El Gobierno Zapatero nombra nuevo Fiscal General del Estado a Conde Pumpido, uno de los jueces que condenó a Barrionuevo (GAL)

Si había un alto cargo institucional radicalmente incompatible con el talante y las opciones programáticas del nuevo Gobierno socialista era el hasta ahora fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. De ahí que una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno haya sido su destitución fulminante. Cardenal ha sido un fiscal del Estado que sintonizaba ideológicamente con los rasgos más autoritarios y regresivos del Gobierno del PP y que ha hecho gala de una actuación rayana en el servilismo, absolutamente impropia de la autonomía funcional legalmente exigible a su cargo.

El elegido por el Gobierno de Zapatero para su sustitución ha sido Cándido Conde-Pumpido, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo. A su reconocido prestigio como jurista une un talante de independencia contrastada. Para demostrarlo, es suficiente recordar que fue uno de los magistrados que en 1998 condenaron a prisión a la antigua cúpula del Ministerio del Interior socialista, encabezada por José Barrionuevo y Rafael Vera, por el secuestro de Segundo Marey. Que otro Gobierno socialista, seis años después, le encomiende la Fiscalía General del Estado es una magnífica señal, tanto para el nombrado como para los responsables de su nombramiento.

Cardenal no ha sido, sin duda, el primer fiscal del Estado que se ha mostrado obsequioso con el Gobierno que lo nombra. Pero es difícil encontrar un comportamiento que haya interferido de forma tan burda en el funcionamiento interno del ministerio público para satisfacer los intereses del Gobierno. Su actuación en los casos Ercros y Formentera,que implicaban a ministros del Gobierno del PP, están inscritos en los anales como un ejemplo de maniobrerismo y autoritarismo.

Ningún fiscal general del Estado de la etapa democrática accedió a ese cargo tras mantener opiniones dudosamente constitucionales como las expuestas por Cardenal durante su mandato como fiscal jefe del País Vasco -1989-1997- en relación con el divorcio, las parejas de hecho o el uso de anticonceptivos, como en su día hizo constar el Consejo del Poder Judicial.

Ya en el ejercicio del cargo, no se reprimió a la hora de mostrarse comprensivo con las dictaduras militares de Chile y Argentina. Cardenal se va sin haber logrado borrar la impresión de que la cúpula del ministerio fiscal ha estado durante siete años en manos de un jurista de convicciones dudosamente compatibles con la defensa de la Constitución. Su marcha, tanto como la llegada de Conde-Pumpido, son todo un alivio.

Es importante que una de las primeras manifestaciones del nuevo ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, haya sido reivindicar una actuación del fiscal general del Estado dirigida a la defensa de los intereses generales ante la justicia -legalidad, derechos de los ciudadanos- y no de los particulares del Gobierno que lo nombra. Eso es, en todo caso, lo que demanda el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1981, incluso en su última versión reformada por el anterior Gobierno del PP. Lo que importa ahora es que ese modelo de actuación defina la nueva etapa que se abre con el nombramiento de Cándido Conde-Pumpido al frente del ministerio fiscal.

El nuevo fiscal general del Estado, nombrado ayer por el Consejo de Ministros, reúne las condiciones personales y profesionales para que ese modelo de relaciones con el Ejecutivo se desarrolle y afiance. No sólo es un jurista de reconocido prestigio, con más de 15 años de ejercicio efectivo (requisitos legales indispensables para acceder al cargo, como señala el dictamen del Consejo del Poder Judicial), sino que cuenta con una larga trayectoria profesional -desde juez de instrucción y primera instancia a magistrado del Tribunal Supremo-, en la que que ha dado muestras de rigor e independencia. Conde-Pumpido se ha significado también por su sensibilidad ante problemas como el de la droga, lo que es un indicio de que estará atento a los problemas sociales más acuciantes.

Esa trayectoria avala a la persona, pero ni ella ni las declaraciones de buenas intenciones del Gobierno garantizan que el fiscal general lo sea realmente del Estado y no del partido en el poder. El hecho de que el Gobierno que lo nombra pueda destituirlo en cualquier momento coloca al fiscal general en una situación objetiva de interinidad que condiciona en alguna medida su actuación. Esa situacion debe ser modificada cuanto antes. Los socialistas se comprometieron a hacerlo, estableciendo un mandato de cinco años, renovable y sometido a causas de cese tasadas y objetivadas. Esa medida sí sería un elemento decisivo para asegurar la imparcialidad del fiscal general del Estado que le blindaría frente a demandas interesadas del Ejecutivo sin poner en entredicho las relaciones institucionales que deben mantener entre sí.

EL nuevo Gobierno socialista ha hecho honor a la fijación obsesiva que tenía con el aún fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, al acordar en la primera reunión del Consejo de Ministros el inicio del procedimiento para su cese, que debe ser informado por el Consejo General del Poder Judicial y acordado finalmente por el Rey. El mandato de Cardenal finaliza así con la rúbrica de la desconsideración personal que le ha dispensado el PSOE en los últimos años, motivada más por la impotencia socialista para implicar al PP en procesos por corrupción -recuérdese el sonoro fracaso de la querella contra los tránsfugas socialistas de la Asamblea madrileña- que por el balance objetivo de su gestión, en el que destaca el protagonismo de la Fiscalía en la persecución del terrorismo y de sus tramas, tanto con acciones judiciales como con informes decisivos sobre reformas legislativas. El dato objetivo es que en la mayoría de los casos en que Cardenal fue acusado de servilismo al Gobierno popular, con propaganda activa de subordinados desleales, los Tribunales de Justicia acabaron dando la razón a la Fiscalía.

En todo caso, el nuevo Gobierno tiene ahora la ocasión de activar la persecución de todos los delitos que supuestamente quedaron impunes por la inactividad de Cardenal. Pero para eso tendrá que proponer a un nuevo fiscal general, lo que no ha hecho simultáneamente a la propuesta de cese de Jesús Cardenal, respondiendo al deseo de hacer infamante el cese de este veterano fiscal, cuya rectitud personal y capacidad técnica estaban fuera de toda discusión. Tampoco se ha dudado en utilizar instrumentalmente al Consejo General del Poder Judicial, a pesar de que en el Gobierno hay miembros que deberían haber demostrado más aprecio por un órgano al que pertenecieron en su día. Nada tiene que decir el Consejo únicamente sobre el cese del fiscal general, pues, aunque se trate de un trámite previsto por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pero no por la Constitución, sólo tiene razón de ser si es conjunto a la solicitud de informe sobre el candidato.

Hay otras formas de hacer las cosas. En 1996, el Gobierno del PP relevó a Carlos Granados cinco meses después de llegar al poder. Las premuras de los socialistas en ajustar cuentas no responden al «cambio tranquilo» ni se acomodan al sentido institucional que merecen los relevos, sin tiempos muertos, en las altas magistraturas. No hace falta aprecio, basta respeto. Muestra del nuevo talante, sin duda.

Que la inexperiencia suele llevar a cometer equivocaciones, sobre todo en lo relativo al respeto al protocolo y a las formas, es una obviedad que no merecería mayor consideración si no fuera porque cuando quien tropieza es el Gobierno, las consecuencias pueden ser serias. El caso es que el joven Zapatero y su equipo, dejándose llevar por la emoción de haber arrebatado in extremis el triunfo electoral al PP, están manifestando una cierta precipitación.El primer indicio de este atolondramiento fue la publicación de los nombres de prácticamente todos los nuevos ministros -e incluso de varios secretarios de Estado- antes de que se hubiese celebrado el encuentro preceptivo entre Zapatero y el Rey. Esto, que algunos consideran meramente anecdótico, está lejos de serlo en la medida en que puede dar a entender que el nuevo Ejecutivo no concede al Monarca la deferencia que le es debida, según la Constitución.

Tampoco resulta apropiado que personas particulares lleven a cabo gestiones en nombre de un poder no constituido, como las que realizó el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, en Washington. Por no hablar del anuncio de la retirada de las tropas a pocas horas del primer Consejo de Ministros y de la absurda -y para los ministros salientes también humillante- situación creada a raíz de la decisión de que los nuevos ministros reservaran sus declaraciones públicas para el día después del acto de traspaso de carteras.

Pero de estos tropiezos el que más contenido tiene ha sido el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado. El Consejo de Ministros tiene la obligación de notificar su elección al CGPJ, al que luego le corresponde verificar la idoneidad del candidato gubernamental. Pues bien, Zapatero se saltó esta regla: si bien en su primer consejo de Ministros, celebrado el lunes, se resolvió cesar a Cardenal, no fue entonces cuando se tomó la decisión de nombrar a Cándido Conde-Pumpido. Su elección fue fruto de la deliberación posterior y personal del propio Zapatero.

Cabe recordar que Zapatero previamente había intentado colocar a Conde Pumpido en el Constitucional, maniobra que los propios progresistas bloquearon, probablemente por tratarse de uno de los jueces que condenaron a Barrionuevo y Vera. En este sentido, el nombramiento tiene un valor emblemático positivo. El problema está en que la forma en la que se realizó denota un empecinamiento que inevitablemente compromete mucho a Zapatero con la futura trayectoria del fiscal general. En efecto, cualquier decisión polémica que Conde-Pumpido adopte le será achacada al presidente, que tendría que pagar políticamente lo que en su origen no parecía más que un insignificante desliz formal.