El Gobierno Aznar saca adelante la Ley del Fútbol contra PRISA con el apoyo de Julio Anguita González (Izquierda Unida)

La Ley del Deporte de 1990, que alcanzó un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas, inició el camino de la reforma del sector deportivo profesional con el objetivo de corregir tanto el endeudamiento recurrente de los clubes (esencialmente de fútbol) como la vinculación del Estado en la financiación de las deudas.Hay que reconocer que en el tiempo de funcionamiento de la ley, y aún con la creación de nuevas estructuras, como las sociedades anónimas deportivas o la Liga de Fútbol Profesional, no se ha producido la verdadera transformación en este sector. No han conseguido la suficiente solvencia en sus propias estructuras colectivas ni el equilibrio en sus diferentes economías para afrontar seria y razonablemente la gran expansión en la que se han visto inmersos de forma muy rápida. Estos antecedentes, junto al interés comercial que el negociodel fútbol espectáculo va a alcanzar para la puesta en marcha de la televisión digital, desencadenarán no pocos conflictos, cuya expresión más reciente es lo que el verano pasado hemos conocido como la guerra del fútbol. Tener los derechos de emisión y retransmisión del fútbol se convierte en un objetivo estratégico de primer orden para los operadores que aspiran a poner en marcha la nueva modalidad del pago por ver.

La primera parte de la guerra, que divide a los clubes y sociedades anónimas deportivas en dos bloques diferenciados en función de con quién han comprometido sus derechos de retransmisión, acabó con un inesperado acuerdo entre las partes más enfrentadas: Canal +, Antena 3 y Televisión de Cataluña, y en consecuencia del conjunto de los clubes de fútbol.

Sus consecuencias más apreciables han sido el sobredimensionamiento económico de los derechos de retransmisión y un nuevo varapalo para la Liga de Fútbol Profesional como organismo de representación colectiva de los intereses del sector.

La segunda parte ha llegado hasta el Parlamento de la mano del Gobierno del Partido Popular y a través de la denominada Ley Orgánica Reguladora de Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y Acontecimientos Deportivos, aunque todo el mundo la denomina ley del fútbol, porque a nadie se le escapa que la verdadera intención de esta ley es materializar la intervención en el fútbol, y más concretamente en las retransmisiones habituales de los partidos de Liga, para invalidar contratos y acuerdos firmados que han dejado en mala posición a la plataforma digital impulsada por el propio Gobierno en lo que afecta a oferta futbolística.

El primer soporte para justificar laley y la intervención ha sido la teoría del interés general y el derecho a la información.

El derecho a la información es incuestionable, pero desde luego no es una novedad de la ley, circunstancia que han reconocido no sólo los servicios jurídicos, sino el conjunto de los grupos parlamentarios, al quitarle el. carácter orgánico con que la había presentado el Gobierno.

El interés general es un concepto muy amplio y que abarcaría en todo caso otras cuestiones formativas, culturales, sociales o políticas y otros deportes o sectores portes o sectores del mismo, cuya difusión en abierto habría que salvaguardar y equilibrar desde una perspectiva más global y no sólo teniendo en cuenta la atracción del fútbol sobre las audiencias. Parece lógico, por ejemplo, aplicar el criterio de interés general o interés público para garantizar la difusión en abierto de los Juegos Olímpicos, de campeonatos mundiales, europeos, o de acontecimientos de relevancia excepcional. Pero no parece lógico querer aplicar este criterio precisamente a las competiciones regulares de fútbol, que mantienen por tradición una clara situación de ventaja consolidada en lo que afecta a sus retransmisiones en abierto. En estos momentos se están retransmitiendo por este sistema uno o dos partidos semanales, más las competiciones europeas más la Copa del Rey. Los datos de programación en el conjunto de las televisiones en la actualidad nos indican que sumando noticias y retransmisiones deportivas, más de un 80% se dedica al fútbol, seguido por el baloncesto, ciclismo o tenis, mientras que algunos deportes o el deporte femenino no alcanzan ni el 5%. Nos encontramos, pues, ante un debate falso sobre la protección del interés general, cuando el verdadero conflicto en la regulación se sitúa en el pago por ver, que poco tiene que ver con el interés general y mucho con los intereses comerciales de las plataformas digitales.

El proceso de implantación de estas nuevas tecnologías en lo que afecta a retransmisiones deportivas debería hacerse guardando el necesario equilibrio entre las competiciones y partidos en abierto, los partidos en codificado y las retransmisiones en la nueva modalidad de pago por ver, garantizando por un lado la estabilidad económica de los clubes y sociedades anónimas deportivas, por otro lado una oferta suficiente y de calidad de fútbol abierto para los usuarios, y finalmente la posibilidad de reequilibrar la oferta hacia otros deportes. No contemplar seriamente estos aspectos y proceder a regulaciones precipitadas podría significar:

1. Agravar la situación de otros sectores económicos que se han visto afectados negativamente por el fútbol televisado, como el sector de cines, teatros y restaurantes, y también de otros deportes que, con la prioridad del fútbol, ven en seria dificultad sus necesidades de difusión y promoción;

2. Recuperar una especie de intervención del Estado en determinadas manifestaciones de carácter profesional que la Ley del Deporte del 90 había contribuido a clarificar, comprometiendo directa o indirectamente en esta aventura dinero público. Los recursos públicos en el deporte deberían destinarse mayoritariamente a que el conjunto de la población tenga acceso a la práctica deportiva, mejorando las infraestructuras y los programas de promoción deportiva.

No podemos olvidar que el fútbol profesional se financia con los ingresos obtenidos por la asistencia del público a los estadios o por la publicidad y explotación de los derechos de emisión y retransmisión.

Los derechos de retransmisión ya negociados superan globalmente los 200.000 millones y los niveles económicos de los clubes de fútbol han variado de forma importantísima. En esta temporada se han superado los 30.000 millones en fichajes y 60.000 millones de presupuestos globales. Lo mejor que el Gobierno podría hacer para salvaguardar el «interés general» es no asumir ningún riesgo en estas operaciones y mantener la tendencia ya iniciada de autonomía en las estructuras de fútbol para que asuman los riesgos de su propia gestión.

A través de un procedimiento de ley orgánica el Gobierno ha pretendido intervenir sobre los acuerdos adoptados, que podrían cuestionarse en algunos de sus contenidos, pero su precipitación ha significado un proyecto coyuntural y con un tratamiento técnico-jurídico muy deficiente. Sirve como referencia que a un proyecto de ley de seis artículos se han presentado, además de dos enmiendas a la totalidad, 98 enmiendas de modificación. Ha recibido serias advertencias del conjunto de los grupos parlamentarios, incluidos los que apoyan al Gobierno, en el sentido de introducir elementos de racionalidad para no convertir este debate en una dura lucha de intereses.

El Gobierno está, por tanto, obligado a reconducir la situación hacia un proyecto que inicie la solución del conflicto, conjugando favorablemente: la seguridad jurídica, la pluralidad y concurrencia entre los diferentes operadores, la suficiencia financiera de las sociedades anónimas deportivas sin participación del Estado, los intereses de los usuarios y la protección al conjunto del sistema deportivo.

Inés Sabanés-Nadal

Los peores augurios sobre la dirección que está tomando el Gobierno de José María Aznar quedaron confirmados ayer en la votación de la llamada ley del fútbol. El Partido Popular, gracias a los votos de Izquierda Unida, consiguió aprobar una ley confiscatoria, que expropia sin indemnización los derechos de retransmisión de fútbol por televisión con carácter retroactivo. Vulnera con ello un principio de seguridad jurídica recogido en todo Estado de derecho, la propia Constitución Española y, por supuesto, los principios y normas que rigen en la Unión Europea. Y lo hace, además, gracias a una súbita reversión de alianzas y a la aparición de una nueva mayoría conservadora y comunista, en la que el PP pierde toda traza de liberalismo y centrismo y el anguitismo aporta, incluso en forma de enmienda confiscatoria, el estatalismo más depredador.La reacción alarmada. de Convergència i Unió, de Coalición Canaria y de Iniciativa per Catalunya, y las críticas que ha suscitado entre los diputados más aperturistas de Izquierda Unida, invalida la interpretación difundida por el PP de una batalla entre intereses privados y de una supuesta instrumentalización partidista por parte de la oposición. La actitud del Grupo Popular ayer en el Congreso de los Diputados y las facilidades suministradas desde la propia presidencia del Congreso para sacar adelante la ley por encima de cualquier consideración jurídica o reglamentaria permiten concluir que el Gobierno se halla en una fuga hacia adelante que sienta un inquietante antecedente para la futura tarea parlamentaria. ¿Serán estos métodos los utilizados para aprobar el Presupuesto de 1998, que debe conducir a España a la Unión Económica y Monetaria? ¿Son éstos los métodos y las ideas que el Gobierno de España quiere aportar a su visión de Europa, del mercado único y de las libertades que lo configuran? ¿Es Anguita el socio que hará posible el cumplimiento de los criterios de Maastricht? A esta pinza contra natura se la conoce como pacto a la griega, y ya se sabe cómo terminó.

El desenfado con el que el PP está interviniendo en la vida económica de las empresas audiovisuales constituye. también un antecedente pésimo del que deberán tomar buena nota todos los ciudadanos e instituciones preocupados por la libertad de empresa, o partidos como el Nacionalista Vasco, que ha aportado el voto de sus parlamentarios atendiendo a los réditos particulares extraídos de su privilegiada relación con Aznar. Pero también deberá hacerlo cualquier ciudadano preocupado llanamente por las libertades públicas, conjunto indisociable de prácticas y principios sobre los que no es posible separar una sola sin detrimento de todas. No es ya que las libertades estén en peligro en España, sino que han empezado a sufrir una erosión bien tangible y concreta desde la votación de ayer en el Congreso.

Mención especial del caos económico que introduce la ley son las consecuencias que tiene en el ámbito deportivo. Por más que la ley declare la voluntad inconcreta de preservar la «estabilidad económica» de los clubes, la confiscación de los derechos de retransmisión produce unos efectos en cadena que afectarán a todos, desde los contratos firmados entre equipos y jugadores hasta la cesión de los derechos de los clubes a las empresas audiovisuales. Deberá decir el Gobierno cómo va a financiar estas pérdidas de ingresos o cómo lo vamos a pagar todos los españoles de nuestro bolsillo, incluso aquellos que abominan del fútbol.

El objetivo de esta ley no es dar más fútbol en abierto como se proclama, sino favorecer descaradamente a la plataforma que impulsa el Gobierno y obstaculizar a Canal Satélite Digital, que ya emite con éxito. Se pretende así obligar a esta última a negociar, tanto sobre derechos del fútbol como sobre descodificadores, en condiciones ventajosas para la plataforma gubernamental, creada a toda prisa en defensa de intereses particulares y antidemocráticos. La posición de la Comisión Europea, que ayer recibió a representantes de las dos plataformas y avaló la legalidad de los, descodificadores prohibidos por el Gobierno, descalifica de nuevo la actitud intervencionista del PP y sus intentos de poner barreras a la libre circulación de mercancías y servicios en el mercado interior europeo.

La enorme inversión de esfuerzos políticos desplegados por el Gobierno para dictar normas al mercado audiovisual y conceder a sus amigos la titularidad de las empresas responde a una visión autoritaria de la sociedad que sólo encuentra emulación en el autoritarismo de su nuevo socio de mayoría parlamentaria, IU, con el que ha formado la pinza, abusando así del pacto de investidura que posibilitó CiU. Una maniobra de esta catadura no puede llegar a feliz término sin que la confianza mutua se quiebre seriamente y sin que la propia confianza internacional quede también afectada.

El Congreso aprobó ayer la Ley Orgánica de Retransmisiones Deportivas -la llamada ley del fútbol- que garantiza a todos los ciudadanos el acceso gratuito a los grandes acontecimientos que transmite la televisión. El texto, que ahora deberá ser tramitado en el Senado, termina con la situación de monopolio de facto sobre los derechos televisivos del fútbol, cuya propiedad, comercialización y difusión estaban en manos de un sólo grupo desde el pasado 24 de diciembre.

Contra lo que se ha repetido machaconamente, esta iniciativa no tiene efecto retroactivo o al menos no mayor que el de otras muchas leyes: fija -eso sí- un nuevo marco jurídico, al que se deben adaptar a partir de ahora los contratos de compraventa de derechos televisivos vigentes o futuros. Sin embargo, el Estado no tendrá que pagar indemnización alguna por una eventual lesión de derechos adquiridos, según establece una disposición transitoria introducida por IU y aceptada por el PP y el PNV. El grupo de Polanco -accionista de Audiovisual Sports- ya ha anunciado que exigirá daños y perjuicios. Es lógico que los tribunales tengan a este respecto la última palabra.

Felipe González se pronunció ayer en el mismo sentido, subrayando que el PSOE recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Habría que recordarle al líder del PSOE -y a CiU también- la existencia de decenas de leyes precedentes que modifican o limitan derechos adquiridos. Así ha sucedido en materia de costas, agua, suelo y telecomunicaciones sin que a nadie se le haya ocurrido poner el grito en el cielo.

La polémica de la retroactividad es tan artificial y tan falsa como el mensaje propagandístico de que la ley afecta a la libertad de empresa. Y ello porque el artículo 6 del texto aprobado establece que todos los operadores -ya sea por satélite o por cable- tengan la posibilidad de ofrecer el pago por visión siempre que estén dispuestos a abonar el mismo precio que sus competidores. Eso significa aplicar los criterios del Tribunal de Defensa de la Competencia a esta modalidad, sin afectar para nada a la exclusividad ni de las retransmisiones en abierto ni de las emisiones codificadas, o sea las que viene haciendo Canal Plus.

Estamos, pues, ante una iniciativa que favorece a todos los ciudadanos, estimula el pluralismo audiovisual y abre un abánico de alternativas a los clubes.

Julio Anguita fue ayer anatemizado por su apoyo a la ley. Desde los tópicas alusiones a la dichosa pinza hasta las burdas acusaciones de autoritarismo, tuvo que soportar toda clase de invectivas por defender en el Parlamento un modelo de televisión que beneficia especialmente a los sectores menos pudientes. En el colmo de la desfachatez, Antena 3 llegó a hablar de tráfico de «maletines» en un impresentable intento de cuestionar la honestidad de los diputados de IU.

Anguita puede darse por satisfecho de haber empleado inteligentemente sus 19 diputados -descontados los de IC, claramente vinculados a otro proyecto político- para perfilar una ley que, en algunos de sus puntos clave, se acerca mucho más al modelo de IU que al del PP. Por el contrario, y una vez más, González y el PSOE se alinearon incondicionalmente con los intereses de Polanco, al que presentan como una víctima del intervencionismo del Gobierno cuando lo único que hay en juego es el incremento de las multimillonarias ganancias de algunos de los mayores potentados del país. A los dirigentes socialistas se les vio ayer el plumero cuando vetaron la votación de una enmienda transaccional de IU, que daba el plazo de un año para llegar a un acuerdo en el tema del pago por visión. González y Polanco han roto la baraja y no quieren jugar la partida si no es con las reglas que ellos impusieron durante años y que ahora pretenden perpetuar.