El Gobierno Suárez destituye al Presidente de la Diputación de Málaga, el franquista Francisco Cabeza López, por la muerte del manifestante José Manuel García Caparrós

Gallegos y andaluces han expresado el domingo, de manera clamorosa y multitudinaria, su voluntad autonómica. La jornada, sin embargo, ha estado esmaltada en casi todas las ciudades, como lo estuvo la del sábado en Pamplona, por incidentes lamentables que culminaron con la muerte en Málaga de un joven manifestante comunista.

En todas partes el carácter de estos incidentes ha sido similar: unas Fuerzas de Orden Público innecesariamente duras con los grupos de izquierda increíblemente pasivas con los provocadores de la extrema derecha, que pertrechados con armas y objetos contundentes se han enfrentado a golpe limpio con los generales sentimientos autonomistas.

Con su dramatismo, estos hechos demuestran lo lejos que todavía estamos de una Policía democrática y cómo la inercia de la dictadura empapa todavía nuestra vida política. Todo va a ser aquí muy difícil mientras sobrevivan los hábitos del franquismo y, lo que es aún más grave, mientras los hombres del franquismo, decididos a sabotear la democracia, sigan ocupando puestos y prebendas. Los incidentes de Málaga, en concreto, tuvieron su origen en la actitud provocadora de la Diputación malagueña, presidida por un falangista de extrema derecha, al negarse a izar en un balcón una bandera andaluza. La tozuda resistencia a aceptar la ikurriña ya produjo demasiadas víctimas en el País Vasco y es intolerable que la oposición de los franquistas a la bandera blanquiverde o cualquiera otra de las banderas autonómicas, pueda ser causa de nuevas muertes. ¿Hasta cuándo se va a consentir que continúen instalados en puestos decivisvos los enemigos de la democracia?

Pero la jornada autonómica ha tenido un aspecto netamente positivo. Las masas andaluzas y gallegas que el domingo se echaron a la calle están demostrando que la aspiración a la autonomía ya no se limita a las regiones que tradicionalmente la han exigido, sino que es un sentimiento general de los pueblos de España. De una punta a otra de la Península parece haberse comprendido que no habrá democracia si no se practica el autogobierno a todos los niveles, si en todos los ámbitos de la vida nacional, las diferentes comunidades no se responsabilizan de los asuntos que les conciernen. Y en este aspecto, la autonomía es la consecuencia obligada de la democracia, la condición necesaria para que la democracia exista.

A los partidos les corresponde, sin embargo, evitar que la etiqueta autonomista sirva para encubrir la insolidaridad cantonalista que ya asoma en algún sitio. Dividir ad infinitum las regiones tradiciones para crear otras nuevas con discutibles pretextos históricos o con pintorescas identidades culturales, sólo puede servir para quitar credibilidad al movimiento autonomista. Ni Cantabria ni Rioja, por poner un par de ejemplos, tienen sentido como regiones autónomas. Más valdría que aprendiéramos de otras experiencias que, al contrario, han unido sus territorios tradicionales para dar más fuerza y solidez a sus unidades autónomas. Tal es el caso de Estado federales como Alemania (Baden-Würtemberg, Renania del Norte-Palatinado…), Estados regionales como Italia (Emilia-Romaña, Friuli-Venecia Julia…) o simplemente otros que ensayan la descentralización, como Francia (Languedoc-Rosellón, Ródano-Alpes…).

Eso no quiere decir, por supuesto, que se sustituya el centralismo de Madrid por el de Barcelona, Sevilla o Palma de Mallorca. La autonomía auténtica implica un criterio de autogobierno generalizado del que deben beneficiarse también provincias, comarcas y municipios.

Miguel Ángel Aguilar

LA MUERTE de José Manuel García, como consecuencia de los altercados del orden público a que dio lugar el pasado domingo en Málaga la torpe obstinación del presidente de la Diputación, obcecado en emplear todo el peso de su transitoria y prestada autoridad para que no fuera enarbolada la bandera verdiblanca en el ¡palacio provincial, ha sido el fulminante del un pavoroso deterioro de la paz ciudadana y enfrentamientos entre las fuerzas de la Policía Armada y huelguistas y manifestantes. El pasado fin de semana Pamplona fue también el confuso escenario de choques e incidentes, que sólo por azar no desembocaron en una carnicería semejante a la de Montejurra en mayo de 1976.Parecería como si el túnel del tiempo nos retrotajera a los largos meses de pesadilla durante los que la incompetencia, arrogancia y ceguera del primer Gobierno de la Monarquía estuvieran a punto de hacer naufragar el proyecto de democratización de las instituciones propugnado por la Corona. Durante aquel período -jalonado por los muertos de Vitoria, Montejurra, Basauri, Elda o Tarragona- fue la Administración central la responsable de un inútil sacrificio de vidas humanas. Ahora los presidentes de las diputaciones y los alcaldes de determinadas provincias y ciudades, con el pasivo o negligente apoyo de sus gobernadores civiles, son los que navegando a contracorriente de la historia y de una voluntad popular libremente expresada en las urnas el pasado 15 de junio, amenazan la estabilidad del país y la consolidación de la democracia, aprovechando los últimos momentos de disfrute de un mandato carente de legitimidad democrática y emanado de la voluntad arbitraria del antiguo Régimen.

Es absolutamente intolerable que las mismas diputaciones y ayuntamientos que, bajo el franquismo, acataban obsecuentemente las instrucciones que recibían del Ministerio de la Gobernación, pretendan ahora poner en práctica un cantonalismo de extrema derecha y acogerse a un extraño principio de extraterritorialidad respecto a la legalidad vigente en el resto de las instituciones estatales. Los viejos caciques del Régimen no se limitan a aferrarse a los bastones de mando y a los sueldos de diputaciones y ayuntamientos, en la sosegada espera de que las próximas elecciones municipales de la primavera les desalojen de los cargos para los que fueron nombrados a dedo. Desgraciadamente, todavía parecen resonar en sus oídos los himnos de guerra de la anterior etapa, a la que están decididos a hacer regresar al país entero a la primera oportunidad.

Es demasiado fácil inculpar a las fuerzas de orden público en ocasiones como éstas. Lo cierto es que, a lo largo de los últimos meses, los funcionarios de la seguridad del Estado han demostrado su capacidad para respetar y apoyar la legalidad democrática, siempre y cuando no reciban órdenes en sentido contrario o tengan que hacer frente a desbordamientos pasionales provocados desde arriba. Que los gobernadores civiles son los responsables en última instancia de la actuación de las fuerzas de orden público quedó demostrado no hace muchas semanas precisamente en la ciudad de Málaga, cuando un teniente coronel de la Guardia Civil que desobedeció las instrucciones del mando y se enfrentó con el gobernador civil fue trasladado de destino y expedientado. Y también es un hecho probado que los presidentes de diputaciones -como en Pamplona y Málaga- y los alcaldes pueden convertirse en los principales alborotadores de un orden público al que presuntamente apoyan.

Tras un prolongado período de mutismo, ni siquiera roto de manera convincente por la Oposición, el Gobierno anunció, el pasado viernes, su propósito de presentar ante las Cortes el proyecto de ley para la convocatoria de las elecciones municipales. La única forma de aminorar los perjuicios que para la consolidación de la democracia española ha supuesto la injustificada demora de la renovación democrática de los ayuntamientos y diputaciones, es acelerar al máximo la celebración de los comicios. Los sucesos de Pamplona y Málaga enseñan bien a las claras que estamos jugando con fuego. Los reductos franquistas en la Administración local son lo suficientemente poderosos y lo bastante belicosos como para convertir la periferia del sistema político en un arsenal de dinamita. Es urgente que la libre voluntad de los ciudadanos desaloje de esos bastiones a quienes se consideran con derecho a imponer autoritariamente su capricho al resto de sus convecinos.

Pero son también necesarias medidas que no conviertan en una farsa ridícula a los estatutos de preautonomía, que paradójicamente pueden fortalecer todavía más las posiciones de los autoritarios atrincherados en la Administración local. Tanto o más justificada que esas situaciones transitorias de autonomía lo estaría la aplicación de medidas provisionales para destituir de inmediato a los presidentes de diputación y alcaldes comprometidos con la ideología y las prácticas antidemocráticas. Sin una política enérgica del Gobierno en esta dirección, los meses que transcurran hasta la renovación democrática de nuestra vida local pueden ser el escenario de una cadena de provocaciones montadas desde los despachos de quienes recibieron sus mandatos de los ministros de la Gobernación del franquismo y del postfranquismo.

Una fecha, la del 4 de diciembre, que amanecía pese a la lluvia, impregnada de optimismo o ilusión colectiva, se trocó de sopetón , en día de luto y dolor. Salía Málaga a la calle en busca del pulso, antiguo y vital de Andalucía, esta tierra nuestra tan rica en hombres como poderosa en recursos, tan generosa, tan universal. Era el encuentro alegre de Andalucía con su última esencia y con sus viejos anhelos de progreso y bienestar. Un régimen preautonómico puede ser capaz de dar a nuestra región tres cosas que no le han sobrado nunca: eficacia, pragmatismo, solidaridad. Y, en última instancia, fuerza creadora, tanto a la hora del riesgo  como a la hora de la ventura. Si otras regiones más dispares buscan y obtienen tratamientos favorables, Andalucía tiene por lo menos el mismo derecho a los surcos en los cuales sembremos, en unión materna, nuestras esperanzas hechas pan y verso, esperanza y canción. Porque en Andalucía nada es posible sin cantar. Aquí hasta el dolor se manifiesta cantando.

Decíamos que el 4 de diciembre se nubló en todos los corazones. Un muchacho, apenas adolescente, José Manuel García Caparrós, cayó de bruces sobre el asfalto besando la tierra amada. Su muerte, que toda la ciudad lamentó, encontró un eco conmovedor en el gesto multitudinario del sepelio. Todos los elementos, la conciencia ciudadana, acompañaron doloridos al cadáver de José Manuel allí donde los huesos de todos nuestros muertos se abrazan hasta la eternidad sin distinción de clases o ideologías. El joven José Manuel se convertía, desde el domingo en un muerto, todos los andaluces.

Pero esta muerte, cuyas circunstancias están siendo esclarecidas por una comisión investigadora, no sirvió para que los malagueños ahondáramos en nuestra responsabilidad, a solas con nuestra conciencia todos los partidos convocantes del Día de Andalucía, así como las centrales sindicales más significativas, coincidieron en un llamamiento sereno y apremiante: el dolor no se exterioriza con desmanes ni reacciones iracundas. El luto significa recogimiento. No sé compagina la pena con la algarada, venía a decir nuestro periódico recoge en otro lugar ese comunicado, aunque elaborado con prisa, demuestra paliativamente el alto grado de responsabilidad que ha caracterizado al grupo parlamentario malagueño quien, ha cometido algún error táctico, este será analizado con serenidad se imponga ayer consenso pacificador en el que seguimos confiando. Cualquier intento de añadir confusión o ira, ni interpreta al espíritu andaluz ni a esa entrañable entidad superior que se llama España.

Málaga, tras el entierro del lunes, ha ofrecido un triste ejemplo de incivilidad. Muchos males van a desvelarse de ello. Durante largas  horas la ciudad ha estado dominada por el miedo, atenazada por un terror irracional y pánico. Las hordas, son una estrategia fría e implacable, han destruido, han robado, han impregnado de zozobra a los malagueños. ¿En nombre de qué? ¿De la autonomía andaluza? De ese joven muerto a lo largo de un encuentro violento con las fuerzas del orden? ¿Acaso no es a Málaga, a Andalucía, a quien se ha dañado gravemente en esa ola de indescriptible vandalismo cuyas pérdidas cifradas en muchos millones van a gravitar preciosamente en nuestra ya maltrecha economía?

No es esta la hora de las demagogias ni las grandilocuencias, sino de la razón. Intentemos entrar todos levantar, con esfuerzo y amor, a nuestra tierra, la tierra de todos los andaluces, en lugar de desangrarnos en querellas estériles. Y procuremos, también entre todos, superando protagonismos episódicos, actitudes personales y aún esa inevitable tristeza por la paz perdida, seguir siendo avanzada de la patria grande, de la patria común, donde Andalucía figuró siempre con incomparable reciedumbre. Hablamos de España. De nuestra vieja, hermosa y dolorida España de la que Andalucía es bastión y frontera. Aquí se originó una raza síntesis, soñadora y cabal, sufrida y laboriosa, valiente, amable y hospitalaria. No permitamos que nuestra Andalucía se frustra en la discordia cerril. Si lo queremos de verdad, el futuro será nuestro. El futuro, desde lejos, nos sonríe o nos amenaza. Depende de nosotros, hermanos…