Torcuato Fernández Miranda dimite como Presidente de Las Cortes después de que PSOE, PCE y AP se opusieran a su continuidad y tras enfrentarse con Adolfo Suárez González

EL SEÑOR Fernández Miranda tiene la rara virtud de que sus apariciones públicas, aunque escasas, son siempre sonadas. Ayer, en el fragor de la campaña electoral, ha logrado lo que los presentadores de circo suelen anunciar como el «más difícil todavía»: centrar la atención nacional en su dimisión como presidente de las Cortes, cargo que lleva consigo las presidencias del Consejo del Reino y del Consejo de Regencia.El desde hoy duque de Fernández Miranda ha entrado en la pequeña historia con un punto de enfado. Se ha permitido afirmar en su rueda de prensa que «los españoles aún no han aprendido a valorar las enormes cualidades del Rey». En poco tiene al pueblo español quien así habla. Por añadidura, el duque de Fernández Miranda traspasa el umbral hacia la privacidad, negando ser un Mazarino, un Richelicu o un conde-duque de Olivares. Aplaudimos esta visión realista de los hechos por el ministro del pluriformismo, el parlamentario de la trampa saducea, o el profesor de quien la Ciencia ignora aportación sustancial alguna al ámbito del Derecho.

La despedida anticipada que ayer deparó al país es demasiado hermosa para ser genuina. Repare el lector en sus declaraciones de marzo de este mismo año: « Yo me debo a la persona que me ha designado. Mientras tenga la confianza del Rey seguiré en mi puesto, cuyo mandato es de seis años.» Algún día se contará también por eso la historia de esta dimisión. Fernández Miranda prefiere la tesis pública del suicidio parlamentario. Respétese la última voluntad de uno de los últimos vestigios de la dictadura.

No es preciso hacer leña del árbol caído -y, sinceramente, creemos que yerran quienes le tienen como figura presidencia] en la reserva-, pero en este país hay que hacer muchas cosas con rapidez, entre ellas la de colocar a las figuras en su correspondiente lugar del escenario.

EL PAÍS publicaba el 30 de marzo que en las monarquías europeas no existían hombres del Rey. Hubiera sido útil por eso que se borrara entonces la imagen de inspirador de palacio, con que equívocamente quiso rodearse, de modo tan atrevido como oficioso, la figura del ahora «dimitido» presidente de las Cortes. Todas las contradicciones han acabado por aflorar, Y el Rey ha demostrado, una vez más. que es un Jefe de Estado moderno, identificado con su misión histórica y defensor de la independencia de la Corona. Los honores que ha otorgado don Juan Carlos al presidente dimitido no hacen sino deslindar los problemas de Estado de los reconocimientos personales. En realidad, el problema resuelto era político: el señor Fernández Miranda patrocinaba doctrinalmente una Monarquía distinta de la que las normas de la democracia exigen. La Monarquía de don Juan Carlos es un régimen constitucional difícilmente compaginable con los intentos de involucración con la herencia de la dictadura. Por lo demás, la extraña figura de la aceptación de la dimisión y de la postergación de su puesta en práctica, trámite que formalmente hubiera exigido, en cualquier caso, la intervención del Consejo del Reino, resuelve el difícil escollo que implicaba la elección, en el plazo de cien días, de un nuevo presidente de las Cortes (y, por tanto, del Consejo del Reino y del Consejo de Regencia).

La situación irregular del presidente dimisionario podría servir para la disolución en la práctica de las actuales Cortes, cuestión a la que ha aludido el señor Fernández Miranda en sus declaraciones a_la prensa a propósito del plazo de prórroga de la legislatura. En tal caso, el anunciado Pleno sobre el Consejo de Economía Nacional no llegaría nunca a ver la luz. Ahora esperamos poder decir que las Cortes de Franco no volverán a reunirse jamás.

EL NOMBRAMIENTO de don Antonio Hernández Gil como presidente de las Cortes, españolas supone un paso adelante en el proceso político español. Su personalidad, libre de cualquier adscripción de tendencia o partido, se inscribe en el horizonte del Derecho. Insigne civilista y abogado de renombre indiscutido, su carácter de presidente de la. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y de la Comisión General de Codificación le convierten en la pieza clave para la elaboración del edificio jurídico que necesita la instauración política de la democracia en España.Su nombre es sinónimo de rigor en el campo de los estudios jurídicos. Partidario de la unidad jurisdiccional, hombre de tolerancia y de diálogo, su nombramiento al frente del poder legislativo es una buena noticia. El marco jurídico que necesita la democracia en España puede haber encontrado con esta designación su piedra angular.

Por lo demás, esperamos que el señor Hernández Gil sea el último presidente de las Cortes designado y, que, en el marco de la futura Constitución, se inscriba el derecho de los propios parlamentarios a proceder a la elección de su Presidente.