El Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Amnistía que pone en libertad a todos los terroristas de ETA con la abstención de Alianza Popular

Un aplauso largo, vibrante e intenso saludó ayer en el hemiciclo del Congreso de Diputados la aprobación de la ley de Amnistía, que, aunque con algunas limitaciones, coloca una piedra definitiva para la reconciliación entre vencedores y vencidos de la guerra y la posguerra española. Sólo un grupo parlamentario, Alianza Popular, se abstuvo de aplaudir, tras haberse abstenido con los votos.

En el banco azul, todos los miembros del Gobierno (faltaba, entre otros, el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, que se encuentra acompañando a los Reyes en las islas Canarias) aplaudieron ampliamente. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Defensa, teniente general Gutiérrez Mellado, de pie junto al presidente Suárez, aplaudió durante unos segundos y volvió a hacerlo cuando observó las miradas y las cámaras fotográficas pendientes de su actitud.Junto a los perfiles de reivindicación permanente de las fuerzas de la Oposición y de la izquierda, la amnistía aprobada significa un reforzamiento de la política de pacto promovida desde la Moncloa. Con la amnistía posible de UCD, Adolfo Suárez redondea su oferta de credibilidad a las fuerzas de la izquierda, a la vez que deja al descubierto su flanco débil: la falta de respaldo de determinados sectores del Ejército a su política.

El espectáculo de la sesión plenaria de ayer ofreció un abanico de actitudes ante esta delicada situación del Gobierno.

Alianza Popular, coherente con su identificación con la etapa que la amnistía viene a revisar, ha quedado al margen de la medida de gracia, colocándose objetivamente en disposición para una posible regresión política.

Las fuerzas de la izquierda demostraron, por su parte, un espíritu constructivo y su carácter de oposición democrática -no sistemática- al ejecutivo.

La comprensión hacia los condicionamientos que han impedido a UCD dar un paso más para completar la amnistía se tradujo en las palabras de los diputados comunistas y socialistas, que no insistieron más de lo preciso en las deficiencias de la amnistía militar. El voto en contra de Julio Busquets y la presencia en la tribuna de público del ex comandante Otero y de los ex capitanes Reinlein, Ibarra y García Márquez, fue una respetuosa y silenciosa protesta a las limitaciones de la amnistía militar y una aceptación realista de los hechos del momento.

Ni siquiera los diputados del País Vasco, el pueblo más castigado por la represión del franquismo, agotaron el margen de la crítica posible a una época no del todo superada. Antes bien, las palabras con mayor carga de concordia fueron las pronunciadas por Xavier Arzallus.

Por otra parte, ninguno de los diputados aludió a un acontecimiento ocurrido durante la mañana y que sembró de tensión los pasillos de las Cortes: la muerte de un joven por disparos de la Guardia Civil, en un control vizcaíno.

La guinda final a la jornada parlamentaria de la amnistía la puso por la tarde el Senado, que acogió favorablemente la proposición aprobada por el Congreso, en una sesión en la que brillaron oradores como Satrústegui y Francisco Ramos, y en la que Xirinachs anunció su decisión de sentarse en las sesiones ante una amnistía no suficiente, pero satisfactoria. La rúbrica más significativa en la sesión en la Cámara Alta fue, quizá, el abrazo de Justino Azcárate y Joaquín Satrústegui en medio de la sala, entre los aplausos de los senadores. Unicamente se escuchó una exclamación de «¿Y Paracuellos, qué?», en un momento de la sesión.

Las seis abstenciones corresppndieron a los senadores de designación real tenientes generales Luis Díez-Alegría y Angel Salas, almirante Gamboa y señores Arespacochaga y Silva Melero, y al senador del Grupo Mixto, por Zaragoza, Isaías Zarazaga.

Por abrumadora mayoría según se desprende de las cifras arrojadas en las correspondientes votaciones – 296 votos a favor, 18 abstenciones y dos votos en contra, en el Congreso; 196 a favor, seis abstenciones y ninguno en contra en el Senado; en total 192 votos a favor, 24 abstenciones y dos en contra – la amnistía es ya un hecho. Un hecho claro, tajante, convertido en ley de forma inalienable, que expresa la opinión del pueblo español – a través de sus representantes legítimos – con clara rotundidad.

Ya expresamos con anterioridad nuestra actitud, que seguimos estimando razonable y congruente con las actuales circunstancias nacionales, de apoyo a la formulación de una disposición legal favorable a la amnistía. Como expresamos  igualmente nuestro deseo – entroncado con la forma de vida tradicionalmente defendida desde estas páginas a lo largo de toda la historia del periódico – de que fuera una amnistía para la vida, no para la muerte, y así titulamos en su día el correspondiente editorial. Y como manifestamos repetidamente, nuestro espeto y agradecimiento – que seguimos estimando debieran generalizarse por parte de la sociedad española toda – hacia las fuerzas de orden público, encargadas de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, estrictos guardianes de la ley sin derecho a dudar, en su cumplimiento y observación de la vigencia de la misma.

La amnistía, además, ha sido generosa, sin paliativos ni cortapisas restrictivas que merezcan discusión. Se trata de una amnistía que favorece especialmente al pueblo vasco, a cuantos vascos permanecen todavía en las cárceles por distintos delitos. A ellos, pues, y a todos los vascos en general, cabe apelar, una vez cerrado este doloroso capítulo de la vida española, para que colaboren generosamente a su completa normalización, para que procuren que los efectos de la decisión votada en las Cortes, de la ley que desde hoy conforma tan sensible parcela de la actualidad nacional, sirvan de bálsamo reconciliador, de firme propósito de integración y de principio de una convivencia ciudadana sin reticencias ni claudicaciones.

No hay lugar para el paternalismo en la amnistía como no lo hay para una mal entendida tolerancia. Amnistía es una palabra que viene a significar, en la práctica, fuera de su exacta interpretación legal, borrón y cuenta nueva. Sólo así – acaso – puede lograrse una nueva sociedad española sin rencores ni recelos, identificada en un ideal de unidad nacional con respeto de las individualidades; una sociedad con paz, orden y justicia con premisas fundamentales. Y ésa es hoy, día indudablemente histórico para el tiempo nuevo que vivimos, nuestra esperanza y nuestra confianza. Hemos llegado al final de una etapa. Mañana – que ya es hoy – comenzamos otra que debe estar presidida por la concordia y el repudio más absoluto de la violencia. Porque seguimos pensando que la amnistía concedida lo es, esencialmente, para la vida. Para la del país y de los españoles todos.

El Congreso y el Senado, las dos Cámaras que forman el Parlamento de la nueva España democrática, han aprobado la tan esperada y deseada ley de Amnistía. Quedan atrás la torpeza del Gobierno Arias y de su «indulto general» del mes de noviembre de 1975, así como las vacilaciones y cortedades de la ley de Amnistía del primer Gobierno Suárez en julio de 1976 y de su posterior ampliación en marzo de 1977. También las interrogantes sobre si eran o no necesarias e inevitables las salvedades del texto conjunto del Gobierno y la Oposición. Pero hacia adelante ya no quedan argumentos históricos, políticos o morales para considerar abierta la puerta hacia nuevas medidas de gracia del carácter general y de la significación histórica como es una amnistía. De la desafortunada y entristecedora intervención del portavoz de Alianza Popular [Antonio Carro], que con su abstención ha borrado de un plumazo los esfuerzos realizados por el señor Fraga durante las últimas semanas para modificar la imagen de su partido, sólo se puede retener este grano de verdad: la amnistía no puede ser sino una medida excepcional e irrepetible en la vida de una comunidad. Los representantes designados por el pueblo en unas elecciones libres han pasado la esponja sobre la inmensa mayoría de los agravios y de las injusticias cometidas hasta la aprobación de la ley de Reforma Política y los comicios de junio. Lo que ha quedado fuera de esa medida, por muy lamentable que sea el hecho, no debe convertirse en justificación para no considerar cancelada la batalla por la amnistía.A partir de este momento, sólo las anunciadas reformas del Código Penal, de la ley de Orden Público, de la ley de Peligrosidad Social y del Código de Justicia Militar pueden dar origen a la desaparición de responsabilidades penales y a la extinción de las sanciones correspondientes. La reforma del Código Penal de julio de 1976 despenalizó una serie de acciones -la asociación ilícita y la propaganda legal- que perdieron su condición de figuras delictivas, tanto para el futuro como con carácter retroactivo. Es presumible que las reformas del ordenamiento penal prometidas por el Gobierno produzcan el mismo resultado respecto a otros delitos, que dejarían de serlo, o un aligeramiento de las penas para determinados supuestos, del que se beneficiarían los presos sociales. Del alcance y propósitos de la reforma del Código de Justicia Militar dependerá que puedan beneficiarse de la despenalización -lo que resultaría altamente deseable- algunos de los casos dejados fuera de la amnistía.

Tampoco los indultos generales o particulares quedarán fuera de vigencia en la práctica jurídica del futuro, al igual que ocurre en los demás países europeos, si bien es de desear que cese la viciosa costumbre franquista de multiplicarlos (siempre ha complacido a los autócratas desautorizar, con su clemencia arbitraria, a los jueces a quienes se obligaba a aplicar leyes represivas). Pero debe quedar claro y fuera de interrogantes que la amnistía es una medida cualitativamente distinta a la despenalización por reformas del ordenamiento penal y al indulto, que extingue las penas pero no la responsabilidad. Y que la amnistía es un acto excepcional, justificado por la razón de Estado y por la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva de acontecimientos tan cruentos y dolorosos para un pueblo como es una guerra civil -una guerra entre hermanos- y una larga dictadura.

La España democrática debe, desde ahora, mirar hacia adelante, olvidar las responsabilidades y los hechos de la guerra civil, hacer abstracción de los cuarenta años de dictadura. La mirada hacia el pasado sólo debe tener como propósito la reflexión sobre las causas de la catástrofe y la forma de impedir su repetición. Un pueblo ni puede ni debe carecer de memoria histórica; pero ésta debe servirle para alimentar proyectos pacíficos de convivencia hacia el futuro y no para nutrir rencores hacia el pasado.

El sentido periodístico nos propone hoy una disyuntiva clara a la hora de elegir la noticia más destacable: ¿Será la llegada a Madrid de ese prohombre de la Hispania que es Olof Palme a cuyas colectas sacrificadas debemos el mejor apoyo moral y el consejo más desinteresado para dejar atrás la época del consumismo y alcanzar esta hermosa, apacible y próspera era democrática? ¿Será la amnistía el tema dominante? La alegría que nos produce saber que gracias a esta ‘sesión histórica’ – como, con evidente originalidad han coincidido en calificarla, entre otros, Suárez y Camacho – Xirinacs va a descansar, pues ha anunciado que depone la actitud de permanecer de pie en la Cámara, nos mueve a dar primacía a la segunda opción.

En torno a la amnistía, nosotros teníamos un punto de vista, forjado en las claras enseñanzas de un jurista tan insigne como Landelino Lavilla, quien, desde el podium del Ministerio de Justicia, había advertido que las sucesivas medidas de gracia favorecen la impunidad. Sin embargo, respetuosos con todas las ideas, las recientes manifestaciones de Victoria Kent nos han convencido en otro sentido: una amnistía que no comprende a los presos comunes es una medida alicorta y sin efecto alguno reconciliador, ya que, inmediatamente, la bandera pasará a ese otro colectivo. Y no deja de ser razonable que quien roba una cartera o se va de picos pardos con la mujer de su vecino, si ella lo quiere, se considere más merecedor del perdón legal, que los llamados delincuentes políticos, dedicados a matar guardias, a cambio de buenas sumas de dinero. Ciento once funcionarios de prisiones de Barcelona pueden ser ya considerados como los iniciadores de la campaña que – con una lógica que el Gobierno promueve: ahí están los aplausos desde el Banco Azul, y el Parlamento apoya al sancionar ayer la amnistía – va a continuar la anterior, esta vez con pancartas donde se lea la referencia a presos comunes. Camacho, por cuenta del PCE, ha comenzado a enarbolar en su intervención ante el Congreso y antes de que se aprobara esta medida de gracia, la necesidad de otra para ‘los patriotas trabajadores de uniforme’ y los ‘delitos de la mujer, como el adulterio’, etc. Es decir que, al igual que ocurrió con el indulto General de noviembre del 76, la amnistía de julio del 76, y su ampliación de marzo del 77, la Ley, ahora aprobada, no viene a cancelar ningún problema, pues el mismo existirá mientras no se dicte una amplia norma que acoja en su absolución a todos los actos ilegales anteriores y posteriores a ella. Llegaríamos así a la abolición del delito, lo que puede ser un consuelo, pues a lo largo de la historia lo que no se ha conseguido es abolir al delincuente. ¡Y algo es algo!

Felizmente las escrituras se han cumplido, aquello que anunciaron los profetas ha llegado ya. Había un aura bíblica, los preparativos del festín con pan ácimo, el sacrificio del cordero esta mañana en las Cortes. La amnistía ha seguido los avatares de un parto de nalgas con forceps y al final, incluso, ha roto aguas unos días antes de lo previsto para ver si con esto se quiebra de una vez la racha de la dinamita.Hasta ahora, la amnistía para unos era un trauma; y para otros un resorte automático conectado con el gatillo o la mecha. Allí en el hemiciclo, convertido hoy en la escala del sueño erótico de Jacob, se ha procedido oficialmente a extirpar el molesto papiloma de los pies de la democracia. Por este lado del calcañar, al menos, ya no hay motivos para la cojera.

La sesión ha comenzado con una escena que no hubiera dudado en firmar Pilatos. El representante de Alianza Popular ha subido al estrado con jofaina y mandil y allí arriba públicamente se ha lavado las manos, ladeándose de perfil, para que pase esta sentencia del pueblo. Ellos se abstienen. Alianza Popular ha asumido la dura responsabilidad histórica de arrastrar un karma negativo en esta peregrinación conjunta hacia el valle de la libertad; ha proyectado una zona de sombra no razonada, pura víscera orgánica, sobre el mantel de las nupcias. Ha gafado la fiesta, sencillamente. Su triste papel consiste en poder exclamar un día: ya lo decía yo, como una conseja revanchista de abuelo lleno de resabios.

Después han subido los representantes de cada grupo parlamentario a explicar su voto. Y el recinto de las Cortes se ha llenado de sentimientos de la mejor calidad. La cadencia de los oradores era obsesiva. La amnistía ha sido el resultado de un compromiso, excesivamente demorado, sustituido hasta ahora por sucedáneos, retales de perdón vergonzante; liquida una etapa, histórica y abre una nueva era de confianza; ha conseguido un consenso amplio más o menos entusiasta, aunque no da entera satisfacción a todos. Pero no importa, hermano, saque usted el benjamín del sansonite, que vamos a brindar. Hay que decir otra vez que la amnistía ha sido duramente arrancada, como se extrae una muela, de un tirón que ha dejado a algunos con la boca abierta y la quijada dolorida. Resta la sensación de que allí se ha dejado alguna esquirla dentro. Eso se nota. Porque lo que pudo ser una fiesta báquica de purificación por el vino para todos, que esta ronda la pago yo, ha quedado en una alegría de bombilla de sesenta vatios, oriada por el mal fario de un ala de tordo.

El olvido es un sentimiento indivisible, una pasión política unitaria, que obedece a un sentido pragmático, el acto feliz de borrar una pizarra llena de garabatos penales. En el Congreso no ha habido ese sentimiento de unidad indivisible. Todos han hablado bien, Camacho, Donato Fuejo, Triginer, Benegas, Arias Salgado, todos han exhibido una coronaria llena de racionalismo, excepto el señor Carro, que ni siquiera ha cedido a los argumentos del corazón que el cerebro no entiende, pero ha habido un diputado, Arzallus, de la minoría vasco-catalana que ha elevado el tono a una categoría radiante y sus bellas palabras han convertido el sentido común en filosofía socrática, un eco de aquella oración de víscera sangrante, paz, piedad, perdón, que nuestros padres oyeron en una radio de capillita bajo la almohada en las altas noches desoladas de la guerra.

La amnistía ha sido votada casi por unanimidad. Y mientras todos aplaudían esta angustiosa salida del desfiladero, era un espectáculo bastante deprimente ver a los de Alianza Popular con las manos en los bolsillos, puestas a calentar en el brasero de la mal llamada virilidad ibérica. Desde la tribuna de prensa he visto a Santiago Carrillo y a Ignacio Gallego instruirle delicadamente la mano a Pasionaria para que pulsara la tecla del voto. Oficialmente aquella guerra ha terminado con esta caricia a la máquina electrónica.

El diputado y ex ministro de Arias Antonio Carro, a quien muchos veían con el voto en Alianza Popular y el corazón en la UCD se ha soltado dialécticamente la melena en el pleno del Congreso sobre la amnistía. Se diría que el partido neofranquista le ha asignado el papel desempeñado hasta ahora, casi en exclusiva, por un Fraga decidido, por su parte, a cambiar de imagen y volcado en esa operación seducción que le lleva a piropear a Carrillo o a hacer consideraciones ecológicas sobre las margaritas. Con su discurso ante el Congreso, Carro conjugó su papel de malo en todos los tiempos y en todas las acepciones del concepto.

Ya es una lástima que los hombres de Alianza Popular no hayan comprendido la necesidad de asentar el nuevo régimen democrático sobre la efectiva reconciliación entre todos los españoles que ponga fin a la división entre vencedores y vencidos mantenida por la dictadura. Y es una pena que hayan negado su adhesión al texto pactado por todos los partidos, que, especialmente después de las modificaciones introducidas a instancias de la UCD, nadie podría calificar de maximalista.

Pero la actitud de Alianza Popular resulta todavía más incomprensible a la vista de los argumentos aportados por Carro, endebles contradictorios y poco ajustados a la misma realidad histórica. Sólo una lamentable falta de generosidad puede explicar la abstención de los aliancistas, posición en la que, ironías de la política, se han visto acompañados por el único disputado que es considero próximo a los planteamientos de ETA.

De la alusión de Carro a la toma de la Bastilla, lo menos que puede decirse es que fue poco feliz. Cualquier francés – y todos los hombres de espíritu liberal, que ven en la revolución francesa el punto de partida de una nueva era de progreso y libertad – han de sentirse ofendidos por la desafortunada referencia, en la que se transparenta la nostalgia no ya del franquismo sino de la mismísima monarquía absoluta. Carro sabe perfectamente que la toma de la Bastilla es un puro símbolo y que en aquella fortaleza, odiada como alegoría del despotismo, no había más que siete presos, incluidos varios demente y un alocado joven de buena familia encerrado allí a instancias de su aristocrático progenitor. Deducir de aquel acontecimiento la peligrosidad de la amnistía es una inaceptable deducción.