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El Gobierno del PSOE destituye a Romà Cuyàs como secretario de Estado de deportes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y del Comité Olímpico Español (COE),

HECHOS

El 30 de junio de 1984 se hizo pública la destitución de D. Romà Cuyàs como Presidente del COE, CSD y como Secretario de Estado para el Deporte.

30 Junio 1984

Deporte de piñón fijo

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

LA DESTITUCIÓN de Romà Cuyàs, secretario de Estado para el deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), como presidente del Comité Olímpico Español (COE), ha sido el resultado de la obstinada ofensiva emprendida contra su persona por la mayoría de los presidentes de las federaciones nacionales, con la activa colaboración de Benito Castejón, último delegado nacional de Deportes del Movimiento. Romá Cuyás es expulsado -mediante el mecanismo técnico-jurídico de la inhabilitación- de su cargo en el COE -que quizá nunca hubiera debido ocupar en correcta teoría como represalia de unos directivos que, aferrados desde hace años o lustros a sus puestos, han visto arruinadas sus esperanzas de continuidad indefinida por obra de la reforma ministerial del viejo sistema electoral fabricado a su medida.La doble militancia que vinculaba la presidencia del COE al desempeño de cargos políticos relacionados con el deporte es una antigua práctica en nuestro país. Durante el anterior régimen, el puesto de delegado nacional de Deportes del Movimiento -ocupado, entre otros, por el general Moscardó, José Antonio Elola-Olaso, Juan Antonio Samaranch y Benito Castejón- compatibilizaba con desenvoltura el ejercicio de sus funciones políticas con la máxima representatividad olímpica. Ya bajo el sistema democrático, los presidentes del CSD y secretarios de Estado para el Deporte de UCD -el inevitable Benito Castejón y Jesús Hermida- hicieron el doblete con toda naturalidad, sin plantearse siquiera la posibilidad de llevar a cabo -al menos mientras permanecieran en el poder- el desdoblamiento de los cargos. El COE es un organismo que depende económicamente del CSD (en cuyo edificio se aloja y del que recibe las subvenciones presupuestarias), que abre sus puertas incluso a los galgos y a las palomas mensajeras y que ofrece la particularidad de que las federaciones no olímpicas dispongan de mayoría de votos en su seno.

Aunque los socialistas se manifestaron, en algunos de sus documentos programáticos, a favor de la independencia olímpica, la decisión de Jesús Hermida de desviar fondos públicos hacia el COE para la protección de los deportes de elite forzó seguramente a Romà Cuyàs a cambiar de planteamiento y a entrar en la boca del lobo de ser designado presidente del COE por los directivos federativos. Ahora, esos mismos electores que votaron en su día, la candidatura de Romà Cuyàs, tal vez como reflejo condicionado dé obediencia al poder del Estado, han decidido su remoción. Pero esta audaz rebeldía de los antes sumisos directivos no ha sido motivada por las actuaciones de Romà Cuyàs como presidente del COE, sino por sus decisiones como secretario de Estado para el Deporte. En efecto, la tormenta olímpica no ha nacido de la abnegada preocupación de los veteranos dirigentes ante la mala situación de nuestro deporte, de la que son ellos los principales responsables, sino de su interesada protesta contra la nueva normativa que les impide seguir indefinidamente en sus puestos.

El pecado mortal de Romà Cuyàs no ha sido otro que apoyar los decretos de 28 de marzo de 1983 de disciplina deportiva y de estructuras federativas, parcialmente destinados a terminar con la inverosímil autoperpetuación en las presidencias federativas de quienes utilizaban procedimientos clientelistas y caciquiles para conseguir la adhesión inquebrantable y eterna de sus electores de segundo grado. Es cierto que algunos aspectos dudosos del decreto del Ministerio de Cultura que regula las estructuras federativas españolas pueden ser criticados con absoluta buena fe desde enfoques estrictamente jurídicos. Sin embargo, no resulta fácil admitir que las jupiterianas protestas de los directivos afectados contra el artículo 7 del decreto («no podrá ser elegido presidente quien hubiera ostentado ininterrumpidamente tal condición durante los tres períodos inmediatamente anteriores, cualquiera que hubiera sido la duración efectiva de éstos») sean una desprendida y neutral defensa de los valores del Estado de Derecho y de los principios constitucionales.

Una vez eliminado Romà Cuyàs del escenario, y con el apetitoso panorama de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en perspectiva, el grupo inmovilista del deporte español se dispone a confiar las responsabilidades del COE a quien mejor pueda proteger sus estrechos intereses corporativistas. Jaime López Amor, mediocre director de Deportes durante la época de UCD y aspirante frustrado a la presidencia del COE en la anterior elección, parece la persona ideal para garantizar que nada cambie en el deporte español a fin de que todo empeore. El pobre historial de nuestro deporte a lo largo de 40 años, sin otras excepciones que algunas sobresalientes individualidades a las que ni siquiera la burocracia federativa consiguió derrotar, muestra que los padrinos de la mayoría de las Federaciones se despreocuparon de fomentar y proteger las actividades a su cargo, tal vez porque esa molesta tarea les hubiera privado del tiempo necesario para cuidar de sus propios intereses y les hubiese obligado a contrariar a esa red clientelista cuyos votos necesitaban para la reelección perpetua.

No deja de ser un sarcasmo que los amparos y las garantías que ofrece un sistema democrático sean aprovechados ahora por quienes durante años apoyaron sin vacilaciones un régimen autoritario cuyos valores algunos todavía añoran. Esta es, sin embargo, la grandeza y la servidumbre de un sistema de libertades que hace posible que un secretario de Estado -falto de la cazurrería y la habilidad suficientes para ganar votaciones en los pasillos- pueda ser democráticamente destituido como presidente del COE por quienes hace pocos años vibraban de entusiasmo ante las manifestaciones autoritarias, incluidas las designaciones digitales. Ahora bien, dado que las mismas causas tienden a producir los mismos efectos, es de temer que el deporte español seguiría vegetando en su tradicional miseria si las personas que impidieron en el pasado su crecimiento continuaran desempeñando las más altas responsabilidades organizativas en las federaciones y en el COE. Cabe esperar, sin embargo, que la aplicación de los decretos del Ministerio de Cultura -dudosos en la letra de algunos artículos, pero elogiables en su espíritu- servirá para impedir la repetición de una broma tan pesada como la que los presidentes de las federaciones se disponen a gastar -con fondos públicos- a los contribuyentes y a los aficionados al deporte con su petición de un buen puñado de millones para ir abriendo boca en su nueva andadura independiente.

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