El Gobierno nombra a Jesús Cardenal nuevo Fiscal General del Estado poniendo fin al accidentado y breve mandato de Ortiz Urculo

Cuando el jueves por la noche fue citada para las ocho y media de la mañana del día siguiente en La Moncloa, la ministra de Justicia supo que podía ir empezando a comerse con patatas el elaborado dictamen jurídico en el que, sin duda de ninguna clase, se pronunciaba contra el traslado de la fiscal Márquez de Prado. Mucho más brillante en la mesa de despacho que en la tribuna parlamentaria o bajo los focos de la prensa, Margarita Mariscal había recordado sus viejos buenos tiempos como juez de instrucción y había redactado un auto impecable en el que desmontaba uno a uno los endebles argumentos de la Inspección Fiscal, asumidos tanto por el Consejo Fiscal como por el débil, veleidoso e inconsistente Ortiz Urculo.

La disección técnica del expediente instruido contra la fiscal Márquez no había servido, en realidad, sino para corroborar a la luz del Derecho la impresión que siempre había tenido la ministra: había existido una persecución política contra los miembros de la Audiencia Nacional que más se habían distinguido en la lucha contra el GAL y la corrupción y eso era algo que ella no podía respaldar.

La pequeña historia del agónico pulso mantenido durante las últimas semanas entre la ministra y esa especie de hijo tonto que le había salido en forma de fiscal general ha quedado ya amortizada a beneficio de inventario por las decisiones de anteayer, pero deben constar en acta algunas circunstancias. La primera, que Margarita Mariscal advirtió desde el primer momento a Urculo que ella no refrendaría el traslado de ninguno de los fiscales de la Audiencia. La segunda, que el propio día de la maratoniana reunión con el Consejo Fiscal tras la que comunicó las sanciones, Urculo anunció a la ministra, en medio de una monumental bronca, que pensaba pedir el traslado no sólo de María Dolores Márquez sino también de Ignacio Gordillo. Y por último que desde entonces hasta el viernes el felizmente cesado fiscal general, estrafalario y desnortado como pocos, al menos expresó seis propósitos diferentes para el supuesto de que su decisión no fuera respaldada.

Con estos antecedentes no es difícil imaginar la decepción de Margarita Mariscal cuando comprobó que lo que ella quería resolver desde el Derecho tenía que pasar por el filtro de una decisión política del propio presidente. La dinámica de acontecimientos y el mismo tipo de consideraciones que la dejaron en desoladora minoría cuando el 2 de agosto Aznar impuso la no desclasificación de los papeles del Cesid, volvían a repetirse miméticamente. De nuevo la conveniencia debía primar sobre la conciencia, rozando incluso la frontera de la prevaricación. Se le pedía que adoptara una resolución injusta en función de consideraciones tácticas.

Los argumentos del presidente no dejaban de tener, sin embargo, un importante peso. La decisión tenía que ser política porque la discrepancia de la ministra con la posición corporativa que de forma casi monolítica se había moldeado a través del Consejo Fiscal -el pobre Urculo se había dejado ganar la batalla por Zato y compañía- no iba a ser interpretada por nadie en clave técnica, sino como un pulso de poder. Con una correlación de fuerzas tan adversa -hasta CiU había pedido el traslado- el Gobierno no podía atrincherarse en una defensa numantina de la fiscal Márquez, teniendo pendientes asuntos de mayor calado como la obligada sustitución del fiscal general tras su disparatada carta a Alvarez Cascos y, sobre todo, el nombramiento de fiscal jefe de la Audiencia.

Lo que en definitiva proponía Aznar era una especie de retirada estratégica para pasar luego a la ofensiva, con la celeridad con que un boxeador ejecuta el uno-dos. Tan confundida como contrariada, la ministra aceptó el plan, consolándose en el hombro de quien puede terminar siendo el personaje clave de la crisis cuando ésta quede completamente cerrada, tras renunciar a explicar ante la prensa un desenlace provisional tan incómodo de argumentar.

También la vía de escape parecía calcada de la del 2 de agosto, sólo que esta vez de manera más explícita y consciente: puesto que la fiscal Márquez tiene razón desde el punto de vista jurídico y ya ha anunciado que interpondrá recurso contencioso-administrativo, que sea la Sala Tercera la que reponga su derecho y saque los colores a los budas gremiales del Consejo Fiscal. Entretanto, denegar la suspensión de la ejecución del traslado, mientras no exista una resolución final por esa vía, sería un acto de ensañamiento que sólo desde la zafia persecución personal se podría reclamar.

Tanto maquiavelismo, paradójicamente encaminado a preservar y consolidar el actual espíritu de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, elogiado una y otra vez por Mayor Oreja, requería además la complicidad de un nuevo fiscal general. Y encontrarlo en el actual clima de rebelión corporativa ha sido casi tan difícil como nombrar ministro de Marina tras la dimisión de Pita da Veiga en protesta por la legalización del Partido Comunista.

Los hechos han demostrado que fue una equivocación programática del PP comprometerse a poner en el cargo a un fiscal de carrera, pues en la práctica eso equivale a guiarse por el escalafón cuando el puesto es eminentemente político. Lo ideal habría sido aprovechar esta crisis para reconocer el error, desembarazarse de ese corsé y nombrar a uno de los muchos buenos juristas independientes que andan por ahí sueltos. Estando, sin embargo, tan reciente el incumplimiento de lo prometido respecto al director general de RTVE, Aznar no podía repetir en este caso el ejercicio de cinismo de decir que ya nombró a «uno» acorde con lo anunciado durante la campaña.

Estrechado de esta manera el margen de maniobra, no es de extrañar que el designado haya sido un personaje casi tan peculiar como aquel rechoncho almirante Pery Junquera al que Suárez tuvo que recurrir para tapar la vía de agua que se le abrió hace veinte años. El problema es que en plena democracia es imposible reducir al ámbito de lo anecdótico el que la persona encargada de velar por la legalidad tenga ideas reaccionarias y en cierto modo anticonstitucionales en relación con el aborto, el divorcio, la homosexualidad y demás «extremos viciosos» de la realidad social española.

Además de colaborar en la lucha antiterrorista con la sobria profesionalidad y eficacia con que al parecer ha venido haciéndolo desde el País Vasco, este hombre va a tener que impartir instrucciones a sus subordinados sobre cómo tratar a los médicos abortistas, a las parejas de hecho o a los delincuentes sexuales. Si el nombramiento de Jesús Cardenal es el prototipo de la política centrista que en esas áreas de tanta sensibilidad ciudadana piensa aplicar el Gobierno, entonces más vale que Aznar no desempaquete demasiadas botellas de vino con destino a las cavas de la antigua bodeguilla.

Aunque en política pueda hacerse al final la salvedad de que bien está lo que bien acaba, en principio este extraño zigzagueo a lo Fouché del presidente Aznar causa alarma, perplejidad y un cierto desánimo a quienes deseamos que su acción de Gobierno tenga como gran prioridad la regeneración democrática desde una perspectiva progresista. Cuando se pretende escribir recto con renglones torcidos siempre existe el riesgo de que te termine descarrilando la escritura. Ya veremos en qué desemboca todo esto, pero habría sido preferible aferrarse a los principios y respaldar abiertamente a la Fiscalía de la Audiencia sin tantos vericuetos ni meandros.

Como en el 2 de agosto, siempre queda en todo caso el consuelo de mirar al otro lado y comparar a este presidente introvertido y calculador hasta el extremo de parecer timorato, con su pinturero antagonista para el que siempre serán igual ocho que ochenta, en la medida en que está dispuesto a pasar con su proverbial desparpajo de la broma sobre los pagos de Televisa, a la broma de que no volverá a presentarse en ningún caso a las elecciones o a la broma de que aquí lo importante es que el abogado de Amedo hablara o no con Alvarez Cascos. ¿Tenían cara de risa aquellos 28 cadáveres?

Pedro J. Ramírez

No discuto que la fiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado mereciera ser trasladada. Lo discutiría, si su comportamiento profesional estuviera realmente en cuestión. Pero me consta que la decisión de trasladarla no tiene nada que ver con su labor. La suya es una sanción consorte: la han dañado para compensar. Por lo menos hace dos días, la ministra tenía claro que Márquez de Prado no había hecho nada que mereciera sanción. Pero el Gobierno la ha castigado finalmente para darse un aire salomónico.

Conviene recordar el juicio de Salomón. No hay que olvidar que Salomón prevaricó. Prevaricar es dictar una sentencia a sabiendas de que es injusta. Salomón sabía que era injusto partir al niño en dos mitades. Que supusiera que al final el asunto acabaría resolviéndose no mejora la cobardía de su resolución. El Gobierno de Aznar sabe que ha obrado mal al hacer como que nivela las cosas, destituyendo al fiscal general, Ortiz Urculo, y acordando el traslado de la fiscal Márquez. Urculo es un perfecto incompetente, pero la culpa de su nombramiento no la tiene Márquez. La tiene Aznar. Y no la asume. La paga en cabeza ajena.

Hay gente inteligente que apoya al Gobierno de Aznar no tanto porque le vea mérito específico alguno -sería difícil: no lo tiene- sino en la medida en que hace funciones de muro de contención: no ve a Aznar como Aznar; sino como el no González. El episodio de la crisis de la Fiscalía revela que no sirve ni siquiera a esos efectos, meramente negativos. Es un gobernante pusilánime, obsesionado por no dar una imagen de debilidad, que se empeña en demostrar su fortaleza tratando de situarse por encima del bien y del mal, sin darse cuenta de que se puede estar por encima del mal, pero no del bien. Porque por encima del bien no hay nada: todo está por debajo.

Para acabar de rematar su propio dislate, quiere sustituir al carca Ortiz Urculo por un individuo que es todavía más carca y atrabiliario: ese Cardenal -que lo es de apellido, pero lo parece de profesión- se ha declarado enemigo de las parejas de hecho, de la homosexualidad y del derecho al aborto. Vaya joya. Vaya cambio.

Y se extrañan de que Felipe González se invente historias, y de que Alfonso Guerra -que se denuncia solo: califica a los GAL de «contraterrorismo»- confirme las historias que se inventa su jefe, y de que Ciprià Ciscar las jalee.

Van a trasladar a la fiscal Márquez porque, según dicen, tiene mal carácter. Si realmente lo hicieran por eso, sería una estupidez. Pero la realidad es peor: van a hacerlo para no enfadar al enemigo. O sea, por cobardía.

Los acuerdos como el de Múnich siempre han animado a los matones.

Javier Órtiz

Jesús Cardenal, a partir de la semana que viene nuevo fiscal general del Estado y hasta entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, nació hace 67 años en Pesquera del Duero (Valladolid). Pero casi nada de la alegría de las vides y los vinos de esa población parece haber inspirado su carácter. Es, lo ha sido siempre, un hombre austero y reservado.

Cardenal, que sustituirá en el cargo a Juan Cesáreo Ortiz Urculo, ha hecho toda su carrera de fiscal en Bilbao, donde deja «un excelente recuerdo como profesional y otro, no tan grato, respecto a sus juicios de valor personales sobre moral y buenas costumbres», según personas del mundo jurídico que han trabajado con él a lo largo de más de dos décadas. Padre de seis hijos, todos ellos nacidos en Bilbao, es supernumerario del Opus Dei, con fama de estricto y de vigilante de los más mínimos detalles, puntualidad incluida.

Pero, para completar el perfil del nuevo fiscal general del Estado, que tiene acreditado un trato deferente y exquisito con los abogados, incluidos los que puedan estar en sus antípodas ideológicas -en absoluto es un hombre sectario-, hay que añadir que la seriedad y la natural contundencia la aplica a todo lo que hace, no sólo a su vertiente de apologeta.

Cardenal ingresó en la carrera fiscal en 1958 y dos años más tarde fue nombrado fiscal en la Audiencia Provincial de Bilbao, trabajó en el Tribunal Tutelar de Menores y logró culminar su vocación al dar clases de Derecho Civil en la Facultad de Económicas de la Universidad del País Vasco. En 1986 fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia de Bilbao, siendo ministro Fernando Ledesma. Tres años más tarde accedía al mismo cargo en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Es amigo personal de Juan Cesáreo Ortiz Urculo con el que trabajó en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Bilbao y pertenece a la Asociación de Fiscales que estuvo presidida por el ahora destituido. Ayer, los dos hablaron amigablemente por teléfono.

Los abogados vascos tienen un buen recuerdo profesional de Cardenal porque «facilita llegar a acuerdos antes de que se celebre el juicio, es un hombre muy correcto en sala, prepara los asuntos y nunca le pillas en un renuncio».

FRASES ESCANDALOSAS.- Pero los reproches llegan cuando se aborda sus propuestas judiciales y morales. En la Memoria de la Fiscalía del TSJPV correspondiente a 1994 incluyó algunas frases que causaron escándalo al referirse al «pluralismo» que da origen a la legalización del divorcio, el aborto o el reconocimiento de las parejas homosexuales como algo que «sólo beneficia a los extremos viciosos o a la media mediocre». También se mostraba contrario al reconocimiento de las parejas homosexuales o al derecho de éstas a adoptar menores, porque consideraba que ello equivaldría a «premiar lo vicioso»… Le llovieron las críticas y se pidió su dimisión, aunque Cardenal lo tomó todo como el católico impasible que realmente es. Es decir, no se inmutó -tan sólo mucho tiempo después dejó caer en privado algún leve comentario dolido- y se aplicó a explicar su posición: consideraba, como ahora, que la legalidad no puede sino ajustarse «a la ética o a la moral natural», una moral que sería, para él, equivalente «a la moral de la Iglesia católica». Se había empeñado, de una forma tan «natural» como la moral que defendía, en ejercer el efecto pedagógico que, a su entender, las leyes deben tener: el legislador, explicaba, debe «pensárselo mucho y resistirse, en la medida de lo posible, a legislar en estos temas que van contra la ley natural». «El divorcio», resumía como ejemplo, «es un ejercicio de libertad, pero no una práctica moral».

INDULTO A INSUMISOS.- Dos años más tarde, Cardenal volvió a expresar, también en la memoria, su personal punto de vista sobre la insumisión, un problema que afecta a amplios sectores de la sociedad vasca. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco consideraba que conceder el indulto a personas condenadas por insumisión «no es justo ni equitativo y es contrario al principio de igualdad de los españoles ante la ley».

Uno de los asuntos más delicados con los que le ha tocado bregar ha sido una serie de querellas interpuestas contra miembros no identificados de KAS (Coordinadora Abertzale Socialista) por haber colocado carteles intimidatorios, si no amenazantes, contra jueces, fiscales, policías o periodistas. Esas querellas, que siempre ha terminado archivando dada la imposibilidad de identificar a los autores del presunto delito, no le han empujado a pedir protección policial ni han impedido sus paseos a pie entre su casa y la Audiencia.

Con estos antecedentes y con una edad próxima a la jubilación, nadie podía suponer que Jesús Cardenal fuera nombrado fiscal general del Estado. Sin embargo, tampoco hay que olvidar que Cardenal fue uno de los asistentes a las reuniones celebradas en Madrid, en casa de la ministra Margarita Mariscal de Gante, para ver cómo reformar el Código Penal y adecuar así la Ley contra la violencia callejera. En estos encuentros se codeó también con Francisco Alvarez y Cascos y Jaime Mayor Oreja.

El consejo de Ministros ha tomado seguramente la única solución que era razonable en la crisis de los fiscales de la Audiencia Nacional. La destitución del fiscal general, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, es una operación política inexcusable debido al tremendo desgaste que experimentó en la tarea de resolver la crisis y, todo hay que decirlo, en el escaso acierto de sus gestiones. Pues éstas consiguieron enredar innecesariamente un conflicto grave, pero sin complejidades añadidas. Aunque no es el único responsable del caos, es muy probable que con una actitud más decidida desde la Fiscalía General, y también con una estrategia menos complicada, los desplantes de los fiscales expedientados no se hubiesen producido o se hubieran cortado a tiempo y la fiscalía de la Audiencia no hubiera sufrido tal descrédito. En cuanto a su sustituto, habrá que adjudicarle el beneficio de la duda, pero los antecedentes profesionales de Jesús Cardenal, que son de dominio público, no muestran precisamente lo que se conoce como un talante liberal.También es una decisión satisfactoria que el Gobierno haya aprobado el traslado de la fiscal María Dolores Márquez de Prado. Porque las sanciones impuestas por el fiscal general del Estado deben cumplirse, con mayor o menor literalidad, pero siempre de forma sustancial, sin interferencias poco meditadas del Ejecutivo. Pues es necesario mantener el principio de jerarquía y el buen funcionamiento institucional en la cadena formada por el Consejo Fiscal, el fiscal del Estado y el Gobierno. El plante del Conseio Fiscal ha sido, sin duda, decisivo para que el Ejecutivo se haya decidido por la aplicación de las sanciones. Por añadidura, es buena política eliminar todos los problemas de una institución antes de nombrar un nuevo responsable. El nuevo fiscal jefe de la Audiencia, cuando sea nombrado, podrá desarrollar su labor sin ominosas cargas del pasado. La fiscal Márquez de Prado, por lo demás, tiene a su alcance el recurso legal correspondiente, como ya ha avisado el propio vicepresidente del Gobierno.

Existen claros indicios de que la decisión de sustituir a Ortiz Úrculo y aprobar la sanción impuesta a la fiscal Márquez de Prado fue un rasgo de autoridad de última hora. A pesar de la precipitación final, tal impulso es saludable. La crisis de la Audiencia era ya insostenible y no podía resolverse sino con un enérgico paso hacia adelante. De paso, el Gobierno planta cara a las exigencias y presiones de los medios de comunicación que han convertido en símbolo de todas las libertades inimaginables a determinados fiscales de la Audiencia Nacional, y muy especialmente a la hoy trasladada. El acta de la inspección publicada ayer por EL PAÍS aportaba no pocos datos en los que había basado su petición de sanción el fiscal general.

Pero si bien la decisión del Gobierno es correcta y elogiable, el mal tono del procedimiento empaña el resultado final. No parece de recibo que el fiscal destituido, Ortiz Úrculo, se entere de la decisión del Gobierno por la rueda de prensa del portavoz. Tampoco queda en muy buen lugar el presidente del Gobierno, José María Aznar, quien el lunes pasado aseguraba, en la entrevista concedida a TELECINCO, que «el cese del fiscal general no está planteado». O el jefe del Gobierno estaba mal informado de la gravedad de la situación en la Audiencia o pretendía despistar conscientemente a la opinión pública.