El hijo del General Jaime Milans del Bosch, el capitán Juan Miláns del Bosch Pórtoles, sancionado por llamar ‘cerdo’ al Rey Juan Carlos I

EL CONSEJO de guerra que ha juzgado al capitán Juan Milans del Bosch, acusado de proferir insultos en público contra el Rey, ha resuelto proponer al capitán general de Madrid, sin cuya ratificación el veredicto no será firme, la sentencia condenatoria de un mes y un día por el delito de injurias al Jefe del Estado. Aunque los resultandos y considerandos de la sentencia todavía no han sido facilitados a los medios de comunicación, parece un hecho probado que el condenado calificó al Rey, en un lugar público y ante testigos, de cerdo e inútil. Como todo el mundo recuerda, este deslenguado oficial es hijo del teniente general Milans del Bosch, procesado en el sumario del 23 de febrero y acusado de rebelión militar. Hace dos días tuvimos oportunidad de comentar, en un editorial titulado Política y delito (véase EL PAIS del 28 de octubre de 1981), la preocupante tendencia de los profesionales del poder a llevar ante los tribunales a sus críticos, mediante la interposición de querellas criminales por injuria o por calumnia. Esos delitos contra el honor, regulados en el título diez del Código Penal, sólo son per.seguibles a instancia de la parte ofendida y han sido tipificados para proteger a los ciudadanos de las agresiones verbales o de las. imputaciones criminales que les dirijan sus iguales. Fuera del ámbito de la sociedad-civil -al que simulan acogerse los políticos que interponen esas querellas privadas- se sitúan, en cambio, los comportamientos criminales, materialmente relacionados con insultos, definidos en el título segundo del Código Penal -que se ocupa de los «delitos contra la seguridad interior del Estado»- y perseguibles de oficio por el ministerio fiscal.

Aparte de los artículos dedicados a los desacatos, insultos y amenazas contra ministros y autoridades en el ejercicio de sus funciones, el delito de injurias al Jefe del Estado es el prototipo de ese comportamiento criminal que se sitúa fuera de las relaciones privadas entre ciudadanos y se inscribe en la esfera de la vida pública. La Constitución define al Rey como símbolo de la unidad y permanencia del Estado y le asigna su más alta representación. Nadie puede ignorar, por lo demás, que el titular de la Corona, expresión simbólica de la Monarquía parlamentaria, es, de añadidura capitán general de las Fuerzas Armadas y ejerce su mando supremo.

Un simple ciudadano que hubiera llamado cerdo a don Juan Carlos en el mismo lugar y circunstancias que el capitán Juan Milans del Bosch hubiera tenido que com parecer ante la Jurisdicción ordinaria para defenderse de la petición fiscal de una pena de privación de libertad no inferior a seis años y un día y no superior a doce años, prevista por el artículo 147 del Código Penal para las injurias graves. Y, en el improbable caso de que el tribunal decidiera que constituye sólo un insulto leve calificar al Rey de cerdo e inútil, el procesado sería condenado a una pena de privación de libertad entre seis meses y un día y seis años.

Dada nuestra normativa penal, a nadie puede extrañar la enorme sorpresa que ha suscitado en la sociedad civil la noticia de que un oficial del Ejército, acusado de injuriar al Rey, haya salido mucho mejor librado de su paso por un consejo de guerra de lo que presumiblemente le hubiera ocurrido a un paisano procesado por los mismos cargos ante la jurisdicción ordinaria. El principio constitucional de que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por cualquier condición o circunstancia personal o social, no sale bien parado de ese ejercicio imaginario de comparación, que hiere todavía más la sensibilidad en carne viva de los que recuerdan que la abrumadora mayoría de los soldados profesionales que asaltaron el 23 de febrero, con las armas en la mano, el palacio del Congreso no han sido procesados y se han reincorporado al servicio activo. Pero el asombro es aún mayor cuando se repara en que Juan Milans del Bosch, además de ser un ciudadano «sujeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico», como el resto de los españoles, es oficial del Ejército, y que sus insultos al Jefe del Estado están dirigidos a la vez contra el capitán general de las Fuerzas Armadas.

Las Reales Ordenanzas abundan en exhortaciones al honor, la disciplina y el cumplimiento del deber de los hombres de la milicia. El militar sabe que «la disciplina obliga a obedecer lo mandado», que debe ser «respetuoso y leal con sus jefes» y «no tolerar murmuraciones ni hablar mal de sus superiores», que debe respetar «a todo superior» y velar «por el buen nombre de la colectividad militar y por el suyo propio», evitando el escándalo. Con independencia de las responsabilidades penales en que el capitán Juan Milans del Bosch haya incurrido por sus injurias al Rey, el retrato o el modelo del militar que las Reales Ordenanzas ofrecen en su articulado cuadra difícilmente con la imagen de un oficial barbotando insultos tabernarios contra el Rey de todos los españoles y contra el capitán general de los tres Ejércitos. De otro lado, si llamar cerdo e inútil al mando supremo de las Fuerzas Armadas cuesta tan sólo un mes y un día de privación de libertad, el insulto a un general o a un jefe tendría que saldarse, por pura lógica, con un arresto inferior a los treinta días. Lo que significaría, lisa y llanamente, la des trucción de la disciplina militar y la liquidación en la práctica de las Fuerzas Armadas.

Digamos, finalmente, que los insultos contra el Rey del capitán Milans del Bosch injurian no sólo a la más alta autoridad del Estado, sino también a los ciudadanos que identifican su propio honor y dignidad con el honor y la dignidad del titular de nuestra Monarquía parlamentaria y constitucional. El dicho de que no insulta quien quiere, sino quien puede, justificaría moralmente para que los injuriados -el Rey y la abrumadora mayoría de los españoles- devolvieran esos procaces insultos a quien los profirió. Pero la ética, que tal vez podría impulsar al capitán Milans del Bosch a pedir la baja en unas Fuerzas Armadas mandadas por un capitán general a quien califica de cerdo e inútil, no sustituye al derecho penal ni anula las normas disciplinarias de las Reales Ordenanzas. Sería deseable que el presidente del Gobierno y su ministro de Defensa llegaran a compartir estas conclusiones y renunciaran a proseguir esa absurda estrategia del avestruz que está alentando la osadía de los golpistas, impidiendo cortar por lo sano los ataques a la disciplina y la unidad de las Fuerzas Armadas.

LAS SENTENCIAS contra los dos militares juzgados ayer en Consejo de Guerra -dos meses y un día de arresto tanto al teniente coronel Graíño como al capitán Milans del Bosch- van a ser comentadas con preocupación más que razonable por la opinión pública española. La inevitable suposición de que estas sentencias -producidas por motivos bien distintos- pueden de alguna manera ser premonitorias de las que sustancien las responsabilidades por el criminal intento de golpe de estado de hace casi un año, está flotando en el ambiente. Sería faltar a la honradez decir que la decisión de ayer de los tribunales militares no supone un jarro de agua fría para cuantos quieren ver consolidarse la democracia y el ejercicio de las libertades en este país.En la hora de las llamadas a la responsabilidad, tan frecuentes hoy desde todos los estamentos y tan a menudo dirigidas hacia la Prensa, bien merece la pena señalar que no sólo los medios de comunicación deben hacer gala de sentido cívico e histórico. Despreciar los sentimientos y las preocupaciones de la opinión pública sería un grave error por parte de quienes tienen la alta misión de juzgar. Suponer que la de ayer ha sido una fecha fructífera para el progreso del diálogo y la confianza mutuas entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas sería también una equivocación.

La cuestíon es tanto más grave cuanto en el propio seno de las Fuerzas Armadas y sobre todo en la agitación civil del golpismo perviven sectores empeñados en la práctica de la calumnia y la injuria anónimas contra el Rey, precisamente porque este defendió con valentía el sistema constitucional en la noche infamante y vergonzosa que este país se vió condenado a vivir el 23 de febrero. Ni el gobierno ha sabido en el pasado reciente defender la figura del Jefe del Estado con la energía y la claridad que hubiera sido de desear, ni esta tarea se va a ver facilitada en el futuro con resoluciones judiciales como la que comentamos. Todo ello, dicho sea con los respetos debidos a personas e instituciones, nos parece lamentable. Porque debilitar o aislar los apoyos de la Monarquía parlamentaria supone poner en peligro el único régimen de paz civil y convivencia ciudadana al que puede aspirar España, y abrir a los españoles a un abismo de interrogantes enmarcados por la violencia y la destrucción.