El Gobierno Aznar nombra a Juan Cesáreo Ortiz Urculo nuevo Fiscal General del Estado en sustitución del progresista Carlos Granados

El Consejo de Ministros decidió ayer iniciar los trámites para el nombramiento de Juan Ortiz Urculo como fiscal general del Estado. La decisión del Ejecutivo habrá de obtener el preceptivo visto bueno del Consejo General del Poder Judicial antes de hacerse efectiva.

Ninguna objeción inicial merece el candidato que el Gobierno propone para ocupar este puesto clave del sistema judicial. Ortiz Urculo es fiscal de merecido prestigio: lo prueba que el Consejo Fiscal apoyara su candidatura para encabezar la Fiscalía Anticorrupción, por más que luego el aún fiscal general, Carlos Granados, optara por Carlos Jiménez Villarejo. Portavoz de la Asociación de Fiscales, mayoritaria, y fiscal hasta ahora ante el Tribunal Constitucional, Ortiz Urculo ha defendido reiteradamente que el Ministerio Público pueda actuar sin interferencias del Gobierno. Hace meses, declaró a EL MUNDO que no aceptaría el cargo a menos que se lo ofrecieran con esa garantía, avalada por un firme compromiso de continuidad más allá de cualquier contingencia política. Son antecedentes francamente prometedores.

El nombramiento de Juan Ortiz Urculo pondrá fin al limitado pero intenso periodo -algo más de dos años- durante el cual Carlos Granados ha estado al frente la Fiscalía General del Estado: un tiempo en el que el Ministerio Público se recuperó en parte del desprestigio en que lo habían sumido los anteriores fiscales generales. Pero sólo en parte, como se evidenció a la hora -ya citada- del nombramiento de Jiménez Villarejo y, sobre todo, en el penoso episodio final que llevó a Granados a instar, por oscuras razones, la libertad del general Enrique Rodríguez Galindo.

Los criterios del nuevo fiscal general se verán puestos a prueba bien pronto: habrá de terciar en el enfrentamiento existente entre el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, y varios de los fiscales de esa misma Audiencia. Aranda, hostil desde siempre a las iniciativas judiciales en pro del esclarecimiento de la trama de los GAL, ha arremetido últimamente con gran dureza, sin retroceder ante los ataques personales, contra los fiscales que las respaldan. La posición que adopte Ortiz Urculo sobre el particular dará la medida, sin duda, de sus posibilidades futuras.

Algunos se han apresurado ya a tomar firme partido al respecto, advirtiendo contra el peligro de «italianización» que puede desprenderse del «exceso de celo persecutor» del Ministerio Fiscal. Desconsideran que, si bien hubo en Italia algunos fiscales que cometieron excesos en la persecución de la corrupción, su ingente labor de depuración del sistema político fue, en conjunto, muy positiva. Sin ella, los delincuentes de la política, los Craxi y compañía, continuarían mandando.

Aunque quizá sea eso lo que algunos quisieran para España. Para no malograr los sustanciosos negocios que ellos mismos han venido haciendo con los Craxi españoles.

Al contrario de las dictaduras, donde el flujo de los vituperios desciende unilateralmente desde las alturas gubernamentales hasta los amordazados opositores al régimen, el sistema pluralista garantiza al menos la reciprocidad universal de las críticas; la alternancia en el poder a través de elecciones libres asegura que ofendidos y ofensores, íncubos y súcubos, intercambien sus papeles periódicamente.Si Eligio Hernández, designado fiscal general del Estado por el Gobierno de Felipe González entre 1992 y 1994, hizo las delicias de la oposición popular con su cerrado sectarismo, ahora Juan Ortiz Úrculo, nombrado para ese mismo cargo por el Gobierno de Aznar, se dispone a ofrecer parecidas satisfacciones al PSOE. Así como los hijos dan a los padres muchas alegrías, pero también muchas preocupaciones, el nuevo fiscal general del Estado, belicoso presidente de la conservadora Asociación de Fiscales durante la anterior legislatura, ha comenzado ya a suministrar a los dirigentes y publicistas del PP esas contradictorias emociones. Con motivo del recurso dé apelación interpuesto ante la Sala Segunda del Supremo para que Felipe González fuera citado como imputado en el caso Marey, Ortiz Úrculo se desmarcó a título personal de la posición oficial del ministerio público, contraria a la comparecencia del ex presidente, interpolando una morcilla en el libreto y guiñando el ojo desde el escenario como los característicos de las astracanadas. No contento con esa anomalía, también interrumpió la deliberación de los magistrados del Supremo con una llamada telefónica justificada -de manera harto inverosímil- por el invencible deseo de saciar su curiosidad y conocer el fallo antes que nadie.

Javier Pradera