El comisario Rodolfo Ruiz es condenado por encarcelar a dos militantes del PP por abuchear a Bono causando la dimisión del Delegado del Gobierno, Constantino Méndez

Lo que ayer salió a relucir durante el primer día de juicio del llamado caso Bono es de una extraordinaria gravedad en la medida en que permite pensar que se han producido en este país detenciones ilegales a manos de policías cercanos al PSOE para presentar al PP como un partido con comportamientos propios de la extrema derecha. Dos de los tres policías imputados reconocieron ante el tribunal que rehicieron el atestado elaborado por un primer equipo de funcionarios para otorgar solidez a su decisión absolutamente arbitraria de detener a dos militantes del PP, acusados de agredir al entonces ministro de Defensa en la primera manifestación de la AVT. Los policías manipularon el atestado para encubrir el hecho de que había habido un primer instructor que, actuando de manera profesional, no encontró indicio alguno de que Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz hubieran cometido un delito. E incluyeron en la diligencia, fechada el 22 de enero, un dato que no conocieron hasta tres días después. Concretamente, que un escolta de Bono había resultado «herido en el transcurso de los incidentes». Con estos datos, lo lógico sería que los agentes fueran condenados. Y que también lo fuera su superior, quien, al parecer, les dio las órdenes -suya sería la frase «si el ministro dice que le han pegado, le han pegado, y eso no se cuestiona»- y que se ha intentado escabullir. Se trata de Rodolfo Ruiz, que estaba al frente de la comisaría de Vallecas cuando apareció la mochila del 11-M y fue ascendido a inspector jefe de la Brigada Provincial de Información tras la llegada del PSOE al poder.

No es fácil escoger el dato más estremecedor de los que ayer salieron a relucir en el juicio por el llamado caso Bono. La sesión fue un ir y venir de mandos policiales denunciando coacciones y acusando directamente a sus superiores de la comisión de delitos. Uno de los subordinados del turbio Rodolfo Ruiz confesó ayer que los jefes de la Brigada Provincial de Información instaron a los escoltas del ministro a rehacer su declaración. ¿La razón? Que al segundo de Ruiz, el también acusado Javier Fernández, la primera versión no le gustaba. De este modo, los escoltas volvieron dos horas después de su declaración con una versión por escrito que incluía dos párrafos nuevos. No fue el único disparate que se conoció ayer. El inspector Heliodoro Cruz -relevado del caso supuestamente por su apatía- declaró que fue sustituido por negarse a detener sin pruebas a los dos militantes del PP.Y no fue el único que denunció coacciones. Otro de los testigos dijo: «El comentario general fue que se había dado orden de que se llevaran a cabo detenciones». Un tercero lo tenía más claro: «Yo tengo un principio de jerarquía y los ánimos estaban un poco calientes. (…) Son situaciones en las que se contraponen los principios». Según avanza la vista, va quedando en evidencia que los mandos manipularon las diligencias para detener ilegalmente a dos ciudadanos cuyo único delito era pertenecer a un partido político.

La dimisión del hasta ayer delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, no agota las responsabilidades políticas a las que debe enfrentarse el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero tras las condenas impuestas a los acusados por detención ilegal de dos militantes del PP. Este episodio, que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid califica como «arbitrario» y «abusivo», es de suma gravedad para una democracia asentada en el reconocimiento de los derechos y libertades individuales. Las afirmaciones de algunos representantes sindicales de la Policía, en el sentido de que irregularidades como las juzgadas son habituales, no hace sino trasladar a todos los cuerpos policiales lo que esta sentencia limita únicamente a tres funcionarios y extender temerariamente una mancha de sospecha sobre el respeto a ley en la actividad policial.

La historia del Estado de Derecho es una lucha continua por equilibrar el poder coactivo del Estado con el derecho de los ciudadanos a su seguridad jurídica. Y este equilibrio saltó por los aires cuando unos concretos funcionarios policiales detuvieron sin motivo a dos militantes del PP que se hallaban cerca del ex ministro de Defensa, José Bono, cuando éste decidió realizar una aparición estelar en una manifestación de las víctimas del terrorismo. Esta es la primera detención ilegal practicada en la democracia española contra militantes de la oposición y el capítulo de responsabilidades políticas no se salda con la dimisión de un amortizado e incompetente delegado del Gobierno en Madrid, a quien los jueces reprochan su conducta (por inveraz y falta de rigor) en párrafos demoledores para un cargo público.

Bien es cierto que la sentencia se limita a sospechar de Méndez como autoridad política relacionada con las detenciones, pero las responsabilidades políticas se rigen por criterios distintos de los judiciales. Aunque esta sentencia sea recurrida ante el Tribunal Supremo, los hechos que declara probados son ya inatacables, y lo que muestran es una confabulación para detener a toda costa a dos militantes del PP, identificados de rebote a través de un medio de comunicación, pese a que ni los vídeos ni las declaraciones de los policías presentes en la manifestación corroboraran su participación en las supuestas agresiones, las cuales son reiteradamente desmentidas por la resolución judicial. Para los jueces, Bono no dijo la verdad.

Por eso, el efecto político de esta sentencia alcanza también al entonces ministro del Interior y actual titular de Defensa, José Antonio Alonso. No se trata de imputarle la inducción material de las detenciones, pero sí de subrayar que, a tenor de la sentencia, su intervención en el Parlamento no se compadeció con la realidad de lo ocurrido, pues Alonso negó categóricamente que se hubiera producido detención ilegal, un hecho ahora probado. Tampoco fueron reales las «amenazas» y el «atentado a la autoridad» contra Bono, que el entonces ministro del Interior exhibió en las Cortes como base para justificar la investigación policial. La sentencia de la Audiencia Provincial echa por tierra toda la línea argumental de Alonso en la Cámara Baja.

No es lícito que se utilice a los jueces o a los policías condenados como cortafuegos de la responsabilidad que impone el ejercicio de un cargo político tan sensible para las libertades y derechos como el de ministro del Interior. Quien en sus tiempos de servicio activo en la jurisdicción fuera, como José Antonio Alonso, un juez especialmente garantista, debería comprender en toda su dimensión la gravedad de lo sucedido y asumir coherentemente su responsabilidad.

El Gobierno debe ser consciente -y el PP debe hacérselo saber firmemente- de que ha hecho fracasar en este triste episodio todos los resortes de defensa de la legalidad democrática que están en sus manos. Primero, con la actuación abusiva de unos concretos funcionarios policiales, porque hubo otros que actuaron de manera ejemplar al negarse a participar en esta trama delictiva. Después, con un fiscal general del Estado predispuesto en todo momento a desamparar a las víctimas de las detenciones ilegales, sólo para no desairar la posición del Gobierno, actuando nuevamente como un abogado de parte y no un defensor del interés general. Unos y otro han vulnerado su deber de amparar a la sociedad y han puesto sus autoridades públicas al servicio de una causa política. Las condenas decididas por la Audiencia de Madrid han puesto fin -por ahora- al juicio penal. Ahora debe empezar el juicio político por unas detenciones escandalosas.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de entre tres y cinco años de prisión a los policías que detuvieron a dos militantes del PP en relación con el acoso sufrido por el entonces ministro de Defensa, José Bono, en una manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo celebrada el 22 de enero de 2005. La sentencia produce la misma impresión de desmesura que ha acompañado a todo este episodio. El recurso presentado por los policías debería permitir dilucidar, de manera más clara que la sentencia, si la no culpabilidad de los dos militantes del PP convierte en culpables de un delito de detención ilegal a los policías.

Hubo desmesura en la actitud de quienes aprovecharon una manifestación de víctimas del terrorismo para atacar de manera desaforada al Gobierno, la hubo en la identificación del PP con la extrema derecha por haber secundado esa movilización y la hubo también en las referencias de portavoces de este partido a «comportamientos propios de la Gestapo» a cuenta de la detención de sus dos militantes.

El motivo central de la controversia en el juicio oral fue la propia existencia del hecho mismo de la detención. La defensa alegó que lo que hubo fue comparecencia voluntaria de esas personas, a requerimiento policial, para prestar declaración tras haber sido identificadas en el vídeo que grabó el incidente. Detención implicaría esposarles, tomarles fotos y huellas dactilares, ingreso en los calabozos u otras medidas que no se dieron en este caso, según la defensa. Sin embargo, la sentencia concluye que hubo detención porque se instruyó de sus derechos a los detenidos y se redactaron unas «diligencias de puesta en libertad», lo que implicaría que hasta ese momento estaban detenidas. Del relato que hace la propia sentencia lo que se deduce es que los hechos se corresponden con la versión de la defensa, aunque hubiera confusión en la forma de tramitar las diligencias.

Relevar al agente inicialmente encargado de las diligencias fue seguramente una torpeza, como lo fue que la Delegación del Gobierno hablase de «imputados» en un asunto en el que no intervino el juez, que es el único que puede imputar; y fue una necedad que el mismo delegado -que ayer dimitió tras conocer la sentencia- augurara que «pronto habrá detenciones», lo que, según aventura el tribunal, «pudo haber influido en el proceder» de los policías. Pero a pesar de todo, parece no ya aventurado, sino sorprendentemente audaz, considerar que no sólo hubo detenciones, sino que éstas fueron «inmotivadas, arbitrarias y abusivas», y que los agentes las practicaron pese a conocer la «antijuricidad de su conducta».

La policía investiga cuando hay indicios de delito. Hubo, como mínimo, intimidación contra el ministro Bono y las personas que le acompañaban, en un clima de evidente hostilidad. Haber dejado de investigar lo ocurrido habría sido una invitación a la impunidad. Por eso era lógico tomar declaración a las dos personas identificadas como posibles participantes en los hechos, como hacen todas las policías de los países democráticos. La declaración no confirmó los indicios y fueron puestas en libertad, tras pasar en total cuatro horas y pico en las dependencias policiales. Convertir este episodio en una prueba de persecución política revela una cierta confusión sobre lo que esas palabras significan. Y resulta hipócrita por parte del PP considerar a los policías condenados simples cabezas de turco que pagan por otros, tras haber pedido para ellos, como acusación particular, un total de 22 años de prisión.

Habría que remontarse a los episodios de la guerra sucia en pleno felipismo para encontrar tamaña desviación de poder como la que reflejan las conductas de los tres agentes policiales que fueron condenados ayer por la Audiencia de Madrid. La gravedad de los hechos es, sin duda, muy inferior a la de los crímenes de los GAL pero la utilización espuria del aparato del Estado tiene esta vez el agravante de dirigirse contra un adversario democrático.

La sentencia recoge lo que había quedado acreditado en el juicio de forma fehaciente: que dos jefes de la Policía detuvieron de forma ilegal, tras manipular las pruebas y mediante un informe falso, a dos militantes del PP a los que se les acusaba de haber agredido al ministro de Defensa, José Bono, durante una manifestación de las víctimas del terrorismo, celebrada en enero de 2005.

El fallo judicial impone una pena de cinco años de cárcel para Rodolfo Ruiz, jefe de la Brigada de Información de Madrid, por sendos delitos de detención ilegal y falsificación de documento público. Y castiga a otros cinco años de cárcel al inspector jefe Javier Fernández, falso instructor del atestado, y a tres años al funcionario José Luis González. A los tres se les inhabilita para cargo público y se les condena a una considerable indemnización por los daños morales a los dos detenidos.

La gravedad de los castigos impuestos por la Audiencia a estos tres policías guarda proporción con su proceder ya que la sentencia estima que las detenciones fueron «inmotivadas, arbitrarias y abusivas». Llega a calificarlas como «detenciones de complacencia» o «mirando al tendido», ya que tenían como finalidad agradar a sus superiores y hacer un escarmiento en las personas de dos militantes del PP.

El caso de Rodolfo Ruiz es muy peculiar ya que este policía fue ascendido tras el 11-M. Era entonces comisario de Vallecas, dependencia en la que apareció la famosa mochila con los explosivos que nadie pudo ver en la estación de El Pozo de la que supuestamente procedía.

Quien no dudó en practicar unas detenciones falsas por razones partidistas, a sabiendas que se habían manipulado las pruebas, bien podría haber contribuido a otra manipulación semejante el 11-M cuando le fue encomendada la custodia de los objetos. Su condena es tan justa como inevitable era la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, el dirigente socialista Constantino Méndez.En este sentido, es digna de encomio la rápida reacción del presidente Zapatero -máximo responsable al final de lo ocurrido- al forzar una renuncia que el aparato del PSOE trataba de eludir. Su actitud contrasta con la del portavoz parlamentario, Diego López Garrido, que elogió al delegado del Gobierno.

Méndez no sólo era el superior de Ruiz. Fue la persona que manifestó que habría detenciones y que aseguró que la Policía disponía de material probatorio contra los militantes del PP. Por tanto, su relevo era obligado. Pero ello no es suficiente porque también el entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso, defendió la actuación de sus subordinados en una comparencia parlamentaria, en la que garantizó que no hubo intencionalidad política en las detenciones.

El actual ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, debería comparecer en el Congreso para explicar cómo se pudieron producir esos abusos que denuncia la sentencia. Y, si su explicación no es convincente, procedería la apertura de una comisión parlamentaria de investigación con Alonso como primer declarante.

Sea cual sea el alcance de las responsabilidades políticas, el fallo de la Audiencia sanciona un grave abuso de poder y alerta sobre los riesgos de la politización de los cuerpos policiales, que tienen que estar al servicio de los ciudadanos y no de bastardos intereses.