ETA asesina al juez del Tribunal Supremo, Rafael Martínez Emperador y a un peluquero de una base militar en Granada

El de ayer fue un día negro para los demócratas y para quienes apuestan por una convivencia pacífica en el País Vasco. Si los graves acontecimientos de las últimas 24 horas hubieran sucedido durante la Transición, las poderosas fuerzas involucionistas que aún pervivían hubieran hecho tambalearse los cimientos de la incipiente democracia. Pero afortunadamente han pasado 20 años y la solidez del edificio está acreditada.

Ni siquiera dos cualificados asesinatos y un significativo suicidio en el mismo día pueden cambiar una política consensuada entre todos los partidos democráticos y respaldada por la inmensa mayoría de los ciudadanos que desean la paz. En este sentido, se trata de muertes gratuitas e inútiles, puesto que ni van a hacer perder la cabeza a los reponsables de la lucha antiterrorista ni van a desencadenar el proceso de acción-represión que los asesinos desean.

Aunque igualmente repulsivos y absurdos, los atentados de ayer evidencian cosas distintas. El asesinato del peluquero de Granada pone de relieve que las acciones de ETA son una especie de ruleta rusa, que deja la muerte al más puro azar. La lejanía geográfica -es el atentado más distante del País Vasco- y la actividad profesional de la víctima -por mucho que trabajara para el Ejército- demuestran la arbitrariedad de los objetivos de la banda.

El asesinato del magistrado del Tribunal Supremo tiene, si cabe, otra interpretación más inquietante. En este caso, ETA no ha elegido su blanco por casualidad. Todo indica que ha matado a Rafael Martínez Emperador como represalia por la citación del Supremo a los miembros de la Mesa Nacional de HB y su encarcelamiento tras negarse a pagar las fianzas. La banda hace así patente su venganza y demuestra, de paso, su notable capacidad de reacción. Sólo le han bastado unas pocas semanas para preparar este atentado contra un magistrado del mismo Tribunal -si bien de distinta Sala- que investiga a la dirección de HB.

Precisamente, Eugenio Aranburu, integrante de la Mesa Nacional de HB, tenía que haber ido ayer a declarar a Madrid. Decidió suicidarse en un caserío de Vizcaya, tal vez para evitar el mal trago de la cárcel. El suicidio de Aranburu, tres días después del de José María Aranzamendi en Alcalá Meco, pone de relieve, como los diarios de la compañera de Karpov, el drama personal de muchos militantes y dirigentes abertzales, forzados a llevar sus ideas hacia actitudes extremas e, incluso, autodestructivas.

Cualquier consideración de esta índole no obsta para censurar la torpeza del Ministerio del Interior al ocultar algunas circunstancias del suicidio de Aranzamendi. PNV y EA pidieron ayer una investigación de los hechos, inevitable si se quiere disipar cualquier sospecha sobre su muerte, en la que podría haber existido negligencia de los funcionarios.

El error de Interior ha reforzado el pretexto para numerosos incidentes en las calles vascas este pasado fin de semana, saldado con nueve heridos, el asalto a la sede del PSE en San Sebastián y daños a autobuses, estaciones y otros bienes públicos. Unos altercados que han dejado en segundo plano el notable gesto de Interior de acercar cinco presos de ETA al País Vasco. Y ello mientras permanecen secuestrados dos ciudadanos, que carecen de medio alguno de hacer oír su voz.

Da la impresión de que en unos pocos días se ha perdido parte de lo que ha costado ganar muchos meses -tal vez años- en la lucha contra ETA y su entorno, que no sólo vuelven a recuperar el control de la calle sino que exhiben las pistolas como última ratio de su discurso.

Jaime Mayor Oreja predijo recientemente «un año muy encarnizado». No se ha equivocado. En 40 días, llevamos contabilizados cuatro muertos, que casi igualan las cinco víctimas de todo el año pasado. A pesar de la colaboración de las autoridades francesas y los últimos éxitos policiales, ETA conserva una enorme capacidad para hacer daño y chantajear al Estado.

Como repite una y otra vez Aznar, no hay, sin embargo, «atajos» para combatir el terrorismo. El respeto a las leyes y la unión de todas las fuerzas democráticas son dos inexcusables recetas para combatir esta lacra. Lo hemos dicho mil veces. Y lo repetiremos otras mil si es necesario.

Desgraciadamente, los dos atentados de ayer llegan en un momento en que son demasiado visibles las grietas en el Pacto de Ajuria Enea y en el consenso entre los partidos democráticos. La propuesta del PNV de negociar con ETA no ha sido bien acogida por el Gobierno, que considera con buen juicio que, hoy por hoy, no se dan las circunstancias para unas conversaciones de esta naturaleza.

Ayer mismo, EL MUNDO publicaba un borrador de la Iglesia vasca, en el que se propugnaba con matices un diálogo con ETA «sin orillar» ninguna cuestión. El obispo de Pamplona, Fernando Sebastián, aseguraba que el citado documento es una iniciativa aislada y marginal, soslayando que ha sido debatido y aprobado por los cuatro secretariados diocesanos vascos y por algún colaborador del propio obispo de Pamplona.

Lo importante es ahora recuperar el consenso democrático sin alimentar esa macabra y estéril espiral de los violentos. Hay que seguir combatiendo policialmente a los terroristas, pero sin perder de vista que la solución final al conflicto vasco tiene que ser esencialmente política. En el equilibrio entre las medidas policiales y políticas reside el éxito del frente democrático contra el terror.

TODOS LOS elementos del drama vasco -el principal problema de la democracia española- se manifestaron en la jornada de ayer. ETA asesinaba en Madrid y en Granada el mismo día en que se producía la muerte, aparentemente por suicidio, de un dirigente de HB y tres días después de que un preso de ETA pusiera fin a su vida en la cárcel de Alcalá, provocando nuevos episodios de vandalismo callejero en el País Vasco. Frente a esa presencia inapelable de la muerte y la magnitud del desafío terrorista a la convivencia democrática resultan casi surrealistas algunas de las artificiosas querellas que han crispado la vida nacional en las últimas semanas. Los partidos políticos están moralmente obligados a reordenar sus prioridades para poner en primer plano su unidad en la defensa de las instituciones y las reglas del juego democrático frente a quienes pretenden liquidar unas y otras.En esta siniestra jornada que recuerda algunas vividas en los peores años de la década pasada, ETA asesinó en Madrid a un magistrado del Supremo y en Granada a un peluquero de una base militar. El dramatismo del día se vio agravado por la muerte, aparentemente por suicidio, de un dirigente de Herri Batasuna que ayer mismo tenía que haber comparecido ante el Tribunal Supremo. Todo ello ocurría en medio de una nueva exhibición de vandalismo en las calles del País Vasco promovida por los violentos en la estela de otro suicidio ocurrido el viernes, esta vez de un preso etarra en la cárcel de Alcalá. Todos los elementos del drama vasco, que es desde hace años el principal problema de la democracia española, se daban cita el día en que José María Aznar recibía allehendakari Ardanza.

De los dos atentados, uno era personalizado: sabían a quién iban a matar; al menos, su nombre y dirección. El otro fue indiscriminado: desconocían el número de víctimas, sus nombres y oficios. Pero ambos tenían el mismo objetivo: extender el temor; hacer que todos los ciudadanos se sepan en peligro: por pertenecer a la carrera judicial, a cuyos miembros amenazaron expresamente hace unos días dos heraldos de los pistoleros; o simplemente por existir, por pasar por allí, por viajar en una furgoneta. Lo que persigue ETA es que la generalización del miedo a ser la siguiente víctima haga a los ciudadanos, los cualificados y los anónimos, exigir a las autoridades una solución. Es decir, la rendición en los términos exigidos Por los terroristas: que el Gobierno haga algo, que negocie con ellos, que arregle esto.

ETA ha alcanzado ya su objetivo de conseguir el odio de la mayoría de los españoles (incluyendo los vascos). Pero el aumento del rechazo hacia ETA y HB es compatible con un crecimiento proporcional del miedo hacia lo que esas siglas representan. Un sondeo realizado en el País Vasco reveló el año pasado que crecían simultáneamente el rechazo a ETA y el apoyo a la negociación con los terroristas. En su libro reciente sobre los narcos colombianos, Gabriel García Márquez recuerda que, a comienzos de los noventa, «con las primeras bombas la opinión pública pedía la cárcel para los narcoterroristas; con las siguientes pedía la extradición [a Estados Unidos], pero a partir de la cuarta bomba empezaba a pedir que los indultaran».

Es suicida ignorar que ése es el objetivo de las diversas formas de intimidación practicadas por ETA y su frente político. Por supuesto que ETA tiene objetivos políticos: aspira al poder y, como sabe que no lo va a alcanzar mediante el convencimiento de los ciudadanos, recurre a su intimidación. Por ello, afirmar que detrás de ETA existe una motivación política es cierto, pero banal: para que de ello se dedujera la necesidad de una negociación habría que demostrar que esos motivos justifican asesinatos como los de ayer, secuestros como los de Ortega Lara y Delclaux, bombas incendiarias como la que estuvo a punto de quemar viva a una empleada del juzgado de Rentería. Y que los ciudadanos vascos comparten la idea de que su situación es tan desesperada que no les queda otra salida que matar o morir.

A estas alturas no es posible ignorar que, precisamente porque invoca pretextos políticos, ETA sólo dejará de matar cuando se convenza de que seguir haciéndolo no le es rentable: que no le sirve para acercar esos objetivos que alega. Ese convencimiento requiere que los partidos democráticos ratifiquen el principio, esencial en el Pacto de Ajuria Enea, de que no aceptarán ningún cambio político que sea el resultado de la violencia, coincida o no con su propio programa partidista.

Es de esperar que de eso, y no sólo de asuntos de interés particular del PP y el PNV, hablasen ayer Aznar y Ardanza. Lo que está en juego no es sólo la convivencia en Euskadi, sino el futuro de la democracia española. Una impugnación cotidiana de la ley como la que se produce en el País Vasco, unida al desafío constante del terrorismo, no puede dejar de afectar, si se prolonga indefinidamente, al sistema de valores en el que se asienta la convivencia democrática. El presidente del Gobierno debe escuchar las opiniones que al respecto tenga una persona tan cualificada como el lehendakari. Pero está obligado también a recordarle sus obligaciones en defensa de las instituciones y de las reglas democráticas frente a quienes, al grito de «¡Viva la muerte!», pugnan por liquidar a unas y otras mediante coches bombas, disparos en la nuca y agresiones fascistas.