El diario EL PAÍS publica los ‘papeles del CESID’ de Perote sobre los GAL y enfurece a sus competidores EL MUNDO y a la COPE

Los 20 papeles del Cesid que hoy publica EL PAÍS corresponden a la transcripción que de ellos hacen los jueces Garzón (18), Gómez de Liaño (1) y Justo Rodríguez (1) en los autos remitidos al Gobierno en su día para pedir su desclasificación. Son fruto de la requisa que practicó Garzón en la celda que el coronel Perote ocupa en la prisión militar de Alcalá de Henares. Ignoramos si tales documentos son auténticos o no, es decir, si corresponden fielmente a papeles elaborados por el servicio secreto español. Lo que sí sabemos es que la petición de desclasificación de los instructores se refiere a estos papeles concretos. La decisión está en manos del Tribunal Supremo, que habrá de pronunciarse en breve.Al publicar estos papeles, íntegramente y de una vez, EL PAÍS intenta, ante todo, acabar con cualquier pretensión de administrar a conveniencia la agenda política mediante la difusión dosificada de informaciones o documentos comprometedores. El diario El Mundo publicó ayer cinco de estos papeles y anunció nuevas remesas para días sucesivos. Pues bien, aquí están todos. El «muy intenso trabajo de investigación periodística» a que aludía ayer ese diario consiste en ser recipiendario de una filtración. Que la fecha de difusión se elija en función de otro sumario, el del caso Banesto, que ayer vivió una jornada singular -sobre todo por haber sido imputado en el mismo Mariano Gómez de Liaño, abogado y supuesto socio de Conde en sus operaciones-, es una sospecha no probada, pero en absoluto carente de fundamento. La evidencia de que otro abogado de Mario Conde intentó chantajear al Gobierno amenazando con la publicación de informaciones supuestamente comprometedoras si no se cumplían determinadas exigencias del ex banquero y la efectiva publicación de algunas de esas informaciones, siempre en el mismo medio, avalan esa sospecha.

Al margen de ese aspecto, la publicación de una primera entrega y el anuncio de la difusión por capítulos del resto nos dispensa de cualquier reserva sobre el contenido. Eso de que la vida política del país -y sus derivaciones judiciales- tenga que girar en tomo a las conveniencias o los caprichos de un medio de comunicación nos parece estrafalario: una estrategia de la tensión en fascículos. Si un periódico dispone de informaciones veraces (o al menos contrastadas) cuyo contenido es de interés general, que las publique. Eso es lo decente. Lo otro, dosificar las informaciones con la pretensión de marcar el calendario, es utilizar el poder de la prensa para fines diferentes a los de la información.

Ante al caso GAL ha habido diversas actitudes. Algunas personas -políticos y periodistas- pidieron combatir a ETA con todos los medios, sin excluir los de la guerra sucia, y diez años después denunciaron que les hubieran hecho caso. Otros estuvieron en contra de la guerra sucia antes, durante y después de que los GAL asesinaran a 27 personas; EL PAIS pertenece sin ningún género de dudas a este segundo grupo. Cuando la escalada de crímenes de ETA se doblaba con la de los GAL, lo denunciamos y hubo gobernantes que se querellaron por ello contra nosotros. Tras la resurrección mediática y judicial del caso GAL, a partir de diciembre de 1994, seguimos pidiendo el esclarecinminto de las responsabilidades que resultasen de los nuevos datos, pero nos negamos a seguir a quienes trataron de utilizar el asunto como arma de deslegitimación del sistema.

El caso GAL está en los tribunales. Ellos habrán de decidir si desclasifican o no los papeles del Cesid, que, desde luego, no son el único elemento incriminatorio que aparece en el sumario. La mayor o menor fuerza probatoria de los mismos es una cuestión discutible que en todo caso corresponde dilucidar a los tribunales. Los jueces que investigan los sumarios principales del caso GAL los incluyeron en los autos y pidieron que se levantara el secreto por considerarlos decisivos. Los ciudadanos tendrán ocasión ahora de conocer su contenido. Íntegramente y en su conjunto. Ojalá que los tribunales decidan zanjar cuanto antes este asunto, estableciendo las inesquivables responsabilidades penales de un episodio cuyo fantasma sigue envenenando. la convivencia de los españoles; y que al hacerlo acaben también con los fantasmas que intentan utilizarlo para reescribir su propia biografía.

Ayer por la mañana, el titular de la cartera de Defensa, Eduardo Serra, admitió que lo publicado el lunes por EL MUNDO se corresponde con los papeles que están en los archivos del CESID.

Aunque Serra sólo se refiera a lo publicado por EL MUNDO también el diario EL PAÍS sacó ayer en sus páginas los papeles del CESID. No tendríamos nada que objetar – al contrario – si el móvil del periódico en cuestión fuera poner en conocimiento de la opinión pública esos documentos clave. Pero EL PAÍS ha justificado su publicación con una alegación verdaderamente sorprendente: “Al publicar estos papeles, íntegramente y de una vez”, escribía ayer en un editorial “El PAÍS intenta, ante todo, acabar con cualquier pretensión de administrar a conveniencia la agenda política mediante la difusión dosificada de informaciones o documentos comprometedores”. Una pretensión que, acto seguido, atribuía a EL MUNDO.

Vayamos por partes.

La práctica periodística consistente en publicar en forma de seire de artículos sobre materias que abarcan muchos aspectos o son muy extensas no tiene nada de estrafalaria, y menos de indecente, como sostiene EL PAÍS. Tampoco la hemos inventando nosotros, desde luego. Por poner sólo un ejemplo, que ya es historia: The New York Times dio a conocer los célebres papeles del Pentágono en una muy larga serie de artículos. En realidad EL PAÍS también ha publicado series: el pasado noviembre, sin ir más lejos, cuando dio cuenta del resultado de la comisión rogatoria en Suiza sobre el caso Banesto. En esta ocasión ha optado por servir a sus lectores todos los papeles del CEISD en una sola pieza de problemática digestión. Allá él. Tal vez no tenía mayor interés que pudiera digerirse bien.

Por entregas o en dosis única, lo que no puede hacerse es presentar la información adulterándola. Y EL PAÍS lo hizo ayer. Se sacó de la manga que los papeles avalan que ‘Pte’ quiere decir ‘pendiente’ y no ‘presidente’. Lo que los documentos avalan es que cuando Manglano quería escribir ‘pendiente’ lo hacía con todas las letras. Peor aún: EL PAÍS tituló: “Ningún papel del CESID menciona a los GAL’ Y reprodujo dos documentos (el 12.01 y el 13.m) en los que aparecen cuatro veces las siglas de los GAL y se habla de la fabricación por el CESID del sello de los GAL.

EL PAÍS no tiene empacho en asegurar que EL MUNDO no ha hecho ningún trabajo de investigación periodística para hacerse con los papeles. Sostiene que ha sido mero recipiendario de una filtración. Nosotros sostenemos que nos ha costado más de un año lograrlos y que procede de varias fuentes. A cambio, quien sí ha sido recipiendario de una filtración fulminante y muy interesada, es EL PAÍS. Alguien le ha hecho llegar los papeles al iniciar EL MUNDO su publicación. Así debe ser porque, si no habría que deducir que los tenía y loes estaba ocultando.

Insinúa EL PAÍS que EL MUNDO ha publicado los papeles para ayudar a unos ex colaboradores de Mario Conde, cuyo destino nos es, salvo por lo que les une al resto de la raza humana, perfectamente indiferente. No sól ose trata de una pura especulación, sino también de una especulación absurda. Lo que esos señores afrontaban era una actuación judicial, que no se vio en nada alterada por lo publicado en EL MUNDO sobre los GAL . A cambio, el modo en el que EL PAÍS ha presentado los papeles sí tiene claros beneficiarios: los inculpados en los procedimientos judiciales de los GAL, en cuya defensa sale. Así lo vino a admitir implícitamente ayer Joaquín Almunía que condenó la publicación de esos documentos en EL MUNDO, pero alabó la hecha por EL PAÍS

El hecho objetivo e incontrovertible es ése: que EL PAÍS ha estado siempre, y está, en perfecta sintonía argumental con los acusados por los crímenes de los GAL. Y que hace lo posible por desprestigiar a los jueces que quieren aclarar esos crímenes y castigar a los culpables. EN tanto que EL MUNDO ha hecho sistemáticamente lo contrario. Así de sencillo.

En un editorial publicado ayer, el diario EL MUNDO aplicaba a sus heridas más recientes un bálsamo consistente en establecer ciertas diferencias morales entre la publicación de los papeles del Cesid iniciada por este periódico el lunes y la realizada el martes por EL PAÍS. De entrada, ese diario justifica la publicación de tales papeles por entregas argumentando que es práctica corriente hacerlo así cuando el texto en cuestión es muy extenso. En su apoyo recurre nada menos que al antecedente de The New York Times, que en 1969 publicó en «una muy larga serie de artículos» los famosos papeles del Pentágono.Se comprende que lo hiciera así, porque tales papeles constaban de unos 7.000 folios…

Ese diario dice que EL PAÍS «adultera» el contenido de los papeles al decir, por una parte, que en ellos no se menciona a los GAL y, por otra, que su lectura avala la hipótesis de que la abreviatura incluida en la famosa anotación de Manglano «me lo quedo, pte. para el viernes» significa pendiente y no presidente. Los dos documentos que cita ese diario en apoyo de su primera acusación no son del Cesid, sino del juez Garzón, que es quien, efectivamente, escribe cuatro veces las siglas GAL. Respecto a la segunda acusación, ese diario sostiene que «cuando Manglano quería escribir pendiente lo hacía con todas las letras». La nota de despacho es del 28 de septiembre, miércoles. Hay en los papeles otra anotación manuscrita, en la hoja de despacho de 25 de abril de 1984, que dice: «Pendiente para el 27.4». El 25 era miércoles, y el 27, viernes. La deducción lógica es que los miércoles leía ciertos documentos, algunos de los cuales dejaba para despachar el viernes. ¿Con quién? Hay una tercera nota manuscrita de Manglano que dice: «Pendiente. No hacer nada sin mi autorización». Corresponde al 24 de octubre, también miércoles. El tono taxativo de la orden parece indicar que su destinatario era un subordinado, tal vez el coronel Perote. En todo caso, no parece lógico pensar que fuera el presidente del Gobierno.

Molesta a ese diario que EL PAÍS ponga en duda que el origen de los papeles fuera «un muy intenso trabajo de investigación periodística», y reitera que para conseguirlos han necesitado «más de un año». Todas las letras y hasta los signos de puntuación de la totalidad de los papeles cuya publicación por capítulos inició ese diario el lunes pertenecen a los autos de los jueces Garzón (18 de los 20 papeles), Gómez de Liaño y Justo Rodríguez en los que piden su desclasificación; esos autos fueron redactados la pasada primavera; luego hablar de más de un año resulta ridículo. Y un pelín heroico considerar que lo suyo es intenso trabajo de investigación, y lo de EL PAÍS, el resultado de «una filtración fulminante y muy interesada».

También considera ese diario que es absurdo insinuar cualquier conexión entre la publicación de los papeles y los intereses de Mario Conde. Es cierto que no hay pruebas; sin embargo, cabe recordar que el director de ese diario argumentó en su día que lo que daba credibilidad a las declaraciones de Amedo y los demás acusados era que conformaban «una versión coherente en la que cada pieza encaja con las demás», mientras que el Gobierno de González había sido incapaz de aportar cualquier explicación alternativa mínimamente coherente. Éste fue precisamente uno de los principales argumentos de EL PAÍS en su denuncia de la guerra sucia a mediados de los ochenta: cuando los GAL mataban.

Ese diario tampoco ha sido capaz de presentar una explicación alternativa a la que se deduce lógicamente de la concatenación entre la existencia de unos papeles robados por Perote su utilización por un abogado de Conde como elemento de chantaje contra el Gobierno socialista, exigiendo impunidad y dinero para impedir su difusión, la publicación de algunos de esos papeles en EL MUNDO y la sistemática defensa en sus páginas de la tesis mariocondista -de él, de sus hagiógrafos y de sus empleados disfrazados de economistas independientes- de la intervención política de Banesto.

En fin, ese diario concluye afirmando que EL PAÍS ha estado siempre «en perfecta sintonía» con los acusados por los crímenes de los GAL, mientras que el periódico dirigido por Ramírez «ha hecho sistemáticamente lo contrario». Cuando los GAL mataban, ese diario no existía, luego difícilmente pudo estar en contra entonces, como, desde luego, lo estuvo EL PAÍS. Y se conservan artículos de Ramírez y editoriales de periódicos dirigidos por él que revelan su actitud, como mínimo ambigua (con benevolencia), respecto a la posibilidad de emprender acciones directas contra los etarras en Francia. En cuanto a la actitud del periódico de Ramírez respecto a los acusados de organizar la guerra sucia, muchas veces ha estado en contra, pero otras ha cambiado el tono si los acusados, y aun condenados en firme, se mostraban dispuestos a colaborar con ese diario en el sentido deseado por su director. ¡Qué desnudez!

PRIMER ACTO – Objetivo, Suárez

Suárez recuerda que fue la tarde del miércoles 22 de febrero de 1995. El coronel Perote se preparó para entrar en operaciones, como en sus viejos buenos tiempos. Se acomodó sus sempiternas gafas oscuras Ray Ban y salió hacia el hotel Ritz, en la madrileña plaza de la Lealtad. Como en sus clásicas aventuras de espionaje, debía buscar a una persona: su contacto era Pedro J. Ramírez, director del diario EL MUNDO. Ambos debían recorrer unos cincuenta metros, detenerse en el número 4 de la calle de Antonio Maura y subir a la planta primera. Es el despacho del ex presidente de Gobierno, Adolfo Suárez. Este fue, como es su estilo, afectuoso. Les invitó a tomar asiento en un tresillo de piel de su despacho y abrió los oídos.

Perote y Ramírez estaban fabricando una de las primeras piezas de un puzzle que todavía está por terminar de armar. El día 20, EL MUNDO había lanzado su caña de pescar. El anzuelo iba dirigido a Suárez. El Cesid, decía su información sin la menor prueba, busca testigos falsos para atribuir la creación de los GAL a UCD.

De modo que dos días más tarde, el 22, Perote y su compañero estaban frente a Suárez. El coronel le informó que durante una visita suya como presidente del Gobierno al Cesid, en 1978, se había grabado con micrófonos ocultos todo lo que se había dicho durante la reunión. El diligente coronel le puso la cinta a Suárez en su despacho y mientras los tres la escuchaban le explicó que la misma era de gran valor. Sí, aseguró Perote ante un atónito e indefenso Suárez.

-Esto vale oro, porque tiene espacios en blanco, que se pueden rellenar sin problema.

Miró Perote, ya sin sus Ray Ban, a Suárez.

-Presidente -dijo el coronel- están montando una operación para desacreditar a todos los Gobiernos anteriores.

Hábil jugada. Si llegas a Suárez tienes una ventaja. Porque él, si lo considera importante, abre otras puertas inmediatamente. Suárez habló con Felipe González. Más tarde le llamó el vicepresidente Narcís Serra, y, poco después, Emilio Alonso Manglano, director del Cesid. Éste pensó a bote pronto que el autor de la filtración era el coronel José Luis Cortina, pero pronto supo que no era así. Los contactos con Suárez permitieron a Manglano sacar la conclusión: se trataba de Juan Alberto Perote, el ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid.

La tierra se abrió para Manglano. El era el custodio de un secreto que le carcomía desde hacía un par de años. Perote -o Alberto K.- se había llevado unas 1.500 microfichas con más de 5.000 documentos del servicio secreto. Pero Manglano no informó a nadie. Cuando llegó, pues, a la conclusión de que Perote había visitado a Suárez, se fue a ver al ministro García Vargas y se confesó.

SEGUNDO ACTO – El mariscal Conde

El abogado Santaella llevaba desde el 9 de enero de 1995 en la nómina de Mario Conde. Se estrenó ese día con un artículo sobre los GAL, en las páginas de opinión de EL MUNDO, en el que asesoraba a José Barrionuevo. «Barrionuevo se equivoca cuando acude a plaza de Castilla a defender su honor o a la calle Génova a pedir ser interrogado, con la esperanza secreta de terminar ante el edificio de la plaza de las Salesas. Su tribunal está en la Carrera San Jerónimo». Según Santaella, los problemas de los GAL debían enmarcarse en los delitos contra la Seguridad del Estado, previstos en el artículo 102.2 de la Constitución.

La misión confiada por Conde a Santaella era procesar el material extraído por Perote del Cesid, sobre todo las informaciones sobre los GAL. Si esto constituía la pólvora, todavía faltaba algo muy importante: el cañón. Esa era labor de Pedro J. Ramírez y su periódico. El mariscal para dirigir la batalla: Mario Conde. Su ayudante de campo: Mariano Gómez de Liaño.

Santaella sembró a partir de febrero de 1995 en el campo abonado de Barrionuevo, afectado por el sumario Segundo Marey. Los encuentros tuvieron lugar en un despachito muy propicio: el de la Comisión Constitucional del Congreso, en la calle de Cedaceros, que presidía Barrionuevo. ¿Qué mejor? Finalmente se trataba de defender a la Constitución contra viento y marea. Un encuentro entre Conde y Barrionuevo, el 24 de febrero, formalizó las cosas. Y en otro ámbito, para hacer despliegue de tropas, el mariscal atraía a su terreno a otro financiero con problemas judiciales: Javier de la Rosa. Los días 22, 25 y 26 de febrero se vieron Conde y De la Rosa. Se reunieron largas horas esos días, con parejas incluidas, y se hicieron la foto.

Lo que Conde quería era, decían Santaella y Mariano Gómez de Liaño, un pacto razonable. El juez García-Castellón debía ser apartado del caso Banesto y su lugar lo ocuparía el juez Miguel Moreiras. También se hacía necesario reparar el presunto error de la intervención con 14.000 millones de pesetas y suspender las inspecciones fiscales en marcha contra personas que no tenían que ver en la causa. Se referían a Mariano Gómez de Liaño.

Pero ni Barrionuevo, ni Suárez, a quien Santaella y Conde visitaron cada uno por su lado, lograron hacer ver lo razonable de las peticiones a sus interlocutores. Fue Suárez quien primero recibió de Santaella un amplio documento. Los horrores de los GAL según la información del Cesid robada por Perote. El ex presidente informó a González. Pero nada.

El 23 de abril de 1995, dos días antes de que la comisión permanente del Consejo del Poder Judicial decidiera sobre el mandato de García-Castellón, Santaella y Conde se pusieron algo más nerviosos. Decidieron repetir la operación hecha con Suárez. Santaella visitó a Barrionuevo en su despachito del Congreso y le entregó siete folios de conclusiones. Se citaban, con lenguaje jurídico, diversas operaciones de los GAL y había referencias a anexos documentales de varios cientos de páginas. Barrionuevo se lo entregó a Serra el 24 de abril. Y la comisión permanente primero, y el pleno después, apoyaron la renovación de García-Castellón. Todo esto a pesar de que Santaella publicó el 25 de abril un artículo en EL MUNDO, sin decir a pie de página que era abogado de Conde. Pedía la separación de García-Castellón y… que el juez Moreiras llevase el caso. Otra vez nada.

TERCER ACTO – ¡Bum!

Después de contactos entre Santaella y el ministro Belloch, entre abril y junio de 1995, Conde ya no sabía qué hacer para persuadir al Gobierno. Una parte de su material, según Perote, ya había sido utilizado en el pasado. Se refería a cintas magnetofónicas de políticos y hombres de la jet. Había que hacer una exhibición de fuerza. EL MUNDO debía, ahora, entrar en acción. El lunes, día 12 de junio, estalló el escándalo de las escuchas. Y Conde, a través del citado periódico y otros consejos, como los de Suárez, consiguió persuadir a González. El 23 de junio, Santaella fue conducido por Belloch hasta el presidente del Gobierno en el palacio de la Moncloa. Fuera García-Castellón, 14.000 millones, Moreiras, reparación, paz. En vano.

Nuevos contactos en Moncloa. Santaella y Mariano Gómez de Liaño intentaron persuadir a José Enrique Serrano, director del Gabinete de Presidencia. Pero durante las conversaciones comenzó el bombardeo a través de EL MUND con información del Cesid sobre los GAL. Verano del 95, verano violento.

En septiembre el periódico, que sabe a conciencia que uno de los documentos registra una nota manuscrita de Manglano que dice Pendiente para el viernes,decide aprovechar el hecho de que en un estadillo se pone Pte. para apuntar a González. En el documento entregado por Santaella decía Pendiente para el viernes, para despachar entre Manglano y el entonces ministro de Defensa Narcís Serra, en 1983. Ahora en septiembre de 1995, como Serra ha dimitido, Perote, Conde, Santaella y El Mundo lo tienen fácil. ¡Eureka! Pte es Presidente del Gobierno.

El mismo mes, septiembre, lo que hace Conde no es chantaje.

CUARTO ACTO – Crisis

Perote, el hombre que guió los movimientos de Pedro J. Ramírez y de sus investigadores del caso GAL a través de cartas secretas dirigidas desde la prisión, vía Santaella y firmadas con el seudónimo Viriato, está de capa caída. El hombre, que nutrió al periódico durante largos meses es amortizado en el balance de EL MUNDO. El 23 de septiembre de 1996 «cada vez parece más claro que el móvil de Perote no ha sido el arrepentimiento o la voluntad de cooperar con la Justicia. Si se llevó cientos de documentos del Cesid fue porque tenía otros motivos mucho más oscuros, como lo prueba el hecho de que parte de estos papeles fueran objeto de una negociación mantenida entre Conde y González». El 1 de octubre: «A EL MUNDO le da igual el coronel Perote: ha demostrado que es un personaje turbio».

Días después, el 13 de octubre, Pedro J. dice sobre la relación Conde-González: «¿Qué es lo que media entre la ya de por sí tan incriminatoria como insólita decisión de González de recibir en la Moncloa al abogado de Conde y Perote y la ruptura de negociaciones, la denuncia del chantaje y el invento de la teoría de la conspiración? La clave está en que González llega a la conclusión de que nada de lo que aparece en los documentos tiene la entidad y concreción suficiente para cambiar su horizonte penal». Un día después, el periódico afirma que «nadie duda de que el coronel fuera hombre ambicioso y sin escrúpulos».

La escuela de periodismo de Chicago afirmaba que la información, si es veraz, es lo único qué cuenta. Que las fuentes no tienen ninguna importancia. Es posible que incluso esto ya no sea hoy así. Pero esta es la crónica del compromiso con una banda perseguida por la justicia. No es, por tanto, la del periodismo de investigación.

DOS JUZGADOS de la Audiencia Nacional, de los que son titulares Javier Gómez de Liaño y Baltasar Garzón, han abierto diligencias Para determinar el origen de la filtración a la prensa de los llamados papeles del Cesid. Nada que objetar a esta decisión, salvo que resulta tardía. Desde que en diciembre de 1994 se reabrieron los sumarios del caso GAL, las filtraciones han. sido recurrentes y casi siempre en la misma dirección.Con frecuencia, dichas filtraciones han sido utilizadas con fines políticos o de otro tipo más sinuoso, al coincidir su difusión, fecha a fecha, con el avance del proceso contra el ex presidente de Banesto Mario Conde. El secreto de las actuaciones ha servido, además, de patente de corso para los publicistas de las filtraciones, que ni siquiera tenían que demostrar la veracidad de sus noticias, bastándoles remitirse a sumarios cuyo contenido desconocía el resto de los mortales.

Lo sorprendente, por tanto, no es que se investiguen las filtraciones, sino cuándo y por qué se ha abierto tal investigación: exactamente 24 horas después de que EL PAÍS publicase íntegramente las exposiciones razonadas que tres jueces remitieron en mayo pasado al Gobierno pidiendo la desclasificación de los llama dos papeles del Cesid, cuyo contenido transcribían en su totalidad.

Pero de los 20 documentos conocidos como papeles del Cesid, los más importantes habían sido ya publicados y eran de dominio público desde hacía meses. Más aún, un día antes de que EL PAÍS los hiciese públicos, el diario El Mundo reiniciaba la edición por entregas de «los 20 documentos secretos que el Gobierno oculta a los jueces», sin que en ese intervalo de 24 horas hubiese iniciativa alguna de investigación.

El valor de la publicación en EL PAÍS ha consistido en que, por vez primera, el lector puede juzgar por sí mismo el contenido de los polémicos documentos que se ofrecen en su totalidad y sin mezclarlos con las valoraciones del diario, que van nítidamente separa das. No es más que entonces cuando los jueces deciden investigar las filtraciones. Ni la más mínima queja se había producido hasta ese momento, y sin embargo, los sumarios secretos provenientes de varios juzgados de la Audiencia Nacional eran agujereados sistemáticamente. Si el secreto del sumario tiene por objeto impedir que se entorpezcan las investigaciones, al conocerse su contenido por los supuestos implicados, no se entiende la pasividad de los últimos meses ante la difusión reiterada de supuestas pruebas, secretas.

La hipótesis de que El Mundo no consiguió los papeles desde los juzgados, sino directamente a través de la vía Perote-Conde-Santaella, es verosímil (por las permanentes relaciones del director de ese diario con ellos) y puede tranquilizar la conciencia de los jueces, pero no palia en absoluto sus posibles efectos pemiciosos sobre el desarrollo de la investigación. Por otra parte, el secretario de Estado de Comunicación, Rodríguez, atribuyó el pasado viernes al Ministerio de Defensa la filtración de los papeles del Cesid, tras afirmar que «todo parece indicar que el documento ha salido una vez que ha entrado en el Ministerio de Defensa». Prefiere ignorar el portavoz que estos sumarios han estado en la mesa de no pocas instancias, incluida la propia Presidencia, varios servicios jurídicos, la Abogacía del Estado y los ponentes de la Sala Tercera del Supremo, como mínimo.

Por lo demás, la investigación abierta tras la publicación por EL PAÍS de los papeles del Cesid presenta características bastante peculiares: de un lado, se filtran a la prensa datos sobre unas diligencias dirigidas precisamente a aclarar filtraciones; de otro, la dirección de la investigación corresponde a los titulares de dos juzgados que, al menos a priori, no deberían excluirse como origen de las filtraciones, las anteriores y las más recientes. Todo esto parece tener poco que ver con la apariencia de imparcialidad que, como a la mujer del César, es exigible a la justicia.

Que se investiguen los orígenes de las filtraciones, pero en todas las direcciones y sin excepción. Cada uno es libre de publicar lo que quiera y pueda, uña vez comprobada su veracidad, pero no bajo el manto de la impunidad o de la tergiversación; la luz y los taquígrafos deben ser norma para todos.