El coronel Juan Alberto Perote expulsado del Ejército por robar más de 1.200 microfichas de ‘los Papeles del CESID’

Siete años de cárcel por revelación de secretos. Tres semanas después de que el coronel Perote, ex número dos virtual del Cesid, se sentara en el banquillo, el Tribunal Militar Central ha dictado sentencia condenatoria. Los jueces castrenses consideran probado que Juan Alberto Perote se llevó de los Servicios Secretos más de 1.200 microfichas y que consumó un delito de revelación de secretos relativos a la seguridad nacional, «en la modalidad de procurarse información legalmente clasificada». El fiscal togado había pedido diez años. Pero al coronel le ha salvado su brillante hoja de servicios, factor que ha tenido en cuenta el Tribunal para condenarle sólo a siete años.

La defensa de Perote recurrirá ante el Supremo. Como señalaba ayer Jesús Santaella «Jugábamos en campo contrario, con árbitros parciales». No le falta algo de razón. El proceso de Perote presenta aspectos jurídicamente más que discutibles. En primer lugar, por su rocambolesca detención nocturna hace dos años. En segundo lugar, por las dudas que suscita su sometimiento a la jurisdicción militar en una causa que se refiere a un asunto que excede el ámbito castrense. Además, por el hecho de que esa misma justicia militar le mantuviera en prisión preventiva abusivamente, como hacía constar un fallo del Constitucional. Situación doblemente injusta si se compara con la de Rodríguez Galindo, Barrionuevo y Vera, procesados por delitos mucho más graves y que, sin embargo, gozan de libertad. Finalmente, resulta sospechoso que el juicio se celebrara a puerta cerrada.

Dicho esto, hay que recordar que la actuación del ex alto cargo del Cesid sigue envuelta en turbias sombras. La incógnita de los móviles que le hicieron microfilmar los documentos y llevárselos de los servicios secretos sigue sin ser despejada por la sentencia. Abona serias sospechas sobre su actuación el que esos documentos sirvieran años después como materia de trato entre el Gobierno de González y Mario Conde .

Pero el hecho de que Perote haya sido condenado y de que continúen sin estar claras las razones de su actuación no es óbice para subrayar que la divulgación de los documentos tuvo efectos muy beneficiosos. Tal cosa ha contribuido decisivamente a que se cumplan dos principios constitucionales: el derecho de los ciudadanos a recibir información y el derecho a la tutela judicial efectiva en relación a los crímenes de los GAL.

Parece olvidarse de esto Narcís Serra, que ayer insistía en que «La Justicia ha hablado» (al tiempo que exigía al PP que rectificara por sus críticas al Cesid) como si la condena de Perote sirviera para zanjar el asunto y eximiera al anterior Gobierno de responsabilidad política e incluso penal. Queda aún mucha tela judicial que cortar en el caso de las escuchas del Cesid, después de que la juez que instruye el caso haya pedido informes a las partes, antes de proceder a la apertura de juicio oral. Y la guerra sucia es materia de varios frentes judiciales abiertos. Precisamente el Supremo ordenó desclasificar los documentos del Cesid e incorporarlos a las causas respectivas. Los sumarios Lasa-Zabala, Oñederra, Urigoitia y Marey pueden verse decisivamente enriquecidos por esta aportación. Perote será un delincuente pero ha contribuido a esclarecer crímenes mucho más graves que los suyos.

Es evidente que la transparencia es la nota que nunca existió en el juicio contra el coronel Juan Alberto Perote en el Tribunal Militar. Todos deberíamos estar de acuerdo en que la jurisdicción militar es algo extemporáneo en un Estado democrático moderno, especialmente cuando no se trataba de juzgar un hecho de guerra, sino una traición en materia de secretos oficiales y de Estado. También resulta claro que el recurso a interponer lo será ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, con lo que seguiremos en la autopista de la extemporaneidad.

Y dicho lo anterior, con idéntica convicción afirmo que no nos encontramos precisamente ante una hermanita de la caridad, sino ante un personaje más bien siniestro, sobre cuya falta de escrúpulos al sustraer y usar para provecho propio esos secretos seguramente el Tribunal Supremo ratificará la sentencia hecha pública ayer.

Fuera ya del paraguas jurídico, la trascendencia política de la sentencia sobre el caso Perote tiene unos beneficiarios inmediatos, que son los personajes socialistas afectados, Narcís Serra en primer lugar, que se lanzó exagerada, pero no erróneamente, a la piscina de la petición de grandes rectificaciones a quienes políticamente utilizaron el trabajo de Perote para hacerle saltar de la vicepresidencia del Gobierno.

Tales peticiones y lamentos son ya inútiles, pues los efectos políticos de la utilización de los papeles ya son irreversibles, no sólo la dimisión de Serra sino el propio desalojo del PSOE del poder. En el platillo triste de la balanza de los favorecidos por los grandes escándalos políticos hay que colocar la valiosa ayuda del personaje Perote, junto a otros cooperantes no más admirables que éste. Un largo y miserable capítulo en la historia de un gran cambio político. Todo el mundo sabe que el PP llegó al poder gracias a los graves sucesos de corrupción de la etapa socialista. Lo cual no conducirá, sin embargo, a que el PP erija monumentos de agradecimiento a sus grandes benefactores (Perote, Roldán, Rubio, Aida Alvarez, Carmen Salanueva…). Porque de ahora en adelante ya no se sabe muy bien a quién perjudicará más la supervivencia política y judicial de toda esta basura.

El filón se irá acabando para los nostálgicos del «Váyase, señor González», que se ha ido incluso de la dirección de su partido, y cuando un Gobierno de otro signo lleva ya 14 meses en el poder. Eso puede observarse en el tratamiento informativo de los escándalos, cada vez menos extenso e intenso en los que afectan al PSOE y más acuciante en los protagonizados por el PP. La vida es así, incluso para esos pocos patéticos que persisten erre que erre como si aquí siguiera gobernando Felipe González.

La condena del coronel Perote por la corte militar a siete años de prisión va a tener diferentes lecturas según se esté o no del lado del felipismo. Para empezar, hay que decir que este proceso no contó con las plenas garantías jurídicas y democráticas. Se vio en su desarrollo a puerta cerrada, lo que impidió valorar el proceso de un caso que, quizá, debió juzgarse en los tribunales ordinarios.

Dicho esto, no parece que nadie con sentido común dude de la culpabilidad de Perote. Y no sólo en la sustracción y difusión de documentos privados o secretos del Cesid -de los que se han hecho eco EL MUNDO y El País, entre otros medios-, que afectan a la vida e intimidad de las personas, a los abusos del poder o a la seguridad nacional, sino que el coronel, como se ve, en este y otros sumarios, es responsable de colaborar con los GAL, en escuchas teléfonicas ilegales, y de otros delitos que irán saliendo poco a poco.

Los móviles de su comportamiento no parecen ser otros que el dinero (pudo haber vendido su información privilegiada a Mario Conde, entre otros), y la venganza contra los superiores que lo apartaron del servicio. Superiores en el cargo oficial, y superiores también en esa Gran Mafia de corte político, financiero y mediático que inundó la vida pública española en los tiempos en los que gobernaba España Felipe González.

Una Gran Mafia que tiene en su haber una gigantesca bolsa de corrupción, el robo de los fondos reservados del Estado, los crímenes y las torturas de los GAL y el acoso a la democracia y la libertad de expresión.

Un gigantesco tinglado delictivo que está empezando a pasar por los tribunales, que González quiere justificar como un «mal» necesario en la lucha contra el golpismo y el terrorismo de ETA, y del que nace, como un subproducto de intrigas y venganzas, esa supuesta trama de los Perote, Conde y sus amigos, de la que tanto hablan los felipistas para ocultar a su Gran Mafia.

De la responsabilidad de Juan Alberto Perote no cabe duda alguna. Y del mal uso que otros hicieron de sus documentos robados tampoco caben demasiadas especulaciones exculpatorias.

Aunque nadie puede negar a la prensa su derecho a informar, sobre todo si es para denunciar y deponer al mal y corrupto gobernante, pero nunca para luego pactar con él o montar otra operación política.

En todo caso, los delitos de Perote y sus amigos no hubieran sido posibles si no hubiera existido la Gran Mafia con su gran saco de crímenes, robos y corrupciones. Todos los que el régimen felipista almacenó en su interior, usando para ello, y sin escrúpulos, a las primeras instituciones del Estado, donde el Cesid ocupa un puesto de privilegio.

Por eso, cuando Almunia, Serra y la prensa felipista se disponen a festejar la condena de Perote, lo primero que hay que preguntar al nuevo jefe del PSOE es si todo lo que ocurrió con Perote y todo lo que le rodea no es -al igual que ocurre con el caso Roldán- un siniestro festival de abusos de los tiempos de González.

Y qué decir de Narcís Serra o Manglano, que eran los directos responsables del Cesid, y por lo tanto los jefes de Perote. Ellos fueron los que le dieron las órdenes al coronel para trabajar con los GAL y dedicarse al espionaje ilegal de centenares o miles de personas, y aquí incluido el Rey Juan Carlos.

De manera que ojo con la trama porque, aunque sus maneras de chantaje y presión son rechazables, su existencia fue posible porque nació desde dentro de la Gran Mafia del felipismo, al margen de la Ley. Y no hay razón de Estado, ni Estado de Derecho, ni golpismo, ni ETA, que puedan justificar todos los abusos con los que Perote pudo hacer sus negocios.

Ni otras personas implicadas en escándalos financieros, sus chantajes, usando papeles con los mismos modales e intención que los felipistas difunden ahora documentos la época de la UCD (para intentar salvar la imagen de Felipe González). Documentos que no dejan de ser unos papeles. Para documentos y hechos los del Cesid y los de los GAL, con robo de fondos reservados, corrupciones multimillonarias, torturas y 28 cadáveres incluidos. Por todo ello, cuanto peor le vaya a Juan Alberto Perote, peor para el felipismo. Y mucho mejor para la verdad. Toda la verdad: la de la trama y la de la Gran Mafia, hasta que se haga la luz en medio de tanta oscuridad.

Aurora Pavón

Cualquiera que sea su suerte futura, la sentencia escrita por el Tribunal Militar Central es la verdad y nada más que la verdad. Y esto es así aun cuando dicha sentencia no suponga toda la verdad de las andanzas del coronel Juan Alberto Perote y de su compañero, el ex banquero Mario Conde, quienes montaron en 1995 una operación de chantaje del Gobierno de Felipe González para beneficio mutuo. Como dice el texto, la sustracción del material del CESID «revela un inequívoco interés personal (le propio provecho individual que ni se desvela por el declarante y ni siquiera se apunta». La sentencia considera probado el robo con fines espúreos y punto.Los magistrados han venido, pues, a restablecer lo que es normal y lo que es anormal. Tanto Perote como Conde han presentado como normal su mutuo interés por utilizar el material del Cesid para «resolver» los problemas del caso Banesto y del caso GAL sabiendo, según han declarado ambos en sintonía, que el Gobierno socialista estaba preocupado en 1995 por los papeles de la guerra sucia o el terrorismo de Estado. Se trataba, pues, de «devolver» al Gobierno esos papeles, previamente robados, para calmar su presunta angustia, a cambio de reivindicaciones como 14.000 millones de pesetas, cese de un juez, interrupción de informes de la Agencia Tributaria, y otras.

Los magistrados no entran ni salen en la dinámica de la asociación entre los malhechores, sus montajes y contactos en los medios de comunicación. Los magistrados se lo saben porque entre los papeles incautados al coronel Perote en la prisión de Alcalá de Henares durante dos registros ordenados en 1996 por los jueces Garzón y Palomino está la confesión. Lo que Perote y Conde han considerado un acto normal, pacífico y hasta agradable chantajear a un Gobierno, cualquiera sea su color, con fines bien confesados, privados-, los magistrados vienen a estimarlo como algo monstruoso. La sentencia, por tanto, es una revuelta contra la normalidad que Perote y Conde, con su equipo de abogados, buscaban presentar en lo que era, y es, una conducta perversa.

El coronel Perote dejó en la prisión de Alcalá de Henares la constancia de sus actos. La sustracción de los papeles del CESID fue una conducta premeditada. Se llevó el material para protegerse. No dice de qué o de quiénes. Probablemente lo hizo para neutralizar a aquellos que desconfiaban de él y tuvieron la osadía de investigar su afición por ciertos negocios. Lo hizo para sentirse más seguro y disuadir con el arma documental a quienes pudiesen estar tentados de actuar contra él.

En sus escritos se describe toda la tramoya, con su patrioterismo impostor y su tono quejica hacia su socio Mario Conde, por no decir «ni mus» y, en cambio, ser el centro poderoso de toda la historia y salir favorecido con su propia leyenda. Está su estrategia con los chicos de la prensa. Es decir: la coartada de que el verdadero filtrador de los documentos es un fantasma llamado Viriato, quien, según el coronel y sus cómplices -los que un día, como el periódico El Mundo, se beneficiaron de Perote y más tarde le llamaron delincuente-, fue el responsable inexistente de todo.

«Hay que plantear la duda de su existencia, al menos», escribe Perote, en referencia al personaje ficticio Viriato y a las declaraciones amañadas de Pedro J. Ramirez y de sus colaboradores ante el juez Palomino.

La sentencia, pues, es un mismo tiro contra al menos dos pájaros. Uno de ellos aparece con su propio nombre. El otro, Mario Conde, es el innombrable.

Ernesto Ekaizer

La juez de instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, ha denegado un recurso del periodista de El País Ernesto Ekaizer y ha decidido continuar contra él un procedimiento judicial abreviado, tras la querella por calumnias que presentaron el director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, y los redactores de este diario Antonio Rubio y Manuel Cerdán.

Ekaizer publicó un artículo en su periódico, el pasado 11 de julio, titulado Dos pájaros de un tiro, en el que se refería a una supuesta relación de Ramírez, Cerdán y Rubio con el ex coronel del Cesid Juan Alberto Perote, y les acusaba de haber prestado falso testimonio ante el juez que investiga las escuchas presuntamente ilegales realizadas desde ese centro de espionaje militar español a políticos, empresarios y periodistas.

El pasado 14 de octubre la juez Valcarce acordó tramitar esta querella contra Ekaizer por el llamado procedimiento abreviado, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al considerar que existían indicios racionales de que podía haber cometido un posible delito de calumnias.

El abogado de Ernesto Ekaizer presentó un recurso de reforma contra ese acuerdo de la juez, quien ahora lo ha rechazado y confirma su decisión de continuar el procedimiento abreviado contra el periodista querellado.

La juez ha tenido en cuenta los argumentos que planteó la abogada de EL MUNDO, Cristina Peña Carlés, y ha rechazado las alegaciones de la defensa de Ekaizer porque no le corresponde a ella enjuiciarlas sino al juez que en su momento tenga que juzgar el caso.

«En el artículo objeto de querella», según reitera la juez al confirmar su anterior decisión, «existen indicios racionales de criminalidad suficientes para dirigir el procedimiento contra una persona determinada», en referencia al periodista Ernesto Ekaizer.

Sr. Director:

En virtud de la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo reguladora del derecho de rectificación solicito que se rectifique una información publicada en su periódico el 18 de noviembre de 1997.

En página 15, en la información titulada «La juez tramitará una querella de EL MUNDO contra Ernesto Ekaizer» se dice: «Ekaizer publicó un artículo en su periódico, el pasado 11 de julio titulado Dos pájaros de un tiro, en el que se refería a una supuesta relación de Ramírez, Cerdán y Rubio con el ex coronel del Cesid Juan Alberto Perote, y les acusaba de haber prestado falso testimonio ante el juez que investiga las escuchas presuntamente ilegales realizadas desde ese centro de espionaje militar».

Ni en la columna de opinión del pasado 11 de julio ni en mi declaración en sede judicial, el pasado mes de septiembre, «les acusaba de haber prestado falso testimonio ante el juez que investiga las escuchas presuntamente ilegales».

En la citada columna se comentaba la sentencia condenatoria del Tribunal Militar Central contra el coronel Perote por sustracción de material secreto del Cesid y su utilización para provecho propio. Allí -como tuve ocasión de explicar en sede judicial- se comentaban los escritos de Perote en prisión, en los que se refería a un personaje llamado Viriato como fuente de la filtración periodística de papeles y grabaciones del Cesid y a la necesidad de «crear la duda sobre su existencia», y a la relación de estos escritos con declaraciones del director de EL MUNDO y sus colaboradores ante el juez instructor de dicho sumario que culminó con la ya mencionada sentencia condenatoria en juicio oral. Una vez más, pues, no existe acusación de falso testimonio. Ernesto Ekaizer. Madrid.

N. de la Redacción de EL MUNDO: -Ernesto Ekaizer calificó de «cómplices» del coronel Perote a Pedro J. Ramírez, Manuel Cerdán y Antonio Rubio y tachó de «amañadas» las declaraciones del director de EL MUNDO y de sus colaboradores ante el juez militar Palomino.