13 noviembre 1980
El Gobierno de Francia de Giscard D´Estaing inicia trámites para una acción penal contra el director de LE MONDE, Jacques Fauvet
Hechos
En noviembre de 1980 la prensa española informó de las medidas judiciales solicitadas por el ministro de Justicia de Francia contra periodistas del diario LE MONDE.
Lecturas
La guerra entre Alain Peyrefitte, ministro de Justicia de Valéry Giscard d’Estaing, y Le Monde no comenzó el 7 de noviembre de 1980, cuando el ministro ordenó al fiscal de París abrir diligencias contra el director Jacques Fauvet y el editorialista judicial Philippe Boucher. Para entonces llevaban meses enfrentándose. Peyrefitte preparaba su polémico proyecto «Sécurité et liberté», concebido para reforzar la respuesta penal frente a delincuencia y violencia, mientras Le Monde se había convertido en uno de sus críticos más constantes. Juristas, sindicatos de magistrados y la oposición denunciaban también que el proyecto reforzaba la represión, debilitaba determinados derechos de la defensa y ampliaba las facultades policiales.
El primer choque judicial se produjo ya en mayo de 1980. Le Monde había publicado el 17 de abril una nota atribuida a Peyrefitte destinada al presidente de la República y, el 2 de mayo, Philippe Boucher había criticado el proyecto Sécurité et liberté. El ministro exigió derecho de rectificación y derecho de respuesta. El periódico publicó la rectificación administrativa, pero rechazó la respuesta personal de Peyrefitte porque consideraba que contenía imputaciones contra Le Canard enchaîné, contra el propio Le Monde y contra Boucher. Ofreció al ministro, en cambio, publicar en primera página un artículo suyo de la extensión que quisiera. Peyrefitte prefirió acudir a los tribunales. El 23 de mayo, la presidenta del Tribunal de Gran Instancia de París, Simone Rozès, rechazó su petición urgente y consideró justificado que Le Monde no publicara una respuesta que imputaba a Boucher posibles infracciones penales.
Aquello no terminó la pelea. Al contrario: proporcionó al ministro el catálogo de textos con el que acabaría actuando penalmente. Peyrefitte sostuvo que cinco artículos publicados por Le Monde entre diciembre de 1977 y octubre de 1980 podían infringir el artículo 226 del Código Penal, que castigaba a quien intentara desacreditar públicamente una resolución o actuación jurisdiccional en circunstancias susceptibles de perjudicar la autoridad o independencia de la Justicia. La pena podía llegar a seis meses de prisión y 20.000 francos de multa.
Tres artículos estaban firmados por Philippe Boucher. El primero, «Les aveugles de la loi», era del 22 de diciembre de 1977; el segundo, «Klaus, George et Eldridge», del 11 de julio de 1978, cuestionaba la coherencia de determinadas decisiones francesas sobre extradición y advertía del peligro de convertir la razón de Estado en criterio jurídico; el tercero, «Scandale, scandales», apareció el 24 de mayo de 1979. Los otros dos eran editoriales sin firma, de los que respondía jurídicamente Fauvet como director de publicación: «L’affaire Delpey ou la serpillière et le seau», del 18 de septiembre de 1980, y «Les qualités de la Cour de sûreté de l’État», del 7 de octubre.
El artículo sobre Roger Delpey era particularmente feroz. Delpey, escritor y antiguo combatiente de Indochina relacionado con el destronado emperador centroafricano Jean-Bédel Bokassa, llevaba meses detenido por la Cour de sûreté de l’État. Le Monde sostenía que los argumentos jurídicos utilizados para mantenerlo encarcelado ocultaban en realidad una operación destinada a neutralizar a un hombre que podía disponer de información comprometedora en plena resaca del escándalo de los diamantes de Bokassa. El periódico llegó a presentar a la Justicia como encargada de limpiar con «fregona y cubo» los asuntos malolientes de la República y recuperaba el juego de palabras según el cual la Cour de sûreté no dictaba simplemente sentencias, sino que prestaba «servicios». Era difícil encontrar una crítica más directamente dirigida al funcionamiento político de una jurisdicción.
El último artículo, del 7 de octubre, atacaba precisamente a esa Cour de sûreté de l’État, jurisdicción excepcional creada por De Gaulle en 1963 para delitos contra la seguridad del Estado. Por tanto, Peyrefitte no perseguía simples insultos personales contra un ministro: sostenía que el periódico había sobrepasado la crítica legítima para desacreditar reiteradamente las decisiones y organismos judiciales, dañando con ello la confianza pública en la Justicia. Le Monde contestaba con el argumento inverso: la independencia judicial quedaba más amenazada cuando el poder político utilizaba la Justicia o impedía denunciar sus posibles desviaciones que cuando un periodista criticaba una sentencia.
El 7 de noviembre de 1980, a petición expresa de Peyrefitte, el fiscal de la República de París, Christian Le Gunehec, abrió la investigación judicial. El expediente quedó en manos de Roger Lecante, decano de los jueces de instrucción. Fauvet fue perseguido como director responsable de la publicación de los cinco textos y Boucher por los tres artículos que había firmado. El 20 de noviembre ambos quedaron formalmente inculpados.
La decisión provocó inmediatamente un problema político para el Gobierno. Peyrefitte insistió en que no atacaba la libertad de prensa, sino que cumplía el deber del Estado de proteger la independencia y autoridad de los tribunales. En diciembre tuvo que defender esa interpretación ante el Senado. Incluso un secretario de Estado de Justicia, Jean-Paul Mourot, argumentó que Le Monde poseía tal prestigio internacional que podía ser considerado una especie de «Journal officiel bis», por lo que el Gobierno no podía permanecer indiferente ante acusaciones que consideraba ofensivas para la Justicia.
Pero buena parte de la prensa vio justamente lo contrario: un ministro de Justicia ordenando a la Fiscalía perseguir penalmente a periodistas por criticar el funcionamiento de la Justicia. Libération tenía razones adicionales para alarmarse: el propio periódico había sido perseguido poco antes por sus críticas a la Cour de sûreté de l’État. Su director, Serge July, calificó a Peyrefitte de «inquisidor» y presentó el procedimiento contra Le Monde como parte de una utilización crecientemente autoritaria de la política de seguridad.
También L’Humanité, pese a sus enormes diferencias políticas con el liberal e independiente Le Monde, se alineó en defensa del derecho a criticar las instituciones. Su argumento resultaba particularmente incisivo: no se estaba procesando al periódico por difamación o falsedad, sino mediante un delito mucho más impreciso, consistente en desacreditar la autoridad judicial. Para el diario comunista aquello abría una pendiente peligrosa: si podía criminalizarse el descrédito de la Justicia, ¿por qué no terminar castigando mañana el descrédito del Ejército, de la Policía o del propio Gobierno?
La controversia traspasó además Francia. El Wall Street Journal describió el procedimiento como inequívocamente político y señaló el riesgo que suponía para el Gobierno de Giscard a pocos meses de las presidenciales de 1981; otros periódicos extranjeros reaccionaron igualmente ante la excepcionalidad de que uno de los diarios europeos de referencia fuera llevado a los tribunales por sus comentarios sobre la Justicia.
El procedimiento continuó. El juez Lecante cerró prácticamente la instrucción a comienzos de 1981 y el 7 de abril ordenó el envío de Fauvet y Boucher ante el Tribunal Correccional de París. El juicio debía celebrarse los días 18 y 19 de mayo. Pero ocurrió algo que transformó completamente su significado político: el 10 de mayo François Mitterrand derrotó a Giscard d’Estaing. Cuando el asunto llegó a la sala el 18 de mayo, Peyrefitte estaba a punto de dejar el Ministerio y la vista fue aplazada hasta octubre, también a petición de la defensa, que había citado a nada menos que 37 testigos.
Cuando finalmente llegó el 26 de octubre de 1981, Francia era otra. Robert Badinter ocupaba Justicia, el Gobierno socialista había decidido suprimir la Cour de sûreté de l’État y la ley Sécurité et liberté de Peyrefitte estaba condenada políticamente. Jacques Fauvet y Philippe Boucher fueron absueltos. El pleito iniciado por un ministro para proteger el prestigio de la Justicia terminaba, once meses después y con otro Gobierno, sin condena para los periodistas que habían cuestionado precisamente la manera en que el poder utilizaba esa Justicia.
13 Noviembre 1980
La ofensiva contra LE MONDE
La decisión de Alain Peyrefitte, ministro francés de Justicia, de pedir al fiscal de la República que inicie una acción penal contra Jacques Fauvet, director de Le Monde, y Philippe Boucher, editorialista de ese periódico, por la publicación de cinco artículos -el primero, de 22 de diciembre de 1977, y el último, de 7 de octubre de 1980- presuntamente incursos en el artículo 226 del Código Penal francés, mueve a una serie de reflexiones que oscilan entre el desprecio que merecen los profesionales del poder que abusan de su ejercicio y el temor que suscita la ofensiva contra las libertades, en este caso contra la libertad de expresión, a lo largo y a lo ancho de todo el escenario mundial.La obvia comprobación de que en todas partes cuecen habas sólo puede servir de consuelo, como advierte el refranero, a los estúpidos. Parece necesario, sin embargo, señalar que los ataques gubernamentales a la libertad de Prensa se recubren en todos los países de parecidas justificaciones hipócritas y de similares manipulaciones de la letra de las leyes. El presidente Giscard y el Gobierno de Raymond Barre, en especial su ministro de Justicia, tienen muchas hachas que afilar contra un órgano de Prensa que, desde el prestigio mundial que ha conquistado gracias a su admirable labor informativa y a su honesta apertura a todas las opiniones, no ha vacilado, a la hora de criticar la política del poder, de denunciar fenómenos de corrupción tan bochornosos como el asunto de los dia.mantes de Bokassa y de llamar la atención sobre la creciente y avasalladora marea de restricciones a las libertades ciudadanas y de conculcaciones de los derechos humanos que amenaza con anegar una sociedad de tan arraigadas y antiguas tradiciones democráticas como la francesa.
El tortuoso camino elegido por Alain Peyrefitte para llevar adelante su venganza ha sido recurrir a un artículo del Código Penal que castiga con una pena de hasta seis meses de prisión a quien públicamente «trate de arrojar descrédito sobre un acto o una decisión jurisdiccional» en condiciones de naturaleza tal que perjudiquen la autoridad o la independencia de la justicia. De creer al ministro francés de Justicia, cosa más bien difícil, sería «la emoción profunda» suscitada en los magistrados por los «repetidos y graves ataques» del ponderado y equilibrado Le Monde contra el poder judicial la causante de esa querella. Por si alguien pudiera albergar alguna duda sobre la intencionalidad política y la cargaideológica de una medida que cubre sus desnudas vergüenzas con ropajejurídico, el propio Alain Peyrefitte, que ha tardado casi tres años en buscarle las vueltas penales a un artículo fechado en diciembre de 1977, se encarga de desvanecerla con un argumento que nos retrotrae en España a la época del franquismo, y en Francia, al régimen de Vichy. Pues el ministro de Justicia, con ese desenvuelto desparpajo que suelen utilizar algunos hombres públicos para barnizar con la purpurina del derecho la sucia materia del abuso del poder, no tiene el menor reparo en declarar que, al director y al editorialista ale Le Mondeno se les persigue por un delito de Prensa, sino por un delito de derecho común, y en distinguir entre la crítica constructiva, permitida y deseable, y la crítica estéril y malevolente, equiparada al insulto.
Uno de los bienes culturales más importantes con que cuenta la Francia contemporánea es, precisamente, el diario Le Monde, que ha hecho infinitamente más por la difusión de los valores, franceses en el mundo que sus Gobiernos y que sus políticos. Su compromiso con las libertades y los derechos humanos -no en vano en tres artículos incriminados hay referencias al abogado Croissant, a los detenidos en la manifestación del 25 de marzo de 1979 en París y al atentado de la calle de Copérnico- y su insobornable independencia ante el Estado convierten, por lo demás, a este diario en un ejemplo a seguir por quienes creen no sólo que el poder corrompe casi siempre, como el rufianesco asunto de los diamantes de Bokassa ha puesto al descubierto, sino que su ejercicio crea tentaciones casi irresistibles de volver contra los ciudadanos las facultades que éstos han canfiado a los gobernantes, y en el improbable caso de que la supuesta presión sobre Peyrefitte de la Magistratura francesa, desmentida al menos parcialmente por el Sindicato de la Magistratura, llegara a confirmarse, no haría más que plantear de nuevo el viejo problema de saber quién custodia a los custodios y la urgente necesidad de resolver esa extraña paradoja mediante la cual una institución puede ser al tiempo juez y parte de los conflictos que directamente le atañen.
El Análisis
Cuando proteger el prestigio produce desprestigio
Alain Peyrefitte tiene derecho a defender a los tribunales y también a considerar injustos, exagerados o incluso ofensivos los artículos de Le Monde; lo inquietante comienza cuando el ministro que dirige la política judicial ordena a la Fiscalía perseguir penalmente a quienes escriben esas críticas. La Francia de Giscard no es una dictadura ni existe censura previa, y precisamente por eso resulta tan llamativo recurrir al artículo 226 para proteger a una institución pública del «descrédito». El conflicto encaja además en un clima político concreto: Peyrefitte impulsa Sécurité et liberté, la seguridad se convierte en uno de los grandes argumentos del final del septenio y existe una discusión mucho más amplia sobre Policía, jueces, terrorismo y orden público. Lo significativo es que la reacción no se limita a los amigos ideológicos de Le Monde. Libération, que ya había sufrido una persecución relacionada con sus críticas a la Cour de sûreté, denuncia una ofensiva contra la prensa; L’Humanité advierte del peligro de convertir la falta de respeto a las instituciones en delito; y en el extranjero periódicos como el Wall Street Journal interpretan la iniciativa como políticamente comprometida. No he encontrado, en cambio, evidencia suficientemente sólida para afirmar que Le Figaro o France-Soir encabezaran una defensa equivalente, por lo que no los presentaría como protagonistas sin una hemeroteca más concluyente. El caso contiene finalmente una ironía considerable: Peyrefitte pretende impedir que Le Monde haga creer que la Justicia puede ser utilizada por el poder político y para conseguirlo utiliza su autoridad como ministro de Justicia para ordenar que la Fiscalía procese a Le Monde. Puede que los artículos de Boucher fueran feroces y puede discutirse si alguna frase era injusta; precisamente para eso existe el debate público, el derecho de respuesta y, cuando corresponda, la legislación sobre difamación. Una Justicia democrática debería poder soportar que un periódico diga que una sentencia es mala, incoherente o políticamente contaminada. La autoridad de los jueces se protege haciendo que sus decisiones merezcan respeto; obligando penalmente a respetarlas se corre el riesgo de conseguir exactamente lo contrario.
J. F.