El Gobierno Zapatero ordena que las tropas españolas abandonen Irak para indignación de Estados Unidos y el PP

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer que ha ordenado el regreso de las tropas españolas presentes en Irak «en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles». En su primera comparecencia desde La Moncloa, Zapatero actuó de modo claro y expeditivo. El mensaje es inequívoco: el líder socialista comienza a gobernar haciendo honor a su palabra, en este caso, la que dio al pueblo español «hace más de un año».

Las gestiones efectuadas en las últimas semanas por el nuevo Ejecutivo español, y en particular las de José Bono en Washington y Miguel Ángel Moratinos en distintos ámbitos, le han llevado a la conclusión de que es imposible que en las semanas que faltan hasta el 30 de junio puedan cumplirse las condiciones fijadas para el mantenimiento de nuestras tropas en Irak más allá de esa fecha. El caos y la violencia en la que está sumido Irak dificultan enormemente que la ONU asuma la dirección política de ese país. En cuanto a la dirección militar, EE UU ha dejado claro a Zapatero y los suyos que no aceptará que las tropas norteamericanas sean colocadas bajo el mando de ese organismo internacional o de cualquier otro. En esas circunstancias, Zapatero consideró que el principal criterio a seguir es que el Gobierno «no puede y no va a actuar en contra ni de espaldas a la voluntad de los españoles», claramente expresada en las urnas.

La posición española será muy criticada y hasta caricaturizada por los medios neoconservadores estadounidenses y de otros países, incluido el nuestro. Será bueno para la relación transatlántica que la tormenta sea meramente verbal. España y EE UU siguen siendo socios y aliados, y el nuevo Ejecutivo español, como va a decir Miguel Ángel Moratinos en Washington en los próximos días, puede ofrecer a los norteamericanos una cooperación leal en varios aspectos. El primero es el encarrilamiento de la catastrófica situación iraquí, que es fruto de la desdichada intervención del trío de las Azores. En el propio EE UU son numerosas las voces que critican las prisas, el unilateralismo, el belicismo y la falta de análisis de Bush. España, y mejor en un marco europeo, debe trabajar para que la presencia internacional en Irak no sea percibida por buena parte de sus habitantes como una ocupación colonial a la que hay que ofrecer resistencia, sino como una ayuda, en palabras de Zapatero, «a la estabilidad, la democratización, la integridad territorial y la reconstrucción de Irak».

La lucha contra el terrorismo es el segundo frente en el que el nuevo Gobierno, si Washington se decide al fin a escuchar a sus aliados, puede aportar cosas interesantes. España no se rindió ante el terrorismo de Al Qaeda el 14-M, como sugiere la campaña neoconservadora. Al contrario, acudió masivamente a las urnas, castigó al Gobierno saliente por mentir y manipular -algo imperdonable en democracia- y apostó por la alternancia, uno de los grandes valores de un sistema de libertades y derechos. La democracia española lleva más de cinco lustros luchando contra el terrorismo de ETA sin arrugarse. No hay motivos para afirmar que el castigo en las urnas al PP sea una rendición ante el reto lanzado por el terrorismo yihadista el 11-M.

Los nuevos gobernantes españoles, en sintonía con una amplia mayoría de la población, se opusieron a la guerra de Irak mucho antes de los atentados de Madrid precisamente porque entendieron que la guerra era un error monumental para conseguir el objetivo prioritario de derrotar al terrorismo de Al Qaeda y sus asociados. Las previsiones de los opositores a la guerra eran correctas: Irak se ha libanizado y el terrorismo campa allí por sus respetos; el conflicto israelo-palestino se ha envenenado aún más; no existe ningún movimiento por la democracia en Oriente Próximo, y Al Qaeda ha encontrado nuevos pretextos, nuevos reclutas y nuevos escenarios de acción. Ahí está la catarata de atentados en Bali, Túnez, Arabia Saudí, Marruecos, Turquía y la propia España.

Sadam era un dictador abominable, pero Irak no era el lugar adecuado para luchar contra el yihadismo, que, por el contrario, tenía en Afganistán un santuario público y conocido. Este combate exige una nueva definición internacional de los objetivos, los métodos y los frentes, y tras los fracasos que van desde el 11-S a Irak los norteamericanos deberían entenderlo. La guerra preventiva contra dictaduras árabes -además de Irak, hay otras muchas- es un instrumento de dudosa legalidad y resultados. Se impone una mejor y más intensa acción policial y de inteligencia -a pie, y no sólo con medios electrónicos- y una más eficaz cooperación internacional. EE UU y Europa deben cerrar filas y atacar los caldos de cultivo del yihadismo con un programa conjunto para el desarrollo político y socieconómico del mundo árabe y musulmán, y con una rápida y justa solución del conflicto israelo-palestino. Ahí puede estar la contribución leal a Washington y Londres del nuevo Ejecutivo español.

LA primera decisión de Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno ha sido un flagrante incumplimiento de su palabra y de su programa electoral. Su compromiso era repatriar a las tropas españolas si antes del 30 de junio el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) no aprobaba una resolución para tomar el control de la situación en Irak. Zapatero había ignorado las resoluciones aprobadas en 2003, que legitimaban al Gobierno Provisional iraquí y apoyaban una fuerza multinacional para la pacificación y reconstrucción del país, a la que pedía que se incorporaran los Estados miembros de la ONU. Ya se sabía que una resolución más comprometida era improbable, pero la obligación de Rodríguez Zapatero era haberla buscado, aprovechando las posiciones de España en el Consejo de Seguridad, en la coalición aliada presente en Irak y en la propia Unión Europea. Aunque sólo hubiera sido por ganar en autoridad moral y política para sacar las tropas. Los primeros pasos estaban dados después de que los Quince apoyaran esa nueva resolución y de que Estados Unidos y Gran Bretaña retomaran la iniciativa de plantear más protagonismo de la ONU. Todos estos movimientos eran debidos, en gran medida, por la advertencia del nuevo Gobierno español y el temor a desestabilizar la coalición. Sin embargo, la defensa de la legalidad internacional, en la versión de Zapatero, ha consistido en anular a Naciones Unidas antes de comprobar hasta dónde podía llegar su intervención y despreciar cualquier posibilidad de consenso -¿dónde está el consenso?- con nuestros aliados y demás países implicados en el conflicto.

Naciones Unidas era una simple coartada en el discurso de Zapatero. Su decisión representa, ante todo, un golpe de efecto personal, orientado realmente a blindar a su Gobierno de cualquier riesgo que pudiera ser asociado a la presencia en Irak, como un nuevo atentado terrorista o nuevas bajas en el contingente español. Pero tras la amenaza de Bin Laden contra España y los ejemplos de firmeza ofrecidos por Italia y Japón, resistentes al secuestro de sus ciudadanos, la decisión del Gobierno socialista no puede siquiera generar comprensión fuera de nuestras fronteras. Tampoco la encontrará en el candidato demócrata, John Kerry, con quien Rodríguez Zapatero aspiraba a departir sobre la paz en el mundo.

El PSOE se ha ufanado de ganar al PP con la bandera de la verdad, pero Rodríguez Zapatero ha empezado su mandato ocultándola. La ocultó en su campaña electoral y en su discurso de investidura. Ahora su obligación es explicar al Parlamento los motivos -ocultos y sobrevenidos- de una decisión, tomada incluso antes de que su ministro de Defensa, José Bono, asumiera el cargo, que tendrá consecuencias graves para el prestigio y las relaciones de España, mucho más duraderas que el aplauso que recibirá Rodríguez Zapatero de quienes nunca deberían tener motivos para aplaudirle en esta materia. Por lo pronto, Zapatero tendrá que aclarar cómo piensa participar en el proceso de democratización de Irak después de abandonar la coalición desplegada en el país. Simplemente no es posible, y quedarse fuera de este esfuerzo conjunto va a debilitar la capacidad de interlocución de España, incluso ante quienes nunca han participado en él. Por eso, esta repatriación implicará una nueva política exterior, cuya gestión, en vez de hacerse con control de tiempos y formas, con la colaboración de los aliados y de las instituciones internacionales a las que pertenece España, habrá de improvisarse en función de las reacciones que provoque, retrotrayendo a nuestro país a una inestabilidad diplomática que había superado en los últimos años.