El Gobierno Aznar pacta con Convergencia i Unió suprimir el Servicio Militar Obligatorio, la mili, en el acuerdo Cisneros-Molins

España contará a comienzos de la próxima década con unos Ejércitos plenamente profesionales. Se cumplirá así un objetivo reclamado por amplios sectores sociales desde hace años. En el breve camino que aún resta para alcanzar esa meta, el Gobierno empieza a descubrir graves dificultades, algunas de ellas derivadas de que los partidos políticos y el propio Ejecutivo no previeron ni calcularon las consecuencias que tendría el simple anuncio de la supresión de la mili sin un proyecto de transición adecuado. Todas esas dificultades han de ser superadas con responsabilidad, precisamente para no entorpecer este cambio social histórico.Hace ya más de una década, el debate político sobre la estructura de los Ejércitos se ciñó a la opción entre un Ejército mixto -que incluía una reducción de la mili y un aumento de soldados profesionales- y un Ejército profesional. Las encuestas mostraban ya entonces una decidida inclinación de los ciudadanos por el Ejército profesional. Razones fundamentalmente económicas llevaron al Gobierno socialista a optar por el Ejército mixto.

Desde las elecciones de 1989 ha sido una cuestión siempre presente en las campañas. También en la última, en la que se convirtió de hecho en una carrera de rebajas. El PSOE se quedó solo en su defensa del modelo mixto. PNV y CiU, sus socios en la anterior legislatura, se decantaron por la profesionalización. El PP propuso reducir la mili a seis meses, si bien no fueron pocos los dirigentes que apostaban por la profesionalización plena. Sólo así se entiende que, tras las elecciones, uno de los primeros acuerdos alcanzados entre el PP y CiU fuera la supresión de la mili.

La reacción de los jóvenes españoles ha sido lógica. Nadie quiere hacer ya el servicio militar. La cifra de objetores no deja de crecer. Durante el primer trimestre, su número rondó los 6.000 mensuales. En abril, conocido ya el acuerdo PP-CiU, subió a 8.200, y en mayo a 9.000. El ministro de Defensa, Eduardo Serra, anunció ayer que en esta legislatura se pondrá en marcha la mili de seis meses, lo que exige un mayor número de soldados para cubrir las necesidades de los Ejércitos. Un objetivo que puede ser imposible si continúa aumentando el número de objetores.

Paralelamente, CiU, IU y PSOE piden que el tiempo de prestación sustitutoria sea idéntico al de la mili. Otro factor que aleja en los jóvenes cualquier inclinación para acudir al servicio militar obligatorio. En este clima, el periodo de trainsición entre Ejército mixto y Ejército profesional se presenta harto complejo. No es de extrañar que Serra plantee fórmulas originales para intentar salvar un modelo que necesariamente habrá de sobrevivir aún unos años para que España cumpla sus compromisos en la defensa común y mantenga un Ejército mínimamente operativo. Ayer, en el Congreso de los Diputados, Serra llegó a proponer ventajas fiscales para las familias con jóvenes en la mili. Es poco creíble que ningún joven decida ir a la mili para que su padre se ahorre unos duros.

El debate ya parece haber quedado zanjado en el sentido de abandonar la idea del servicio militar obligatorio, pero cualquier nuevo modelo tiene que cumplir unos requisitos inexcusables. Y entre ellos figura no sólo su viabilidad económica, sino también la operatividad de los Ejércitos y su credibilidad como instrumento de defensa de un Estado y una alianza que se enfrenta a un mundo en el que los riesgos proliferan. Las ofertas electorales de unos y otros pueden ser muy populares entre los jóvenes, pero el Ejército tiene que poder afrontar la tarea encomendada. Y eso requiere responsabilidad por parte de todos.

EL PARTIDO Popular se presentó a las últimas elecciones generales prometiendo una mili de seis meses y 30.000 pesetas de sueldo para los reclutas. Un año y medio después, el servicio militar dura nueve meses y la soldada está congelada en 1.500 pesetas. El Gobierno alega que ambas promesas han quedado superadas por un compromiso más trascendente: la definitiva profesionalización del Ejército y la consiguiente supresión del servicio obligatorio en el año 2003, fruto del acuerdo con CiU que permitió la investidura de José María Aznar. Es dudoso que este argumento sirva de consuelo a los jóvenes que mientras tanto deben seguir incorporándose con carácter forzoso a los cuarteles.El anuncio de que la mili será suprimida a plazo fijo convierte en especialmente necesarios esos incentivos -reducción a seis meses y mayor sueldo- para los últimos jóvenes obligados a hacerla. La decisión más racional sería, si se ha optado por el Ejército profesional, suprimir la mili de forma inmediata -como hizo Francia- para evitar las tensiones sociales que produce una supresión diferida.

Las medidas adoptadas hasta ahora por el Ministerio de Defensa no van en esta dirección. Ni parece que haya intención de acelerar la implantación del servicio profesional, ni se mejoran las condiciones para los llamados de forma obligatoria en este plazo. La reinstauración del excedente de cupo, que hoy eximirá de la mili por sorteo a 16.442 mozos, es una buena noticia para los agraciados, pero agrava el sentimiento de discriminación entre la mayoría.

A nadie puede sorprender que la objeción de conciencia se haya desbocado y que en octubre se hayan declarado objetores 18.499 jóvenes: 616 al día. Como dijo ante la ponencia parlamentaria el director general de la Objeción de Conciencia, Carlos Lesmes, «nadie va a querer ser el último». Mientras tanto, la cifra de aspirantes a soldado profesional no sólo no aumenta, sino que se reduce: este año se han presentado 8.300 candidatos menos que en 1996, pese a convocarse 2.800 plazas más. La transición del servicio militar al Ejército profesional es un proceso complejo y arriesgado. Al Gobierno hay que exigirle mucha más claridad y rigor del que ha exhibido hasta ahora. Al PSOE, que antes se oponía a la supresión de la mili y ahora propone adelantarla al año 2000, que no pretenda sacar beneficio partidista de este tema. A CiU, que arrancó al PP este compromiso, que se responsabilice también de que llega a buen fin y no piense que un eventual fiasco no acabará salpicándole. El fracaso de este importante proyecto no es inevitable, pero es posible. Cada vez hay menos tiempo para evitarlo.

En el año 1996, a raíz de sus pactos de investidura con Convergència i Unió (CiU), Aznar decidió repentinamente la supresión del servicio militar obligatorio y la profesionalización total de las Fuerzas Armadas. Fue una decisión conveniente e inevitable, pero precipitada. Conveniente, porque los nuevos sistemas de armas y las cada vez más frecuentes misiones en el exterior hacían innecesarias las masas de reclutas de conscripción. Inevitable, porque la objeción de conciencia, que en España alcanzó cotas sin parangón en otras naciones, estaba acabando con la mili forzosa por la vía de hecho.

Pero la improvisación rodeó todo el proceso. Lo que se hizo fue suprimir la mili, pero no profesionalizar las Fuerzas Armadas, que es algo muy distinto y mucho más complejo. Por eso, tres años después de que en diciembre de 2001 se licenciara el último recluta obligatorio, no sólo hay 32.000 soldados menos de los previstos en la ley del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas de 1999, que situó los efectivos de tropa y marinería entre 102.000 y 120.000, sino que no se ha conseguido frenar la continua reducción de los ya menguados efectivos. El problema es especialmente grave en la Armada, que ha tenido que dejar en puerto algunos barcos por falta de tripulantes.

El actual ministro de Defensa, José Bono, ha adoptado medidas para intentar atajar este problema, como el aumento hasta el 7% del cupo máximo de extranjeros o la instauración de pagas extraordinarias en las unidades que se encuentran en situación más crítica. Pero han sido parches y lo que se impone es una revisión a fondo. La situación es tan grave que el Gobierno ha decidido desgajar una parte de la Ley del Régimen de Personal, que está previsto reformar el próximo año, y tramitarla anticipadamente, como Ley de la Tropa y Marinería. La mayor novedad del proyecto es la idea de ofrecer a los soldados un contrato de dos décadas de duración, al término del cual (con una edad de entre 40 y 45 años) pasarían a la reserva y tendrían derecho a cobrar media pensión hasta su jubilación.

La compatibilidad de esta ayuda con otras retribuciones públicas o su elevado coste global para el Estado suscitan algunas dudas. Pero fórmulas similares existen en países como el Reino Unido, donde el ejército profesional funciona, al contrario que en España. En todo caso, el hecho de que se trate de decisiones cuyas consecuencias se verán dentro de varias décadas obliga a que se huya de la improvisación y se garantice la estabilidad del sistema y de la propia carrera profesional de los soldados.