PRISA reprocha a Federico Trillo que suscribiera un Seguro de Vida millonario cuando era ministro y obliga a su sucesor a reconocer a José Bono de tener un seguro similar

El anterior ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, del PP, suscribió un seguro de vida y accidente, cuyos beneficiarios eran él mismo y otros 20 altos cargos de su departamento, por valor de 450.759 euros cada uno en caso de fallecimiento. El seguro abarcaba las 24 horas del día, las actividades propias del puesto y los accidentes que pudieran producirse en «la práctica de la caza, esquí, deportes náuticos y patinaje», y «los que pudieran producirse en caso de embriaguez, siempre que ésta no tenga carácter habitual».

El contrato del millonario seguro fue adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad a la empresa ACE Insurance en diciembre de 2001 y está en vigor hasta el 31 de diciembre de este año. En sus primeros 13 meses de vigencia, Defensa pagó por la póliza un total de 22.728 euros. El nuevo ministro, José Bono, ha dado órdenes de no renovarla.

Entre los beneficiarios de la póliza figuraban, además del propio ministro Trillo, el secretario de Estado de Defensa, el director del servicio secreto CNI, el secretario general de Política de Defensa, el subsecretario, la secretaria general técnica y 11 directores generales, así como los cuatro miembros de la cúpula militar: el jefe del Estado Mayor de la Defensa y los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos.

Frente a los 450.759 euros previstos por la póliza para cada uno de los altos cargos de Defensa, la indemnización actual por la muerte de un soldado en España es de 19.230 euros. El seguro previsto para los militares que fallecieron en el accidente del Yak-42 en Turquía era de 56.306. Esta indemnización se perdió por la falta de control derivada de las sucesivas subcontrataciones que se realizaron en dicho vuelo.

La noticia de que Federico Trillo y otros 20 altos cargos de Defensa suscribieron seguros de vida por una cantidad muy elevada -hasta 450.000 euros en caso de fallecimiento- dio origen ayer a duras acusaciones contra el ex ministro de Defensa por parte de los socialistas y, sobre todo, de los familiares de las víctimas del Yak 42. El PSOE solicitó al Gobierno la documentación para exigir responsabilidades y el sucesor de Trillo, José Bono, no quiso hacer «declaraciones negativas», aunque anunció que había dado órdenes de no renovar la póliza. Mientras que el PP responsabilizó de la filtración al ministro de Defensa, a quien acusó de «irresponsabilidad», la polémica de la póliza sirvió a los socialistas para contraatacar a la dirección popular por pedir la dimisión del ministro de Exteriores y permitir, sin embargo, que Trillo conserve su escaño.

Tirando de este hilo el Gobierno llegó ayer a un ovillo que no estaba previsto. Dirigentes del PP advirtieron que algunos ministerios han suscrito pólizas de seguros de vida y accidentes similares o idénticas a las que tenían Trillo y otros 20 militares, que cubrían «las consecuencias de los accidentes ocurridos durante las 24 horas del día y en cualquier país del mundo». En efecto, la vicepresidenta primera del Gobierno, tirando de archivo, descubrió que 110 cargos de su Ministerio tienen suscritas pólizas de seguros muy similares a la de Trillo, con primas -también- de hasta 450.000 euros. Encabezan la lista de los asegurados, por supuesto, el presidente del Gobierno y la propia vicepresidenta primera. Fueron contratadas por primera vez en 1991, por decisión del entonces ministro de la Presidencia, el socialista Virgilio Zapatero.

María Teresa Fernández de la Vega anunció que cancelará las pólizas por «lesividad» para el erario público y que destituirá al director general de Recursos Humanos del Complejo de La Moncloa. No deja de ser una paradoja que una información que trataba de desprestigiar al ex ministro de Defensa del PP acabe produciendo destituciones de cargos actuales.

Las decisiones de la vicepresidenta primera son correctas, aunque tampoco hay que rasgarse las vestidura porque los ministros y altos cargos tengan suscrito un seguro de vida. Lo único verdaderamente denunciable es que este tipo de pólizas se firmen sin que nadie lo sepa, sin la transparencia que exige la administración del dinero público.

Bono, el seguro de Trillo y sus altos cargos

El detonante de lo sucedido ayer fue el anuncio del ministro de Defensa, José Bono, a primera hora, de la cancelación del seguro que él y una veintena de altos cargos disfrutaban desde el pasado 20 de abril como herencia de una póliza contratada por su antecesor, Federico Trillo-Figueroa. El PSOE anunció que exigiría responsabilidades al ex ministro.

Bono confirmó así una información del diario ‘El País’ según la cual Trillo-Figueroa y otros altos cargos del Ministerio contaban con un seguro de vida personal de hasta 450.759 euros. Cifra superior a la prevista, por ejemplo, para los 62 militares fallecidos en el accidente del Yakovlev-42 en Turquía.

El diputado del Partido Popular Andrés Ayala acusó en el debate parlamentario de ayer con Bono, sobre el Real Decreto Ley de indemnizaciones, de filtrar la información a ‘El País’ con la intención de atacar a su antecesor.

Y aportó un dato que terminó resultando clave en la jornada, al asegurar que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, disfrutaban de seguros similares. «Habrá que ver con qué seguro viajó la vicepresidenta primera a Vietnam», declaró Ayala.

Según una versión atribuible a fuentes próximas a Federico Trillo-Figueroa, Bono conoció la existencia del seguro ya el pasado 20 de abril, «porque figuró expresamente en el traspaso de poderes».

Según esta versión, «se trata de un seguro habitual y plenamente legal en todos aquellos departamentos cuyos altos cargos utilizan con frecuencia medios de transporte no regulares -aviones y helicópteros de las FAS, etcétera- que no están cubiertos por ningún otro seguro».

«Es absolutamente necesario y común en los departamentos de Defensa de todo el mundo, por cuanto sus altos mandos desarrollan funciones de alto riesgo con habitualidad, en este tipo de medios: asistencia a maniobras, desplazamientos en helicópteros y buques, carros o vehículos acorazados», entre otras, según esta versión del ex ministro de Defensa.

La sonrisa radiante que esbozaba el Gobierno ayer por la mañana se congeló por la noche. A primera hora cargó las baterías contra el Partido Popular por un seguro de vida escandaloso contratado por el ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa. Pero a última hora del día admitió que en el palacio de la Moncloa tanto el presidente del Gobierno como 109 de sus colaboradores disfrutan de otro similar desde 1991, cuando gobernaba Felipe González.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ordenó ayer iniciar los trámites de cancelación de ese seguro -que prevé indemnizaciones de hasta 450.759 euros para los familiares de los altos cargos en caso de fallecimiento de éstos- por ser «gravemente perjudicial» para el erario público.También tomó la decisión de destituir al director general de Recursos Humanos, Juan Antonio Richart Chacón, por «no avisar» antes de que el seguro seguía en vigor y que ella misma estaba cubierta dentro de la renovación anual automática que se venía realizando en el Ministerio de la Presidencia.

El Ministerio de la Presidencia difundió anoche un comunicado que comenzaba así: «En la tarde de hoy, la vicepresidenta primera del Gobierno ha tomado la decisión de denunciar y no renovar el seguro de accidentes para altos cargos y funcionarios que afecta a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de la Presidencia».

Y fue en «la tarde» de ayer, porque a esa hora, el PP ya había denunciado que el seguro que había suscrito Trillo-Figueroa y que había provocado escándalo en el PSOE [ver información adjunta], era similar al que disfrutaban los altos cargos del Palacio de la Moncloa.

Todo empezó por la mañana, cuando el ministro de Defensa, José Bono, anunciaba que el seguro de su Departamento no iba a ser renovado, marcando así distancias con Trillo-Figueroa. Así que en el Palacio de la Moncloa se vieron obligados a tomar la misma decisión.

De la Vega no mencionó en ningún momento en su comunicado la actuación de Bono. Explicó que tomaba la decisión, porque el contrato vigente en Moncloa «lesiona los intereses públicos».Fue firmado el 27 de diciembre de 1991 por el entonces denominado Ministerio de Relaciones con las Cortes. En aquel año, el responsable en Presidencia del Gobierno de tomar este tipo de iniciativas era Virgilio Zapatero, actual rector de la Universidad de Alcalá.

La póliza fue suscrita con la entonces empresa pública Musini en favor de Felipe González, el vicepresidente Narcís Serra, la entonces ministra Portavoz, Rosa Conde y otros 36 altos cargos.También se extendía a otros 96 funcionarios.

En total, 135 personas. El importe anual era de 5,6 millones de pesetas. En caso de fallecimiento de González u otros altos cargos, sus familiares recibirían 75 millones de pesetas. El resto de funcionarios, 50 millones.

El contrato fue renovado siendo ministros responsables Alfredo Pérez Rubalcaba, Francisco Alvarez-Cascos, Mariano Rajoy y Javier Arenas. Fernández de la Vega insistió ayer en que no tuvo conocimiento de que seguía vigente con ella hasta ayer.

El último pago de la póliza para este ejercicio fue aprobado el 12 de febrero pasado, siendo Arenas vicepresidente segundo.Los importes máximos de las indemnizaciones en vigor son de 450.759 euros por fallecimiento o invalidez permanente de los altos cargos incluso por embriaguez o accidente de esquí -como el de Trillo-Figueroa-, y en la cantidad de 300.506 euros para el resto de personal.El importe de la prima anual ascendió a 135.614 euros.

En el verano, el ahora destituido Richart procedió a adaptar el contrato suscrito por Arenas a la nueva estructura del Gobierno.Como consecuencia, además de sustituir el nombre de Aznar por el de Rodríguez Zapatero y resto de cambios, dejó la lista de afectados en 110. Estos cambios «se llevaron a cabo por los servicios administrativos del Ministerio sin conocimiento de la ministra de la Presidencia», se afirma en el comunicado de anoche.

El Consejo de Ministros destituirá hoy a Richart e iniciará la declaración de «lesividad» del seguro. Con este trámite intenta evitar que la empresa aseguradora exija daños y perjuicios por la cancelación.

A pesar de que el Gobierno ha abierto una investigación para averiguar si en algún otro ministerio existen pólizas de seguros como las 110 del Palacio de la Moncloa, la vicepresidenta primera se cuidó ayer muy mucho, tras la reunión del Consejo, de pedir responsabilidades políticas al ex ministro Trillo o a los anteriores presidente y vicepresidente del PP. Una actitud muy distinta a la de sólo 24 horas antes, cuando los dirigentes socialistas consideraban una vergüenza que Trillo tuviera un seguro privado pagado por el erario público, escandalosamente superior al de las víctimas del Yak. Hay que advertir que el asunto de las pólizas, que le acabó estallando en la cara al Gobierno, forma parte de un rosario de filtraciones cainitas para ajustar cuentas a los anteriores gobernantes. El tema, sin embargo, da para algunos debates, ahora que Jordi Sevilla va a aprobar el código de buena conducta para obligar a los altos cargos a declarar públicamente su patrimonio.Hay que reflexionar sobre si este tipo de seguros no son una retribución en especie, ante la escasa cuantía de los sueldos de los gobernantes y cargos públicos en España. También es necesario que el Gobierno aclare cuál es la partida presupuestaria a la que estaban consignadas estas pólizas que la vicepresidenta ha ordenado cancelar en el momento en que las ha conocido. Y, desde luego, es imprescindible que los ministros aprendan de sus errores.

Habrá scrutinio por si hay algún seguro más y a pasar página cuanto antes sin chocar con el PP ni revolver en el pasado del PSOE. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que realizará un estudio sobre los seguros de los altos cargos de todos los ministerios para evitar que sigan vigentes algunos como los hallados en el Ministerio de la Presidencia y en el de Defensa.

Fernández de la Vega afirmó que los seguros encontrados «no debían ser sufragados con dinero público» puesto que implicaban indemnizaciones de hasta 450.759 euros por cada alto cargo que sufriera accidente o fallecimiento también en sus actividades privadas. La póliza, en vigor desde 1991, cubría el ocio del presidente del Gobierno y los 109 altos cargos y funcionarios afectados hasta el mínimo detalle, incluso la «práctica de polo» o «la travesía de glaciares», según fuentes gubernamentales.

«Esto no puede volver a ocurrir», afirmó la número dos del Ejecutivo.Ella no se mostró en contra de que existan seguros de accidentes.De hecho «los piden en ocasiones los sindicatos», según subrayó.Pero sí de que la cobertura se extienda también a la esfera privada.

La vicepresidenta primera sostuvo que, una vez concluido el estudio y eliminados todos los seguros que aparezcan que también sean «lesivos» para el erario público, los ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas harán una propuesta de cómo deben contratarse en el futuro este tipo de pólizas para los funcionarios que más viajan.

Sin malicia

Mientras tanto, se trata de enterrar el escándalo cuanto antes.De la Vega eximió de responsabilidad a todos sus antecesores que han mantenido en vigor el seguro, pese a que ella lo califica de «gravemente perjudicial» para las arcas públicas. Ni Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), ni Francisco Alvarez-Cascos, Mariano Rajoy o Javier Arenas (PP) -ministros de la Presidencia en los últimos años- procedieron, según de la Vega, a «una ocultación maliciosa» de la póliza. La vicepresidenta dijo desconocer por qué el que fuera ministro de Relaciones con las Cortes Virgilio Zapatero contrató un seguro de esas características en 1991 y que, después, éste fue renovada «de forma burocrática y rutinaria», hasta que ella lo ha descubierto, ordenando su cancelación.

De la Vega confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la destitución del director general de Recursos Humanos, Juan Antonio Richart, -al que no mencionó expresamente- por haber actualizado el seguro con ella en el Ministerio sin avisarla. «Es un buen hombre, pero ha pagado el pato», explicaron fuentes no oficiales en el palacio de la Moncloa conocedoras de lo sucedido. El pato fue lanzado a la luz pública el pasado jueves por el ministro de Defensa, José Bono, al confirmar la existencia de un seguro de su antecesor, Federico Trillo-Figueroa, y 20 altos cargos de su Departamento escandalosamente superior al previsto para los militares fallecidos en el Yakovlev-42.

Según altas fuentes gubernamentales consultadas, Bono no explicó previamente en el palacio de la Moncloa la trascendencia de su hallazgo. La respuesta del PP fue rápida. El diputado Andrés Ayala resaltó el jueves que el seguro de Trillo-Figueroa no era distinto del que mantenían en Moncloa el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y la propia Fernández de la Vega. Alertada por estas declaraciones, ella investigó y se encontró que era verdad, según su versión.

La vicepresidenta ni siquiera atribuyó ya ayer responsabilidades políticas a Trillo-Figueroa, pese a que en el PSOE se mostraron dispuestos a exigirlas el jueves.

En Moncloa se oyeron ayer críticas veladas a Bono tras lo sucedido: «Se ha disparado en el pie». En el entorno del ministro replicaron que actuó debidamente.