EL CONFIDENCIAL publica un editorial de réplica contra el digital de Podemos que dirige Dina Bousselham por su campaña contra José María Olmo

“Hay una parte de esta profesión que ha vivido muy cómoda con las fuentes, teniendo una relación muy estrecha, y que ha perdido la percepción de cuál es su verdadera función”. La frase podría figurar en un manual de Periodismo como aviso para futuras generaciones de redactores, pero suena irónica en boca de José María Olmo (Cartagena, Murcia, 1981), uno de los periodistas de cabecera de las cloacas del Estado y de figuras como el comisario Villarejo. Y es que el actual jefe de Investigación de El Confidencial, que cada semana ocupa horas y horas en las tertulias de radio y televisión, se ha especializado en publicar filtraciones interesadas que después se demuestran falsas en los juzgados. Su obsesión más evidente es disparar contra Podemos.

José María Olmo comenzó su trayectoria en el diario local de su ciudad, El Faro de Cartagena, y en el New Herald de Miami, un medio con vínculos con el Opus Dei y la exclusiva Universidad de Navarra, donde se licenció. En 2004 llegó a Madrid y se hizo un puesto en El Mundo, dirigido entonces por Pedro J. Ramírez, donde firmó informaciones sobre el mercado inmobiliario, entre otros asuntos. Pero pronto decidió especializarse en el llamado periodismo de investigación y se mudó a la sección de Nacional de La Gaceta, después absorbida por el Grupo Intereconomía. Allí permaneció seis años, y cuentan que fue en 2011-2012 cuando empezó a tejer contactos y alianzas con la cloaca policial del PP, con Jorge Fernandez Díaz –imputado en la trama Kitchen– como ministro del Interior. En esta etapa también ejerció de entrevistador en el programa ‘12 hombres sin vergüenza’.

Según varios de sus compañeros de profesión, los excomisarios Villarejo y García Castaño eran fuentes habituales de sus primeras piezas, y le otorgaron cierto protagonismo con exclusivas y filtraciones sobre ETA o el pequeño Nicolás. El joven Olmo no logró destacar como investigador por méritos propios, pero supo ganar notoriedad publicando filtraciones interesadas del círculo de Villarejo. A simple vista el negocio podría parecer redondo para ambas partes: Olmo empezó a lograr notoriedad y un hueco en las bien retribuidas tertulias televisivas gracias a sus titulares escabrosos, y las cloacas del Estado salían beneficiadas porque las piezas del periodista disparaban a sus adversarios.

En palabras del redactor jefe de un diario digital, «Villarejo siempre ha cuidado mucho la parte mediática de todos los chanchullos que ha protagonizado, incluso estando en la cárcel ha orquestado filtraciones que han acabado en portada de muchos periódicos”. “Para ello –añade–, se ha rodeado de una cohorte de redactores que, a cambio de tener acceso a muchos papeles de temas judiciales y policiales de máximo interés, estén dispuestos a maniobrar a su favor siempre que los necesite. Y Chema Olmo ha entrado en ese juego desde el primer momento”.

Desde el Grupo Intereconomía saltó a El Confidencial, donde se ha consolidado como una referencia del «periodista cloaquero». Este término coloquial se utiliza habitualmente entre los periodistas de Madrid para definir a los afines a Villarejo, Inda, etc. Supuestos informadores que no tienen reparos a la hora de publicar cualquier cosa con fines políticos ni escrúpulos para deformar la realidad hasta límites insospechados. En este mismo grupo podrían encuadrarse El Mundo (Esteban Urreiztieta), Vozpópuli (Tono Calleja) y Okdiario (Manuel Cerdán). De hecho, es frecuente que todos estos medios publiquen supuestas noticias con titulares calcados, el mismo día y a la misma hora, un indicador de su intencionalidad y su pertenencia a la pata mediática de las cloacas.

LOS INFORMES FABRICADOS: PISA Y LA DEA

Uno de los objetivos habituales de José María Olmo son Podemos y sus dirigentes. La aparición del partido morado en 2014 y las expectativas electorales que generó (llegó a aparecer como primer partido en votos en una encuesta de El País) activó todos los resortes de las cloacas del Estado, en manos del PP, y se empezaron a fabricar pruebas falsas y documentos que pudieran sembrar la duda en la ciudadanía sobre la financiación del partido y en concreto de su líder, Pablo Iglesias, que empezaba a suponer una amenaza real al régimen bipartidista que se repartía el poder desde la Transición. Para lograr este objetivo, la “pata mediática» era fundamental, es decir: era necesaria la colaboración cómplice de una serie de periodistas que estuvieran dispuestos a disfrazar de noticias esas mentiras fabricadas y, por tanto, a traicionar las reglas  básicas del Periodismo.

A la vista de este recorrido, parece ser que uno de los escogidos fue José María Olmo, que no tuvo problema alguno en publicar a toda página dos de las ‘exclusivas’ más infames que esos días llenaron las portadas de los informativos y periódicos: el informe PISA (por las siglas de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), sobre la falsa financiación ilegal de Podemos con fondos inyectados por Irán, y el todavía más esperpéntico, si cabe, informe de la agencia antidroga de EEUU (DEA), en el que, además de Irán, aparecía el gobierno de Venezuela como soporte financiador del partido. Sus informaciones, incluso, sirvieron de base para que se emprendieran acciones legales contra el partido. Al final, todas esas denuncias fueron rechazadas por los juzgados, pero parece que le dieron la oportunidad a Olmo de estrechar vínculos con fuentes del Ministerio del Interior y de los policías corruptos que supuestamente operaron a la orden de Fernandez Diaz y el Gobierno de Mariano Rajoy.

Pero quizá el caso más paradigmático de lo que Jose María Olmo puede llegar a hacer es el relacionado con el móvil de Dina Bousselham, antigua asistente de Pablo Iglesias a quien le robaron el teléfono en 2015. Una copia de ese terminal apareció en casa de Villarejo, otra acabó en la Policía política del PP y mucha de la información que contenía fue publicada por Olmo en El Confidencial, además de en otros medios como Okdiario. Un informe policial de mayo de 2019 vincula directamente tres noticias de Jose María Olmo con el material robado a Bousselham, lo que motivó que el juez requiriera a El Confidencial toda la información que pudiera provenir del teléfono.

Durante meses, Olmo ha tratado de desviar la atención del robo del móvil, la posible relación de Villarejo –que está imputado en la causa– y la publicación de noticias basadas en el material robado. Su estrategia ha sido intentar implicar y atacar a Pablo Iglesias. “El caso Dina es uno de los más escabrosos de la democracia”, llegó a afirmar en un encuentro digital con lectores de su diario. Hace diez días, en cambio, cuando la Audiencia Nacional corrigió al juez y le otorgó a Iglesias la condición de perjudicado en la pieza que investiga el robo del móvil, Olmo dejó que otros compañeros redactaran la noticia y optó por no hacerse eco de ella.

Algo similar ha hecho en el caso de las denuncias basadas en «rumores» de José Manuel Calvente, donde ha optado por relatar una versión adulterada de la realidad. Como siempre, para mover el foco de la atención mediática donde una vez más sale beneficiado Villarejo.

Su evidente sesgo, su conexión con la Policía política del PP y el hecho de que sus informaciones suelan derrumbarse en los tribunales no han sido un obstáculo para que Olmo siga disfrutando del favor de medios y espacios como la Cadena COPE, El Programa de Ana Rosa o Al Rojo Vivo (La Sexta), que le ceden minutos y minutos de directo en radio y televisión para que siga propagando sus informaciones.

Así, el círculo entre las cloacas policiales, periodistas y algunos medios de comunicación se estrecha cada vez más: personajes como Jose María Olmo da la impresión que dependen cada vez en mayor medida de las filtraciones interesadas, y los filtradores cada vez tienen mayor interés en promocionar a sus redactores de cabecera, provocando el desprestigio de la profesión y la desinformación de espectadores y lectores.

José María Olmo, jefe de investigación de El Confidencial, recibió información filtrada por Eugenio Pino, máximo responsable de la Policía política del Gobierno de Rajoy. Pino era quien daba las órdenes en ese grupo de agentes creado para perseguir a rivales políticos, tal como acreditó una comisión de investigación en 2017. De acuerdo con informes policiales a los que ha tenido acceso LÚH!, Pino facilitaba información a Villarejo, y éste la empleaba para “informar a sus periodistas afines y clientes”, entre los que Olmo ocupaba un lugar destacado.

Según la investigación de la Policía Nacional en las Diligencias Penales 4676/14, las filtraciones de la cúpula de la Policía política del PP a Olmo eran de tal calibre que el periodista llegó a publicar las mismas fotografías que se acababan de incorporar a un oficio “que estaba en un pendrive en poder de Eugenio Pino”. Esas fotos saltaron del pendrive del máximo responsable policial a las páginas de El Confidencial, un “diario también afín al excomisario Villarejo”, tal como señalan las conclusiones de estos informes policiales.

De hecho, la Policía considera que El Confidencial –donde Olmo es el responsable de la sección de investigación– forma parte de la “red” de medios al servicio del excomisario Villarejo, figura clave en las cloacas del Estado. El modus operandi habitual de estos medios, entre los que también figuran El Mundo y Ok Diario, consiste en publicar informaciones falsas por encargo, con el fin de generar presión mediática y condicionar investigaciones judiciales o perjudicar a adversarios políticos, según describen los investigadores de la Policía.

Investigadores de la Policía Nacional han destapado una conexión entre la sociedad editora de El Confidencial y el entramado empresarial del excomisario Villarejo. Un informe policial al que ha tenido acceso LÚH! refleja que Pedro Pérez Fernández de la Fuente, uno de los accionistas fundadores de Titania Compañía Editorial –la empresa que está detrás de El Confidencial–, también tiene intereses en sociedades vinculadas a Adrián de la Joya, el empresario y socio de Villarejo.

De acuerdo con esta documentación, Pérez fue uno de los hombres clave en la creación de la empresa editora de El Confidencial, ya que, través de su sociedad Gdavid Consultores SL, fue uno de los socios fundadores de Titania Compañía Editorial SL. Los investigadores detectaron esa conexión a pesar de que la empresa de Pérez cambió de nombre en al menos una ocasión desde que invirtió en El Confidencial.30

El fundador de Titania, a su vez, también participa en sociedades vinculadas a Adrián de la Joya, uno de los socios clave de Villarejo y de su gran entramado empresarial. A juicio de la Policía, esta conexión podría no ser casual: los agentes destacan que periodistas “afines” a Villarejo, como José María Olmo, trabajan en El Confidencial. Es decir, que este digital tiene entre sus accionistas a un socio relacionado con el excomisario de las cloacas del Estado al tiempo que se beneficia de las informaciones que Villarejo les facilita.

Todos los populismos autoritarios, sean del signo que sean, pretenden el mismo objetivo: reventar desde dentro los derechos y libertades en los Estados de Derecho con sistemas representativos y constituciones liberales. El procedimiento de destrucción de los principios de la democracia se sujeta siempre al mismo esquema: la erosión de las libertades desde el poder. Es lo que ha hecho Donald Trump en los Estados Unidos o Vladímir Putin en Rusia, y lo que perpetran Nicolás Maduro en Venezuela y Viktor Orban en Hungría.

Ocurre también en España a través de la acción corrosiva contra las libertades que impulsan determinados dirigentes de Podemos. En particular Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, Irene Montero, ministra de Igualdad, Pablo Echenique, portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso, y otros dirigentes de la organización que han creado y apadrinan un libelo digital denominado ‘La última hora’ que, dirigido eufemísticamente por una colaboradora directa de Pablo Iglesias, en compensación, seguramente, por otros favores personales, utilizan como punta de lanza para arremeter contra la libertad de prensa, que es la esencial en una democracia, y contra los profesionales de la información que la sirven.

El libelo digital de Podemos es meramente un instrumento de pretendida intimidación a los medios y de linchamiento a periodistas que —como El Confidencial y sus profesionales y, singularmente de entre ellos, el jefe de investigación José María Olmo— publican verazmente informaciones críticas que ponen en cuestión la solvencia y la autenticidad democrática de la organización morada.

Los ataques son aún más graves al provenir de un panfleto bajo el control de un partido en el Gobierno, sometido a las filias y a las fobias, de su máximo líder, el vicepresidente segundo

Esta arremetida contra la libertad de prensa —artículo 20 de la Constitución— y contra el secreto profesional de los profesionales de la información que la protege —artículo 20.1 d y 24.2 de la Constitución—, tratando de desvelar sus fuentes con manifiesta mendacidad, sería menos grave si no proviniera de un panfleto bajo el control de un partido en el Gobierno de España y sometido al criterio de oportunidad, a las filias y a las fobias, de su máximo líder, que es el vicepresidente segundo del Ejecutivo.

Pablo Iglesias, secundado por la camarilla en la que se ha convertido la dirección de Podemos, reclama y proclama el derecho a insultar, señala aviesamente a periodistas que le cuestionan o critican, utiliza información oficial a la que por su cargo tiene acceso para suministrar documentación falsa, mercancía editorial averiada y torticera, a través del libelo que formalmente dirige su amiga Dina Bousselham, y que se ha convertido en una plataforma de difamación en la que el anonimato de las presuntas informaciones que se publican y el sectarismo desaforado de los escribidores que colaboran componen un ejemplo de aparente periodismo que realmente es de naturaleza tabernaria y bronquista destinado a, mediante el ataque brutal, personalizado y falso, inducir al silencio temeroso a medios y periodistas.

Es conocida la auténtica obsesión de Pablo Iglesias por el control de los medios de comunicación. En su concepción, los ciudadanos no militan en partidos sino en el seguimiento de radios, televisiones y periódicos de tal manera que el control de estos se convierte en un objetivo estratégico de sus políticas mediante la coerción sobre sus profesionales independientes —señalándoles pública e inquisitorialmente— y propiciando fórmulas que cortocircuiten la libertad de prensa.

El líder de Podemos y sus adláteres cumplen así con la primera instrucción del manual del buen populista: atentar contra la prensa libre, erosionar su reputación, amedrentar a sus profesionales y amenazar a sus editores y propietarios. Y así se comporta un partido que ostenta cinco ministerios en un Gobierno presidido por el secretario general del PSOE y cuyo líder es el vicepresidente segundo, que es miembro de la Comisión delegada para Asuntos de Inteligencia que coordina los servicios de información, logrando así, en buena parte, lo que le exigió en 2016 a Pedro Sánchez: que el CNI dependiese de una vicepresidencia que él ejercería. Lo ha conseguido.

Es preciso que contra este populismo destructor de Podemos se produzca una reacción mediática, política y social. Está en juego la prensa libre y el entendimiento cabal de la democracia

El libelo de Podemos encaja a la perfección en la categoría de los instrumentos de desinformación que el Gobierno de coalición se ha propuesto combatir mediante la Orden del Consejo de Seguridad Nacional de 30 de octubre pasado que creó una Comisión Permanente que ahora tiene una espléndida ocasión de comenzar a actuar en defensa de libertad de expresión y de la veracidad informativa. Es preciso que contra este populismo destructor de Podemos que atenta, no solo contra las libertades de expresión y prensa sino también contra los fundamentos del sistema constitucional de 1978, se produzca una reacción mediática, política y social porque lo que está en juego con el ataque a la prensa libre y a los periodistas independientes es el entendimiento cabal de lo que significa una democracia. Y hoy son los medios, luego pueden ser las empresas, más tarde otros partidos políticos y, al final, las demás libertades de los ciudadanos.

Por lo que a este diario se refiere —con 20 años a sus espaldas y más de 170 trabajadores, comprometido con el derecho a saber de nuestros lectores y con las mejores prácticas deontológicas de la profesión periodística— nada de lo que diga o haga Pablo Iglesias y Podemos a través de su libelo digital le detendrá en su línea de comportamiento: publicaremos toda información veraz por comprometida que sea para cualquier poder público o de otra naturaleza. Y lo haremos solos o en compañía de los que deseen que en nuestro país no se cumpla el principio formulado por Edmund Burke según el cual «para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada».

Es el momento en nuestro país de situarse en el lado correcto de la historia: contra la intimidación, contra el linchamiento, contra la prepotencia y por la libertad de expresión que es la madre de todas las demás en una democracia digna de tal nombre. El Defensor del Pueblo debería, por eso, ser coherente con su misión porque la intromisión intolerable proviene desde los dirigentes de administraciones públicas. No seremos, en fin, sumisos al silencio gregario que Iglesias y Podemos, a través de su libelo digital, pretenden imponer. Y podrán comprobarlo por si aún no lo tuviesen claro.

Podemos ha decidido recrudecer su ofensiva contra la prensa crítica y ha puesto en marcha una campaña de difamación basada en informaciones falsas o tergiversadas e insultos contra una decena de destacados profesionales de diferentes medios escritos, radiofónicos y audiovisuales.

El denominador común de todos ellos radica en que en algún momento han informado u opinado en contra de las posiciones del partido que dirige Pablo Iglesias. La formación ha desplegado una estrategia de ataque en tres planos, mediático, judicial y político, con el objetivo de intimidar a una nutrida lista negra de periodistas y acallar cualquier voz crítica contra la formación morada.

En el primero de los planos, la ofensiva gravita en torno a una web creada ad hoc por el partido bajo la denominación de La última hora. Esta página, cuya creación fue apadrinada la primavera pasada por el propio Iglesias, se encuentra dirigida por Dina Bousselham, ex asistente personal del líder del partido en el Parlamento Europeo, ex destacada integrante de la formación y protagonista principal de una de las piezas del caso Villarejo. Contra ella y contra Iglesias el juez Manuel García Castellón elevó una exposición razonada ante el Tribunal Supremo por varios delitos. Les acusa de haber simulado el robo del teléfono de Dina por parte de las «cloacas del Estado» en colaboración con un grupo de periodistas para conseguir un rédito electoral en los comicios de 2019. El magistrado debe seguir investigando este asunto tras ordenarle el Alto Tribunal que agote las pesquisas tomando declaración a la propia Dina.

Iglesias dijo al promover la web que «es imprescindible que existan medios como este, que cuenten lo que otros no se atreven a contar y que no dependan de la publicidad de bancos y empresas, sino únicamente de sus socias y socios, porque nosotros y nosotras sabemos bien que quien paga manda».

El nacimiento de esta web, para la que pidió abiertamente dinero Iglesias a los inscritos en Podemos, provocó la inmediata reacción de antiguos dirigentes del partido, como Ramón Espinar, que alertó de lo que se avecinaba: «Usar webs de intoxicación desde partidos en el Gobierno no sólo es una práctica aberrante en la derecha. El papel (constitucional) de los medios de comunicación es mucho más serio que eso. Qué pena da todo». Dina, por su parte, reveló su declaración de intenciones y dijo que se disponían a «mirar de tú a tú a la cloaca mediática». Otros dirigentes como el portavoz de la formación en el Congreso, Pablo Echenique, también advirtieron que el nuevo «medio» iba a ser «temido por los mafiosos de las cloacas y sus brazos mediáticos fake».

El partido no tardó en materializar sus amenazas. Bajo la denominación de «medio de comunicación», La última hora comenzó a publicar noticias falsas contra periodistas a quienes culpa, como dijo la ministra Irene Montero esta semana, de «difundir bulos y noticias falsas, intentando atacar a Pablo Iglesias y a otros líderes políticos con la intención de subvertirla democracia». Sus principales objetivos fueron los periodistas que informaban sobre sus escándalos. Y contra ellos vierten las acusaciones más graves.

La fórmula escogida siempre es la misma. Textos que no van acompañados de la firma de ningún periodista y a los que no acompaña la mínima diligencia periodística exigible. Ninguna de las publicaciones recaba previamente la versión de los afectados. Sirva de ejemplo que una de sus primeras informaciones fue dirigida contra el subdirector de este periódico, Esteban Urreiztieta, autor de numerosas informaciones sobre las cuentas de Podemos y de las revelaciones que desmontaron el caso Dina. La web publicó que había sido imputado por haber intentado perjudicar a Podemos con información falsa. Esa citación jamás existió.

Iglesias había solicitado expresamente su citación como investigado ante el juez junto a otros dos periodistas, argumentando que había publicado una información sobre el denominado Informe Pisa elaborado por la Policía sobre Iglesias. A juicio del líder de Podemos, formaba parte de una conspiración para intentar evitar que llegara al poder.

Iglesias basaba su petición en una noticia aparecida el 14 de marzo de 2016 en este periódico que se hacía eco de dicho informe. Sin embargo, esa información ni fue elaborada por Urreiztieta ni pudo haberlo sido, porque en ese momento se encontraba trabajando en otro medio, concretamente en El Español. Además, ni el periodista ni este medio han publicado jamás información alguna con material procedente del teléfono de su ex asesora, pese a lo sostenido en reiteradas ocasiones por Iglesias. El juez descartó la citación del informador subrayando «el carácter falsario» de los argumentos de Iglesias.

Los ataques contra periodistas a través de esta web han ido acompañados de un señalamiento público por parte del propio Iglesias, que llegó a utilizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa el pasado julio para señalar a determinados profesionales. Irene Montero ha replicado la misma estrategia en sus intervenciones.

El vicepresidente puso sobre la mesa el nombre del presentador de Antena 3 Vicente Vallés, al que tildó públicamente de «cloaquín» bajo el argumento de que «todos estamos sometidos a la crítica y al insulto». A Vallés, al que Podemos ha convertido en uno de sus grandes objetivos a batir, la web de Dina le acusa de «mentir en directo», «manipular» o «disimular cada vez menos su inquina» contra la formación, y lo califica de «héroe de la ultraderecha».

A pesar de las reiteradas acusaciones de Podemos contra los medios de que han publicado información falsa, ningún tribunal les ha dado la razón hasta ahora. En el caso de EL MUNDO, jamás han instado por la vía judicial rectificación alguna.

Podemos también ha señalado entre sus principales enemigos al director de Okdiario, Eduardo Inda, medio que ha publicado numerosas exclusivas sobre Podemos y que destapó, por ejemplo, la compra de la casa de Galapagar por parte de Iglesias y Montero. No obstante, la ofensiva se ha ido ampliando a otros profesionales del periodismo y la virulencia de los ataques siempre sucede a la publicación de determinadas informaciones que afectan al partido.

Así, Podemos ha fijado en su diana a El Confidencial y especialmente a su jefe de Investigación, José María Olmo, autor de numerosas informaciones sobre el proceso judicial en marcha sobre la supuesta financiación irregular de Podemos. También suyas son otras sobre los chats internos del equipo jurídico del partido, en los que los abogados de la formación relataban sus reuniones con los fiscales del caso Villarejo y desvelaban que tenían una estrategia conjunta para intentar atacar a determinados periodistas y medios.

De hecho, estos mensajes desvelaban la intención de Podemos de provocar una entrada y registro por parte de la Fiscalía en Okdiario, rechazada de plano por el juez, para intentar averiguar la fuente que les facilitó los célebres mensajes de Iglesias en los que éste aseguraba que «azotaría» a la presentadora de televisión Mariló Montero. Los chats desvelados por El Confidencial también documentaban la continua filtración de información secreta a los letrados de la formación morada o la supuesta relación íntima entre uno de los fiscales y la abogada del partido, extremo que ha negado el representante del Ministerio Público, que fue apartado de la causa.

En la denominada cloaca mediática la web de Podemos también incluye a estrellas televisivas como el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, con quien recurre directamente al insulto y no duda en calificar de «tirano» o «capitán de la prensa amarilla», y al que pretenden enclavar en la red criminal del comisario Villarejo bajo el único argumento de que se reunió con él. También ha incluido a la directora de El Objetivo de La Sexta, Ana Pastor, entre los objetivos de sus ataques.

De manera más reciente la han emprendido contra el director de La Razón, Francisco Marhuenda, al que han intentado difamar por su labor como profesor universitario utilizando testimonios anónimos y lanzando acusaciones sin pruebas. También han fijado su objetivo en el director adjunto de este periódico Joaquín Manso y la periodista de la Cadena Ser Ana Terradillos.

En su lista negra también enclavan a Susanna Griso y a Ana Rosa Quintana, llegando a asegurar que sus programas están «al servicio de la estrategia mediática del comisario de las cloacas». La munición contra ambas son informes de Asuntos Internos de la Policía que han sido rechazados por la juez y la Audiencia Provincial de Madrid.

La radio tampoco está exenta de los ataques de Podemos. La última hora ha arremetido contra el colaborador de Onda Cero Chapu Apaolaza, al que acusa de «blanquear los escándalos de la Corona», o contra Carlos Herrera, del que dice que «alienta las protesta contra la casa del vicepresidente».