El Congreso aprueba la Ley para las televisiones autonómicas: todas las comunidades podrán seguir el ejemplo de TV3 y tener sus propios canales públicos

LA LEY reguladora de los terceros canales de televisión, los autonómicos, acaba de entrar en vigor tras aparecer publicada en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, estos terceros canales nacen manchados por la sombra de una intoxicación propiciada, a la salud de los uniformismos, desde las proximidades de la Federación Española de Fútbol y de RTVE. Con el polémico tema de la exclusividad que intenta reservarse el señor Calviño para la transmisión de los partidos de la Liga de fútbol, se ha llegado a presentar como una agresión a los espectadores de toda España el hecho de que los canales autonómicos ofrezcan a sus públicos específicos unos encuentros que la propia RTVE no desea poner en antena. Lo que en todo caso es una cuestión de competencia a RTVE desde otros canales que son tan públicos e institucionales como ella misma, y que, cuando se generalicen esas televisiones, ampliará la oferta de programas a todos los telespectadores, se ha vendido como una ofensa a la opinión pública.Aun siendo muy preocupante, el problema de imagen es, de todas maneras, de índole menor respecto a lo que suponen las enormes complejidades que plantea la ordenación del espacio televisivo, dificultades que desgraciadamente no quedan ni superadas ni aclaradas por la ley que acaba -de promulgarse. Para empezar, la ley nace tarde. Como ha pasado y pasa con tantas otras materias importantes, las disposiciones que deben ordenar una parcela salen a la luz con el sector en marcha. La ley reguladora de los terceros canales entra en vigor con un Estatuto vasco que desborda el propio marco de esta regulación, en lo que se ha dado en llamar un cuarto canal, y esta televisión autonómica lleva bastantes meses funcionando diariamente. Paralelamente, el tercer canal catalán ya está organizado y se dispone a iniciar sus emisiones -tras una serie de programas experimentales- saltando por encima de todas las zancadillas que le han puesto RTVE y la Administración central., Por otra parte la ley no cae sobre un vacío: los parlamentos de Vitoria y Barcelona elaboraron hace tiempo sus respectivas leyes definidoras de las características del servicio, y ambos canales están tutulados por sendos consejos rectores electos. Desde este punto de vista,la ley servirá para acotar el camino de los terceros canales de las restantes comunidades, pero no es un instrumento nacido a tiempo para resolver todos los conflictos de competencias que plantea la materia.

Por lo que se refiere al contenido de la ley, los legisladores españoles insisten en el pecado de mantener ambigüedades en los textos finales, y en el de dejar algunas cuestiones importantes para desarrollos e interpretaciones posteriores. Éste es el caso, por ejemplo, de la titularidad de la red. El texto que acaba de entrar en vigor quita de hecho a RTVE la titularidad sobre la infraestructura técnica de enlaces, con vistas, probablemente, a la creación de un ente estatal que pase a coordinar el tema, tal como pactaron en el Parlamento los socialistas y la Minoría Catalana, pero no incluye un pronunciamiento explícito sobre la cuestión. El asunto se complica, además, por el hecho de que la actual red no está regionalizada con los criterios del actual mapa autonómico. El mandato del texto legal estableciendo que las emisiones de las televisiones autónomas no deben rebasar sus límites territoriales, no se pueden cumplir sin una profunda reforma de la infraestructura existente o sin la creación de una nueva red.

El problema de fondo de los terceros canales estriba, con todo, en que nacen para ampliar la oferta pública televisada y para mejorar, desde un punto de vista lingüístico y conceptual, el servicio a los telespectadores de cada comunidad. Al mismo tiempo, deben huir de la tentación de convertirse en los canales privados de las administraciones autonómicas. Pues bien: esos objetivos van a ser especialmente difíciles de cumplir por la escasa ejemplaridad que ha proporcionado en estos terrenos la hermana mayor, RTVE. Y por ese mal precedente, y por lo que supondría de discriminación para los terceros canales respecto a la televisión de Calviño, la ley reguladora que acaba de ver la luz no proporciona todas las garantías que serían deseables. Tampoco establece criterios rigurosos sobre la contención de gastos ni el establecimiento de un clima de realismo presupuestario, otro aspecto imprescindible pero que solo puede tratarse con pies de plomo tras la historia económica de Prado del Rey.

Quizá por este contexto la única polémica que ha calado a nivel popular hasta el momento se ha centrado en el tema de la increíble exclusividad en las retransmisiones deportivas. Éste es un ejemplo en el que RTVE ha dejado sentado que su actual espíritu no incluye ni la cooperación amistosa con los otros canales públicos ni la habilidad gestora, pues al iniciar una política de competitividad de esta índole, en vez de conseguir -conjuntamente con las otras televisiones- buenos precios del mercado (en este caso, de los clubes de fútbol) ha abierto el camino para que pronto veamos a los diversos canales institucionales pujando entre sí, todos con nuestro dinero. En realidad el problema está ahí: difícilmente podemos aspirar a . unos buenos terceros canales cuando el primero, que es la madre del cordero, ha convertido en papel mojado todos los textos reguladores de su independencia, profesionalidad y rentabilidad, Pese a eso, bienvenidas sean las televisiones autonómicas. Por poco bien que lo hagan se convertirán o en un estímulo para RTVE o en su puntilla.