Encarcelado el Gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, por petición del Gobierno a través de la Fiscal Bermejo

La detención de Mariano Rubio no repsonde ni a una exigencia jurídica ni a la previsión de un riesgo de fuga. Forma parte de una operación de maquillaje que puso ayer en marcha Felipe González cuando se hizo inevitable la dimisión de Albero y se produjo la histeria en la Moncloa. Lo que pretende el presidente del Gobierno es concentrar la opinión pública en las dimisiones de Asunción y Albero; en la sustitución del ministro del Interior posiblemente por Belloch; en la destitución de Solchaga; en las renuncias de Corcuera y Barrionuevo y en la fuga de Roldán, para posteriormente aparecer ante el país diciendo que se han tomado todas las medidas posibles contra la corrupción y que él ha sido el adalid de las decisiones. Se trata de un intento desesperado de Felipe González para eludir su responsabilidad política en todo este clima de descomposición nacional y para evitar, en fin, la dimisión, que por razones elementals de ética política debía haber presentado ya. En lugar de eso, González pidió ayer desesperadamente al diario gubernamental [por EL PAÍS] renovado apoyo. Éste parece dispuesto a dárselo, pero exigiéndole que solicite del Congreso una moción de confianza para forzar a Pujol a definirse y a ensuciarse con la corrupción.

La detención de Mariano Rubio y de Manuel de la Concha constituyen la primera y firme decisión del presidente del Gobierno, Felipe González, frente al pantano de corrupción que rodea su desprestigiado régimen de poder. Se trata del primer cortafuego, en acción de «contraataque», con el que González intenta ganar tiempo, acudir maltrecho a las elecciones europeas y eludir su propia dimisión. Con el mismo descaro que José María Aznar rehusa, ante tan grave situación, presentar la moción de censura como es su obligación.

González sigue descartando su dimisión y desea ganar tiempo con medidas espectaculares como la detención de Rubio y de la Concha, operación preparada y conocida ayer temprano en Moncloa, y realizada gracias a la vigilancia especial a la que no fue sometido Luis Roldán. Estas detenciones le dán pie a González para presentar hoy en rueda de prensa un rosario de dimisiones en cadena -de Carlos Solchaga y José Luis Corcuera-, que se sumarán a las confirmadas de los ministros de Interior y Agricutura, Antonio Asunción y Vicente Albero.

Si a ello añadimos la lista de famosos y de ex ministros de UCD -Bustelo, García Díez, etc- que aparecen de alguna manera implicados en el caso de Ibercorp, y aquí incluido el actual gobernador del Banco de España, Luis Angel Rojo, podemos entender que la «carnaza» para la opinión pública está servida y que, mientras se despelleja dicho festín, González intentará ponerse, otra vez, por encima de la melé. Cuando, en realidad, todos los caminos de la corrupción conducen hacia él.

Porque si Solchaga cae por haber nombrado y mantenido a Rubio, y Corcuera cae -por segunda vez- por haber confirmado y apoyado a Roldán, Narcís Serra debe de cesar por haber intervenido en el nombramiento de Roldán. Y el propio González por haber nombrado a Albero, a Solchaga, a Corcuera e incluso a Rubio, dado que el cargo de gobernador del Banco de España pasa por el visto bueno del presidente, quien además puso «la mano en el fuego» por él.

Y esto en solo dos casos del gran «tríptico» de la corrupción, los de Roldán e Ibercorp. ¿Y Filesa? ¿Acaso va a encarcelar González, o el fiscal general, a Galeote, Benegas y Guerra, la línea de mando del PSOE cuando se montó Filesa? ¿Y no era González el secretario general del PSOE? Y ya veremos si, al final, estos grandes encartados de fama y poder -con mucha información- no tiran todos a la vez de sus respectivas mantas, como lo amenaza Roldán, y aparecen implicados en el fango mas ministros, altos cargos del PSOE -¡atención a Benegas! y el propio González, por obstrucción a la justicia o encubrimiento.

En todo caso, el espectáculo del fin de régimen felipista no es un asunto menor. Como menor no es la inoperancia del Partido Popular que se niega a asumir la responsabilidades políticas que le corresponden a José María Aznar, incapaz de presentar una moción de censura con el solo programa de unas elecciones generales anticipadas, cosa que ya reconoce como necesario Jordi Pujol.

El descaro de González solo es comparable a la incapacidad política de Aznar, quien está demostrando su escasa firmeza para enfrentarse a la actual crisis de Estado. Y ello crea incertidumbre y aumenta la gravedad de la situación. Porque demuestra que, en España, no hay políticos de altura capaces de librarnos de la corrupción, y que el PP juega, con su falso patriotismo, al «cuanto peor, mejor». A pesar de que, si quisieran y en veintuatro horas, podrían sacar a los socialistas del poder con los diputados que tienen Aznar, Anguita, y Pujol.

LA ESCENOGRAFÍA montada el n«úércoles por la noche para detener a Mariano Rubio y Manuel de la Concha, llevarlos ante el juez y conducirlos a las cinco de la madrugada a la prisión de Carabanchel sólo se explica desde un estado de histeria colectiva agravada por la fuga de Luis Roldán. El epílogo de la conferencia de prensa de los fiscales alcanzó ciertos tintes de auto de fe incompatibles con el Estado garantista que nos hemos dado en la Constitución. Es improbable que el fiscal general convenciese a nadie de que no ha habido oportunismo. Que la sospecha de una posible fuga esté apoyada en unos billetes de avión con destino a Ibiza fue un estrambote digno de toda la actuación anterior.Es cierto que los escándalos políticos que proliferan en las últimas semanas han provocado una alarma social innegable. Es cierto también que la fuga de Roldán ha dañado seriamente la credibilidad de un ministerio encargado de velar por la seguridad y, por tanto, de detener a los presuntos delincuentes. Pero una vez conocido que los dos acusados estaban sometidos a vigilancia -en el caso de Roldán se argumentó que no hubiera sido legal-, sería tremendo que la desconfianza en la policía llegase al punto de no poder asegurar durante 12 horas que los acusados no iban a fugarse.

La decisión judicial de enviarlos a prisión no es arbitraria, puesto que está contemplada en la ley para delitos penados con prisión mayor. Pero a nadie se le escapa que en la rigurosa decisión del juez ha podido influir también el síndrome Roldán y el contexto social en el que se han producido los hechos. Sin tales circunstancias hubiera sido más que probable la libertad provisional bajo fianza de los afectados. Por aguda que sea la crisis política que vive este país, las garantías individuales no pueden entrar en juego y el legítimo derecho de defensa debe servir para restablecer la normalidad del proceso. A la fiscalía debe pedírsele celeridad en todos los casos. El futuro deberá probar que esta investigación no ha sido flor de un día para limpiar un poco el patio en la víspera de la comparecencia del presidente.

LA DETENCIÓN de Mariano Rubio y Manuel de la Concha no fue arbitraria, pero pudo ser discriminatoria. Al ordenar su detención preventiva, el juez actuó, en el marco de su discrecionalidad, conforme a derecho; pero usó esa discrecionalidad en función de factores que no tienen que ver únicamente con la naturaleza de los presuntos delitos, sino de la alarma social, y otros de difícil ponderación. En ese sentido, y dado el carácter excepcional de la prisión preventiva, la decisión pudo ser discriminatoria por inhabitual. El auto judicial que estima la recusación de Rubio y desestima la de De la Concha, decretando la libertad del primero bajo fianza de 15 millones, restablece el equilibrio entre garantías individuales e interés público.El auto fundamenta la diferente resolución adoptada en ambos casos por la pena de prisión mayor o menor, respectivamente, que aparejaría la condena de cada un o de ellos a la vista de los cargos imputados. Al ex síndico de la Bolsa de Madrid se le acusa de un delito fiscal y de otro continuado de falsedad en documento público, y ello como autor directo y material de los mismos, con el agravante de su condición de fedatario público. Además, de las diligencias en curso se deduce la posibilidad de que esa conducta delictiva se extienda a las cuentas de otros clientes del despacho de De la Concha investigados, lo que refuerza, según el juez, la conveniencia de mantener la prisión del ex síndico.

A Mariano Rubio se le acusa de un delito contra la Hacienda pública y otro de falsedad en documento público, pero este último en condición de inductor, o cooperador, lo que reduciría la pena. Respecto al fraude fiscal, el auto admite que la pena sería de prisión menor y multa, pero desestima la alegación basada en una supuesta circular de Hacienda ordenando la paralización de los expedientes cuando el importe del fraude no supere los 15 millones de pesetas: el juez argumenta que debe atenerse a la, ley vigente, no a medidas administrativas de orden interno de un ministerio.

La irritación popular y el nerviosismo gubernamental provocados por la fuga de Luis Roldán influyeron probablemente en la orden de la fiscalía para detener y encarcelar de madrugada al ex gobernador del Banco de España y al ex síndico. La resolución que autoriza la puesta en libertad de Mariano Rubio corrige parcialmente aquella resolución. Ello no modifica el reproche social que, a la luz de lo conocido, merece quien fue la máxima autoridad monetaria del país.

La comisión parlamentaria de investigación constituida estos días tendrá ocasión de apreciar si existen indicios de uso de información privilegiada o práctica de tráfico de influencias por parte del ex gobernador, y, en su caso, de trasladar tales indicios al juez. Pero incluso si así fuera, Mariano Rubio sería acreedor a las garantías que la Constitución reconoce a todo ciudadano. Por eso hay que felicitarse de la rectificación que supone su puesta en libertad. Porque la lucha contra la corrupción y la defensa de las garantías forman parte del mismo esfuerzo de regeneración democrática.