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El Gobierno de Pedro Sánchez destituye a la directora del CNI, Paz Esteban, por autorizar espionaje a líderes independentistas pese a tener esta autorización judicial

HECHOS

El 10 de mayo de 2022 la directora del CNI Dña. Paz Esteban fue sustituida en el cargo por Dña. Esperanza Casteleiro.

11 Mayo 2022

Un cese inexplicado

EL PAÍS (Directora: Pepa Bueno)

El Gobierno destituye a la directora del CNI para atajar una crisis que tocaba la seguridad del Estado

La destitución el martes de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, es la decisión más contundente que toma el Gobierno para que el caso Pegasus no acabe dinamitando la legislatura. Es posible que sea también la última. La salida de Paz Esteban se daba por descontada desde que el Ejecutivo reveló que habían sido espiados el presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, —y ahora se ha sabido que también el ministro del Interior más un intento frustrado al ministro de Agricultura—. Una grieta de ese calibre en la seguridad del Estado, una vez que trasciende, no puede quedar sin consecuencias. Y a ello se añade la difusión del espionaje a 18 dirigentes independentistas catalanes, entre ellos el entonces vicepresident Pere Aragonès, sin que la propia Esteban revelara la información razonada que justificó pedir esa autorización judicial. Y sin que, según La Moncloa, se informara al Gobierno de un espionaje tan delicado a un cargo público representante del Estado.

Nada de esto explicó el martes el Gobierno al anunciar el relevo en el CNI. Solo quedó claro que no fue una dimisión voluntaria. La ministra de Defensa no dio ninguna explicación sobre una “sustitución” de esta trascendencia, más allá de admitir que “puede haber fallos” y que “la seguridad completa no existe”. Todo el mundo entiende la opacidad con la que tienen que trabajar, por fuerza, los servicios de inteligencia, pero una vez que su trabajo sale a la luz, solo se cierra de verdad una crisis cumpliendo las exigencias de la transparencia democrática. Lo que no se menciona, sigue existiendo aunque no se mencione.

Margarita Robles no ocultó ayer su satisfacción por que la elección de la nueva directora del CNI, Esperanza Casteleiro, refuerza su posición al tratarse de alguien de su máxima confianza que hasta ahora desempeñaba el cargo de secretaria de Estado en su ministerio. Las palabras de Robles en defensa del Centro Nacional de Inteligencia, su comprensión sobre los posibles fallos pasados y futuros, y el diagnóstico sobre la competencia y fiabilidad de su trabajo buscan reforzar la autoestima de un centro poco acostumbrado a la luz pública, pero también garantizar la seriedad de España de cara a la cumbre de la OTAN de Madrid de finales de junio. Difícilmente podría presentarse el Gobierno a esa cita con sus servicios secretos cuestionados por una brecha en la seguridad nacional.

El cese era el gesto más obvio que el presidente del Gobierno podía ofrecer a ERC y al resto de grupos que lo apoyan (incluido su socio de gobierno Unidas Podemos). El cambio de tono de ERC, evidente en la entrevista de Oriol Junqueras en este periódico, y la decisión del cese —adoptada tras finalizar el análisis de todos los móviles del Gobierno— favorecen el anunciado encuentro de los presidentes Pedro Sánchez y Aragonès que, en teoría, debe constatar si ERC sigue siendo un aliado parlamentario para lo que queda de legislatura. Aún queda pendiente la decisión de desclasificar los documentos que justifican el espionaje a Aragonés, algo a lo que no se opuso el martes la ministra de Defensa.

Pero este episodio ha revelado vulnerabilidades en las comunicaciones y una estructura organizativa del CNI que exigen reflexión y adopción de medidas para su control democrático y para evitar que un Gobierno ignore —según asegura La Moncloa— que se investiga a un cargo público, vicepresidente de un Ejecutivo autonómico. Todo ello puede y debe ser compatible con la naturaleza del trabajo de los servicios de inteligencia.

11 Mayo 2022

No hay ninguna institución a salvo de Sánchez

EL MUNDO (Director: Francisco Rosell)

EL CAMINO de servidumbre por el que se arrastra y nos arrastra Sánchez, rehén de las exigencias separatistas, conoció este martes otro hito en su historia particular de la infamia. La destitución -Margarita Robles diría «sustitución»- de la jefa de los servicios de inteligencia para complacer el apetito de revancha de los enemigos del Estado es la historia de una cadena de despropósitos en donde la incompetencia rivaliza con la traición.

Todo empezó cuando el entorno académico de Puigdemont, que está a la espera de conocer su destino judicial cuando los tribunales europeos se pronuncien definitivamente sobre la euroorden, colaboró en la elaboración de un informe ayuno de rigor para Citizen Lab, luego utilizado por un periodista de dudosa trayectoria para publicar un reportaje groseramente sesgado en The New Yorker, donde se denunciaba un presunto espionaje a los independentistas catalanes con el software Pegasus. El separatismo corrió entonces a poner el grito en el cielo, en una calculada ceremonia de sobreactuación que obligó a Pere Aragonès a interpretar su ruptura con Sánchez para no perder el favor electoral del secesionismo frente a Junts.

Sánchez envió a su ministro bombero a Cataluña para intentar apagar el fuego del modo que sabe: cediendo al chantaje. Bolaños prometió a los separatistas desclasificar documentos y meter a los antisistema en la comisión de secretos oficiales. Para ello Meritxell Batet retorció las reglas del Congreso y dinamitó el penúltimo consenso entre PSOE y PP con tal de sentar a Bildu, ERC o la CUP en esa comisión, donde la directora del CNI probó el amparo judicial de sus actuaciones. Pero daba igual: ya había sido condenada. No solo por los enemigos del Estado, sino por el Gobierno.

Como ni así el separatismo -envalentonado por el éxito de su chantaje- relajaba la presión, Moncloa ideó un giro de guion por el que anunciaba públicamente que los móviles de Sánchez y Robles habían sido espiados. Se trataba de extender el victimismo al Ejecutivo, caso único en el mundo: un presidente confiesa su debilidad para hacerse perdonar la vigilancia que él autorizó. El mismo Gobierno que consideró a los vigilados una amenaza para la seguridad nacional los eligió días después como socios preferentes. Habían sido objeto de espionaje por buenas razones: su plan golpista de autodeterminación, sus contactos con el Kremlin, su responsabilidad en la violencia urbana desatada por el Tsunami Democràtic.

Tales razones fueron invocadas por Robles desde su escaño, en un alarde de dignidad institucional que le ha durado días. Porque este martes, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, aquella dignidad se fue por el sumidero del cálculo egoísta y la torpeza expresiva. Robles accedía a entregar la cabeza inocente de Paz Esteban (la protección de los móviles gubernamentales no era competencia suya sino de Presidencia) a cambio de callar, aplaudir, enhebrar eufemismos cantinflescos para tapar el bochorno del sacrificio de Esteban -de la que dijo: «Tiene que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad»- y sobre todo colocar en su lugar a su mano derecha. Robles pierde así toda autoridad moral, renuncia al papel de leal servidora del Estado que siempre reivindicaba y se pliega a una caciquil maniobra para la conservación del sillón de su jefe y del suyo propio, al precio de descabezar y desprestigiar al CNI en vísperas de la cumbre de la OTAN. La situación de Robles es hoy efectivamente insostenible, pero no por las razones que aducen Podemos y los separatistas sino por haberse traicionado a sí misma. Y ni así logrará la piedad de ERC ni el respeto perdido del constitucionalismo: su posición en el Gobierno ha dejado de tener sentido para unos y para otros.

Así funciona el sanchismo. Seguirá degradando una institución tras otra hasta que las urnas permitan a los españoles rescatarlas de Sánchez.

La situación de Robles es insostenible no por lo que aducen Podemos y ERC sino por traicionarse a sí misma

10 Mayo 2022

El CNI contra Leonard Cohen

Manuel Jabois

Aquí a cualquier “brecha” le ocurre lo que a la grieta del cantautor canadiense: así es como entra la luz. En un servicio secreto, ni más ni menos

Félix Sanz Roldán, entonces director del CNI, me saludó un día de esta guisa: “Te escucho todas las mañanas”. Antes de que yo pudiese balbucear algo, mi novia, rapidísima, se dirigió a mí: “¿Tienes el teléfono pinchado? Al menos me escucha alguien”. Sanz Roldán se refería a mis intervenciones en la radio, pero nadie de los que estaban en la conversación, ni yo mismo, le dimos el sentido natural a la frase; preferimos, intuitivamente, el sentido perverso. Durante décimas de segundo, nuestro inconsciente pisó la línea difusa que separa el mundo de lo legal y lo ilegal, el de tu vida real y de las películas, lo lógico (hablas en la radio) y lo ilógico (eres depositario de secretos de Estado tan importantes que no te escucha un espía cualquiera, sino el jefe de todos, y cuando te ve te lo dice efusivamente, dándote un cachetazo en la espalda: ‘¡Te espío, chaval!”).

Esa línea difusa que no es exclusiva de un periodista, al que si le pinchan el teléfono da gracias a Dios por poder recuperar la grabación de una entrevista, es la línea en la que España, como país, se encuentra más cómoda, la que separa ver gigantes o ver molinos; la estrafalaria locura de un hombre lúcido, por eso Cervantes es nuestro genio literario de todos los tiempos: porque supo capturarlo todo y hasta definirnos tan clamorosamente que cuatro siglos después el Quijote no funciona solo como novela sino como libro de estilo. Y ahora —en un país en el que rige una reforma laboral aprobada por un diputado de la oposición que votó en remoto al no poder acudir al Congreso y se presentó allí sofocado a los cinco minutos, y como ese ejemplo doscientos más, no necesariamente malos, pero casi siempre disparatados que atestiguan el funcionamiento a trompicones de España—, cae la jefa de los espías por razones oficiales desconocidas (la ministra Robles no justificó su destitución, de hecho ni siquiera la destituye: la “sustituye”), y en medio de un vodevil perfecto. No es la primera vez ni la más grave (recordemos que el terrorismo de Estado se funda en España cuando secuestra, creyendo que era Mikel Lujua, un dirigente de ETA, a un vendedor inmobiliario enfermo llamado Segundo Marey que estaba viendo la televisión tan pancho), pero afecta al nervio más delicado del Estado y su relación conflictiva con la privacidad de los ciudadanos (unos tienen el deber de espiar; otros tienen el derecho a no ser espiados).

Aquí las chapuzas cuestan carísimas. Aquí a cualquier “brecha”, palabra de moda de estos días, le ocurre lo que a la grieta de Leonard Cohen: así es como entra la luz. En un servicio secreto, ni más ni menos. Tengamos confianza: entre lo lógico y lo ilógico, se impondrá la españolidad. Las cosas empiezan a ir por ese camino. Tan es así que, si me encuentro a la nueva jefa de los espías, podré decirle yo a ella: “La escuché esta mañana”.

10 Mayo 2022

El error de la directora del servicio secreto

Miguel González

Paz Esteban perdió sus últimos apoyos en el Gobierno al revelar en el Congreso que Pere Aragonès había sido espiado, sin explicar las razones

La hasta ahora directora del servicio secreto, Paz Esteban (Madrid, 64 años), no ha cometido ninguno de los errores que se le imputan y a los que, oficiosamente, se atribuye su relevo. El centro que ella dirigía no fue responsable de que los móviles del presidente del Gobierno, la ministra de Defensa y el ministro del Interior (además de, posiblemente, la entonces titular de Exteriores, Arancha González Laya) fueran atacados con el programa Pegasus en mayo de 2021.

Es cierto que el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del CNI, era el único organismo del Estado con capacidad para detectar la infección por el virus de diseño israelí, pero el CCN no podía someter los teléfonos de los máximos responsables de la seguridad del Estado a un análisis forense, como el que se ha realizado ahora, si estos no se los entregaban voluntariamente. Y ningún protocolo obligaba a chequearlos cada cierto tiempo. El organismo encargado de dictar las normas de uso de los móviles en La Moncloa era la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Presidencia del Gobierno.

Tampoco puede reprocharse a la directora del servicio secreto haber espiado el teléfono del actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, si, como ella aseguró y acreditó con documentación, lo hizo con autorización judicial y en cumplimiento de los objetivos que el Gobierno impuso al CNI en la Directiva de Inteligencia (aunque la vigente date de marzo de 2019 y no se haya actualizado desde entonces, pese a tener carácter anual). Se le podría achacar, si ocurrió así, el no haber informado a Pedro Sánchez de que el líder de ERC estaba bajo el punto de mira del centro de inteligencia, pero La Moncloa ya dejó claro, cuando saltó públicamente el espionaje a Aragonès, que el presidente ni sabía “ni quería saber”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, salió en apoyo de Paz Esteban diciendo que esta estaba “aguantando imputaciones que no se corresponden con la realidad”.

No obstante, hay un hecho que nadie le ha reprochado oficialmente a Esteban, pero que le ha hecho perder los apoyos que aún conservaba en el Gobierno: la falta de explicaciones de por qué se espió a Aragonès. La propia Robles había adelantado en el pleno del Congreso algunos de los motivos que justificarían que líderes independentistas fueran rastreados por el servicio secreto. “¿Qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, declara la independencia, corta las vías públicas, realiza desórdenes, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?”, planteó la titular de Defensa el 27 de abril en el hemiciclo, provocando las protestas de los independentistas.

Se esperaba que, cuando Paz Esteban compareciera el pasado jueves a puerta cerrada en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, se explayara en desarrollar estos argumentos, pero no lo hizo. Se limitó a dejar a cada uno de los 10 portavoces de los grupos parlamentarios una copia de las resoluciones judiciales que autorizaban 18 intervenciones telefónicas y ofreció una explicación genérica, sin referirse a ningún caso concreto. Algunos diputados tomaron nota de la resolución que afectaba a Pere Aragonès y la filtraron a la prensa. Pero nadie explicó por qué el juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas aceptó la petición de espiar, en octubre de 2019, a quien entonces era vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Tampoco la directora del CNI ofreció ninguna razón.

La falta de explicaciones dejó en el aire la sospecha, aventada por el independentismo, de que el Gobierno hizo espionaje político. Aunque las fechas de intervención del teléfono de Aragonès que aportó Esteban en el Congreso se referían al otoño de 2019 ―cuando estalló en Cataluña la ola de disturbios, algunos muy violentos, dirigida por Tsunami Democràtic tras la sentencia del procés―, fuentes cercanas al hoy president sospechan que fue escuchado también en enero de 2020, mientras se estaba negociando el apoyo de ERC a la investidura de Pedro Sánchez. Es una acusación demoledora para el Gobierno, pero también para el prestigio del propio servicio secreto. No es creíble que un magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo firmara la autorización para interceptar el teléfono de un cargo público si la solicitud no incluía sólidos argumentos. Pero, si estos existieron, han quedado en la penumbra, al menos hasta que se desclasifique la resolución que autorizó la escucha a Aragonès, si se desclasifica. Aun así, ya será tarde para Paz Esteban.

La hasta ahora directora del CNI ha sido la primera mujer al frente del servicio secreto español y también la primera agente del centro en ocupar su dirección general, con rango de secretaria de Estado. Cuarta responsable del Centro Nacional de Inteligencia desde su creación, en mayo de 2002, ha estado dos años y diez meses en el cargo, siete de ellos con carácter interino.

Persona muy discreta, como corresponde a su profesión de espía, se sabe poco de su vida privada: que está casada y tiene una hija que media la veintena. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, y se especializó en historia antigua y medieval. Preparaba oposiciones para archivos y bibliotecas cuando un pariente le recomendó presentarse para un puesto en el Ministerio de Defensa. Resultó ser el Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), el servicio secreto español.

Ingresó hace 39 años, cuando la inmensa mayoría de los espías españoles eran militares y las escasas mujeres del centro trabajaban como secretarias. Hoy el CNI tiene un 70% de civiles y un tercio de mujeres; algunas, en puestos de alta dirección. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sede central del servicio secreto, sobre todo haciendo análisis de inteligencia exterior.

En 2010, el general Félix Sanz Roldán la puso al frente de su gabinete técnico, cuyo cometido no era llevarle la agenda ni organizar sus viajes, como ocurre en los gabinetes de los ministerios, sino elaborar documentos de carácter estratégico. Se trataba de crear una especie de división de estrategia y planes, como las que existen en el Ejército, capaz de mirar más allá de las urgencias del día a día.

En junio de 2017, Beatriz Méndez de Vigo, hermana del exministro del PP Íñigo Méndez de Vigo, dejó el puesto de secretaria general del CNI para marchar al extranjero y Paz Esteban la sustituyó como número dos. Era la cuarta mujer que ocupaba el cargo, reservado para un funcionario de carrera del servicio secreto, y nada hacía pensar que llegaría más lejos que sus antecesoras. Era la jefa de personal de los más 3.000 espías españoles, un puesto en el que es fácil ganarse un tropel de descontentos y agraviados, pero ella, según quienes la conocen, evitaba conflictos y no generaba filias ni fobias.

En julio de 2019, tras completar 10 años en el cargo, el general Sanz Roldán se jubiló, y el Gobierno, que estaba en funciones, no podía nombrar sucesor. Paz Esteban se quedó interinamente en el puesto, y en los siete meses siguientes se ganó la confianza de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que había recuperado el control del CNI para su departamento. En febrero de 2020, ya con un Gobierno con plenos poderes, fue ratificada como primera directora del CNI. Hasta este martes.

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