El Gobierno Aznar suprime ‘la mili’ a petición de Jordi Pujol: CiU condicionó su apoyo parlamentario a la supresión del servicio militar obligatorio

EL SERVICIO militar obligatorio, hijo de la Revolución Francesa y de las guerras de los dos Napoleones, ha entrado en una crisis existencial en Europa, de la mano de los nuevos aires que soplan desde el fin de la guerra fría. En Francia, con rapidez y decisión, el presidente gaullista, Jacques Chirac, ya le ha puesto fecha a su fin, el 2002, comenzando en enero a aplicar su plan, pese a las críticas que ha suscitado. En España, el PP -desbordando su compromiso electoral- ha anunciado su intención de profesionalizar las Fuerzas Armadas si las finanzas lo permiten, en seis años. Y para antes del 2000 se ha comprometido a acabar con el servicio militar obligatorio en Rusia el candidato-presidente Yeltsin.Tras todos estos movimientos late un cambio de actitud de la sociedad, y especialmente de los jóvenes, hacia el servicio militar. No se trata, o no sólo, de una actitud de rechazo más o menos idealista hacia las funciones de los ejércitos, e incluso cabe pensar que es precisamente el cambio en las misiones tradicionales de las Fuerzas Armadas lo que ha determinado la nueva actitud social ante ellas. El objetivo más inmediatamente perceptible no es ya, en países como Francia o España, la defensa del territorio nacional frente a una eventual invasión extranjera -origen histórico del servicio obligatorio-, sino la intervención en misiones fuera de las fronteras del propio país: bien en operaciones de paz (Bosnia), bien en defensa de intereses más amplios (guerra del Golfo) o más limitados (intervenciones francesas en Africa). En ninguno de estos casos estiman en general los Gobiernos que se pueda enviar a soldados que no sean profesionales o, al menos, voluntarios; porque lo impide la ley, la tradición o la política.

Pero es que, además, los soldados profesionales son más eficaces. En el nuevo contexto europeo y mundial resultan más operativas las fuerzas profesionalizadas desde hace años, como las británicas, que en cinco anos han visto reducidos sus efectivos en un 25%. El debate sobre el coste del Ejército debe ponerse en relación con esa operatividad que permite reducir el número de efectivos. Hasta ahora, el debate versaba más bien sobre la idea de contribución ciudadana a la defensa, de acuerdo con la idea liberal de nación, considerándose la existencia de un servicio militar obligatorio y universal garantía última de la democracia. Al mismo tiempo se argumentaba que un ejército profesional atraería a sectores marginales, que buscarían en ese oficio una salida a su incapacidad para integrarse en el mercado laboral.

Esos argumentos han perdido parte de su validez en las nuevas circunstancias, pero han de ser tenidos en cuenta a la hora de articular el nuevo modelo. En Francia, la participación de todos los varones en el servicio militar fue, con la escuela, uno de los principales factores de socialización en los valores republicanos. Veremos qué otras instituciones cumplirán ese papel.

Incluso en un país como Alemania, que por razones históricas defiende a rajatabla el servicio militar obligatorio y cuenta con el mayor Ejército de Europa, la palabra profesionalización está dejando de ser tabú, en la sociedad y en círculos oficiales, especialmente en un contexto de recorte de gastos. Eso sí, en todo el debate, Alemania rechaza participar en las aventuras militares que se podría plantear Francia fuera de Europa. El ministro alemán de Defensa, Volker Rühe, quiere que se mantenga el Cuerpo Europeo de Ejército, pese a la profesionalización de la parte francesa, pero no quiere verlo convertido en un Afrikakorps. En fin, resulta bien significativo que, frente a la propuesta de Chirac, un diario tan representativo de la tradición liberal y republicana como Le Monde haya sugerido la conveniencia de un referéndum sobre la decisión.

ESPAÑA CONTARÁ a comienzos de la próxima década con unos Ejércitos plenamente profesionales. Se cumplirá así un objetivo reclamado por amplios sectores sociales desde hace años. En el breve camino que aún resta para alcanzar esa meta, el Gobierno empieza a descubrir graves dificultades, algunas de ellas derivadas de que los partidos políticos y el propio Ejecutivo no previeron ni calcularon las consecuencias que tendría el simple anuncio de la supresión de la mili sin un proyecto de transición adecuado. Todas esas dificultades han de ser superadas con responsabilidad, precisamente para no entorpecer este cambio social histórico.Hace ya más de una década, el debate político sobre la estructura de los Ejércitos se ciñó a la opción entre un Ejército mixto -que incluía una reducción de la mili y un aumento de soldados profesionales- y un Ejército profesional. Las encuestas mostraban ya entonces una decidida inclinación de los ciudadanos por el Ejército profesional. Razones fundamentalmente económicas llevaron al Gobierno socialista a optar por el Ejército mixto.

Desde las elecciones de 1989 ha sido una cuestión siempre presente en las campañas. También en la última, en la que se convirtió de hecho en una carrera de rebajas. El PSOE se quedó solo en su defensa del modelo mixto. PNV y CiU, sus socios en la anterior legislatura, se decantaron por la profesionalización. El PP propuso reducir la mili a seis meses, si bien no fueron pocos los dirigentes que apostaban por la profesionalización plena. Sólo así se entiende que, tras las elecciones, uno de los primeros acuerdos alcanzados entre el PP y CiU fuera la supresión de la mili.

La reacción de los jóvenes españoles ha sido lógica. Nadie quiere hacer ya el servicio militar. La cifra de objetores no deja de crecer. Durante el primer trimestre, su número rondó los 6.000 mensuales. En abril, conocido ya el acuerdo PP-CiU, subió a 8.200, y en mayo a 9.000. El ministro de Defensa, Eduardo Serra, anunció ayer que en esta legislatura se pondrá en marcha la mili de seis meses, lo que exige un mayor número de soldados para cubrir las necesidades de los Ejércitos. Un objetivo que puede ser imposible si continúa aumentando el número de objetores.

Paralelamente, CiU, IU y PSOE piden que el tiempo de prestación sustitutoria sea idéntico al de la mili. Otro factor que aleja en los jóvenes cualquier inclinación para acudir al servicio militar obligatorio. En este clima, el periodo de trainsición entre Ejército mixto y Ejército profesional se presenta harto complejo. No es de extrañar que Serra plantee fórmulas originales para intentar salvar un modelo que necesariamente habrá de sobrevivir aún unos años para que España cumpla sus compromisos en la defensa común y mantenga un Ejército mínimamente operativo. Ayer, en el Congreso de los Diputados, Serra llegó a proponer ventajas fiscales para las familias con jóvenes en la mili. Es poco creíble que ningún joven decida ir a la mili para que su padre se ahorre unos duros.

El debate ya parece haber quedado zanjado en el sentido de abandonar la idea del servicio militar obligatorio, pero cualquier nuevo modelo tiene que cumplir unos requisitos inexcusables. Y entre ellos figura no sólo su viabilidad económica, sino también la operatividad de los Ejércitos y su credibilidad como instrumento de defensa de un Estado y una alianza que se enfrenta a un mundo en el que los riesgos proliferan. Las ofertas electorales de unos y otros pueden ser muy populares entre los jóvenes, pero el Ejército tiene que poder afrontar la tarea encomendada. Y eso requiere responsabilidad por parte de todos.

En el año 1996, a raíz de sus pactos de investidura con Convergència i Unió (CiU), Aznar decidió repentinamente la supresión del servicio militar obligatorio y la profesionalización total de las Fuerzas Armadas. Fue una decisión conveniente e inevitable, pero precipitada. Conveniente, porque los nuevos sistemas de armas y las cada vez más frecuentes misiones en el exterior hacían innecesarias las masas de reclutas de conscripción. Inevitable, porque la objeción de conciencia, que en España alcanzó cotas sin parangón en otras naciones, estaba acabando con la mili forzosa por la vía de hecho.

Pero la improvisación rodeó todo el proceso. Lo que se hizo fue suprimir la mili, pero no profesionalizar las Fuerzas Armadas, que es algo muy distinto y mucho más complejo. Por eso, tres años después de que en diciembre de 2001 se licenciara el último recluta obligatorio, no sólo hay 32.000 soldados menos de los previstos en la ley del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas de 1999, que situó los efectivos de tropa y marinería entre 102.000 y 120.000, sino que no se ha conseguido frenar la continua reducción de los ya menguados efectivos. El problema es especialmente grave en la Armada, que ha tenido que dejar en puerto algunos barcos por falta de tripulantes.

El actual ministro de Defensa, José Bono, ha adoptado medidas para intentar atajar este problema, como el aumento hasta el 7% del cupo máximo de extranjeros o la instauración de pagas extraordinarias en las unidades que se encuentran en situación más crítica. Pero han sido parches y lo que se impone es una revisión a fondo. La situación es tan grave que el Gobierno ha decidido desgajar una parte de la Ley del Régimen de Personal, que está previsto reformar el próximo año, y tramitarla anticipadamente, como Ley de la Tropa y Marinería. La mayor novedad del proyecto es la idea de ofrecer a los soldados un contrato de dos décadas de duración, al término del cual (con una edad de entre 40 y 45 años) pasarían a la reserva y tendrían derecho a cobrar media pensión hasta su jubilación.

La compatibilidad de esta ayuda con otras retribuciones públicas o su elevado coste global para el Estado suscitan algunas dudas. Pero fórmulas similares existen en países como el Reino Unido, donde el ejército profesional funciona, al contrario que en España. En todo caso, el hecho de que se trate de decisiones cuyas consecuencias se verán dentro de varias décadas obliga a que se huya de la improvisación y se garantice la estabilidad del sistema y de la propia carrera profesional de los soldados.