El Gobierno del PSOE con Carlos Solchaga de ministro de Economía inicia la privatización de Repsol con un 24%

LA COLOCACIÓN entre el público de más de un 24% del capital de Repsol constituye la mayor operación de salida a bolsa que se ha realizado en España hasta el presente. Se trata de colocar nada menos que 40 millones de acciones, de un valor nominal de 500 pesetas cada una, a un precio de salida del 340%, es decir, a 1.700 pesetas. La apelación al ahorro nacional alcanza, pues, los 68.000 millones de pesetas, a lo que se añade casi otro tanto destinado al extranjero.La salida bursátil se venía preparando minuciosamente desde hace tiempo. Para la empresa se trata, a la vez, de un punto de llegada y de un punto de partida. De llegada, porque es el último episodio de la transformación de la antigua Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA), forzada por nuestro ingreso en la Comunidad Europea. La legislación comunitaria prohíbe los monopolios y era preciso desmontar uno tan fundamental como el que afecta a la comercialización de. los productos petrolíferos. La operación no era fácil, pues implicaba la ruptura de estructuras y hábitos forjados a lo largo de más de medio siglo. Al mismo tiempo, el mantenimiento de un cierto grado de autonomía energética aconsejaba encontrar una forma de organización que permitiera competir con las grandes empresas petrolíferas de otros países. La creación de Repsol obedece a estas consideraciones.

Se trata, en cualquier caso, de una privatización parcial, ya que entre las acciones que salen a bolsa y la participación que tiene en su capital el Banco Bilbao Vizcaya (BBV), esencialmente como consecuencia de la venta de la participación que este banco tenía en la refinería Petronor, el total del capital que pasará a manos privadas no excederá del 30%. El Estado mantendrá, pues, una holgada mayoría, al tiempo que la introducción de un accionariado privado obligará a los administradores de la empresa a llevar a cabo una gestión más dinámica que si solamente tuvieran que dar cuenta de sus acciones al ministerio correspondiente. Es una fórmula que ya se ha ensayado con éxito en otros países y no hay razón para pensar que en España fracase.

Por lo demás, los retos que esperan a la nueva empresa son de una magnitud considerable. La presencia de las grandes compañías multinacionales del sector se hará cada vez más intensa a medida que constituyan redes comerciales en nuestro territorio. Pero la competencia no termina, ni empieza, en las gasolineras. Los intereses de las grandes empresas se extienden al refino y, en muchos casos, a la propia producción de hidrocarburos, lo que a su vez implica la asunción de grandes riesgos en materia de exploración. En estos campos, los intereses españoles se encontraban dispersos y es de esperar que la nueva estructura sea capaz de unificarlos con acierto. En cualquier caso, con lo que tendrán que contar los nuevos gestores, si aciertan en la colocación de las acciones, es con los ojos vigilantes de centenares de miles de accionistas, que van a juzgar cotidianamente sus decisiones y que darán su opinión definitiva cada año en la junta general de accionistas.