5 mayo 1994
El ex síndico de la Bolsa de Madrid, Manuel de la Concha, igualmente encarcelado
Encarcelado el Gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, por petición del Gobierno a través de la Fiscal Bermejo
Hechos
El 4.05.1994 a instancias de la Fiscalía General del Estado, el fiscal D. Mariano Fernández Bermejo ordenó el ingreso en prisión de D. Mariano Rubio Jiménez y D. Manuel de la Concha.
Lecturas
El 4.05.1994 a instancias de la Fiscalía General del Estado, el fiscal D. Mariano Fernández Bermejo ordenó el ingreso en prisión de D. Mariano Rubio Jiménez y D. Manuel de la Concha López-Isla.
–
PROTAGONISTAS
–
¿INTENTO DE LAVADO DE CARA POR ROLDÁN?
–
CRONOLOGÍA — EL PERIPLO JUDICIAL DE IBERCORP, RUBIO Y DE LA CONCHA
FEBRERO-MARZO DE 1992 — ESTALLA EL CASO IBERCORP. Salen a la luz las operaciones realizadas alrededor de Sistemas Financieros, pequeña sociedad adquirida por el grupo Ibercorp cuyas acciones habían experimentado una espectacular revalorización antes de desplomarse. Las informaciones revelan que determinados clientes privilegiados pudieron vender antes de la caída y que entre quienes habían realizado operaciones con Ibercorp figuraban el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio Jiménez, y su esposa, Carmen Posadas Mañé. El escándalo termina políticamente con las posibilidades de Rubio de continuar como gobernador: en julio de 1992 es sustituido por Luis Ángel Rojo Duque.
PRIMAVERA DE 1992 — TRES QUERELLAS Y UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL. Se presentan inicialmente tres querellas ante distintos juzgados madrileños, que terminarán acumuladas en el Juzgado de Instrucción n.º 21, cuya titular es María Paz Redondo García. Entre los abogados de las acusaciones aparecen José Emilio Rodríguez Menéndez y Marcos García-Montes Hernández. La investigación intenta determinar si Ibercorp favoreció a determinados clientes mediante información privilegiada y manipulaciones bursátiles.
22 DE MAYO DE 1992 — DECLARA MANUEL DE LA CONCHA. El presidente de Ibercorp y antiguo síndico de la Bolsa de Madrid, Manuel de la Concha, declara durante cuatro horas ante María Paz Redondo. Posteriormente lo hacen sus socios Jaime Soto López Dóriga y Benito Tamayo Hernáez. Rubio y otros clientes privilegiados también comparecen durante la instrucción.
1992-1993 — INVESTIGACIÓN DE LAS OPERACIONES. La causa examina el funcionamiento de Sistemas Financieros, las ventas de acciones realizadas antes de su hundimiento, el trato dispensado a determinados clientes y las relaciones entre De la Concha y Rubio. Paralelamente aumenta el escrutinio fiscal sobre las inversiones realizadas a través de Ibercorp.
PRIMAVERA DE 1994 — APARECE LA CUENTA OPACA DE RUBIO. La investigación fiscal descubre que Mariano Rubio había mantenido una cuenta de inversiones gestionada desde el despacho de De la Concha, identificada mediante una clave y en la que se utilizó el nombre de la sociedad NALVI, ya extinguida, para determinadas operaciones. El asunto da origen a una causa distinta de la instrucción original de Ibercorp: el denominado «caso Rubio», en el Juzgado de Instrucción n.º 6 de Madrid.
4-5 DE MAYO DE 1994 — RUBIO Y DE LA CONCHA, DETENIDOS Y ENCARCELADOS. La Fiscalía de Madrid ordena detener a ambos. Rubio es arrestado en su domicilio y De la Concha cuando se dirigía en automóvil hacia su casa. Tras declarar ante el juez José Emilio Coronado Buitrago, los dos ingresan en prisión provisional por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad. Pasan inicialmente por Carabanchel; Rubio sería trasladado posteriormente a Alcalá-Meco.
5 DE MAYO DE 1994 — PRIMER CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN DE IBERCORP. Casi simultáneamente, María Paz Redondo da por terminada la investigación del procedimiento original e incoa procedimiento abreviado contra 17 personas, entre ellas Rubio, De la Concha, Miguel Boyer Salvador, Isabel Preysler Arrastia, Carmen Posadas Mañé y varios familiares de Rubio.
19 DE MAYO DE 1994 — RUBIO SALE BAJO FIANZA. Después de unos quince días encarcelado, Coronado decreta su libertad provisional bajo fianza de 15 millones de pesetas, obligación de comparecer los días 1 y 15 y cuantas veces fuese requerido. De la Concha permanece en prisión.
28 DE JULIO DE 1994 — APERTURA DE JUICIO ORAL EN IBERCORP. María Paz Redondo acuerda llevar a juicio a Rubio, De la Concha, Soto, Tamayo y otros acusados y establece una responsabilidad civil de 7.121 millones de pesetas. Al mismo tiempo archiva las actuaciones respecto de Boyer, Preysler, Posadas y otros clientes. A Rubio se le atribuyen entonces, dentro de un amplio catálogo de posibles delitos, conductas relacionadas con tráfico de influencias y la concesión de financiación del Banco de España a Ibercorp.
2 DE SEPTIEMBRE DE 1994 — LA AUDIENCIA ANULA LA APERTURA DEL JUICIO. La Audiencia Provincial de Madrid anula la resolución del 4 de mayo y, por extensión, el auto de apertura de juicio oral del 28 de julio. Obliga a María Paz Redondo a retrotraer el procedimiento y concretar qué delitos atribuye individualmente a cada acusado. El caso prácticamente vuelve cuatro meses atrás.
20 DE ENERO DE 1995 — NUEVA DELIMITACIÓN DE LAS ACUSACIONES. Redondo dicta un nuevo auto. A Mariano Rubio le atribuye ya únicamente tráfico de influencias; De la Concha y otros responsables de Ibercorp continúan imputados por estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas.
28 DE FEBRERO-8 DE MARZO DE 1995 — NUEVA APERTURA DE JUICIO ORAL. La juez vuelve a abrir juicio oral. Rubio queda acusado de tráfico de influencias; De la Concha, Soto y Tamayo, de estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad. Para estos últimos mantiene una fianza conjunta de 7.121 millones.
11-24 DE MAYO DE 1995 — RUBIO SALE DEFINITIVAMENTE DEL CASO IBERCORP ORIGINAL. La Audiencia Provincial estima los recursos y ordena a María Paz Redondo excluir a Rubio. Considera que la posible actuación irregular relacionada con el crédito de 5.400 millones de pesetas del Banco de España a Ibercorp debe investigarse dentro del procedimiento del Juzgado n.º 6. Desde entonces, jurídicamente hay que distinguir claramente: Rubio deja de estar acusado en el caso Ibercorp, pero continúa investigado en el caso Rubio.
1995-1996 — CONTINÚA EL «CASO RUBIO». José Emilio Coronado investiga la cuenta opaca, el posible fraude fiscal, la falsedad documental y las relaciones entre el gobernador e Ibercorp. El procedimiento alcanza también a Carlos Jaime Pittaluga, primo de Rubio y colaborador del despacho de De la Concha. Se solicitan diligencias y comisiones rogatorias internacionales.
16 DE MAYO DE 1996 — ARCHIVADO EL DELITO FISCAL. Una reforma legal había elevado de 5 a 15 millones de pesetas la cuota mínima necesaria para que el fraude fiscal constituyese delito. Como la cantidad atribuida a Rubio y De la Concha era de aproximadamente 6,1 millones, Coronado sobresee esa acusación. Mantiene, sin embargo, la investigación por falsedad documental.
MAYO-JULIO DE 1996 — INTENTO DE ARCHIVAR EL RESTO. Coronado considera suficientemente investigada la causa y sobresee también buena parte de las restantes imputaciones. La Fiscalía, el abogado del Estado y la acusación ejercida por José María Ruiz-Mateos Jiménez recurren.
15 DE ENERO DE 1997 — LA AUDIENCIA ORDENA SEGUIR INVESTIGANDO. La Sección 16.ª de la Audiencia Provincial de Madrid revoca buena parte del archivo y ordena continuar las pesquisas sobre Rubio y De la Concha por posibles delitos relacionados con Hacienda, falsedad, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, uso de información privilegiada y tráfico de influencias. Reclama además nuevas diligencias, entre ellas una comisión rogatoria a Suiza relacionada con Thelamag Holding AG.
1997-1998 — LA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL PROLONGA LA CAUSA. El «caso Rubio» permanece abierto mientras se intenta obtener documentación extranjera. En noviembre-diciembre de 1998 la Justicia suiza rechaza una de las comisiones rogatorias solicitadas. La instrucción acumula ya más de cuatro años.
12-15 DE FEBRERO DE 1999 — PACTO Y FINAL DEL CASO IBERCORP ORIGINAL. A las puertas del juicio, Fiscalía y defensas alcanzan un acuerdo. El 15 de febrero comienza y termina la vista. Manuel de la Concha, Jaime Soto y Benito Tamayo aceptan penas de un año de prisión, que no comportan ingreso efectivo, después de reducirse sustancialmente las acusaciones iniciales y de indemnizarse a los perjudicados. De la Concha queda así condenado en el procedimiento Ibercorp. Mariano Rubio ya no forma parte de esa causa.
26 DE FEBRERO DE 1999 — CONFIRMACIÓN DE LAS PENAS. La Audiencia de Madrid mantiene las condenas pactadas, cerrándose judicialmente el núcleo originario del caso Ibercorp.
4 DE OCTUBRE DE 1999 — MUERE MARIANO RUBIO. Mariano Rubio Jiménez fallece en Madrid, a los 67 años, víctima de un cáncer de colon. Nunca llegó a ser condenado en el caso Ibercorp ni juzgado por el caso Rubio. En el primero había sido excluido definitivamente en 1995; en el segundo continuaba pendiente de juicio cuando murió. Su fallecimiento extinguió su responsabilidad penal personal.
Y EL PROCEDIMIENTO CONTINUÓ PARA DE LA CONCHA
Aunque para una cronología de Mariano Rubio podríamos terminar en octubre de 1999, para completar el periplo de Manuel de la Concha conviene añadir tres fechas:
MARZO DE 2000 — APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DEL «CASO RUBIO». Tras la muerte de Rubio, el procedimiento continúa respecto de De la Concha y Carlos Jaime Pittaluga. El núcleo consiste ya fundamentalmente en determinar quién falsificó la documentación utilizada para ocultar la verdadera titularidad de la cuenta bursátil de Rubio.
3 DE JULIO DE 2002 — SEGUNDA CONDENA DE DE LA CONCHA. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid condena a Manuel de la Concha a seis años y un día de prisión, multa de 6.000 euros e inhabilitación para ejercer como notario por un delito continuado de falsedad en documento público. La sentencia considera probado que la cuenta de Rubio había sido gestionada desde su despacho utilizando, entre otros mecanismos, el nombre de NALVI S. A., sociedad que había sido liquidada años antes. Carlos Jaime Pittaluga resulta absuelto por insuficiencia de pruebas sobre su intervención.
14 DE MAYO DE 2004 — EL SUPREMO CIERRA EL CASO. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencia cuyo ponente es Joaquín Delgado García, confirma la condena de De la Concha a seis años y un día por falsedad continuada en documento público y mantiene la absolución de Pittaluga. Queda así definitivamente resuelta, doce años después del estallido de Ibercorp, la principal derivación penal nacida de la cuenta secreta de Mariano Rubio
05 Mayo 1994
Operación de Maquillaje
La detención de Mariano Rubio no repsonde ni a una exigencia jurídica ni a la previsión de un riesgo de fuga. Forma parte de una operación de maquillaje que puso ayer en marcha Felipe González cuando se hizo inevitable la dimisión de Albero y se produjo la histeria en la Moncloa. Lo que pretende el presidente del Gobierno es concentrar la opinión pública en las dimisiones de Asunción y Albero; en la sustitución del ministro del Interior posiblemente por Belloch; en la destitución de Solchaga; en las renuncias de Corcuera y Barrionuevo y en la fuga de Roldán, para posteriormente aparecer ante el país diciendo que se han tomado todas las medidas posibles contra la corrupción y que él ha sido el adalid de las decisiones. Se trata de un intento desesperado de Felipe González para eludir su responsabilidad política en todo este clima de descomposición nacional y para evitar, en fin, la dimisión, que por razones elementals de ética política debía haber presentado ya. En lugar de eso, González pidió ayer desesperadamente al diario gubernamental [por EL PAÍS] renovado apoyo. Éste parece dispuesto a dárselo, pero exigiéndole que solicite del Congreso una moción de confianza para forzar a Pujol a definirse y a ensuciarse con la corrupción.
05 Mayo 1994
Rubio, detenido
La detención de Mariano Rubio y de Manuel de la Concha constituyen la primera y firme decisión del presidente del Gobierno, Felipe González, frente al pantano de corrupción que rodea su desprestigiado régimen de poder. Se trata del primer cortafuego, en acción de «contraataque», con el que González intenta ganar tiempo, acudir maltrecho a las elecciones europeas y eludir su propia dimisión. Con el mismo descaro que José María Aznar rehusa, ante tan grave situación, presentar la moción de censura como es su obligación.
González sigue descartando su dimisión y desea ganar tiempo con medidas espectaculares como la detención de Rubio y de la Concha, operación preparada y conocida ayer temprano en Moncloa, y realizada gracias a la vigilancia especial a la que no fue sometido Luis Roldán. Estas detenciones le dán pie a González para presentar hoy en rueda de prensa un rosario de dimisiones en cadena -de Carlos Solchaga y José Luis Corcuera-, que se sumarán a las confirmadas de los ministros de Interior y Agricutura, Antonio Asunción y Vicente Albero.
Si a ello añadimos la lista de famosos y de ex ministros de UCD -Bustelo, García Díez, etc- que aparecen de alguna manera implicados en el caso de Ibercorp, y aquí incluido el actual gobernador del Banco de España, Luis Angel Rojo, podemos entender que la «carnaza» para la opinión pública está servida y que, mientras se despelleja dicho festín, González intentará ponerse, otra vez, por encima de la melé. Cuando, en realidad, todos los caminos de la corrupción conducen hacia él.
Porque si Solchaga cae por haber nombrado y mantenido a Rubio, y Corcuera cae -por segunda vez- por haber confirmado y apoyado a Roldán, Narcís Serra debe de cesar por haber intervenido en el nombramiento de Roldán. Y el propio González por haber nombrado a Albero, a Solchaga, a Corcuera e incluso a Rubio, dado que el cargo de gobernador del Banco de España pasa por el visto bueno del presidente, quien además puso «la mano en el fuego» por él.
Y esto en solo dos casos del gran «tríptico» de la corrupción, los de Roldán e Ibercorp. ¿Y Filesa? ¿Acaso va a encarcelar González, o el fiscal general, a Galeote, Benegas y Guerra, la línea de mando del PSOE cuando se montó Filesa? ¿Y no era González el secretario general del PSOE? Y ya veremos si, al final, estos grandes encartados de fama y poder -con mucha información- no tiran todos a la vez de sus respectivas mantas, como lo amenaza Roldán, y aparecen implicados en el fango mas ministros, altos cargos del PSOE -¡atención a Benegas! y el propio González, por obstrucción a la justicia o encubrimiento.
En todo caso, el espectáculo del fin de régimen felipista no es un asunto menor. Como menor no es la inoperancia del Partido Popular que se niega a asumir la responsabilidades políticas que le corresponden a José María Aznar, incapaz de presentar una moción de censura con el solo programa de unas elecciones generales anticipadas, cosa que ya reconoce como necesario Jordi Pujol.
El descaro de González solo es comparable a la incapacidad política de Aznar, quien está demostrando su escasa firmeza para enfrentarse a la actual crisis de Estado. Y ello crea incertidumbre y aumenta la gravedad de la situación. Porque demuestra que, en España, no hay políticos de altura capaces de librarnos de la corrupción, y que el PP juega, con su falso patriotismo, al «cuanto peor, mejor». A pesar de que, si quisieran y en veintuatro horas, podrían sacar a los socialistas del poder con los diputados que tienen Aznar, Anguita, y Pujol.
06 Mayo 1994
Auto de fe
LA ESCENOGRAFÍA montada el n«úércoles por la noche para detener a Mariano Rubio y Manuel de la Concha, llevarlos ante el juez y conducirlos a las cinco de la madrugada a la prisión de Carabanchel sólo se explica desde un estado de histeria colectiva agravada por la fuga de Luis Roldán. El epílogo de la conferencia de prensa de los fiscales alcanzó ciertos tintes de auto de fe incompatibles con el Estado garantista que nos hemos dado en la Constitución. Es improbable que el fiscal general convenciese a nadie de que no ha habido oportunismo. Que la sospecha de una posible fuga esté apoyada en unos billetes de avión con destino a Ibiza fue un estrambote digno de toda la actuación anterior.Es cierto que los escándalos políticos que proliferan en las últimas semanas han provocado una alarma social innegable. Es cierto también que la fuga de Roldán ha dañado seriamente la credibilidad de un ministerio encargado de velar por la seguridad y, por tanto, de detener a los presuntos delincuentes. Pero una vez conocido que los dos acusados estaban sometidos a vigilancia -en el caso de Roldán se argumentó que no hubiera sido legal-, sería tremendo que la desconfianza en la policía llegase al punto de no poder asegurar durante 12 horas que los acusados no iban a fugarse.
La decisión judicial de enviarlos a prisión no es arbitraria, puesto que está contemplada en la ley para delitos penados con prisión mayor. Pero a nadie se le escapa que en la rigurosa decisión del juez ha podido influir también el síndrome Roldán y el contexto social en el que se han producido los hechos. Sin tales circunstancias hubiera sido más que probable la libertad provisional bajo fianza de los afectados. Por aguda que sea la crisis política que vive este país, las garantías individuales no pueden entrar en juego y el legítimo derecho de defensa debe servir para restablecer la normalidad del proceso. A la fiscalía debe pedírsele celeridad en todos los casos. El futuro deberá probar que esta investigación no ha sido flor de un día para limpiar un poco el patio en la víspera de la comparecencia del presidente.
20 Mayo 1994
La libertad del ex gobernador
LA DETENCIÓN de Mariano Rubio y Manuel de la Concha no fue arbitraria, pero pudo ser discriminatoria. Al ordenar su detención preventiva, el juez actuó, en el marco de su discrecionalidad, conforme a derecho; pero usó esa discrecionalidad en función de factores que no tienen que ver únicamente con la naturaleza de los presuntos delitos, sino de la alarma social, y otros de difícil ponderación. En ese sentido, y dado el carácter excepcional de la prisión preventiva, la decisión pudo ser discriminatoria por inhabitual. El auto judicial que estima la recusación de Rubio y desestima la de De la Concha, decretando la libertad del primero bajo fianza de 15 millones, restablece el equilibrio entre garantías individuales e interés público.El auto fundamenta la diferente resolución adoptada en ambos casos por la pena de prisión mayor o menor, respectivamente, que aparejaría la condena de cada un o de ellos a la vista de los cargos imputados. Al ex síndico de la Bolsa de Madrid se le acusa de un delito fiscal y de otro continuado de falsedad en documento público, y ello como autor directo y material de los mismos, con el agravante de su condición de fedatario público. Además, de las diligencias en curso se deduce la posibilidad de que esa conducta delictiva se extienda a las cuentas de otros clientes del despacho de De la Concha investigados, lo que refuerza, según el juez, la conveniencia de mantener la prisión del ex síndico.
A Mariano Rubio se le acusa de un delito contra la Hacienda pública y otro de falsedad en documento público, pero este último en condición de inductor, o cooperador, lo que reduciría la pena. Respecto al fraude fiscal, el auto admite que la pena sería de prisión menor y multa, pero desestima la alegación basada en una supuesta circular de Hacienda ordenando la paralización de los expedientes cuando el importe del fraude no supere los 15 millones de pesetas: el juez argumenta que debe atenerse a la, ley vigente, no a medidas administrativas de orden interno de un ministerio.
La irritación popular y el nerviosismo gubernamental provocados por la fuga de Luis Roldán influyeron probablemente en la orden de la fiscalía para detener y encarcelar de madrugada al ex gobernador del Banco de España y al ex síndico. La resolución que autoriza la puesta en libertad de Mariano Rubio corrige parcialmente aquella resolución. Ello no modifica el reproche social que, a la luz de lo conocido, merece quien fue la máxima autoridad monetaria del país.
La comisión parlamentaria de investigación constituida estos días tendrá ocasión de apreciar si existen indicios de uso de información privilegiada o práctica de tráfico de influencias por parte del ex gobernador, y, en su caso, de trasladar tales indicios al juez. Pero incluso si así fuera, Mariano Rubio sería acreedor a las garantías que la Constitución reconoce a todo ciudadano. Por eso hay que felicitarse de la rectificación que supone su puesta en libertad. Porque la lucha contra la corrupción y la defensa de las garantías forman parte del mismo esfuerzo de regeneración democrática.
El Análisis
Rubio paga por Roldán
Luis Roldán había humillado al Gobierno de España, a la Guardia Civil y al Conjunto de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Un dirigente destacado del PSOE que había estado a punto de ser ministro, cuya inocencia defendían mucho de sus compañeros, cuando estaba siendo sometido a una investigación, había huido de España para eludir la acción de la justicia y nadie sabía donde estaba. Ya no había duda de que era un político corrupto.
A Felipe González le tocaba afrontar no sólo que tenía un corrupto en sus filas, sino el ridículo de haberlo dejado escapar. Necesitaban un cabeza de turco, y el corrupto más famoso de España después de Roldán era Rubio, así que inmediatamente el PSOE ordenó encarcelar a su propio gobernador del Banco de España para intentar dar imagen de que sí luchaban contra la corrupción.
J. F. Lamata