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31 Diciembre 1976Desaparece el símbolo de la represión franquista en los tribunales
El Gobierno Suárez decide disolver el Tribunal de Orden Público y crear en su lugar la Audiencia Nacional como nuevo responsable de juzgar el terrorismo
HECHOS
El Consejo de Ministros del 31 de diciembre de 1976 acordó la disolución del Tribunal de Orden Público.
El Consejo de ministros del Gobierno de D. Adolfo Suárez González del 5 de enero de 1977 aprueba la disolución del Tribunal de Orden Público (TOP), el tribunal creado en 1963 para juzgar los delitos políticos durante la dictadura franquista y lo reemplaza por la Audiencia Nacional, que será el nuevo organismo encargado de juzgar los delitos contra el Estado como el de los terroristas.
El último presidente del TOP, D. José Francisco Mateu Canoves, pasará a ser juez en el Tribunal Supremo, al igual que otros destacados jueces de ese organismo como D. José Hijas Palacios o D. Jaime Mariscal de Gante Moreno.
El 8 de septiembre de 1977 el Gobierno Suárez designará al juez D. Rafael de Mendizábal Allende primer presidente de la Audiencia Nacional.
El juez Sr. Mateu Canoves fue el último Presidente del Tribunal de Orden Público que ahora pasará ser magistrado del Tribunal Supremo (hasta ser asesinado por ETA).
El sacerdote D. Francisco García Salve, del Partido Comunista de España, que declaraba el 31 de diciembre ante el TOP lo que le convirtió en el último preso político en comparecer ante este tribunal.
Después de un periodo de interinidad en que la presidencia será ocupada por el juez D. Ángel Escudero del Corral el Gobierno Suárez designará al juez D. Rafael de Mendizábal Allende primer presidente de la Audiencia Nacional en 1977. Ocupará el cargo hasta su destitución en enero de 1986, cuando será reemplazado por D. Gonzalo de la Concha.
El Análisis
TRANSICIÓN EN SERIO
El Gobierno de D. Adolfo Suárez iba demostrando poco a poco que el cambio iba en serio. Con la anulación del Tribunal de Orden Público desaparecía la posibilidad de que un tribunal pudiera juzgar a un grupo político como un sindicato o un partido político para responsabilizarle de desórdenes. Era algo evidente: los sindicatos ya iban a ser legales y los paridos políticos iban a tener la legitimidad de los votos a partir del 15 de junio de 1977. No tenía sentido por tanto mantener un tribunal de dictadura para juzgar delitos políticos.
Pero sí quedaba una lacra: el terrorismo. La Audiencia Nacional, el órgano que reemplazó al TOP, tendría la misión de juzgar al enemigo número uno de la democracia en España: los grupos terroristas ETA, GRAPO o de ultraderecha, dispuestos a sembrar de bombas, casquillos y cadáveres el país.
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