María Gámez Gámez dimite de manera fulminante como directora de la Guardia Civil al descubrirse que su marido estaba siendo investigado por corrupción, le sucede Mercedes González

El grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía mantiene activa su investigación sobre los fondos recibidos por Juan Carlos Martínez, marido de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. La investigación, derivada a su vez de las indagaciones judiciales relacionadas con el fracaso empresarial de Santana Motor, cerrada en 2011, pone bajo sospecha los negocios privados de Martínez cuando fue asesor de varias consejerías y empresas públicas de la Junta de Andalucía en aquella etapa, bajo mandato del PSOE. La antigua fábrica automovilística con sede en Linares (Jaén) llegó a recibir hasta 137 millones de euros procedentes de la Junta, y esta investigación ha permitido concluir a la UDEF que tanto Juan Carlos Martínez como su hermano Bienvenido obtuvieron «importantes ingresos de sociedades que reciben a su vez cuantiosas cantidades de la Junta de Andalucía». Se trata de sociedades, alguna de ellas involucrada en su momento también en instrucciones judiciales por corrupción, como Isofotón, Inversión y Gestión Corporativa SL, o Laboratorios Farmacéuticos Rovi SA, que de hecho eran los más relevantes clientes de Job Managment Liberty, cuyo administrador único era el marido de la actual directora de la Guardia Civil. Martínez facturó más de 128.000 euros a Rovi, quien a su vez había recibido de la Junta más de 6,5 millones de euros. Y también, entre 2010 y 2011, esa empresa transfirió más de medio millón de euros a la consultora Experience Managment Group SL, dirigida por Bienvenido Martínez. La cosa quedaba entre hermanos. Ahora, el juez de Sevilla que investiga la trama ha solicitado a la Agencia Tributaria que le remita información para determinar si la consultora de Bienvenido Martínez transfirió fondos a la de su hermano, y si se trababa de una técnica de ocultación o difuminación del origen del dinero. A la UDEF le llama la atención que en 2012 se contrataran los servicios de una consultora recién creada, de la que era titular precisamente el hermano de alguien como Bienvenido Martínez, que había sido alto cargo de la Junta andaluza entre 2008 y 2009, y que estaba familiarizado con el manejo y concesión de fondos públicos. De hecho, había sido director de Inversiones Estratégicas de la agencia pública IDEA, que era el organismo encargado de conceder ayudas a Rovi e Isofotón.

Pese a responder a hechos de hace años, la investigación de esta compleja maraña cobra relevancia por la apariencia delictiva en el manejo de fondos públicos en un momento en el que la Junta andaluza era todo un coladero para prácticas corruptas, tal como han revelado las sucesivas sentencias de los ERE fraudulentos. En este caso, como mínimo de aparente nepotismo y enchufismo, y más allá del alcance delictivo que puedan revestir los hechos, las conclusiones de la UDEF salpican a María Gámez, que fue delegada de la Junta en Málaga, y que no ha ofrecido explicación pública alguna pese a las indagaciones sobre su propio marido. Al Gobierno se le acumulan los problemas en el peor momento de la legislatura y a escasos tres meses de las elecciones municipales y autonómicas.

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, renunció este miércoles a su cargo tras conocer que su marido, Juan Carlos Martínez, ha sido formalmente declarado «investigado» –equivalente a imputado– ante un Juzgado de Sevilla por un presunto caso de corrupción en el que se investiga su participación como consultor y empresario en la creación de un centro de negocios en Madrid montado por la anterior Administración socialista de Andalucía. En concreto, el juez instructor le atribuye indiciariamente un papel similar al de un ‘conseguidor’, para lo cual se valió de su empresa, que fue contratada de manera «absolutamente fraudulenta», según consta en la investigación judicial. La imputación es solo la culminación de una parte de la investigación que lleva desarrollando el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla desde hace meses, donde se investiga también a otros parientes de María Gámez por supuesta prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. De hecho, y como publicó ABC en exclusiva, el juez solicitó recientemente a Hacienda los movimientos correspondientes a los ingresos de la consultora de Martínez, y los vasos comunicantes que tenía con otra empresa perteneciente a la de uno de sus hermanos, que a su vez había sido alto cargo de la Junta de Andalucía cuando la agencia pública IDEA adjudicaba ayudas y subvenciones que ahora se investigan como corruptas. Y todo, en una etapa en la que ella había ocupado el cargo de delegada del Gobierno de la Junta en Málaga.

A Gámez no le quedaba otra opción que su salida de la Guardia Civil. El entorno de aparente nepotismo familiar, unido a la sospecha de que con el PSOE en Andalucía se producía un tráfico de subvenciones sin aparente control y con favoritismo y endogamia partidista, dejaban poco margen a Gámez. Sencillamente, fue el PSOE el partido que cuando ejercía la oposición al PP puso un listón de ejemplaridad que a menudo incumple cuando la corrupción le afecta, pero que ahora, a escasos dos meses de las elecciones municipales y autonómicas, sí le exige contundencia. La misma contundencia, por cierto, que el Gobierno eludió escenificar mucho antes pese a que ABC ya viene denunciando públicamente este escándalo desde hace dos meses. Si María Gámez ha sido empujada a dimitir no es porque el PSOE atribuyera gravedad a los hechos desde que la investigación judicial se inició. De hecho, no movió un solo dedo en busca de destituciones. Si ha dimitido ahora, es porque tras el caso de su exdiputado Curbelo, ‘Tito Berni’, Pedro Sánchez no puede permitirse más tachas reputacionales que perjudiquen a sus siglas. El oportunismo es notorio por más que el ministro del Interior dedicase ayer muchos elogios a su subordinada. Tampoco han ayudado a Gámez las sospechas de que, precisamente en el marco del ‘caso Tito Berni’, continúe en prisión un antiguo general de la Guardia Civil, o que hayan empezado a trascender indagaciones sobre irregularidades en obras adjudicadas para la rehabilitación de edificios de este Cuerpo. La Guardia Civil es precisamente la coartada utilizada por el PSOE en el Congreso para tratar de desviar la atención sobre los escándalos de Curbelo para la compra de favores en el ‘caso mediador’, y derivarla justo hacia las irregularidades en la Guardia Civil. El silencio de Gámez desde el inicio de las investigaciones dadas a conocer por ABC era llamativo. No tenía sentido no dar una sola explicación pública porque las acusaciones del Juzgado ya eran graves hace semanas. Si las imputaciones son inciertas, a Gámez le habría bastado con replicar y defender la inocencia de su marido y de sus cuñados. Y si son ciertas, la dimisión llega tarde, por razonable que sea.

El ático dúplex

LUIS Roldán progresó adecuadamente desde la corrupción municipal de Zaragoza a la delegación de Gobierno en Navarra y, de allí, nada menos que a la dirección general de la Guardia Civil. No fue ministro del Interior por muy poco: para impedirlo hubo que destapar su imperio salteador a la sombra del tricornio. Pero es posible que, sin su ambición y buena imagen en el Gobierno de González, hubiera seguido afanando ingentes comisiones en mármoles, antes desconocidos en los severos cuarteles de la benemérita. Sin ese afán trepador que, de paso, blindaba la impunidad de su fortuna, hoy competiría con Bono en lo capilar y con Amancio Ortega en lo textil.

María Gámez venía del sur, aunque no de tan abajo. Pero su abrupta salida rodeada de generales «para no manchar la imagen del cuerpo», je, la sitúa en otra era del afane: el de la segunda generación del PSOE andaluz, caracterizada por su rechazo al bandolerismo suelto y su técnica de saquear fondos públicos a través de empresas familiares desdobladas y redobladas, a saber: la pareja ganzúa y una nube de cuñados y concuñados. Gámez ha caído arrastrada por los hermanos Martínez, su marido y dos hermanos, pero el dinero cosechado en Jaén, solar de Gaspar Zarrías, el todopoderoso visir de Chaves del que un Martínez era chambelán, lo sembró la propia Gámez desde la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Málaga. Al año de ser nombrada, su marido recibió el millonario rescate de Santana, que no rescató la joya de Linares, pero mejoró la situación inmobiliaria de los Martínez Gámez: un piso de un millón de euros en lo mejor de Málaga y otro pagado en metálico y puesto a nombre del hijo, apenas veinteañero.

En esa ceremonia de elogio de sí misma y humillación del generalato verde, Gámez no se refirió, por modestia, a la riqueza familiar. Pudo hacerlo: los Martínez ya andaban en lenguas y hacía una semana que los investigaban por rendir culto idolátrico a Monipodio. Pero, humildísima, ya digo, se limitó a glosar una «cultura individual» de honradez; ni tribal ni de partido, ojo.

La veo: sólidamente anclada en la Roca de los ERE, oteando un mar de tarjetas de plástico Visa, entre el Cabo Trinque y el Golfo de Mienmano.