El Gobierno Rajoy logra que Cuba traslade a Ángel Carromero a España, y una vez en España este cambia su versión y culpa al Gobierno de Cuba de la muerte de Oswaldo Payá

El regreso a España del dirigente popular Ángel Francisco Carromero para seguir cumpliendo su condena cerca de los suyos es una noticia positiva no solo desde el punto de vista humanitario. Es también la demostración de que Madrid y La Habana han utilizado diligentemente los conductos diplomáticos haciendo valer el convenio bilateral de ejecución de sentencias penales de 1998. Hasta ahí las bondades de este caso que costó la vida a los opositores del régimen Oswaldo Payá y Harold Cepero cuando ambos viajaban en el coche conducido por el español.

La diligencia con la que ha actuado en este caso el Gobierno es, sin embargo, un agravio comparativo para los 2.440 presos españoles que cumplen condena en el extranjero. De hecho, el otro español repatriado el sábado junto a Carromero, Miguel Vives Cutillas, llevaba ya cuatro años preso en la isla por tráfico de drogas. Lejos de ser el gran éxito diplomático que proclama el Gobierno español, Carromero, además de recibir un trato privilegiado, ha sido la mejor baza de La Habana para apaciguar la tradicional beligerancia del PP hacia el régimen cubano y lograr que la UE inicie las negociaciones para suscribir un acuerdo de cooperación con el régimen castrista. De poco vale el empeño de Exteriores de desvincular el caso del cambio de política, especialmente cuando se niega a entrar en detalles sobre las razones de este último.

Hay, sin embargo, en el PP voces que tratan de hacer bandera de este asunto. Que la dictadura castrista merece ser condenada está fuera de duda, pero hay demasiado puntos oscuros en este caso como para convertirlo en una causa política. Antes de viajar a Cuba, este dirigente popular a sueldo del Ayuntamiento de Madrid acumuló 45 multas de tráfico y perdió todos los puntos del permiso de conducir, razón por la cual Tráfico le había notificado la retirada del mismo. Carromero fue condenado a cuatro años de prisión por “homicidio por conducción imprudente” en aplicación del código penal cubano. En España, tras la reforma de 2007, estos delitos contra la seguridad vial también están castigados con cárcel. Salvo que se demostrara que el accidente no fue tal, como sostiene sin argumentos de peso la familia de Payá, sino que se debió al acoso de otro automóvil —extremo que Carromero ha negado—, intentar convertirle en un defensor de la libertad y víctima del castrismo es errar el tiro.

Ángel Carromero ha decidido romper su silencio cuando se cumple un año de la muerte del líder opositor cubano Oswaldo Payá y de Harold Cepero. Es la primera entrevista que el político del PP de 27 años concede a un medio español desde que aquel fatídico 22 de julio el coche que conducía se estrellara en una carretera de Bayamo (Cuba). Ese día la voz del fundador del Movimiento Cristiano de Liberación y Premio Sajarov se apagó para siempre junto a la de su compañero. Los otros dos ocupantes –Carromero y el político sueco Aron Modig– salieron ilesos. Mucho se ha escrito sobre lo que ocurrió en aquella carretera secundaria. Él es el único testigo, el único que recuerda y ha decidido contar la «verdad».

Condenado por un tribunal cubano a cuatro años de prisión por homicidio involuntario, vive en régimen de semilibertad en España. Arrastra en su tobillo un grillete del siglo XXI. Éste es su tributo a la memoria del histórico disidente, porque es «lo que Oswaldo hubiera hecho» en su lugar.

Pregunta.– ¿Qué ocurrió aquel 22 de julio en Cuba?

Respuesta.– Nos dirigíamos a Santiago y ya nos habían seguido tres veces durante el trayecto. En Bayamo, un vehículo azul comienza a perseguirnos. Viene hostigándonos muy cerca. Tanto que pude ver los ojos del conductor por el retrovisor. Al ver el coche, Oswaldo me dice: «Son de la comunista por el color de la placa. Ángel, sigue como si nada».

P.– ¿Acelera en ese momento para intentar escapar?

R.– Todo lo contrario. No queríamos darles una excusa para que nos dieran el alto. Además, era imposible ir deprisa, la carretera es muy sinuosa y está llena de socavones.

P.– ¿Y qué ocurre después?

R.– El coche nos embiste por detrás y nos saca de la calzada. Yo pierdo el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo es cómo unos hombres me meten en una furgoneta con puertas correderas, como las que usa la seguridad del Estado cubano, y les grito: «¡Joder, quiénes sois y qué cojones nos habéis hecho!». Luego vuelvo a perder el conocimiento. Creo que me dieron con una culata porque tengo una brecha en la cabeza.

P.– ¿Salieron los dos disidentes cubanos vivos del accidente?

R.– Sí, estoy completamente seguro. Las enfermeras y un párroco me aseguran que en el hospital hemos ingresado los cuatro.

P.– ¿Fue un impacto fuerte?

R.– Los cristales del coche no se rompen y ni Aron ni yo tenemos ninguna magulladura.

P.– Y si no fue un accidente, ¿cómo murió Oswaldo Payá?

R.– Los servicios secretos cubanos asesinaron a Oswaldo Payá. No era la primera vez que lo intentaban. Dos meses antes otro coche había hecho volcar su vehículo.

P.– ¿Para qué viajó a Cuba?

R.– Fui a dar apoyo y dinero a la disidencia cubana. Les llevamos 8.000 euros, medicinas contra el cáncer e información de lo que pasa fuera de la isla. Y lo volvería a hacer.

P.– Entonces ¿por qué no le acusaron de un delito contra la seguridad del Estado?

R.– No lo hicieron por hacernos un favor. Fue porque les convenía. Era mucho más fácil utilizarme para enmascarar la muerte de Payá. Era un plan perfecto.

P.– ¿Se cree un cabeza de turco?

R.– Absolutamente. Decir que se trató de un accidente e inculparme fue una coartada perfecta para ocultar la muerte del único opositor que podía liderar la transición democrática en Cuba. Yo sólo soy una víctima más del caso Payá.

P.– En ese caso, ¿por qué extraditarle a España y dejar cabos sueltos?

R.– Había ciertas expectativas de que no hablara, pero no funciono así.

P.– Tras el siniestro, ¿qué es lo primero que recuerda?

R.– Me despierto en la camilla de un hospital y hay un militar del Ministerio del Interior sentado a mi lado. Estoy tan aturdido que le cuento la verdad: que alguien nos perseguía y que nos ha echado de la carretera.

P.– ¿Pudo hablar con alguno de los otros ocupantes del coche?

R.– Sí, con Aron. Recuerdo que le dije en inglés: «Dios mío, nos van a matar». Y él me contesta: «Probablemente sí». Me da los móviles de Oswaldo y Harold y los escondo. También me deja su iPhone, con el que llamo a España para avisar de lo que ha pasado. Luego nos separan.

P.– ¿Le informan de la muerte de Payá y Cepero?

R.– No. Le pregunto a una enfermera y me dice que hemos ingresado los cuatro ocupantes del vehículo, después me dice que en el hospital estamos tres y más tarde que sólo los extranjeros. Luego me ponen una vía y me sedan.

P.– En la clínica firma una declaración donde dice que fue un accidente, ¿por qué lo hizo?

R.– Cuando me despierto, una cohorte de militares rodea mi cama y me graban con una cámara de vídeo. Uno de ellos empieza a darme bofetones. Luego un hombre, que se identifica como un perito, me dice: «Eres muy joven para quedarte aquí. No te va a pasar nada si dices que te caíste por un terraplén».

P.– ¿Temió por su vida?

R.– Estaba seguro de que me iban a matar, por eso mandé un SMS de socorro en el que alerto de que estamos rodeados de militares. Luego me quitan los teléfonos.

P.– ¿Por qué liberan tan pronto al político sueco?

R.– La embajadora de Suecia tardó 24 horas en ir a buscar a Aron, que desde aquel momento declaró no acordarse de nada. Yo sólo pude ver al cónsul general meses antes del juicio y nunca a solas. Siempre había un teniente coronel delante.

P.– Después le trasladan a una unidad militar de Bayamo, ¿qué ocurre durante todo ese tiempo?

R.– La cárcel es como en las películas: la orina encharca el suelo, los presos sacan las manos por las rejas para tocarme y hace un calor asfixiante. Estoy drogado y muy aturdido porque me dan sedantes. Me interrogan varias veces al día, incluso por la noche. Su obsesión es el tema político. Han visto en mi móvil fotos mías con Aznar y Cospedal y piensan que soy un peso pesado del PP o un agente de la CIA.

P.– ¿De qué habla en estos interrogatorios?

R. – Me mantuve firme hasta el final. Nunca impliqué a nadie de mi partido, ni a nadie del Gobierno, ni les di la información que me pedían.

P.– Y aun así graba un vídeo en el que confiesa que todo fue un accidente…

R.– Pero, ¡cómo se puede creer esa declaración! Estaba leyendo un papel. ¿Cómo va un español a usar la expresión «accidente de tránsito»? Incluso se nota que estoy leyendo. Pero, ¿alguien creía lo que decían los cubanos? Ya no es una cuestión de ideologías, es por sentido común.

P.– Durante seis meses estuvo en una prisión cubana, ¿cómo fue la vida en la cárcel de 100 y Aldabó?

R.– Allí se la conoce como 100 y se acabó porque el que entra no sale. Las condiciones son inhumanas. Si me hubieran metido en una celda común habría muerto. Yo estaba en una especial junto a otro preso, que era un agente de la seguridad del Estado. Lo pasé tan mal que incluso pensé en suicidarme con una cuchilla de afeitar. Me sentí abandonado por todo el mundo.

P.– ¿Sufrió torturas?

R.– Físicas no, pero sí psicológicas. Sólo me dejaban salir de la celda una vez cada tres semanas y me pusieron muchas vías. No sé lo que me inyectaban. Sólo hablaba con el militar que me traía la comida y, es cierto, el síndrome de Estocolmo existe.

P.– Pero sabemos que pudo hablar con su familia…

R.– Hablaba con mi madre y con mi mejor amigo por teléfono una vez al mes. Eso me salvó. Me dieron dos libros: 100 horas con Fidel y otro sobre el embargo a Cuba.

P.– ¿Tuvo un juicio justo?

R.– En absoluto. La Fiscalía cubana fue fabricando las pruebas conforme avanzaba el proceso y la defensa no tuvo acceso ni al coche ni a ningún testigo. Fue una pantomima, los testigos llevaban las declaraciones escritas en la palma de la mano.

P.– Pero contó con un abogado español que coordinó su defensa…

R.– A mi abogado lo vi una vez el día antes del juicio y pude hablar con él a solas 60 segundos por el descuido de un coronel. En ese momento le dije: «Pepe, en España saben que no ha sido un accidente, ¿verdad?». Él me contestó que sí, pero que me mantuviera en la versión oficial y me aseguró que el Gobierno y mi partido estaban conmigo.

P.– La Fiscalía cubana basó toda la acusación en el exceso de velocidad.

R.– Imposible. Era una carretera mal asfaltada, con agujeros, curvas.

P.– ¿Se considera buen conductor?

R.–Sí, la mayoría de las multas que tengo son de aparcamiento. Me quitaron los puntos del carné por ir hablando por el móvil y por superar en 10 kilómetros por hora el límite de velocidad en la A-3.

P.– ¿Cómo fue la vuelta a España?

R.– En Cuba no tuve ningún contacto con el exterior. No tenía ni idea de todas las cosas horribles que se habían publicado sobre mí, incluido este periódico. No entendía nada porque soy inocente.

P.– ¿Ha solicitado el indulto al Gobierno español?

R.– Carlos Payá pidió mi indulto en enero, y si un indulto tiene sentido es cuando la parte agraviada pide el perdón para el condenado. Es la propia familia del fallecido la que dice que soy inocente.

P.– ¿Es cierto que el Kennedy Center de Washington va a pedir que su juicio se declare nulo?

R.– Sí. El director para los Derechos Humanos del Kennedy Center, Santiago Cantón, vino a verme a España para entrevistarse conmigo. También me he reunido con otras personalidades de EEUU.

P.– Usted y la familia reclaman una investigación internacional que esclarezca la muerte de Payá, ¿cree que va a prosperar?

R.– Sí, de hecho hay una carta firmada por senadores de Estados Unidos como John McCain o Marco Rubio en la que exigen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una investigación independiente. Además, se solicitará que mi juicio se declare nulo.

P.– Pero para que actúe la Justicia hacen falta pruebas…

R.– Durante este año la familia de Oswaldo ha recabado pruebas y testigos que va a presentar en una querella en la Audiencia Nacional, porque Oswaldo también tenía la nacionalidad española.

P.– ¿Hay mucha gente que prefiere que esté callado?

R.– Me pidieron que me quedara callado por patriotismo y que asumiera mi culpabilidad. Pero ya no es por mí, es para esclarecer la verdad de un asesinato de Estado.

P.– ¿Goza de un trato de favor?

R.– En absoluto. En la cárcel de Segovia no tuve ninguno. Comía y hacía lo mismo que los otros presos.

P.– Esperanza Aguirre ha hecho una defensa numantina de su caso.

R.– Esperanza está defendiendo la verdad. Se ha portado conmigo como una madre. Antes de todo esto no me había reunido nunca con ella, pero desde que me afilié al PP a los 16 años soy aguirrista.

P.– ¿Cómo ha cambiado su vida?

R.– Se ha roto en mil pedazos. Tuve que cambiar de puesto de trabajo porque la oposición se cebó conmigo. He recibido anónimos con amenazas de muerte. En el metro voy con gorra y hay barrios de Madrid donde no puedo ir.

P.– ¿Cuánto gana como consejero del grupo municipal popular?

R.– Gano 2.300 euros netos al mes, aunque no siempre he vivido de la política. Trabajé en El Corte Inglés mientras me sacaba la licenciatura de Derecho, he hecho un máster en Bolsa y hablo tres idiomas. Yo no tengo padrinos en el PP.

P.– ¿Ha hablado con Rajoy o con García-Margallo de lo sucedido?

R.– No, pero he estado con Aguirre, Dolores de Cospedal, Ana Botella e Ignacio González.

P.– ¿Cómo valora la gestión del Gobierno?

R.– Consiguieron traerme de vuelta y por eso les estoy agradecido.

CUANDO SE cumple un año de la muerte de Oswaldo Payá, Ángel Carromero ha roto el silencio inducido que guardaba –»me pidieron que callara por patriotismo»– y ofrece una versión de los hechos completamente distinta de la oficial. En una reveladora entrevista exclusiva que hoy publica EL MUNDO, el joven afiliado del Partido Popular acusa a los servicios secretos cubanos de haber asesinado al histórico líder opositor, Premio Sajarov en 2002 por defender los derechos humanos. El democristiano Payá era una de las voces más autorizadas para guiar la transición democrática en la isla.

El militante de Nuevas Generaciones asegura que Payá y su compañero Harold Cepero estaban vivos cuando ingresaron en el hospital tras sufrir un accidente de tráfico provocado, según él, por un coche de la seguridad del Estado que les sacó de una carretera secundaria aquel aciago día de julio del año pasado. Prueba de que su detención fue traumática son los SMS que envió pidiendo socorro desde el hospital. Tras asumir la responsabilidad en un vídeo muy sospechoso, fue condenado a cuatro años de prisión por homicidio imprudente ya que él conducía el vehículo siniestrado. Luego fue expulsado para cumplir la sentencia en España, donde el Gobierno le concedió el tercer grado y le puso un grillete electrónico en el tobillo.

Es muy comprensible que Carromero haya callado durante todo este tiempo por las coacciones padecidas y por el pacto suscrito por el Gobierno para poderle traer de vuelta. Ahora desmonta el vídeo autoinculpatorio y denuncia que el juicio fue una «pantomima» porque fabricaron las pruebas y no tuvo las mínimas garantías procesales. También anuncia que la familia del difunto disidente está recabando indicios y testigos para presentar una querella ante la Audiencia Nacional, dado que Payá también tenía pasaporte español.

Las declaraciones de Carromero suponen una gravísima acusación porque, si se confirman, significarían que los servicios secretos cubanos forzaron el accidente de circulación y le inculparon para ocultar así un asesinato de Estado en toda regla. Su testimonio contiene elementos lo suficientemente concretos, coherentes y verosímiles para que nuestro Gobierno cambie de actitud e impulse en todos los ámbitos internacionales posibles –especialmente en el marco de la Organización de Estados Americanos– la creación de una comisión de investigación independiente que aclare por completo lo sucedido. El ministro Margallo, que hasta ahora ha mantenido una posición tibia para lograr que Carromero saliera de una celda inhumana sin dañar las relaciones bilaterales, debe pedir explicaciones cuanto antes al régimen castrista.

Cuba ha reaccionado en este caso como lo que es: un país totalitario que machaca cualquier atisbo de disidencia. Mediante una infame campaña de propaganda intentó convertir a Carromero en un temerario al volante porque tenía multas de aparcamiento y le quitaron los puntos del carné. También le tildó de extremista porque es del PP. En honor a la verdad, La Habana tiene que sentir la presión del exterior y rendir cuentas hasta las últimas consecuencias.

El apoyo del PP a las libertades en Cuba, con las que Ángel Carromero se implicó como dirigente de Nuevas Generaciones, está fuera de toda duda. Pero este debería ser más cuidadoso con sus declaraciones a los medios. Lo de menos es si el color del coche que provocó el accidente en el que murieron Payá y Cepeda varía según el diario al que concede la entrevista; lo importante es no poner en riesgo a los que aún defienden allí los derechos humanos y olvidar el esfuerzo diplomático para traerle de vuelta.

EL 15 DE OCTUBRE del pasado año el Tribunal Provincial de Bayamo (Cuba) condenó a Ángel Carromero a cuatro años de prisión por dos homicidios imprudentes. El 22 de julio de 2013 Carromero conducía un coche por la carretera de Bayamo, ocupado también por el opositor cubano Oswaldo Payá, por el también cubano Harold Cepero y, como cuarto ocupante, por el dirigente de la juventud cristianodemócrata sueca Aron Modig. Según la sentencia del tribunal cubano, como consecuencia de la conducción imprudente de Carromero se produjo un accidente del vehículo, falleciendo los dos ciudadanos cubanos y resultando heridos de diversa consideración tanto el político español como el sueco.

Mientras que en el juicio la defensa de Carromero se limitó a negar la imprudencia de éste, absteniéndose de recurrir el fallo condenatorio, Carromero se descuelga ahora con que, en realidad, Oswaldo Payá fue muerto dolosamente por la policía cubana, alguno de cuyos miembros embistió con su vehículo al coche de Carromero por detrás, sacándole de la carretera, siendo asesinado posteriormente Payá en el hospital donde habría ingresado con vida.

Mientras no se aporten eventuales y ulteriores pruebas testificales o documentales, lo manifestado por Carromero –como único testimonio– goza de muy poca credibilidad, porque si un imputado tiene derecho a mentir con mayor motivo lo tiene un condenado como Carromero, y porque, además, estamos ante una declaración en la que éste se autoexculpa de los delitos por los que está condenado, lo que resta aún mayor verosimilitud a la tesis del asesinato. Por otra parte, durante su encarcelamiento en Cuba, Carromero tuvo la oportunidad de entrevistarse varias veces con el cónsul de España en La Habana, así como de mantener conversaciones mensuales con su madre y con su mejor amigo, sin que a ninguna de estas personas les hiciera la menor indicación, aunque fuera implícita, de que las muertes sobrevenidas no habían sido consecuencia de un accidente.

Según la Constitución Española, «las penas privativas de libertad […] estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social» (artículo 25.1). Como una manifestación de este principio España ha suscrito convenios internacionales bilaterales con decenas de Estados, a fin de que los nacionales condenados en el extranjero a penas privativas de libertad puedan cumplir éstas en su propio país, ya que ahí se encuentran en el medio que les es familiar y pueden mantener contactos con sus seres queridos con una facilidad y frecuencia muy distinta de la que sería posible en el país extranjero –por ejemplo, en Cuba– donde el reo ha sido condenado, factores todos ellos, familiares y ambientales, que pueden contribuir de manera importante a la reinserción del condenado.

Carromero fue trasladado de Cuba a España, para cumplir aquí su condena, de acuerdo con lo previsto en el Convenio entre el Reino de España y la República de Cuba sobre Ejecución de Sentencias Penales, de 23 de julio de 1998, en cuyo preámbulo se expresa que el Convenio obedece al «deseo de facilitar la rehabilitación de los condenados, permitiéndoles que cumplan sus condenas en el país del cual son nacionales». Según el artículo 12.2 del Convenio, «en la ejecución de la condena, el Estado de cumplimiento: a) Estará vinculado por la naturaleza jurídica y la duración de la pena y b) Estará vinculado por los hechos probados en la sentencia», añadiendo el art. 14 que «el Estado de cumplimiento no podrá impugnar, modificar o dejar sin efecto la sentencia dictada por los Tribunales del Estado de condena», si bien «cada Parte podrá conceder el indulto, la amnistía y la conmutación de la pena», que deberá ser comunicada a la otra Parte.

El artículo 6 del Convenio dice que «cada parte deberá explicar el contenido del presente Convenio a cualquier condenado o sancionado que pueda quedar comprendido dentro de lo dispuesto en el mismo», habiendo afirmado el ministro García Margallo que el memorándum se firmó «con el consentimiento del señor Carromero».

Si España, en contra de lo establecido en el Convenio, trata ahora de impugnar, modificar o dejar sin efecto la sentencia cubana, incumpliendo así sus obligaciones internacionales, la lógica reacción de Cuba sería denunciar el Convenio, con el consiguiente perjuicio para los españoles condenados en Cuba, despertando también el recelo de decenas de países que tienen suscritos Convenios de traslado de condenados similares, porque a los españoles se les entrega para que cumplan aquí sus condenas por razones de humanidad, y no para que empiecen a discutir –porque si no el Estado de condena no entregaría a ningún condenado extranjero– las resoluciones que se han dictado contra ellos.

Y si es verdad –de lo que hasta ahora no existe prueba alguna– que Payá murió asesinado, y no en un accidente, entonces Carromero debería haber optado por cumplir su condena de cuatro años en Cuba, para, entonces, de regreso en España, denunciar el supuesto asesinato de Payá, y no acogerse a un Convenio de traslado que ha incumplido, generando el peligro de que muchos españoles condenados en el extranjero tengan que cumplir hasta el final sus sentencias en algunas de las horribles prisiones que existen en muchos países extranjeros.

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Complutense y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Señor Gimbernat,

Leo con asombro su tribuna del pasado viernes. Reconozco su amplia trayectoria académica y, por lo tanto, me sorprende aún más que usted hable de Cuba como si de un país democrático se tratara, que asuma que fui sometido a un juicio justo con todas las garantías procesales, que se suscribió un convenio entre dos países con Estado de Derecho y que se trató de un simple accidente de tráfico. Nada más lejos de la realidad.

Cuba es una dictadura comunista en la que no existe Estado de Derecho. Entre otras muchas tropelías, el Poder Judicial depende del Consejo de Estado, presidido por el hermano Castro de turno. Por lo tanto, no hay imparcialidad judicial, sino que sus sentencias se supeditan a las directrices del dictador.

El juicio al que fui sometido fue una farsa. Fui retenido, incomunicado, obligado a grabar un video propio de secuestrados de Al Qaeda. De hecho, no tuve acceso a un abogado hasta 20 días después de ser injustamente encarcelado.

En cuanto a los encuentros que tuve con el cónsul general de España, he de decir que nunca fueron a solas. Siempre estaba presente un teniente-coronel de la Seguridad del Estado que supervisaba lo que decíamos. Lógicamente, ni el cónsul ni yo teníamos libertad y nos limitábamos a tener conversaciones triviales que no molestaran a nuestro oyente. Lo mismo pasaba en las pocas comunicaciones que me permitieron tener con mi madre y un amigo. El teléfono estaba pinchado y no sólo tenía al mismo teniente-coronel vigilando lo que hablaba, sino que también era grabado con una cámara mientras estaba al teléfono.

Siendo usted catedrático de Derecho Penal, sabrá que en cualquier país democrático la defensa tiene acceso a las pruebas, puede proponer testigos y presentar peritos que emitan dictámenes independientes, además de poder contratar un abogado que no dependa de ningún organismo estatal. Por desgracia, como le digo, Cuba no es una democracia. Allí todos los abogados pertenecen al bufete colectivo de la Revolución y no tienen acceso a una copia de los expedientes de acusación; de hecho, los tienen que transcribir a mano. Además, no existe la posibilidad de proponer peritos diferentes a los militares que designan ellos. Y sobre todo, no tienen acceso a las pruebas por las que se acusa.

Cuando el Estado cubano te señala, ya sabes que estás condenado. Por ello, no tiene lógica recurrir ninguna sentencia. Ellos son juez y parte. No hay posibilidad alguna de contradicción.

Respecto al traslado a España, el Gobierno y yo mismo aceptamos la condena cubana como única forma de volver a mi país. Pero el Gobierno previó que al llegar a España pudiera hacerse justicia. Firmó un memorándum complementario al Convenio de Traslado. En él recogió, en su punto tercero apartado C, «que la parte española asume el compromiso de comunicar a la parte cubana la concesión de indulto». Es decir, el Gobierno se reservó la posibilidad de concederme dicho beneficio, solicitado ya por la familia de Oswaldo Payá, con la única condición de comunicarlo. Por ello, no corre riesgo ni la palabra dada por España ni ningún otro compromiso, puesto que se contempló desde el principio esta posibilidad.

Por último, recordarle que en las dictaduras los asesinatos de Estado son una práctica común. La familia de Oswaldo lo sabe. ¿Mienten ellos al defender mi inocencia?

El pasado 9 de agosto publiqué una tribuna en este periódico sobre el caso Ángel Carromero que ha motivado la respuesta de éste, en la que, bajo el título En Cuba no existe Estado de Derecho (EL MUNDO, 12 de agosto), escribe que yo «habl[o] de Cuba como si de un país democrático se tratara» y como si se hubiese suscrito «un convenio [el de traslado de personas condenadas] entre dos países con Estado de Derecho», poniendo así en mi boca afirmaciones que yo nunca he pronunciado.

Ángel Carromero, al situar en primer plano su caso particular, está desenfocando el núcleo de la cuestión. El Derecho convencional internacional se rige por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969 –Convención de la que España es parte, junto con la mayoría de los estados del planeta–, y con la que se persigue establecer una cierta seguridad jurídica en las relaciones internacionales para que éstas no estén presididas por la mala fe y la ley de la jungla; el art. 26 (Pacta sunt servanda) de la citada Convención tiene el siguiente texto: «Todo tratado en vigor obliga a las Partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe», disponiéndose en el art. 27 (El Derecho interno y la observancia de los tratados) que «una Parte no podrá invocar su Derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado».

España es muy libre de suscribir o no tratados con dictaduras (sólo con China ha suscrito aproximadamente una decena), pero si los suscribe, y no quiere convertirse en un marginado de la comunidad internacional, está vinculado por ellos.

España ha celebrado tratados que hacen posible que españoles sentenciados en el extranjero puedan cumplir sus condenas en España tanto con países democráticos –con los países de la Unión Europea por el Convenio de 1983, o con Canadá (1994), o con México (1989), por ejemplo– como con otros que no merecen ese calificativo: así, con Arabia Saudí (2008), con los Emiratos Árabes Unidos (2009), con Marruecos (1997), con Mauritania (2006) y con Yemen (2007).

Cuando se conciertan con dictaduras convenios de traslados de nacionales condenados en el extranjero, España, obviamente, ha efectuado una previa ponderación de intereses: si no reconoce las sentencias dictadas en esos países, nuestros compatriotas tendrán que cumplir íntegramente sus condenas en cárceles extranjeras a menudo infernales, mientras que si las reconoce –tal como se exige por el otro Estado firmante: si no, no hay convenio–, quedando vinculada España a los hechos probados en la sentencia extranjera, ello permite que los españoles –sean culpables o inocentes– puedan redimir su pena privativa de libertad en España, habiéndose inclinado España, con razón, y como muchos otros países democráticos, por esta última opción, que posibilita a los nacionales sentenciados en el extranjero –repito: sean culpables o inocentes– cumplir su pena de prisión en su propio país (con las evidentes ventajas de todo tipo que ello conlleva), autorizándose, además, al Estado de cumplimiento en los diversos convenios a indultar o conmutar la pena del nacional trasladado, bastando para ello la mera puesta en conocimiento del Estado de condena de esta circunstancia (así, por ejemplo, el art. 13 del Convenio con Cuba).

Pero éstos son lentejas: las tomas o las dejas. O, como ha hecho Carromero, te acoges al Convenio y no pones en cuestión los hechos de la sentencia –que es la condición sine qua non que exige el Estado de condena– y puedes cumplirla en España, o no te acoges, y entonces, cuando hayas cumplido la condena en Cuba, y te encuentres ya en España, puedes dirigir contra ese país –y contra la sentencia que ha dictado contra ti– todas las invectivas y descalificaciones que te parezcan oportunas. El núcleo de la cuestión –muy por encima del caso particular de Carromero– reside, por consiguiente, en si España está o no dispuesta a cumplir los tratados multilaterales (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados) y bilaterales (sobre traslado de condenados, con Cuba) que ha ratificado, porque, si lo hace –y aunque ello pueda extrañar a Carromero–, estaremos contribuyendo a que el imperio de la Ley (internacional) rija también en las relaciones internacionales. De momento, y en cualquier caso, y gracias a Carromero, tengo la impresión de que los presentes y futuros españoles encarcelados en Cuba pueden esperar su traslado a España… sentados.