El Gobierno coloca al expedientado Fungairiño, del grupo de los indomables, como nuevo Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional

A la misma hora que la ministra de Justicia daba ayer por zanjada la crisis de la Audiencia Nacional, la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo y numerosas fiscalías territoriales se adherían al pronunciamiento de los fiscales de Sala del Supremo, que han considerado ilegal el nombramiento de Eduardo Fungairiño como jefe del ministerio público en esa Audiencia. Las explicaciones del presidente Aznar sobre su sentido del humor y sus lecciones de teoría constitucional no han apagado la irritación provocada por sus comentarios acerca del coro tremendista que ha criticado la decisión del Consejo de Ministros. Sobre todo, la comparación que hizo con el caso del fiscal Poyatos indica que Aznar no ha entendido cuál es el problema, y eso, lejos de resultar divertido, es preocupante.En el caso de Poyatos, el Consejo Fiscal dio su visto bueno a su ascenso. El Gobierno estaba habilitado, por tanto, para nombrarlo fiscal jefe de la Audiencia, aunque en un rasgo de prudencia convenció al aspirante para que retirara su candidatura. No pocas personas con mentalidad democrática y un mínimo sentido común consideraron que hubiera sido un desatinó designar para ese cargo -que debe ocuparse de los delitos de terrorismo- a una persona en cuyo currículo figura su pertenencia al siniestro Tribunal de Orden Público (TOP) del franquismo.

El caso de Fungairiño es diferente. El Consejo Fiscal ha rechazado su ascenso -por unanimidad-, lo que invalidaría el nombramiento, según la doctrina unánime aplicada hasta ahora. El estatuto del ministerio público establece que los ascensos serán propuestos por el fiscal general «conforme a» los informes del consejo. Por mucho que se fuerce la semántica, es evidente que esa expresión significa algo más que el «previo informe» del mismo consejo exigido en materia de nombramientos. Así se ha interpretado siempre, sin excepción, y así lo interpretó el propio fiscal general unos días antes de la decisión del Gobierno. Esa interpretación es, por otra parte, la única coherente con la lógica del sistema judicial consagrado en la Constitución, que reserva a sus órganos propios los mecanismos de promoción interna.

Hay, por tanto, bastantes posibilidades de que prosperen los recursos anunciados por las asociaciones de fiscales. Al menos tantas como tuvo en su día el que se presentó contra el nombramiento de Eligio Hernández. En lugar de ampararse con aire triunfal en ese nefasto antecedente de los socialistas, convendría que Aznar, Mariscal de Gante y el resto de su propio coro sacaran la conclusión de que, cuando se comete un error, mejor es corregirlo cuanto antes que perseverar en él.

No estuvo presente la plana mayor de la carrera fiscal pero no faltó calor ayer en el acto de toma de posesión de Eduardo Fungairiño. Los magistrados, fiscales, policías y resto de funcionarios de la Audiencia Nacional arroparon a su compañero, que, tras jurar el cargo, fue premiado con un inusual, largo y espontáneo aplauso.

Algo debe querer decir la práctica unanimidad que existe en la Audiencia sobre la categoría humana y profesional de este hombre. Es, por ello, especialmente desproporcionada la actitud tomada por la cúpula de la carrera fiscal -los fiscales de sala- de no acudir al acto con la excepción de dos de sus miembros: Aparicio Calvo y Gómez Guillamón. Como también es lamentable el boicot de las dos asociaciones fiscales.

Es discutible -y lo repetimos por enésima vez- si el nombramiento de Fungairiño se ajusta al procedimiento establecido en el Estatuto Fiscal. El catedrático Díaz Picazo se sumó ayer a la tesis de que sí se ajusta. Pero ésa no es ahora la cuestión. El nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional no debe pagar por los posibles errores del fiscal general del Estado y del Gobierno. En tanto no se pronuncie la Sala Tercera del Supremo, el trabajo de Fungairiño debe ser respetado.

González no perdió la ocasión de echar más leña al fuego y aseguró desde Malmoe que el ascenso de Fungairiño equivale a nombrar capitán al jefe de «los amotinados del barco». El líder socialista señaló que sólo los fiscales de la Audiencia Nacional que se opusieron a la querella contra Conde siguen en sus puestos. Una malevolencia que cae por su peso, ya que fue el fiscal Gordillo quien pidió siete años de cárcel para Conde por apropiación indebida en el caso Argentia.

Aznar, por su parte, criticó el «excesivo corporativismo» de la carrera fiscal. Está en su derecho. Pero no puede tomarse a broma las posiciones del Consejo o de la Junta de Fiscales cuando denuncian una violación de preceptos constitucionales. Enlazando con su impropio sarcasmo de hace tres días, acusó ayer de «tremendismo» a los que han censurado al Ejecutivo el nombramiento de Fungairiño. Lo que sería «tremendo» de verdad es que el Supremo lo declarara ilegal.

LA SALA de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado por mayoría -21 a 13- uno de los recursos presentados contra el nombramiento de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El recurso cuestionaba en particular la legalidad del ascenso de Fungairiño a fiscal de Sala del Supremo, trámite previo al nombramiento propiamente dicho. Aunque se desconocen los fundamentos jurídicos de la sentencia, pendiente de redacción, se sabe que la discusión fundamental versaba sobre el carácter vinculante o no del pronunciamiento del Consejo Fiscal, contrario al ascenso de Fungairiño.La resolución del Supremo fue acogida con alivio en medios gubernamentales dado el laberinto en que se había metido el Ejecutivo al insistir en mantener la candidatura de un fiscal sancionado y cuyo nombramiento había sido rechazado -o al menos desaconsejado unánime y reiteradamente- por la carrera fiscal. El nombramiento del fiscal jefe de la Audiencia es competencia del Gobierno a propuesta del fiscal general, «previo informe del Consejo Fiscal». Pero para acceder a ese cargo es preceptiva la condición de fiscal de Sala del Supremo, que no tenía Fungairiño. El estatuto del ministerio fiscal establece qué los ascensos son competencia del fiscal general «conforme a los informes del Consejo Fiscal».

Tales informes fueron contrarios al ascenso. La discusión se planteaba sobre si ese pronunciamiento es vinculante.Hasta ahora se había interpretado siempre en el sentido de que el dictamen del Consejo es consultivo en materia de nombramientos y vinculante en cuestión de ascensos. Nunca es tarde para cambiar de criterio, pero parece lógico pensar que si el legislador que. ría establecer en ambos casos el carácter meramente consultivo hubiera empleado la misma expresión. En castellano, «previo informe de» no es lo mismo que «conforme a». Pero el tribunal ha opinado de manera diferente, y a ello hay que atenerse.

Sin embargo, resulta arrogante presentar ese desenlace como un triunfo del Gobierno que «desmantela la estrategia del PSOE» como ha declarado un senador del PP. Fueron las asociaciones profesionales -la progresista y la conservadora- quienes consideraron ilegal el nombramiento, y ambas opinaron ayer que la sentencia compromete el equilibrio entre dependencia jerárquica y sujeción al principio de imparcialidad establecido por la Constitución. Por ello, dicen que si el estatuto del ministerio fiscal permite rompe ese equilibrio, habrá que modificar esa norma. La cuestión es si valía la pena enconar la relación con lo fiscales hasta este punto por contentar a quienes hicieron bandera de la promoción de Fungairiño.