El Congreso de los Diputados crea una comisión para combatir e investigar a las sectas encabezada por la diputada Pilar Salarrullana

UNA COMISIÓN parlamentaria española ha sido encargada de investigar la realidad de determinadas sectas y lo que se esconde tras ellas. La existencia de poderosas organizaciones políticas y económicas que utilizan una fachada religiosa para conseguir adeptos, dinero y establecer cabezas de puente en el interior mismo de las organizaciones de poder ya no constituye una mera denuncia. Ha sido probada en numerosos casos más allá de nuestros confines. Ahora bien, ¿dónde establecer la sutil frontera que separaría una actividad legítima de una que no lo es en el profuso panorama de asociaciones y organizaciones que se ocupan o pretenden ocuparse de la cura de nuestras almas? ¿Por qué el atesoramiento de bienes materiales y de poder a través del pastoreo espiritual es permisible en unos casos y en otros no? ¿Es únicamente una cuestión de siglos de existencia y de número de adeptos?Es dificil saber qué es una secta. Las autoridades linguísticas españolas no le dan significado peyorativo: según su definición, su nombre viene del latín sequi, «seguir», y es la «doctrina enseñada por un maestro y seguida por sus adeptos». Los sociólogos adversos, en cambio, la derivan del latín secare, «cortar»: aquellos que se separan de lo común, que se marginan y se encierran en sí mismos y en torno a una verdad que creen única, con despecho para todas las demás. Se entiende que todos los demás son los que practican sentimientos de índole mayoritaria o dominante. Sectas y contrasectas tienen su origen principal en Estados Unidos. Autores de aquel. país (Robert N. Bellah, McLoughin, Roy Wallis, Wuthnow) coinciden en creer que las sectas tratan de elevar a condición de religiones, con sincretismos de otras establecidas -bíblicos, budistas, animistas-, algunos de los grandes principios del Estado laico: libertad, trabajo, honradez, confraternidad, progreso. El sentimiento histórico de que esos grandes valores han decaído en la civilización ha cristalizado en grupos que los defienden hasta el fanatismo (¿sectarismo?). Sin embargo, frente a la buena fe de una parte importante de dichas asociaciones, oportunistas y vividores de toda laya han utilizado con frecuencia ese fanatismo para medro y enriquecimiento personal. El espectáculo de la guerra de los predicadores televisivos en Estados Unidos es un buen ejemplo de lo último.

El trasplante a España tiene ahora un auge. Puede haber aquí más de 200 sectas muy diversas: no se sabe el número exacto, porque no se admiten a registro en la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, como primer paso de una calificación peyorativa. La última que se denuncia es la de un grupo germánico de 400 personas en La Gomera, y las acusaciones son sensiblemente iguales a las que se hacen contra otras: pederastia (sexo infantil), lavado de cerebros, derecho de pernada, establecimiento de castas. A lo largo de la historia española, estas acusaciones se han realizado contra judíos, heterodoxos de muy distintas clases, iluminados, endemoniados, masones, anarquistas y rojos en general; también el anticlericalismo ha segregado denuncias parecidas contra conventos de monjas, jesuitas o contra el Opus Dei.

Con todo esto hemos llegado a un punto suficientemente oscuro, en el que se plantea la pregunta de si la creación y seguimiento de las sectas forma parte de las libertades de religión, de pensamiento y de palabra, o si la captación desde las escuelas, el lavado de cerebro, los ritos que entran en las costumbres y la vida social, el fanatismo de creencia en una sola verdad, son sólo privativos de esas denominadas sectas. Quizá una comisión de investigación investida de un pensamiento libre y un conocimiento suficiente de lo constitucional pueda arrojar la primera piedra. A condición de que vaya seguida por todas las demás piedras.

Señor director: Yo soy un miembro de la Iglesia de la Cienciología y estoy orgulloso de serlo.
Un estudio de cuatro años hecho por el Gobierno holandés, publicado en 1986, sobre las llamadas ‘sectas’ demuestra que no hay nada malo con las sectas demuestra que no hay nada malo con las ‘sectas’; son meramente religiones nuevas, creciendo en parte con el desarrollo general de la cultura en la civilización.

Este estudio gubernamental y otro hecho por la Universidad de Utrecht confirma que el peligro real no está en las ‘sectas’ sino en las llamadas organizaciones de padres o reacciones salvajes de personas que tienen que ‘salvar’ a los miembros de las ‘sectas’. El estudio holandés condena enfáticamente las prácticas de desprogramación.

Yo creo uqe le vendría bien a la diputada Pilar Salarrullana estudiar la historia de religiones un poco, y encontrará que hace dos mil años una religión nueva, que es muy conocida hoy, estuvo acusada de las mismas cosas que ella acusa a las ‘sectas’ hoy.

Virgilio Castellano Saiz

Durante ocho años dediqué gran parte de mi actividad política como senadora y diputada a estudiar los problemas que, para la sociedad, se derivaban de la actuación de las sectas destructivas y a ayudar a cuantas personas sufrían por esta causa, desde el punto de vista familiar, social y jurídico. Con pena, casi con remordimiento, hace año y medio, abandoné esta tarea; dicho castizamente: tiré la toalla. El motivo no fueron ni las amenazas, ni el miedo, ni el cambio de vida que padecí (tuve que llevar escolta durante dos años).Fueron dos las causas que me obligaron a dejarlo: la cantidad de dinero que me ha costado defenderme en los tribunales de las querellas, cantidad que ni mi sueldo ni mi familia podían ya soportar y, la más importante: la sensación de soledad y de impotencia que me dominaba. Frente a un Goliat superpoderoso, me he sentido como un David que no tenía en sus manos ni siquiera la honda bíblica. Los medios de comunicación me llamaban siempre que surgía la noticia de un nuevo caso trágico provocado por estas organizaciones; daba datos, llenaba páginas escritas, programas de radio y televisión, participaba en debates y luego se volvía al silencio. Organizaciones, instuciones, asociaciones me pedían conferencias sobre este asunto (muchas veces boicoteadas por las mismas sectas), llenaba los salones y después, otra vez el silencio. Alcaldes, concejales, diputados, altos cargos, citaban mis libros sobre el problema como referencia cuando querían quitarse de encima el problema y tras ello, más silencio.

Los ciudadanos a quienes he ayudado, unas veces con éxito y otras sin él me juraban apoyo y agradecimiento eternos. Pero todas estas actuaciones provocaban demandas y querellas en los tribunales por parte de las sectas de las que me he tenido que defender yo sola, porque, pese a las promesas, primaba el «tengo miedo a esa gente», «no quiero recordar el infierno que pasé» o «ella se ha metido en esto voluntariamente, ¡qué se las arregle!».

Y la impotencia ha sido mayor ante la inhibición del Gobierno y del Parlamento. El 17 de febrero de 1986 presenté en el Congreso de los Diputados una moción, consecuencia de una interpretación, que tenía dos propuesta:

1. «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a asumir plenamente la resolución del Parlamento Europeo de 1984 sobre una acción común de los Estados miembros de las comunidades europeas a raíz de las diversas violaciones de la ley cometidas por nuevas organizaciones que actúan al amparo de la libertad religiosa».

2. «El Congreso de los Diputados acuerda crear una comisión de estudio que estudie en profundidad la situación actual de las sectas seudorreligiosas en España y analice las repercusiones de su actividad en nuestra sociedad».

La comisión, formada por un diputado de cada grupo parlamentarlio, realizó un trabajo importante y serio durante un año, y el 2 de marzo de 1989 emitió un informe y 11 propuestas de resolución que implicaban actuaciones para casi todos los ministerios y que fueron aprobadas prácticamente por unanimidad. Estas propuestas no eran la panacea para acabar con la actuación ilegal de los grupos sectarios, eran sólo un primer paso para detener su avance, y la fórmula para alertar e informar a todas aquellas instituciones y ciudadanos que no conocían para nada este problema y podían ser fácilmente sus víctimas; además, serían cauce para ir avanzando en este terreno.

Pero para ponerlas en práctica se necesitaba voluntad política por parte del Gobierno (y no la ha habido) y alguien que se ocupara de seguir su cumplimiento día a día; yo había dejado de ser diputada y nadie ha recogido el testigo. Por eso, cada vez que surge otra vez una tragedia provocada por las sectas, sólo queda repetir por dentro esa frase tan antipática: «Ya lo decía yo…», y la sensación frustrante de un trabajo no terminado por falta de apoyo de quien lo podía haber dado si hubiera querido.