El etarra José María Aranzamendi Katxue aparece muerto en prisión con las manos atadas en la cárcel de Alcalá-Meco

EL CADÁVER del presunto etarra José María Aranzamendi, que apareció ahorcado el viernes en su celda de Alcalá-Meco, tenía atados los pies y las manos. Ello no invalida la tesis del suicidio que sostiene el Gobierno sobre la base de la autopsia practicada por dos forenses designados por el juez, pero el ocultamiento de este dato durante 48 horas, hasta que fue desvelado por el diario Egin, supone, cuando menos, un error gravísimo que sólo favorece a la organización terrorista. La nota oficial facilitada el mismo viernes por Instituciones Penitenciarias precisó que el cadáver colgaba de una bufanda atada a la rejilla de ventilación de su celda, pero sin ninguna referencia a que tuviera las manos atadas a la espalda. Las primeras conclusiones de la autopsia dadas a conocer el sábado por fuentes oficiales tampoco aludieron a esta circunstancia. Esas mismas fuentes trataban de explicar ayer este despropósito informativo alegando una ignorancia que resulta simplemente increíble. Todo hace pensar que alguien decidió silenciar este dato por la explotación que pudiera hacer el entorno de ETA, tal vez con la descabellada suposición de que pudiera ocultarse indefinidamente. Algo doblemente disparatado al tratarse de un suceso que exige de oficio la apertura de un sumario judicial en el que la familia del fallecido tiene todo el derecho a intervenir. La realidad demuestra una vez más que en la lucha antiterrorista no hay peor política que silenciar los hechos. Éstos, tozudos, terminan siempre por salir a la superficie, y cuanto, más tarde, mayor es el margen para los profesionales de la sospecha. Por lo demás, los profesionales de la agitación empezaron a actuar antes de que Egin les proporcionara una munición facilitada esta vez por el Gobierno.

No es una exageración afirmar que la sociedad española ha quedado estupefacta ante semejante torpeza. Este desgraciado episodio coincide con la apertura de un procedimiento del Tribunal Supremo contra los 25 miembros de la Mesa Nacional de HB, en aplicación del Código Penal vigente, por la difusión de un vídeo propagandístico de ETA. Cinco de los convocados se encuentran ya en prisión bajo fianza de cinco millones por negarse a declarar y los 20 restantes seguirán probablemente el mismo camino. De esta forma, los tribunales dan respuesta a un clamor para que la ley se aplique por igual a todos, también a los que han puesto su plataforma política al servicio de la estrategia etarra. Se trata, pues, de un momento político especialmente delicado, en el que un error de esta naturaleza puede tener un alto precio. Torpezas como ésta facilitan coartadas al conglomerado etarra para reavivar sus delirios políticos.

El Juzgado número 7 de Alcalá de Henares está ínvestigando el ahorcamiento de José María Aranzamendi. A los jueces corresponde decir la última palabra, y sólo cabe esperar que sea cuanto antes, con todas las garantías que el Estado de derecho concede a todos los ciudadanos. Entre ellas, la posibilidad de que un forense designado por la familia realice una autopsia. No es infrecuente que los suicidas se aten las manos para evitar un arrepentimiento de última hora. Por tanto, este detalle no contradice el informe de los forenses en este sentido. Pero el Gobierno está obligado a despejar cualquier duda con una explicación clara y convincente de por qué la nota oficial ocultó circunstancias relevantes. Ahora se trata de minimizar el daño que esta decisión informativa ha causado ya a la lucha antiterrorista.