El Gobierno de Felipe González ofrece a ETA negociar su rendición «cuándo sea y dónde sea» pero sin cesiones políticas

La oferta del Gobierno a ETA para efectuar unas negociaciones de paz en el País Vasco ha de ser considerada con tranquilidad y reflexión. Las primeras reacciones de las distintas fuerzas sociales recogidas por este periódico sobre esta iniciativa política manifiestan un primer grado de sorpresa, que no hace sino testimoniar que el Ejecutivo del Estado ha tomado, con audacia y sin temor, la búsqueda de una salida imaginativa a los problemas de convivencia del País Vasco.No es de extrañar que las fuerzas que, desde dentro y también, desde fuera de aquella comunidad autónoma, juegan desde posiciones contrapuestas a. crispar la convivencia ciudadana y a alimentar el clima de enfrentamiento civil, orienten en estos días toda su capacidad para debilitar la posición del Gobierno y hacer imposible la buena marcha de esta iniciativa.

Esta oferta a la negociación constituye una novedad en los planteamientos realizados por el Gobierno de Felipe González. Desde su toma de posesión, el Ejecutivo ha venido ejerciendo una fuerte presión en el terreno estrictamente policial, facilitado por el cambio de actitud francesa, que ha venido dificultando las acciones terroristas. La siniestra participación de los terroristas del GAL al otro lado de la frontera ha creado también un terror¡ sino de respuesta en el santuario francés. Es cierto que los responsables gubernamentales han venido realizando a lo largo de este último año y medio vagas ofertas para que los terroristas depongan la actividad armada y cesen en los crímenes y las extorsiones. !in embargo, con el anuncio realizado ayer, que contempla la posibilidad de abrir cauces de negociación y hasta entrevistas públicas con dirigentes de la organización, el Gobierno establece con claridad y precisión por vez primera la posibilidad de poner fin al tormento del terror en el. País Vasco. Pensamos, por, tanto, que se trata de uno de los actos políticos más significativos del actual Gobierno. .

Durante estos años hemos venido reiterando que la búsqueda de una paz estable en el País Vasco constituye un elemento esencial para la estabilización del orden constitucional y que el cese de la actividad terrorista es una condición necesaria para la normalización de la vida política en aquella comunidad autónoma. Tambien hemos repetido que la erradicación del terrorismo no era una cuestión de simple eficacia policial, sino que se requiere articular conjuntamente medidas políticas que vacíen las bases sociales de las bandas armadas y permitir tambien la reinserción social de quienes abandonen definitivamente esa siniestra actividad.

Por eso el ofrecimiento realizado ayer por el Gobierno ha de merecer el apoyó y la comprensión de la sociedad española. El Gobierno, al ofrecer una salida negociada para que los terroristas depongan las armas, lejos de ofrecer una imagen de claudicación o de debilidad, muestra precisamente una madurez y una seguridad en su actuación que ponen de manifiesto precisamente su estabilidad y coherencia.

Es todavía pronto para saber con exactitud la respuesta que esta iniciativa tendrá en las bandas armadas, pero será desde este momento un ejercicio de cinismo el acusar al Gabinete de que carece de iniciativas políticas para erradicar el terrorismo. La primera reacción de ETA de aceptar la negociación circunscrita a los puntos recogidos en la llamada alternativa KAS no hace sino confirmar el desconcierto generado en las filas de la organización y la incapacidad de diar una respuesta imaginativa a un nuevo planteamiento. Es prematuro aventurar también si este paso dado por el Gobierno socialista constituye el principio del fin del terrorismo aparecido en época de la dictadura o simplemente constitutirá una oportunidad malograda. A lo largo de los próximos meses veremos el grado de respuesta y éxito que puede tener una iniciativa de este tipo. Un fenómeno terrorista como el de ETA es un asunto complejo, cuyo definitivo desmantelamiento no es cuestión de meses, y la experiencia demuestra que no existan fórmulas milagrosas. Por eso es bastante necesaria una actitud solidaria y carente de mezquindad de todas las fuerzas sociales y políticas para recorrer el largo camino que supone la erradicación del terrorismo.

El Gobierno, no obstante, debiera meditar que el Partido Nacionalista Vasco constituye el principal partido de aquella comunidad autónoma y que su participación en las soluciones políticas que estabilicen a largo plazo la vida pública requiere de su colaboración. Marginar una realidad tan evidente como ésta es mal principio en política y puede constituir un error de graves consecuencias. En esta misma edición de hoy se recogen las prime ras reacciones del presidente del Gobierno vasco. Cualquier persona sensata que conozca mínimamente los problemas que aquejan a Carlos Garaikoetxea, y por en cima de extemporáneas salidas de tono, la actitud del lendakari ha de ser valorada con justeza, y su actitud de colaborar con el Gobierno socialista en poner fin a la violencia no puede ser puesta en duda.

Por lo demás, esta iniciativa del presidente González y el ministro Barrionuevo se inscribe verdaderamente en lo que se llamó la política del cambio. Es decir, decisiones políticas nuevas, capaces de dar soluciones a los problemas enquistados de la convivencia española y que pueden conducir a la modernización de nuestro país.

El Gobierno, a través de sus cauces habituales (es decir, a través del diario EL PAÍS, que es al PSOE lo que el diario ARRIBA era al Movimiento Nacional), ha filtrado su decisión de proceder a negociar con la banda terrorista ETA “donde quiera y cuando quiera”. Esta iniciativa, que coincide con el regreso a España de don Felipe González después de sus vacaciones en Venezuela y Colombia, trata de transplantar mecánicamente a nuestro país el reciente acuerdo suscrito en la capital colombiana por el presidente Belisario Betancur y los dirigentes guerrilleros de aquella nación hispanoamericana. Aquella experiencia resulta diametralmente opuesta a la que existe en el norte de España. No es lo mismo un fenómeno terrorista de carácter independentista que un fenómeno guerrillero de índole social y por eso sorprende que se haya tomado de modelo en esta oscura decisión gubernamental.

Es necesario reconocer objetivamente que, gracias a la inteligente y eficaz acción en la lucha antiterrorista del actual Gobierno, los asesinos etarras se encuentran hoy acorralados y contra las cuerdas. Es merito de este Gobierno, sobre todo de su Ministerio del Interior, el haber sabido adoptar las medidas oportunas para cercar policial, política, social y diplomáticamente a la banda terrorista. Allí donde se estrellaron otros, allí donde otros Gabinetes, concesiones tras concesiones, fortalecían el ánimo de los bandoleros de ETA, el Gobierno socialista supo coger el toro del terrorismo por los cueros quebrando las anteriores e ingenuas tentativas de ‘afeitarlos’ mediante el diálogo político. Fruto de esta decisión s el hecho de que el terrorismo se encuentra en un callejón sin salida. Todos los datos, informes, indicios y hasta las mismas cartas internas de los etarras corroboran que el final de la banda terrorista está cerca. Guipúzcoa y Alava son provincias que se encuentran, hoy por hoy, limpias de etarras. Algo peor están las cosas en Pamplona y sólo Vizcaya reviste real peligrosidad.

Precisamente porque ETA se encuentra en el principio del fin los terroristas necesitan ‘un alto el fuego’, una tregua que frene momentáneamente las consecuencias de la actual ofensiva del Gobierno y les permita reorganizarse de cara al futuro. De múltiples formas, a través de los más diversos procedimientos, el terrorismo enarbola bandera blanca porque se siente sin capacidad para resistir el firme ataque gubernamental. Desde las siglas políticas de estas bandas armadas a los intelectuales que colaboran con ella pasando por los sectores PNV, que utilizan a ETA como coartada política de su ambigüedad, se ha insistido intensamente en los últimos meses en la necesidad de buscar una negociación. Expresión fiel de esta angustia fue el relieve de la titulación dada por el diario EGIN al inicio del pacto logrado a finales de mayo pasado entre el presidente de Colombia y las organizaciones guerrilleras.

Ni que decir tiene que en estas condiciones, cuando el terrorismo está cercado y no tiene fácil escapatoria, el señuelo de la negociación no es más que una emboscada que se tiende al Estado para que el Gobierno caiga de lleno en ella. La banda terrorista ETA necesita tiempo para salvarse, y si consigue ese tiempo está dispuesta a facilitarle al Gobierno una coyuntural paz para que la rentabilice políticamente. Más tarde, cuando el cerco desaparezca y la consiguiente reorganización logística se haya efectuado, estará en mejor condición para reiniciar las acciones terroristas. Aceptar, pues, esta circunstancial tregua es caer en la trampa. No cabe más negociación digna e inteligente con ETA que exigir la rendición sin condiciones. Y aún así, en la hipótesis de los etarras rendidos, habría que esperar – para calibrar en todo su valor la celada que se tiende – nuevos rebrotes violentos, pues conviene no olvidar que ETA está en una parte armada, entrenada y financiada por una potencia extranjera.

Nadie con visión de Estado puede meterse de lleno en tan clara emboscada. Hay en el presente Gobierno hombres con auténtica concepción de Estado, por encima de intereses de partido, y citemos en este caso al ministro de Interior [José Barrionuevo] que ha obrado desde que tomara posesión del cargo con un innegable valor personal; y hay también quienes únicamente piensan en términos electoralistas y de partido. Ante el dato de que el PSOE no ha cumplido ni una sola de sus promesas electorales importantes, ni siquiera la de la creación de los 800.000 puestos de trabajo que lleva camino de ser la cifra de empleos destruidos al final de esa legislatura, ciertos estrategas socialistas juegan con la posibilidad de presentarse a las próximas elecciones generales con dos triunfos políticos: el ingreso en la Comunidad Económica Europea y la liquidación del terrorismo.

La necesidad de solucionar ambos problemas no debe pasar por alto las condiciones de la solución. De la misma forma que la entrada en el Mercado Común exige la defensa de los intereses sectoriales agrícolas e industriales, la liquidación del terrorismo exige la defensa del Estado. Defensa que se concreta, en lo que se refiere a la banda terrorista ETA, en el enérgico rechazo de treguas que faciliten la reorganización del terrorismo, aunque beneficien a corto plazo a un Gobierno en concreto y perjudiquen a medio y largo plazo al Estado. Si el actual equipo gubernamental actúa, tanto en un problema como en el otro, por razones partidistas, lesionará gravemente los intereses de la nación y la misma estabilidad del sistema democrático. Nada sería ahora más perjudicial que negarse a cerrar el cerco que se iniciara en noviembre del año pasado sobre el terrorismo. Si aquella valiente decisión se trastoca hoy en indecisión, el Gobierno habrá cometido una seria equivocación. Pocas acciones criminales del bandolerismo etarra han sido tan peligrosas como esta emboscada de la negociación con ETA. La fórmula ‘donde quiera y cuando quiera’ da la sensación – y así lo ha entendido la opinión pública – de una cesión por parte del Gobierno. Este si no quiere perder la dignidad – y el director general de la Guardia Civil lo ha expresado de forma rotunda – sólo puede admitir una negociación con ETA: la rendición sin condiciones de la banda terrorista. Solo partiendo de esa premisa es aceptable – porque al enemigo hay que dejarle siempre una salida para evitar el numantismo – que se actúe luego con magnanimidad y se estudie la reinserción social de los terroristas. Todo ello, además, sin cometer la ingenuidad de creer que se concluirá totalmente con el episodio del terrorismo. Hay la evidencia de que éste se alimenta en parte en los manantiales de sangre de una potencia extranjera [Francia]. Y por eso continuará: potente, si se comete el error de negociar cediendo; debilitado y acorralado, si se sigue la política implacable de los últimos meses.