El Grupo PRISA se une, a través de EL PAÍS, a la campaña contra los responsables de la ONCE después de la adquisición por estos del diario EL INDEPENDIENTE

Desde los voceadores de los veinte iguales-para hoy hasta las inversiones millonarias en medios de comunicación o en las finanzas, la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) ha recorrido un largo y fascinante camino. Todo empezó cuando el Gobierno socialista decidió aprobar el cuponazo como sistema monopolístico de la lotería instantánea a escala nacional. Ello permite a dicha organización facturar hasta 300.000 millones de pesetas anuales, con unos excedentes que cálculos los más pesimistas sitúan en los 30.000 millones y otros -quizá más realistas- en el doble de esa cifra.La capacidad inversora de un mecanismo de acumulación de riqueza como éste ha excitado las ambiciones de algunos de sus gestores y las de no pocos protagonistas de la política, las finanzas y los medios de comunicación, que ven en la ONCE una fuente de financiación con una liquidez verdaderamente espectacular. La presencia de los ciegos en la banca, la prensa, la televisión y la radio es algo de sobra conocido, y se alzan justificadas voces por parte de quienes la consideran una amenaza para la libre competencia empresarial o para la libertad de expresión. La cuestión no es baladí. El dinero que utiliza la ONCE, fruto de una concesión del monopolio de la lotería, que corresponde al Estado, puede considerarse de alguna manera corno dinero público, por lo que nos encontraríamos ante otra invasión de éste y su consiguiente distorsión de los principios de libre competencia. Por otra parte, el hecho de que esa ingente acumulación de recursos se haga a partir de una medida tomada por exclusivo arbitrio del Gobierno encierra el indudable peligro de que el mismo se vea tentado a pedir favores a cambio de esa concesión graciable, que el Consejo de Ministros puede eliminar en cualquier momento. Un conglomerado de intereses semejante entre el poder político y la organización benéfica -constituida gracias a aquél en el primer capitalista del país, pero sujeta a cauciones administrativas en su actividad- constituye una agresión directa a la transparencia democrática.

No ponemos en duda la legitimidad del privilegio otorgado por el Estado a un conjunto social aquejado de minusvalía tan grave como la ceguera. Es lícito tratar de resolver por esa vía los problemas económicos que la asistencia a los ciegos supone en una sociedad demasiado insensible con sus incapacitados como. es la española. Lo que sugerimos es que, toda vez que la acumulación de dinero generada por la ONCE -y sometida a un régimen fiscal peculiar- es muy superior a las necesidades objetivas de la asistencia a sus afiliados, el destino de los excedentes y su manejo deben ser sometidos a controles muy diferentes a los que ahora se practican.

En primer lugar está la aplicación de los excedentes mismos a las necesidades de otros minusválidos en España. Ningún otro grupo de incapacitados físicos o psíquicos ha obtenido un sistema de Financiación comparable, y parece justo que el Ministerio de Asuntos Sociales, de quien depende administrativamente la ONCE, vele por una distribución racional de esos excedentes con un sentido más equitativo de la justicia. En segundo lugar, habría que señalar la necesidad de que las inversiones que realice la ONCE impliquen el mínimo riesgo para sus afiliados y eviten cualquier concentración de poder en las empresas que las reciban. Se trataría, en suma, de que, como los fondos de previsión de muchos países, tengan limitado el porcentaje de inversión en las diferentes compañías y las acciones que suscriban no disfruten de derechos políticos. La existencia de acciones sin voto a cambio de una remuneración porcentualmente mayor está prevista en la Ley de Sociedades Anónimas española. Esa vía permitiría a la ONCE estar presente en los medios de comunicación, si considera que es un sector punta interesante para sus inversiones, sin el riesgo de una interferencia indirecta del poder en la independencia de esos medios. Por último, parece lógico que un montante de dinero tan considerable, fruto de la concesión de un monopolio público, esté sometido a controles parlamentarios y profesionales adecuados, y no sólo a los que ejerce, de forma tardía y confusa, la Administración del Estado. Las Cortes, y la opinión pública, deben tener conocimiento de los presupuestos y balances de esta organización, que deben ser auditados por compañías independientes. Solamente así podrán obtenerse garantías de transparencia y rigor en la gestión de esos fondos.

Si se establecen esos  u otros similares, estamos seguros de que desaparecerán las desconfianzas y sospechas de connivencia con el poder político y oscurantismo en la gestión económica que sobre la institución benéfica se vienen cerniendo.

En nombre del Consejo General de la ONCE que presido y con referencia al artículo0publicado en el día de ayer, en su editorial Evitar sospechas, debo hacerle las siguientes observaciones:

1º.– De los 300.000 millones de pesetas autorizada& por el Gobierrio de ingresos por ventas del cupón, 150.000 millones van al pago de premios; además, hay que pagar su salarlo a más de 28.000 trabajadores y sus pensiones a más de 12.000 pensionistas. Asimismo, para cumplir los Servicios Sociales en 1991, es preciso invertir la cantidad de 25.000 millones de pesetas.

Por otra parte, para producirla incorporación del colectivo de la ONCE en la Seguridad Social hay que abonar en los próximos años más de 70.000 millones de pesetas; por consiguiente, es imposible sostener las cifras de excedentes que su periódico da, tanto las pesimistas como las optimistas. En definitiva, puede afirmarse que esas cifras obedecen a la más absoluta falsedad.

2º.- Nos gustaría muchísimo que fuera cierto que la Asistencia Social a los ciegos y a otros minusválidos, que ayudamos a través de la Fundación, estuviera totalmente cubierta, como se afirma, en su periódico.

La verdad es que, aun cuando se ha avanzado muchísimo en estos últimos años en dignificar la vida social de los ciegos y otros minusválidos, queda todavía un gran trecho que recorrer. El día que la integración social se consiga, la ONCE habrá cumplido su misión.

Nos extraña y nos parece lamentable la aseveración que su periódico hace en este sentido. Ahí queda nuestra más firmeprotesta esperando la comprensión de usted y de ese medio de tanta relevancia en España.

3º.- Respetamos las opiniones que se vierten sobre nuestras inversiones, pero estamos seguros de que, si el Gobierno aplicara las limitaciones que ustedes proponen, quebraría el principio de igualdad consagrado en la Constitución.

«Los privilegios fiscales» a que se alude, son compensados de sobra con Servicios Sociales que tienen un coste económico muy superior y que así lo percibe la sociedad española, de la que recibimos más ayuda cuantos más ataques nos proporcionan sectores con intereses muy concretos y que desean ver a los ciegos y a los m’nusválldos en su puesto en la sociedad; es decir, en las capas pobres de ésta.

4º.- Desde que la democracia se implantó en la ONCE, las auditorías las realiza una empresa de reconocido prestigio y están a disposición de los poderes públicos que gobiernan el Estado de Derecho de España.

Nosotros vamos a continuar nuestra labor de prestación de Servicios Sociales tratando de conseguir, en primer lugar, el máximo de empleo para ciegos y minusválidos.

Asimismo, vamos a trabajar para lograr, en igualdad de condiciones con los demás en la economía social de mercado, el máximo de recursos económicos para financiar estos servicios.

presidente del Consejo General de la ONCE. .

Mucho se ha perfeccionado la civilización desde que Esparta despeñaba a sus hijos con malformaciones por la roca Tarpeya, tal era la necesidad de una sociedad guerrera que exigía la perfección física y se deshacía de quienes se consideraban una costosa tara. Pero todavía está arraigada  la idea de que la caridad, la compasión o, a lo sumo, la precaria asistencia pública son las recetas para atender a las personas con minusvalías. Trabas jurídicas, discriminación en el empleo y barreras arquitectónicas son, entre otros, obstáculos con los que se encuentran estos ciudadanos que les impiden realizarse como personas y ejercer plenamente sus derechos. En esta España guerrera por el lucro que lucha con las dos armas fundamentales del mundo moderno, la financiación y la información, la clase instalada quiere despeñar a un grupo emergente, la ONCE; no por ser una carga improductiva, sino todo lo contrario: por ser eficazmente competitivo y defender un concepto social dentro del capitalismo.

A esa “intelligentia”, en el fondo conservadora, pero barnizada de progresismo, que para darle la mano a un obrero se pone guantes, le produce cierta grima compartir el poder que siempre han tenido en España con unos invidentes. También es una cuestión de estética, pero sobre todo de egoístas intereses. Bajo el título ‘Evitar la sospecha’, el diario EL PAÍS publicaba el pasado viernes un editorial tergiversando la verdad sobre la organización de ciegos. Son inútiles sus esfuerzos para arropar de sentimientos democráticos y de protestas por la defensa de la libertad de expresión lo que en realidad es un estricto juego económico, de aspiración al monopolio del dividendo y a los favores gubernamentales.

EL PAÍS ha aparecido, por fin, como el Santo Oficio que inspiraba el martillo de herejes que golpeaba por razones ideológicas y competitivas la estabilidad de este periódico. Arremete contra la ONCE y su política de inversiones y contra supuestos privilegios. Los principios que inspiran su editorial son: primero, que la ONCE obtiene unos excedentes anuales que, según cálculos más pesimistas, superan 30.000 millones de pesetas; segundo, que este dinero se obtiene con la explotación de una concesión estatal, por lo que son recursos casi públicos; tercero, que competir en el mercado con recursos casi públicos es hacer competencia desleal; cuarto, que debería dedicar sus excedentes a la ayuda a otras formas de minusvalías; quinto, que debería tener una regulación que le impidiera invertir en compañías y acciones que disfruten de derechos políticos, como ocurre en los fondos de previsión de otros países, y sexto, que el control de las inversiones de la ONCE debería hacerse por empresas independientes y profesionales, y no sólo por el Ministerio de Asuntos Sociales.

Se equivoca el colega matutino, que ha conocido su esplendor con una cuantiosa financiación oficial de los gobiernos del PSOE, con cuya desideologización y política pragmática se ha identificado. Yerra, hay que suponer que intencionadamente, con el solo propósito de confundir a la opinión pública para defender la seguridad de su propio bolsillo, en cada una de las seis proposiciones en que funda su argumentación.

En efecto: Primero, la ONCE no tiene unos excedentes netos, que pueda destinar libremente a inversiones, superiores a los 30.000 millones de pesetas, y, sobre todo, no obtiene los excedentes de la explotación del cupón, sino principalmente de la rentabilidad de las demás inversiones que realiza. De los 300.000 millones anuales de ingresos autorizados por el Gobierno por ventas del cupón, 150.000 millones se destinan al pago de premios; se paga una nómina de 28.000 trabajadores y de 12.000 pensionistas, y para cubrir los servicios sociales en 1991 es preciso invertir 25.000 millones de pesetas. La incorporación del colectivo de la ONCE a la Seguridad Social supondrá en los próximos años un desembolso de 70.000 millones de pesetas. La voracidad del competidor sobre los excedentes de la organización dispara su imaginación.

Segundo, el dinero que se obtiene con la explotación de una concesión administrativa por una entidad de base privada es estrictamente privado, aunque tenga fórmulas especiales de tutela y protección. Tercero, en ningún país europeo está prohibido, sin embargo, que se puedan hacer inversiones en cualquier sector del mercado con dinero público o semipúblico; lo que se impone, en todo caso, es que se cumplan las reglas de la competencia leal, lo que la ONCE hace porque actúa en condiciones normales de mercado y en empresas que están en el comercio ordinario. Cuarto, la ONCE dedicó el año pasado a la atención de otras minusvalías 7.000 millones de pesetas aproximadamente, lo que supone una cantidad superior a los excedentes obtenidos con la recaudación procedente del cupón. Quinto, la ONCE no es, ni de lejos, un fondo de previsión cuya estructura técnica y financiera radica en la finalidad de asegurar una cobertura de riesgos, especialmente de enfermedad o jubilación. Es, por el contrario, una organización de base asociativa en la que los afiliados pretenden no sólo asegurar su futuro, sino trabajar en el presente y obtener por su trabajo salarios dignos, vendiendo cupones o integrándose en empresas en las que la ONCE participa. Sexto, el control de las inversiones de la ONCE es doble y seguramente más transparente que el de ninguna otra empresa, ya que además del deber de informar a la Administración, es auditado por compañías independientes de prestigio internacional.

Cuatro mil quinientos millones de pesetas que la ONCE invertirá en la Expo 92 y en los Juegos Paralímpicos no saldrán de las arcas de la entidad, sino de una fundación del mismo nombre, pero han quedado reducidos a un tercio para el próximo ejercicio. Los acontecimientos de 1992 se llevarán prácticamente la mitad de los 9.300 millones disponibles para minusválidos, según datos comprobados en la propia fundación.

La ONCE asumió en 1987 la obligación de ayudar a otros minusválidos tras la disolución de Prodiecu, organizadora de una potente rifa ilegal, que competía con el cupón prociegos. El Gobierno eliminó aquélla y autorizó el cuponazo de los viernes, lo cual marcó un hito en la capacidad recaudadora de la entidad.A cambio, la Administración socialista impuso varias obligaciones a los invidentes: asumir a 7.000 vendedores procedentes de Prodiecu, destinar a los demás minusválidos el 3% del total de sus ventas anuales e ingresar al colectivo de ciegos en la Seguridad Social.

Los invidentes afiliados a la ONCE, mayores de 18 años, son alrededor de 30.000; mientras que el número de minusválidos españoles en edad laboral es de 1,2 millones, según cifras del Instituto de Servicios Sociales (Inserso). Una minoría, por tanto, está comprometida a ayudar a un colectivo mucho más numeroso, si bien aquélla cuenta con un arma financiera que el Gobierno niega a los demás: la concesión exclusiva de un juego.

Relaciones muy estrechas

Los dirigentes de la organización de ciegos, indiferentes al principio al tipo de fórmula que se utilizara para gestionar el 3% destinado al resto de las minusvalías, apoyaron y dieron forma después a la «Fundación ONCE para la cooperación e integración social de personas con minusvalías», que se financia con ese 3% anual. José María Arroyo, presidente del Consejo General de la ONCE, lo es también de la fundación.Este control ha permitido, por ejemplo, que los 6.500 millones de pesetas que los invidentes españoles van a destinar a los acontecimientos del 92 -en dos presupuestos sucesivos- recaigan sobre los fondos de esta fundación y no sobre el presupuesto de la ONCE. Y si uno de dichos programas es la Paraolimpiada de minusválidos, la otra inversión fuerte resulta ser la construcción de un centro permanente de la organización en Sevilla, con cargó a los fondos para discapacitados.

Una cifra próxima a aquélla, 6.224 millones de pesetas, ha sido el monto de la inversión realizada por la Fundación ONCE -en empresas para minusválidos, hasta finales de 1990. Con ese dinero se han creado firmas de limpieza, lavanderías, fabricación de masa congelada de pan, minitiendas en hospitales o estaciones y empresas de grabación de datos en cintas magnéticas: en total, 4.311 puestos de trabajo. Lo cual supone haber atendido, por esta vía, al 0,4% del total de deficientes en edad de trabajar.

La Fundación ONCE es utilizada para más cosas. Por ejemplo: 900 millones del año próximo -el 10% de su presupuesto-, están previstos para una campaña de publicidad. Campaña que al «explicar» los fines sociales del dinero del cupón parece, de hecho, destinada a restaurar la imagen de la ONCE en la sociedad. Una cuestión, la de la imagen, que preocupa a sus directivos.

La agencia de noticias Servimedia y la delegación de la ONCE en Bruselas también recaen sobre la fundación.

Miseria para todos

Antiguos dirigentes del movimiento asociativo de minusválidos están integrados hoy en el mundo de la Fundación ONCE, como es el caso de Miguel Pereira, durante muchos años responsable del PSOE para los minusválidos. Otros no han alcanzado esa posición. «Mientras la organización de invidentes, con su concesión exclusiva del cupón y sus inversiones, dice que quiere asegurar el futuro de 50.000 ciegos, decenas de miles de minusválidos físicos nos encontramos sin posibilidad no ya de consolidar el futuro, sino de vivir dignamente el presente», afirma José Gómez Amate, presidente de la Confederación Andaluza de Minusválidos.Contrasta ese planteamiento con el de la cúpula de los invidentes. Uno de sus miembros lo resume así: «La extensión a todos los minusválidos sería miseria para todos».

A su vez, el Consejo General de la ONCE ha eliminado toda esperanza de los minusválidos no ciegos de tener derechos políticos en el imperio del cupón. Así lo ha ratificado la última reforma de los estatutos aprobada por el consejo general, que está dominado por Mario Loreto y su grupo político, Unidad Progresista (UP), sostenedor -hasta ahora- del poder de Miguel Durán como director general.

Compleja historia

La cúpula de los invidentes, en definitiva, ha transformado una pesada carga sobre sus ingresos -detraer cada año el 3% de las ventas del cupón- en una estructura para ampliar su radio de acción.La Administración demoró siete meses su visto bueno a la fundación durante el periodo en que el protectorado de la ONCE estuvo presidido por Manuel Chaves. Al cabo de ese tiempo, la presidencia pasó a Matilde Fernández, quien reconoció a la Fundación ONCE como «entidad de beneficencia particular». La ONCE, una vez que asumió que el dinero saliera de sus arcas, se aseguró el control de la fundación. La clave está en que los ciegos se reservan 13 de los 25 puestos que forman su patronato. El mismo desequilibrio -uno a favor- que existe en el Protectorado controlado por el Estado y al que debe dar cuentas la ONCE: seis representantes de la Administración por cinco de la entidad de invidentes, y que tantas quejas ha arrancado de éstos. Así, la Confederación Española de Minusválidos Físicos (Cocemfe) -de los cuales existen 830.000 en España- sólo dispone de cuatro puestos en el patronato de esa fundación.

Pero los estatutos de la misma garantizan más cosas. Como la no competencia con la principal fuente financiera de la ONCE. Para ello se prohibe a la fundación ingresar dinero por medio de los juegos de azar. Además se especifica que no podrá actuar o plantear reivindicaciones en contra de la persona jurídica del fundador (la ONCE).

Según Patrocinio de las Heras, ex vicepresidenta del Protectorado de la ONCE, «ofrecimos a los dirigentes de las organizaciones de minusválidos la posibilidad de gestionar por sí mismos esos fondos, pero prefirieron la fórmula de la fundación apoyada por la ONCE». Patrocinio de las Heras, que fue destituida por Matilde Fernández pocos meses después de la llegada de ésta última al Ministerio de Asuntos Sociales, se muestra sorprendida de que la entidad gestora del 3% para minusválidos se haya convertido hoy en un instrumento con mayoría de la ONCE.

De Teleonce a Fundosa

Las empresas que dependen de la fundación se manejan desde dos sociedades instrumentales. Una de ellas nació con la denominación de Teleonce, SA, y adoptó más tarde el nombre de Fundosa Grupo, SA, que es el que conserva en la actualidad. De este modo, una empresa originalmente concebida para un proyecto de televisión se ha convertido en sociedad instrumental de una fundación destinada a minusválidos.

Ante la información aparecida en el periódico EL PAÍS del pasado día 15, que afirmaba que la ONCE recorta fondos de ayuda a minusválidos en beneficio de los actos del 92, consideramos la necesidad de aclarar las afirmaciones que en la misma se hacen:1.- La ONCE ha constituido una Fundación para la cooperación e integración social de personas con minusvalía, financiada con un 3% de lo recaudado por el cupón, en un acto de solidaridad con el resto de minusválidos no ciegos de España. La decisión de destinar parte de nuestros recursos a paliar’ las necesidades de otro colectivo no tiene precedente en ninguna otra institución.

Además la ONCE decidió absorver a un colectivo de más de 7.000 minusválidos e integrarlos en su plantilla; decisión de la que tampoco conocemos precedentes y que, para este colectivo, ha representado beneficiarse de unas condiciones laborales que los minusválidos en España nunca han disfrutado.

2.- Los derechos de todos los trabajadores de la ONCE son iguales y están ampliamente regulados en nuestro Convenio Colectivo y, sin duda, superan en derechos a los de la inmensa mayoría de las empresas. Los órganos de representación y responsabilidad de una organización de ciegos corresponden a los ciegos. Cualquier modificación de nuestra organización es algo que sólo nos corresponde hacerlo a nosotros, con el mismo derecho que tienen los accionistas respecto de su sociedad.,

3.- La ONCE no tiene asumida ninguna obligación estatutaria de contribuir al empleo de los minusválidos españoles. Ese cometido corresponde a la Administración que lo realiza a través del INSERSO. Nosotros sólo pretendemos ayudar y, como usted dice en su información, hemos contribuído creando más de cuatro mil puestos de trabajo a través de la Fundación.

Creemos que ustedes se equivocan cuando cuestionan nuestra ayuda, porque quizás fuera más. conveniente se lo reclamaran a quien no contribuye a la creación de empleo para minusválidos. Nosotros somos la Institución que mas puestos de trabajo ha creado para este colectivo; amén, lógicamente, del pleno empleo de los ciegos.

4.- Por último, consideramos que sus afirmaciones sobre nuestra participación en los actos del 92 tienen importantes lagunas. La decisión del gasto que supone la participación ha sido aprobado por la unanimidad del Patronato, en donde también están las asociaciones de minusválidos. Financiar las Paralimpiadas nos ha parecido una decisión acertada, puesto que va a a permitir, el desarrollo de numerosos atletas minusválidos y la difusión al resto del mundo del mensaje «los minusválidos también contamos en la sociedad».

Nuevamente tenemos que lamentar la información sesgada de la que se ha hecho eco su periódico, desvirtuando el acto de solidaridad más importante que una Institución ha realizado con el resto de minusválidos españoles-

Presidente de la Fundación ONCE y presidente del Consejo General de la ONCE.