Search
El diario de PRISA calificó al magistrado como un juez 'ególotra' que se las daba de 'justiciero'.

El diario EL PAÍS critica al juez instructor de Filesa, Marino Barbero, que es defendido por el diario ABC

HECHOS

En noviembre de 1992 el diario EL PAÍS dedicó un reportaje de página completa al juez del Tribunal Supremo que instruía el ‘caso Filesa’, D. Marino Barbero.

Entre 1991 y 1992 el Tribunal Supremo designó al juez D. Marino Barbero para instruir el caso Filesa, la acusación al PSOE de haberse financiado ilegalmente a través de las sociedades Filesa o Time Export, que recibían dinero de entidades bancarias (como el Banco Central) a cambio de trabajos ficticios, que en realidad iban a para al PSOE. Lo instruía el Supremo porque entre los responsables de finanzas del PSOE había muchos aforados como el diputado D. Carlos Navarro o el senador D. Josep María Sala.

El caso es que el 13 de noviembre de 1992 el diario EL PAÍS publicaba un fuerte artículo contra el Sr. Barbero acusándolo de ser un juez ‘ególatra’ que iba de justiciero, de tener inexperiencia en la investigación y un talante egoísta, “se cuestiona su cualificación como aplicador de derecho”.

El diario ABC salió en defensa del juez Barbero – a pesar de que ciertamente su instrucción era muy lenta y, igualmente cierto, era su primera instrucción de esa naturaleza por lo que no podía considerársele experimentado – diciendo que “el diario gubernamental” había honrado al Sr. Barbero con el ataque tan desmesurado.

El Sr. Barbero terminaría renunciado a instruir el caso Filesa en 1995 denunciando una campaña en su contra. Sin embargo aunque el artículo de EL PAÍS era un símbolo de esa campaña, no parece probable que tuviera una influencia determinante en su marcha, ese papel lo ocuparon más los dirigentes del PSOE que no pararon de arremeter contra el juez por aquellos días, en especial el presidente de Extremadura, D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que insinuó que el Sr. Barbero había cometido irregularidades en sus propiedades y lo comparó con los terroristas de ETA. La negativa del Consejo General del Poder Judicial a concederle amparo (el CGPJ tenía mayoría progresista encabezada por el Sr. Pascual Salas), terminó por quebrantar la moral del Sr. Barbero, que se retiraría de la judicatura.

13 Noviembre 1992

Un juez ególatra y justiciero

Bonifacio de la Cuadra

BONIFACIO DE LA CUADRA , MadridLa intrepidez justiciera con que actúa en las últimas semanas el catedrático de Derecho Penal Marino Barbero Santos , magistrado del Tribunal Supremo designado por su Sala Segunda para instruir el caso Filesa, es considerada entre los detractores de este polémico juez una consecuencia de su inexperiencia en la investigación penal, aparte de su talante ególatra. A quienes le califican de recién llegado, Barbero -un extremeño de 63 años, padre de cinco hijos- contestaba así ayer, a preguntas de este periódico: «Por sus obras los conoceréis, ea uno es ca uno».

Muchos de sus compañeros aseguran que Barbero estará encantado de la persecución de ue es objeto en los últimos tiempos por los periodistas. Sin embargo, de la carrera de varios vehículos en pos del juez, ocurrida ayer por las calles de Madrid, el magistrado comenta: «Es angustioso. Yo respeto el trabajo de ustedes, pero ahora uno comprende a Isabel Preysler y a otros personajes».Lo ocurrido ayer, según informa Julio Martínez Lázaro, de que el juez del caso Filesa tuvo la humorada de darse una pasada en coche ante la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, cuando era objeto de una implacable persecución por una veintena de periodistas a bordo de media docena de vehículos y una moto, tras salir el Palacio de Justicia a las cuatro de la tarde.

Barbero subió a su vehículo in detenerse frente al cordón de fotógrafos y cámaras de televisión que le había esperado durante toda la mañana. Los periodistas le siguieron expectantes ante la posibilidad de que el juez instructor se dirigiese a la sede el PSOE. Dos horas antes, había vencido el último plazo dado por Barbero para que el partido socialista entregase sus actas y su contabilidad.

El conductor del juez se percató desde un primer momento de la persecución, y tras dar un rodeo para pasar ante la sede del PSOE, aceleró y la caravana se disolvió.

Juez desde la cátedra

Barbero entró en la carrera judicial hace siete años directamente desde la cátedra, gracias a los votos del sector del Consejo General del Poder Judicial propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista. Uno de los entonces consejeros, muy próximo al PSOE, se lamentaba ayer en privado de aquella propuesta como magistrado del Tribunal Supremo del hoy juez del caso Filesa. La razón de la designación fue la de tratarse de un jurista «de reconocido prestigio» y el prestigio jurídico de Barbero es poco dudoso, al menos a nivel internacional. Tiene todos los títulos, preside o vicepreside numerosas organizaciones internacionales de penalistas y está en posesión de gran cantidad de condecoraciones.

En España, su prestigio como jurista es menos indiscutible y, sobre todo, se cuestiona su cualificación como aplicador del derecho y, en especial, como juez instructor. La situación administrativa de Barbero es calificada de «peculiar», según fuentes socialistas, ya que está en la Universidad en servicios especiales, a la vez que se considera en «dedicación exclusiva» a la carrera judicial, que comparte, según él mismo señala, con Ia recepción de lauros académicos por investigaciones anteriores», el último de ellos, la imposición de la medalla de académico de Buenos Aires en la Universidad de Salamanca, el pasado 26 de octubre. Considerado como un hombre de derechas, tiene como principal mérito progresista su vieja dedicación contra la pena de muerte, en plena etapa franquista, cuando eran pocos los que se atrevían a enfrentarse con el sistema. Igualmente, se apunta en su haber la ideología de izquierdas de sus dos principales discípulos -Luis Arroyo e Ignacio Berdugo-, quienes, por cierto, siguen hablando de usted a quien para ellos es «don Marino».

Broncas

Su carácter apacible y conversador -excepto, ahora, para hablar del caso Filesa, del que no dice una palabra- se convierte a veces en crispado y, según quienes le conocen desde hace tiempo, son frecuentes las broncas que tienen como protagonista a Barbero. Una de ellas ocurrió en Roma, en 1982. Barbero había sido designado por el Gobierno de UCI) director del Instituto de Estudios Jurídicos en Roma.

Cuando llegaron los socialistas al poder y se le relevó, su irritación fue tan grande que se quedó con la llave de la sede del organismo y hubo que buscar a un cerrajero para entrar. Otra anécdota de Barbero, ésta en Alemania fue un altercado en un aparcamiento, en el que se le intentó limitar el estacionamiento de su vehículo.

Sus compañeros del Supremo le acusan de no haberse asesorado suficientemente, a pesar de ser la del caso Filesa la primera instrucción que acomete. A éstas y otras críticas, Barbero asegura que no desea contestar: «Yo no digo nada. Me parece fantástico todo lo que oigo. Si no sé, con el paso del tiempo ya aprenderé. Por sus obras los conoceréis. Cá uno es cá uno. Por lo demás, yo soy un viejo demócrata, cosa que pocos pueden decir».

14 Noviembre 1992

El diario gubernamental honra al juez Barbero con un ataque desmesurado

ABC (Director: Luis María Anson)

El diario gubernamental EL PAÍS honró ayer al juez instructor del caso Filesa, Marino Barbero con un ataque desmesurado. Bajo el título ‘Un juez ególatra y justiciero’, el diario adicto arremetió contra el magistrado del Tribunal Supremo y cuestionó su cualificación como ‘aplicador del Derecho y, en especial, como juez instructor’.

02 Octubre 1994

Filesa y compañía

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

EL JUEZ Marino Barbero lleva tres años enredado en una instrucción, la del caso Filesa, de la que no parece capaz de salir. Por si fuera poco, el fiscal encargado del caso le ha ayudado a introduciese en un laberinto indescifrable. La pasada semana, nuevos altos directivos de bancos y empresas fueron citados a declarar como inculpados bajo la acusación de que donaron dinero al PSOE a cambio de unos inexistentes informes.Las donaciones a los partidos no constituyen delito, pero deben hacerse con arreglo a una serie de re quisitos establecidos por la ley. Filesa se ha convertido en un caso en la medida en que esas pautas legales pudieron no ser respetadas; pero es un sarcasmo que se haga responsables de ello, en pie de- igualdad con los dirigentes socialistas que presuntamente propicia ron la irregularidad, a los responsables de las empresas acusados de realizar la donación. Y si se considera que el requerimiento de ayuda financiera a fondo per dido por parte del poder político se aproxima más a un chantaje que a una petición amistosa, los banqueros y empresarios habrían sido las víctimas, no los beneficiarios, de esa presión.

La inculpación de los donantes sólo tiene sentido si se considera que, por propia iniciativa, intentaron sobornar al poder político para obtener algo a cambio. Nada en el asunto de Filesa indica tal cosa, pese a los intentos de algunos personajes por sembrar dudas al respecto. Y resultaría muy chocante que mediante la carambola de Filesa puedan llegar a ser acusados de apropiación indebida banqueros caracterizados por una gestión ortodoxa y honesta, al tiempo que financieros que arruinaron sus empresas mientras se enriquecían personalmente circulan por el escenario nacional sin que ningún fiscal se interese -que se sepa- por sus casos.

Los directivos de las empresas que supuestamente dieron dinero deben declarar lo que sepan sobre el asunto a fin de dilucidar su alcance. Ya lo hicieron, como era lógico, en calidad de testigos. Declararon que los supuestos informes no se encontraban en su poder, eufemismo equivalente a admitir su inexistencia. Poco les habría costado presentar algún papel preparado ad hoc para evitarse preocupaciones. No lo hicieron. Resulta irónico que por ello ahora sean convocados como inculpados.

Una de las asignaturas pendientes de la transición democrática en España es, casi dos décadas después, la financiación de los partidos. Desde sus primeras andanzas recurrieron a métodos irregulares. Desmesuradas burocracias internas y gastos electorales fuera de control han convertido a los partidos en sacos sin fondo que han apelado a todo tipo de irregularidades: comisiones por obras, donaciones bajo fórmulas que rozan la extorsión, autoconcesiones, créditos fallidos que no se ejecutan, etcétera.

La comisión del Congreso para estudiar la financiación de los partidos tiene ante sí una tarea capital a fin de que la corrupción no se instale definitivamente en nuestra vida política. Seguramente es más importante para el futuro resolver la asignatura pendiente de un marco legal y transparente de financiación que enfangarse indefinidamente en averiguar quién se en lodó más en el pasado. El reconocimiento por Roca y Arzalluz de que todos los partidos se financiaron irregularmente extiende esa consideración al conjunto de fuerzas parlamentarias. Todas están representadas en la comisión del Congreso. Es el marco adecuado para crear un sistema que garantice la transparencia y el control público. Es una responsabilidad que recae es pecialmente sobre PSOE y PP, porque son previsible mente los que gobernarán el país por muchos años. Nada tiene que ver esto con la impunidad de los presuntos delitos cometidos en los años anteriores, puesto que algunos de los casos más notorios de corrupción ya están en los tribunales. Los jueces se encargarán de dilucidar quiénes y cómo establecieron las vías para obtener dineros al margen de la ley. Claro que si la instrucción sumarial sigue el último derrotero amenaza con sentar en idéntico banquillo a chantajistas y chantajeados. Tendremos así otro macroproceso en ciernes, que confundirá a los ciudadanos y reducirá aún más su confianza en la justicia.

by BeHappy Co.