Matanza de Hipercor: El ‘comando Barcelona’ de ETA asesina a 21 personas en un centro comercial por orden de Santi Potros

El miserable atentado realizado ayer en Barcelona, ciudad elegida últimamente por ETA para llevar a cabo su valerosa ofensiva consistente en usar la bomba y el terror contra ciudadanos indefensos, lleva el sello de la siniestra organización vasca. Colocar una bomba en el aparcamiento de un hipermercado a la hora en que las familias acuden para realizar su compra semanal es el nuevo récord de infamia y crueldad batido ayer por esos emisarios de la muerte. Tenían que saber de antemano que las víctimas serían sobre todo mujeres y niños. Y la estrategia del terror se ha cobrado esta vez 15 muertos y más de 30 heridos, algunos de ellos debatiéndose en estas horas entre la vida y la muerte.Posiblemente esa cosecha de víctimas mortales y cuerpos destrozados haya procurado suplir, en la sangrienta contabilidad de los terroristas, los cientos o miles de cadáveres que no alcanzó a producir el reciente atentado contra la refinería de Enpetrol en Tarragona: una acción que más allá de las altas pérdidas económicas podía haber provocado un incalculable exterminio entre los habitantes de las viviendas cercanas.

El mensaje de estos pirómanos a sueldo, jaleados desde algunas tribunas y desde la cobardía intelectual de frustrados escritores y desamparados clérigos, es claro: la amenaza no se refiere ya sólo a determinados cuerpos de seguridad, a las Fuerzas Armadas del Estado, a empresarios que se resisten a pagar protección a la mafia etarra o a quienes abandonan las propias filas de la organización ETA. Toda la población, sin distinción de creencias o edad, parece haberse convertido ya en un objetivo que estos indeseables han colocado en el centro de sus proyectos macabros. Y por lo mismo toda la población, a través de sus órganos de soberanía, debe saber responder con contundencia y serenidad a la amenaza. Pero para eso se necesita un liderazgo político que atienda más a las inquietudes y preocupaciones de la calle y menos a sus propias ensoñaciones.

Medidas de seguridad

La acción de Tarragona hizo entender a los responsables del Ministerio del Interior el salto cualitativo del terrorismo etarra. Se había dispuesto, por ello, un mecanisno de alarma y de seguridad más intenso y desarrollado en la ciudad de Barcelona, centro declarado de máximo riesgo en vista de la repercusión internacional que por su. condición de próxima sede olímpica alcanzan los atentados. Pero de nada han servido estas medidas.

La ineficacia policial en la lucha contra el terrorismo, como en la prevención de la seguridad ciudadana, es patética. La incapacidad política para progresar en el tema, es ya evidente. Es preciso reconocer las dificultades que la lucha contra el bandolerismo de ETA y sus secuaces políticos comporta. Pero ese reconocimiento no debe evitar al ministro del Interior asumir el negativo balance que representa la sucesión de fracasos y el récord de incapacidades que en este terreno ha venido contabilizando.

Sin duda, como declaró en su día Juan María Bandrés, el mejor medio para que no explote una bomba es no colocarla. Que alguien de ETA hiciera o no una llamada previa a la explosión es una vacua coartada para los asesinos. Pero las fuerzas de seguridad, en circunstancias de amenaza tan grave como las que padece la capital catalana, deben aprovechar el mínimo recurso a su alcance, y no parece seguro que el dispositivo de reacción, tras el aviso, se encontrara al grado de competencia que requiere una lucha contra esta máquina de muerte.

De hecho, si se comprueban indolencias o ineptitudes por parte de la policía en esta materia el responsable de ellas no puede ser únicamente, por más tiempo, un comandante des pistado o un delegado del Gobierno poco activo. El responsable político directo es el señor Barrionuevo, y si la testarudez de otros lleva a no cesarle es su propia dignidad moral la que le debe obligar a irse. Que no se diga que no debe hacerlo en los momentos difíciles. No estamos ante un concurso para saber qué político es más resistente sino ante una situación que merece mayor sangre fría, más inteligencia y otra imaginación política.

Cobertura política

Hace unos días, 150.000 ciudadanos no vascos, y entre ellos 40.000 catalanes, otorgaron su voto a Herri Batasuna, la coalición que afirma compartir los principios y objetivos de ETA, y cuyas fechorías se niega a condenar aduciendo que el problema de la violencia debe ser abordado «en toda su complejidad». Ideólogos del nacionalismo radical vasco se han indignado con frecuencia ante el calificativo de terroristas aplicado por los medios de comunicación a las acciones de ETA, y todavía en la reciente campaña se han oído voces que establecían sutiles diferencias entre terrorismo propiamente dicho y lucha armada. Cuando los antiguos competidores polimilis hicieron estallar sendos artefactos en el aeropuerto de Barajas y en una estación de ferrocarril, en Madrid, Herri Batasuna condenó tales acciones, que calificó de indiscriminadas y contrarias a los intereses del pueblo trabajador vasco. Es preciso que quienes pidieron el voto de los ciudadanos españoles en nombre de la necesidad de soluciones políticas al problema de la violencia expliquen si consideran discriminado o indiscriminado el atentado de ayer en Barcelona, y cuál es la relación existente entre la colocación de ese artefacto mortífero y los intereses populares comunes a los trabajadores catalanes y vascos esgrimidos durante la campaña.

Es seguro que muchos votantes de Herri Batasuna aborrecen esa ciega violencia asesina. Incluso es probable que algunos de sus dirigentes anhelen acabar de una vez con esta locura. Pero para que tales sentimientos merezcan crédito resulta imprescindible que se atrevan a dar un paso al frente y digan claramente que no es poniendo bombas en los grandes almacenes como se avanzará en la búsqueda de soluciones políticas a los problemas del pueblo vasco. Es decir, que por una vez sea mayor la repugnancia ante el crimen gratuito que el temor a disgustar a los profetas armados. No resulta posible seguir ignorando el sentido de la cobertura ideológica y política que HB viene prestando a ETA en su desesperada huida hacia delante. Lo de menos es saber si realmente todos o sólo una pequeña parte de los votantes de Herri Batasuna apoyan subjetivamente barbaridades como la de ayer. Lo indudable es que ETA interpreta esos votos como una autorización para seguir cometiéndolas. Y aunque hubieran sido no ya 300.000 sino tres millones los votos obtenidos por HB, no variaría la consideración moral que merecen los autores de la acción de ayer; del mismo modo que los votos obtenidos por el Partido Nacional Socialista alemán en 1933 no modifican en nada la catadura moral de Hitler, la Gestapo y todos sus cómplices.

Mientras varios heridos del atentado de ETA en Barcelona se debatían ayer entre la vida y la muerte, crece el clamor nacional contra el brazo politico de la banda terrorista Herri Batasuna. Ante el Congreso de los Diputados, Felipe González denunció la identidad entre ETA y HB, el secretario general se los socialistas vascos, García Damborenea, ha hecho públicamente las más graves acusaciones en el mismo sentido: en locales de HB se ha encontrado armamento de ETA y algún militante de este grupo ha sido detenido como miembro de comandos etarras.

HB, en fin, ha presentado a un etarra, condenado después por terrorismo, a la presidencia del Gobierno vasco y, ahora, repite cínicamente la maniobra para la presidencia navarra con otro presunto etarra. Si al terrorismo hay que combatirlo, como ha declarado el señor González, con todos los medios al alcance del Estado de Derecho, el fiscal general, señor Moscoso, deberá activar los mecanismos jurídicos para deslegalizar a HB y privar a ETA de la cobertura legal de que ahora disfruta.

El dirigente batasuno Jon Idigoras ha difundido un comunicado en el que no condena a ETA, sino que critica el procedimiento que los etarra han empleado en Barcelona y carga la responsabilidad de muertos y heridos en la Policía, a quien acusa de provocar con su actitud la evitable tragedia con fines propagandísticos. Viene a nuestra portada Su Majestad el Rey, que ha interrumpido su viaje a Francia para entrevistarse en Barcelona con Jordi Pujol y con las principales autoridades catalanas e interesarse por el estaado de los heridos en el atentado terrorista del viernes.

Con las reservas obligadas por el hecho de que cuando se redacta este comentario no existe reivindicación formal del atentado se pueden adelantar algunas consideraciones y la primera, tal vez, que en ningún caso podría liberarse ETA de responsabilidad, puesto que el mismo difícilmente puede desvincularse ni imaginar al margen de otras acciones recientes realizadas por esta organización. Quien haya seguido con cierta atención su historia y discurso puede asegurar, sin temor a equivocarse, que ETA nunca hubiera planificado un atentado de estas características sin que entrar en sus cálculas que una evacuación de personas iba a producirse, lo que avalaría el hecho de que los avisos de la colocación del coche bomba fueron realizados con una antelación inusual, repetidamente y a diversas instancias. Nadie puede dejar de responsabilizar de la masacre, en primer lugar, a los que montaron el artefacto y eligieron su colocación, así fuera con la esperanza de que se desmontara a tiempo o no produjera víctimas. Nadie está en situación de garantizar que los anuncios vayan a ser tomados en serio ni que las diligencias de quienes tinene que actuar a continuación esté garantizada. Mucho menos cuando el objetivo no es habitual y cuando existen precedentes de todo lo contrario.

Todo lo cual no exime de responsabilidad aquienes pudieron y debieron demostrar más diligencias y menos temeridad a la hora de tomar precauciones debidas, habida cuenta de la reiteración de los avisos y del mínimo coste que significaba la adopción de las medidas aconsejadas. Este argumento adquiere especial significación ante lo que, a posteriori, afirman haber detectado con anterioridad el que califican de ‘salto cualitativo’ en la lucha de ETA, traducido, en sus análisis, en atentados como el que acaba de ensagrentar Catalunya.

El atentado de Barcelona pone sordina, si no silencia definitivamente, una serie de hechos relevantes que se han conocido en los últimos días y que lustran el carácter de la democracia en que nos movemos. Unas declaraciones de un general Gobernador Militar de Guipuzcoa, desde luego, sólo sorprenden por provenir de quien provenían y no por el contenido del mismo, han servido para confirmar la idea de que existen temas tabú.

En el Estado español parece querer perpetrarse el ocncepto de ‘curas, banqueros y militares abstenerse’ – abstenerse de hacer política – como si ciertos estamentos esutvieran al margen de su ejercicio porque reconozcan, tal vez, que nlo fáctico no se evidencia.

Medios de comunicación que no se ‘enteraron’ de las declaraciones del general cuando fueron publicadas, abrieron edición con su destitución y hubieron de aceptar el bochorno de reproducir entonces unas palabras que, por lo visto, hubieran preferido minimizar, si no silenciar.

Juan María Bandrés parece haberse quedado solo en la defensa de que el Gobernador Militar ponía en evidencia a Herri Batasuna – a Esnaola y Montero, en su argumento – porque descalificaba la tesis de que son el Ejército y ETA los que deben garantizar la seriedad de un proceso negociador.

Algunos medios de comunicación tampoco parecen haberse enterado de lo que va aflorando sobre el GAL o prefieren ir tratándolo con prudencia que aconseja el evidente trasfordo que rodea a sus actuaciones y hasta a su silencio. Hay que reconcoer, no obstante que lo poco o lo mucho ya, que se va conociendo sobre esta banda de mercenarios se viene sabiendo gracias a la penosa investigación de algunos profesionales de la prensa y el Derecho.

En momentos en que se quiere conducir la sociedad vasca a base de pactos y componendas más o menos antinaturales. La sospecha de que algunos de ellos implique más de un silencio por razones de Estado aflora como razonable a la espera de que pueda convertirse en evidencia.

Antxon Allende

SEGÚN UN informe publicado por el diario Deia hace cuatro años, entre 1977 y 1983 se contabilizaron 33 personas muertas y 160 heridas por errores circunstanciales de ETA. O sea, una de cada 10 personas asesinadas por ETA lo había sido por error. La organización terrorista difundió, 24 horas después de la matanza del hipermercado de Barcelona, un comunicado en el que reconoce, «de modo acorde con nuestra trayectoria de honestidad», que la «operación» había constituido «un grave error». En el escrito, redactado con el peculiar estilo autolaudatorio de estos orates sanguinarios, se aprovecha el viaje para rechazar las condenas de los «partidos reformistas» y para lavarse las manos respecto a la «responsabilidad concreta» de los efectos de la operación, achacables a «los poderes fácticos», que se habrían negado a desalojar el hipermercado a fin de propiciar «fría y expresamente la muerte de inocentes para luego instrumentalizar la repulsa popular en el marco de sus planes contra ETA». En parecidos términos se ha expresado HB, que, tras manifestar «su más enérgica crítica a este tipo de atentados que conllevan un alto riesgo para la población civil», acusa a la empresa y a la policía de «haber provocado con su silencio una tragedia evitable».La distinción entre unos atentados que serían asumibles y otros dudosos, según que los muertos y heridos lleven uniforme o no, resulta moralmente inaceptable. Pero además hace tiempo que ETA franqueó la barrera entre lo que los propios terroristas consideran atentados selectivos» y aquellos otros «indiscriminados» o que «conllevan un alto riesgo para la población civil». La téc nica del coche bomba, mediante la que se consigue el máximo efecto mortífero con el mínimo riesgo pa ra los activistas, supone aceptar el principio de que no existen víctimas inocentes, o más bien que no por serlo dejan de ser víctimas necesarias. Así lo demuestra la siniestra estadística de los últimos años, plagada de asesinatos de personas culpables de pasar por allí, pero también la Enea argumerital de los portavoces de ETA cuando, tras cada nuevo error, advierten a la población civil de que debe abstenerse de circular por las inmediaciones, de lugrares definidos por esos dementes estrategas corho «objetivos militares de nuestra organización». Los errores fórman parte sustancial de toda estrategia terrorista, cuyo fin específico de amedrentar a la población se cumple sólo en la medida en que sus acciones son indiscriminadas y arbitrarias. Cuando se coloca un explosivo en un supermercado se está invocando al azar como única garantía contra la existencia de «graves accidentes» como el de Barcelona.

Es obvio, por lo demás, que la responsabilidad del atentado resulta exclusiva de los asesin os. Eso no quiere decir, empero, que puedan hurtarse críticas a la impericia policial o a la rutina con que se comprueban a veces las amenazas. Preocupa que tras el antecedente de Tarragona no se adoptaran medidas preventivas mayores, incluyendo el desalojo inmediato del centro ante el aviso recibido. Pero, aldaba sobre aldaba, la torpeza es aún, mayor si se considera la argumentación de la policía, según la cual fue la oposición del director de la empresa el motivo de que no se llevase a efecto el previsto desalojo. Que nosotros sepamos, son el Gobierno y las fuerzas de orden público los que dirigen la lucha antiterrorista, todavía no encomendada al gerente de alguna tienda. No hay duda, a la vista de la legislación española, de, que, en caso de grave riesgo para las personas o bienes, las autoridades están obligadas a asumir la responsabilidad en la adopción de las medidas necesarias, supeditándose a esa obligación derechos, como el de propiedad u otros que pudieran invocarse para tratar de impedir la acción gubernativa. Es cierto que la proliferación de amenazas de colocación de bombas en lugares muy concurridos hace difícil delimitar la frontera entre la seguridad y la provocación de una, alarma permanente que paralice la vida ciudadana. Pero las circunstancias del caso, la reiteración de las Ramadas y el antecedente de Tarragona aconsejaban la adopción de medidas excepcionales, siendo irrelevante la opinión personal del director del hipermercado, que, por lo demás, y según éste, no fue solicitada. Que la responsabilidad política se pretenda sacudir ahora a base de descargarla sobre los mismos ciudadanos víctimas de la acción terrorista es todo un sarcasmo. Y sólo lleva al convencimiento, preocupantemente extendido ya en la sociedad española, de que la única manera de proteger la propia seguridad es contratando agentes de seguridad privados.