ex agentes remitieron un escrito al ministro de Defensa, Eduardo Serra, en el que solicitaban la exención de dicho deber de reserva para hacer frente a su defensa, ya que el propio Serra ordenó que se abriese a ambos un expediente disciplinario por efectuar declaraciones ante los medios de comunicación.

El portavoz del Gobierno, Miguel Angel Rodríguez, anunció tras el Consejo de Ministros de la pasada semana la disposición del Ejecutivo que preside José María Aznar a exonerar del deber de no revelar secretos a ambos ex agentes para «colaborar en todo con la Justicia».

Pero ese compromiso, sólo verbal, aún no se ha traducido en una expresa autorización por escrito del ministro de Defensa, razón por la cual Camacho y Rey se acogieron ayer al deber de reserva, que todavía les obliga, ante Garzón. No obstante, los dos ex agentes del Cesid expresaron a Garzón su disposición a colaborar con la Justicia una vez que sean exonerados del citado deber.

El pasado 17 de febrero, en su primera comparecencia ante el juez militar que instruye su expediente disciplinario, Camacho y Rey anunciaron a aquél su intención de tramitar ante Defensa la petición de ser eximidos del deber de guardar secreto, por considerar que, de no hacerlo así, quedarían en una situación de indefensión ante el juez instructor, ya que no podrían revelar ciertos detalles precisamente por su obligación de guardar secreto.

Al día siguiente, Camacho y Rey formalizaron su petición ante Defensa, pero el pasado 5 de marzo Serra se lavó las manos y trasladó la decisión final al teniente general Calderón, quien finalmente, el 14 de marzo, desestimó la solicitud de sus dos antiguos subordinados, decisión contra la que ambos presentaron entonces recurso ordinario.

En declaraciones a EL MUNDO, Camacho y Rey aseguraron ayer que lo único que pretenden es dejar claro que ellos no tomaron parte en ninguna de las acciones delictivas en las que supuestamente participó el Cesid, como podría pensarse tras el anuncio hecho por Aznar, el pasado diciembre, de que se había procedido a una «limpieza» del centro, apenas dos meses después de la expulsión de Camacho, Rey y otros 26 agentes.

El coronel Diego Camacho y el teniente coronel Manuel Rey, los dos ex agentes del Cesid expulsados el pasado noviembre de los servicios secretos tras ser considerados «no idóneos» por el director del centro, el general Javier Calderón, ingresaron ayer en sendos centros disciplinarios militares para cumplir el arresto impuesto por el ministro de Defensa, Eduardo Serra.

Tras incoarse a ambos un expediente disciplinario, los dos ex agentes han sido considerados autores de una falta grave por «realizar manifestaciones contrarias a la disciplina a través de los medios de comunicación social», al denunciar que habían sido víctimas de una depuración por «motivos políticos y personales».

Camacho, que fue responsable del Cesid en dos destinos tan sensibles como Marruecos y Francia, y posee una intachable hoja de servicio, ingresó poco antes del mediodía de ayer en la base aérea de Cuatro Vientos (Madrid), donde cumplirá la sanción disciplinaria de un mes y 15 días de arresto impuesta por Serra.

Rey, cuyo último destino en el Cesid fue la jefatura del Departamento de Iberoamérica, fue conducido a la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, en la que permanecerá durante un mes y un día para cumplir su arresto por falta disciplinaria grave.

NOTIFICACION DE LA SANCION.- Ambos militares acudieron a primera hora de la mañana de ayer a la sede del Ministerio de Defensa para que les fuera notificada la resolución del expediente disciplinario abierto contra ambos el pasado mes de febrero. Tras ser informados de los arrestos impuestos por Serra, Camacho y Rey fueron conducidos inmediatamente a los citados centros disciplinarios, escoltados por dos jefes militares de igual graduación, para iniciar el cumplimiento de la sanción.

El abogado de ambos, José Ramón Codina, explicó a EL MUNDO que hoy mismo presentará un recurso de súplica ante el ministro de Defensa, que dispondrá entonces de un plazo de cinco días para levantar la sanción o ratificarse en ella.

El expediente disciplinario, que lleva fecha del pasado día 12 y la rúbrica de Serra, considera como hechos probados que Camacho y Rey «concedieron diversas entrevistas a los medios de comunicación social sin conocimiento ni autorización de sus superiores» del Cesid en enero y febrero pasados, «con gran resonancia pública por prensa, radio y televisión».

La resolución indica que ambos «sacaron inautorizadamente a la luz pública las comunicaciones de inidoneidad que habían recibido, calificándolas como una «purga» (…), llegando incluso el coronel [Camacho] a relacionar expresamente su «expulsión» con la actuación que él tuvo como agente del Cesid a raíz de los sucesos ocurridos en España el 23 de febrero de 1981, al tratar de desactivar una trama interna que había, según él en el propio centro, en contra del Estado de Derecho».

En noviembre del pasado año, Camacho, Rey y otros 26 agentes fueron expulsados de los servicios de inteligencia del Estado en aplicación del nuevo Estatuto del Personal. Este contempla la expulsión del centro del personal que sea considerado no idóneo por una junta de evaluación, aunque la decisión final corresponde siempre al general Calderón.

El Gobierno presentó la expulsión de Camacho, Rey y sus 26 compañeros como la culminación de un proceso de limpieza en los servicios secretos, necesario para rehabilitar la imagen de éstos, muy deteriorada tras los graves episodios de corrupción e implicación en operaciones de guerra sucia durante la etapa de su anterior responsable, el también teniente general Emilio Alonso Manglano.

UNA «CRIBA CONVENIENTE».- El propio presidente del Gobierno, José María Aznar, afirmó entonces que «había necesidad de tomar esas medidas por las polémicas que arrastraba el Cesid», y añadió, en una entrevista concedida a EL MUNDO el pasado diciembre, que «esa criba era conveniente».

El abogado de los dos ex agentes señaló ayer que sus defendidos consideran que de las palabras de Aznar podría deducirse que su expulsión del Cesid forma parte de esa «criba», haciendo así recaer sobre Camacho y Rey la sospecha de su supuesta participación en algunos de los episodios más siniestros de la historia reciente de los servicios secretos, como la guerra sucia contra ETA, las escuchas ilegales o el secuestro de mendigos para ser utilizados como cobayas humanas.

En la resolución del expediente disciplinario no se hace mención a la solicitud de exención del deber de reserva formulada por ambos militares para ejercer su derecho de defensa, que les obliga a guardar secreto sobre las actividades del Cesid que conocieron mientras estuvieron allí destinados.

Sin embargo, en una nota hecha pública a última hora de ayer por Defensa, el departamento de Serra afirmaba que éste había desestimado los recursos de Camacho y Rey para ser eximidos del deber de reserva.

La nota añadía que si alguno de ellos posee información «sobre presuntos actos de carácter delictivo o relacionados con posibles casos de corrupción», se la comuniquen al ministro «por el procedimiento reglamentario», ya que él es «el primer interesado en erradicar cualquier posible manifestación de conductas ilegales».